<h1>García Ortiz y Conde-Pumpido: dos juristas al servicio del sanchismo</h1>

La figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, han cobrado un protagonismo inusitado en la vida institucional de España en los últimos años. Lo que en otros tiempos habría resultado escandaloso —la alineación explícita de los más altos órganos jurídicos con el poder ejecutivo— se ha normalizado bajo el mandato de Pedro Sánchez, configurando lo que algunos analistas ya describen como una erosión sistemática de la separación de poderes.

Ambos juristas comparten no sólo una afinidad ideológica con el actual Gobierno, sino también una voluntad activa de consolidar jurídicamente sus decisiones más polémicas. García Ortiz ha sido señalado recientemente por su papel en decisiones que benefician claramente al entorno del PSOE, como su actuación en los casos vinculados al llamado caso Koldo, donde la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha subrayado la implicación directa del poder político. El fiscal general ha mostrado una preocupante tendencia a obviar las recomendaciones técnicas cuando éstas pueden incomodar al Ejecutivo, lo que ha despertado la alarma entre sectores de la judicatura y la oposición parlamentaria.

Por su parte, Cándido Conde-Pumpido, con un historial de estrecha colaboración con gobiernos socialistas, ha convertido al Tribunal Constitucional en un actor político más. Su presidencia ha estado marcada por fallos que, lejos de buscar el equilibrio institucional, han favorecido reformas legales diseñadas por el Gobierno, incluso en casos de alto voltaje como la ley del solo sí es sí o la amnistía para los encausados del procés. Bajo su dirección, el TC ha dejado de ser el contrapeso que exige la Constitución para transformarse en un validador de políticas partidistas.

No se trata de cuestionar la legalidad formal de sus decisiones, sino de subrayar el sesgo funcional que impregna su labor. En un Estado de Derecho, los altos cargos judiciales están llamados a ser guardianes de la neutralidad institucional, no instrumentos del poder de turno. Cuando la imparcialidad cede ante la conveniencia, el sistema democrático se resiente.

En definitiva, García Ortiz y Conde-Pumpido simbolizan una deriva preocupante: la colonización ideológica de las instituciones por parte del sanchismo. Más que juristas del Estado, se han convertido en juristas del Gobierno. Y eso, en cualquier democracia madura, es motivo de seria inquietud.