<h1>España, paraíso de los aforados: Ronda los 17,600 frente a los 19 de Francia, uno en Italia o ninguno en Alemania</h1>

Miguel Ángel Gallardo

España ostenta el récord europeo en aforamientos, con cerca de 17,600 personas que gozan de una protección jurídica especial que les permite ser juzgados por tribunales superiores en lugar de los ordinarios. Esta cifra contrasta con la de otros países europeos, como Francia, que cuenta con 19 aforados, o Italia, con solo uno, o Alemania, con ninguno. 

El aforamiento es un privilegio procesal que concede a determinadas autoridades y cargos públicos el derecho a ser investigados y juzgados únicamente por tribunales superiores, como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, en lugar de los juzgados ordinarios. 

En Alemania y Reino Unido no existe la figura del aforamiento; todos los ciudadanos, incluidos los políticos y altos cargos, son juzgados por tribunales ordinarios.

Recientemente, el debate sobre los aforamientos ha cobrado nueva relevancia tras el caso de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, que fue investigado por colocar al hermano del presidente del Gobierno en un puesto público, una oficina para las artes escénicas de la que David Sánchez pareció desconocer la ubicación y detalles en su declaración judicial.

En España, esta figura está regulada por la Constitución Española de 1978 (artículo 71 para parlamentarios y artículo 102 para miembros del Gobierno) y por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Afecta a personas como el presidente del Gobierno, ministros, diputados, senadores, presidentes autonómicos y magistrados de altos tribunales, entre otros.

El propósito original del aforamiento era proteger a estas figuras de posibles acusaciones frívolas o motivadas políticamente, asegurando que solo tribunales de alto rango, considerados más imparciales y especializados, manejen sus casos. Sin embargo, en la práctica, este mecanismo ha sido criticado por dificultar la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción.

Cantidad de aforados en España

España se distingue en Europa por tener un elevado número de aforados, con estimaciones que rondan los 17,600, según informes periodísticos y análisis de organizaciones como Transparencia Internacional y medios como Vozpópuli y EL PAÍS. Esta cifra no es fija, ya que depende del número de personas que ocupan ciertos cargos en un momento dado, y no existe un registro oficial exacto y público que actualice esta cantidad constantemente. 

Problemas asociados al aforamiento

• Dilación de procesos: Los casos deben ser trasladados al Tribunal Supremo, lo que alarga los procedimientos debido a la carga de trabajo de este tribunal y a la complejidad de los trámites. Esto puede derivar en prescripciones de delitos, permitiendo que los implicados evadan responsabilidades.

• Percepción de impunidad: El aforamiento alimenta la idea de que los altos cargos gozan de un trato privilegiado, lo que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y refuerza la sensación de que la justicia no es igual para todos.

• Limitaciones en la investigación: Los juzgados ordinarios, que suelen ser los primeros en detectar indicios de corrupción, no pueden actuar directamente contra los aforados, lo que frena la celeridad y eficacia de las pesquisas iniciales.

La presión para reformar el aforamiento crece, pero cualquier cambio requeriría una modificación de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un proceso complejo que exige amplios consensos políticos. 

En un momento en que la lucha contra la corrupción es una prioridad para restaurar la confianza en las instituciones, el aforamiento sigue siendo un obstáculo significativo. 

Casos específicos de aforamiento en España: Ejemplos recientes y relevantes

A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos y recientes que ilustran cómo esta figura ha influido en procesos judiciales, generando debate sobre su pertinencia y efectos en la igualdad ante la ley.

1. Caso de Miguel Ángel Gallardo (Extremadura, 2025)

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y diputado autonómico, ha sido investigado por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en un cargo público. Gracias a su condición de aforado, el caso no puede ser tramitado por un juzgado de instrucción ordinario, sino que debe ser elevado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o, potencialmente, al Tribunal Supremo, dependiendo del alcance de la investigación. 

2. Caso de Carlos Mazón (Valencia, 2025)

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana y aforado, ha sido otro foco de atención. Aunque no se han detallado cargos concretos en los últimos informes, El País menciona su caso como ejemplo de cómo el aforamiento sigue siendo una "rareza" en comparación con otros ordenamientos jurídicos europeos. Como aforado, cualquier investigación penal contra Mazón debe ser manejada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o el Tribunal Supremo.

3. Caso de José Luis Ábalos, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres (2024)

En el marco del "caso Koldo", relacionado con presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, Moncloa garantizó el aforamiento a José Luis Ábalos (exministro de Transportes), Francina Armengol (presidenta del Congreso) y Ángel Víctor Torres (ex presidente de Canarias y actual ministro). A pesar de que la Agencia Tributaria investigaba posibles irregularidades desde 2023, su condición de aforados implicó que cualquier proceso penal tuviera que ser tramitado por el Tribunal Supremo. 

4. Caso de David Erguido (Madrid, 2021)

David Erguido, exdiputado autonómico del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid, fue acusado de desviar fondos públicos para financiar mítines y fiestas privadas. A pesar de las imputaciones, mantuvo su condición de aforado al conservar su acta de diputado, lo que impidió que el caso fuera investigado inicialmente por un juzgado de instrucción. El asunto fue trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ilustrando cómo el aforamiento puede retrasar o complicar los procesos. 

5. Caso del ex barón del PP en Orense (2021)

Un ex presidente de la Diputación de Orense, también del PP, fue sorprendido circulando a 215 km/h en un coche oficial, un delito contra la seguridad vial. El PP logró demorar el juicio durante siete meses al asignarle un escaño en el Senado, otorgándole aforamiento y trasladando el caso al Tribunal Supremo. 

6. Caso de Juan Carlos I (2020)

El rey emérito Juan Carlos I, investigado por su presunto papel en el cobro de comisiones relacionadas con el AVE a La Meca, gozó de aforamiento para causas civiles y penales tras su abdicación en 2014. Aunque la Constitución Española (artículo 56) lo considera inviolable durante su reinado, su aforamiento posterior permitió que cualquier proceso fuera manejado por el Tribunal Supremo. 

Estos ejemplos muestran cómo el aforamiento, concebido como una garantía para proteger a cargos públicos de acusaciones infundadas, se ha convertido en un escudo que retrasa la justicia y perpetúa la desigualdad.