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Nuevo y contundente revés para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Comisión Europea ha dictado un informe que supone un verdadero varapalo a la controvertida ley de amnistía, pieza clave del pacto de investidura entre el PSOE y los partidos independentistas. El documento, enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), concluye que la norma "parece ser una autoamnistía", más orientada a satisfacer intereses políticos coyunturales que a perseguir el bien común.
Bruselas advierte de que la ley carece del interés general necesario que justificaría su excepcionalidad y censura con dureza la forma en que ha sido tramitada: de manera exprés, sin debate público y sin los informes jurídicos preceptivos que una medida de este calado habría exigido en cualquier democracia madura. La Comisión constata, además, que España no ha seguido las recomendaciones esenciales de la Comisión de Venecia, en particular en lo relativo a transparencia, motivación política y participación de la sociedad civil.
Amnistía sin justificación suficiente
Más allá del análisis técnico, el informe lanza una advertencia de profundo calado institucional. Bruselas no cuestiona que los Estados puedan legislar sobre amnistías, pero subraya que ello exige una motivación objetiva y desinteresada, no la instrumentalización del derecho penal para garantizar una mayoría parlamentaria.
Así, el texto europeo dibuja un escenario inquietante: una ley concebida a medida de los socios del presidente del Gobierno, diseñada para borrar los delitos del proceso secesionista catalán sin que medie arrepentimiento, reparación del daño ni consenso nacional.
Intereses financieros de la UE, a salvo
En un plano técnico, la Comisión señala que no se han hallado indicios de que la aplicación de la amnistía afecte a los fondos europeos. Esta observación —en apariencia favorable— no exime, sin embargo, de la gravedad del pronunciamiento institucional: el problema de fondo no es económico, sino moral, jurídico y político.
La justicia europea, en el horizonte
La vista del TJUE se celebrará el próximo mes de julio, y será entonces cuando el alto tribunal europeo tenga que pronunciarse sobre la legalidad comunitaria de la norma. Entretanto, el Tribunal Constitucional español se encuentra ya deliberando sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por la oposición, en medio de una fuerte presión política y mediática.
Aunque en teoría cuenta con una mayoría favorable al Gobierno, el posicionamiento de Bruselas podría influir decisivamente en el contenido final de su resolución, o, al menos, en su legitimidad ante la opinión pública.
España, en el foco europeo
Este varapalo institucional no es un episodio menor. La Comisión Europea, guardiana de los Tratados y del Estado de derecho, ha dejado claro que **España no puede quedar al margen de los estándares democráticos que rigen en la Unión**. Lo que está en juego no es solo una ley más o menos polémica, sino **la credibilidad de nuestras instituciones**, la salud del sistema judicial y la vigencia de los principios que sustentan el orden constitucional.
Pedro Sánchez, en su afán por mantenerse en el poder, ha cruzado una línea que Europa no está dispuesta a ignorar. El veredicto moral de Bruselas ya está emitido. El jurídico, en manos del TJUE y del Tribunal Constitucional, marcará el rumbo de los próximos meses. Pero la sombra de la amnistía —nacida sin consenso, sin legitimidad y ahora también sin respaldo europeo— se cierne ya sobre la legislatura.
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