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La protesta tiene lugar apenas unos días después de que el Consejo de Ministros aprobara dos anteproyectos de ley que, según los colectivos judiciales, suponen un "ataque sin precedentes" a la independencia del Poder Judicial y a los principios de mérito y capacidad.
Una reforma con olor a control político
El primer proyecto, relativo al acceso a las carreras judicial y fiscal, prevé una modificación profunda del actual sistema de oposición. Se contempla la creación de un "cuarto turno" para juristas con más de 25 años de experiencia, la introducción de exámenes escritos anónimos, y la consolidación de jueces sustitutos sin necesidad de superar la oposición tradicional. Las asociaciones denuncian que todo ello abre la puerta al "clientelismo y a la discrecionalidad".
La segunda gran reforma es la del estatuto del Ministerio Fiscal. En ella, el Gobierno pretende dar mayor poder al fiscal general del Estado —elegido por el propio Ejecutivo— y trasladar la instrucción penal de los jueces a los fiscales, rompiendo con el actual modelo de garantías procesales. Las asociaciones alertan de que esto colocaría las investigaciones penales bajo el control directo del Gobierno, socavando el principio de separación de poderes.
Pero la guinda del pastel ha sido el anuncio de un centro nacional de oposiciones, controlado por el Ejecutivo, que gestionaría el acceso a las carreras judicial y fiscal. Para los jueces, es el paso definitivo hacia un sistema de "selección ideológica" que pondría en entredicho la neutralidad de la Justicia.
El Supremo, en pie de guerra
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha emitido un comunicado inusualmente duro, alertando del "grave deterioro institucional" que implican las reformas. Según el alto tribunal, se está desmantelando el sistema actual sin garantizar ni medios materiales ni seguridad jurídica, y se están desnaturalizando las garantías del Estado de Derecho.
Bolaños insiste en la "modernización"
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defiende que las reformas tienen como objetivo "modernizar la Justicia" y adaptarla a los estándares europeos. Asegura que se busca una justicia "más ágil, más accesible y más representativa". Sin embargo, no ha convencido ni a las asociaciones ni a la cúpula judicial.
Huelga en el horizonte
Aunque la movilización de este martes ha sido simbólica, las asociaciones ya barajan convocar una huelga formal. "Hoy es un aviso. Si no rectifican, iremos a más", han asegurado fuentes judiciales. Por primera vez en años, todas las asociaciones —incluidas la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)— han coincidido en una misma posición: esto va más allá de la ideología, es una cuestión institucional.
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