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| Álvaro García Ortiz |
Los hechos: una filtración controvertida
El caso se centra en un correo electrónico del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que se reconocían dos delitos fiscales como parte de negociaciones para un posible acuerdo. Según el auto del juez Hurtado, existen indicios de que García Ortiz facilitó este contenido sensible a la Cadena SER, con el aparente propósito de "ganar el relato" en un contexto de alta tensión política. El magistrado apunta, además, a presuntas "indicaciones de Presidencia del Gobierno" en esta actuación, una afirmación que ha desatado una tormenta de reacciones.
Dicho correo, protegido por el deber de confidencialidad entre la Fiscalía y el Consejo General de la Abogacía, contenía datos personales y detalles de la investigación. El juez considera que su divulgación no solo vulneró la reserva exigida, sino que también dañó el prestigio del Ministerio Fiscal y pudo comprometer el derecho de defensa del investigado.
La investigación: de Madrid al Supremo
La causa tuvo su origen en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que examinó una nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024. Esta nota detallaba la cronología de las diligencias contra González Amador, buscando desmentir informaciones sobre un supuesto pacto ofrecido por la Fiscalía. Dado el aforamiento de García Ortiz, el caso escaló al Tribunal Supremo en octubre de 2024.
Tras meses de instrucción, que incluyeron registros en los despachos de García Ortiz y Rodríguez el 30 de octubre de 2024, análisis de dispositivos y declaraciones de testigos, el juez Hurtado ha hallado indicios suficientes para transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado, el equivalente a un procesamiento.
El auto destaca que García Ortiz borró información de sus dispositivos, lo que dificultó la investigación.
Consecuencias legales y políticas
El delito de revelación de secretos, regulado en el artículo 417 del Código Penal, podría acarrear penas de hasta cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación. El juez ha dado traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que, en diez días, soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
La decisión ha generado un terremoto político. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha defendido su inocencia y descartado dimitir, reafirmando su compromiso con la institución, según fuentes de la Fiscalía. El Gobierno, por boca del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado "confianza plena" en García Ortiz y ha negado "rotundamente" cualquier intervención de Moncloa, criticando la mención del juez por falta de pruebas.
En la oposición, el PP ha calificado el caso de "extraordinariamente grave". Su portavoz, Borja Sémper, ha exigido la dimisión del fiscal general o que el Gobierno la reclame, señalando la supuesta implicación de Presidencia. Por su parte, Más Madrid y el PSOE han acusado al PP de usar el caso para "desviar el foco" y "enredar" en un contexto político polarizado.
Un caso histórico
García Ortiz y Rodríguez están ahora a un paso del banquillo, aunque aún pueden recurrir ante el juez y la Sala de Apelación. La presión sobre el fiscal general crece, pero el Gobierno mantiene su respaldo, apelando a la presunción de inocencia y a la no firmeza del auto.
Este proceso, inédito en la democracia española, pone en el punto de mira la independencia del Ministerio Fiscal, el manejo de información confidencial y las tensiones entre poderes en un escenario de alta sensibilidad política. El desenlace de este caso marcará un precedente en la historia judicial y política de España.
Consecuencias legales y políticas
El delito de revelación de secretos, regulado en el artículo 417 del Código Penal, podría acarrear penas de hasta cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación. El juez ha dado traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que, en diez días, soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
La decisión ha generado un terremoto político. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha defendido su inocencia y descartado dimitir, reafirmando su compromiso con la institución, según fuentes de la Fiscalía. El Gobierno, por boca del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado "confianza plena" en García Ortiz y ha negado "rotundamente" cualquier intervención de Moncloa, criticando la mención del juez por falta de pruebas.
En la oposición, el PP ha calificado el caso de "extraordinariamente grave". Su portavoz, Borja Sémper, ha exigido la dimisión del fiscal general o que el Gobierno la reclame, señalando la supuesta implicación de Presidencia. Por su parte, Más Madrid y el PSOE han acusado al PP de usar el caso para "desviar el foco" y "enredar" en un contexto político polarizado.
Un caso histórico
García Ortiz y Rodríguez están ahora a un paso del banquillo, aunque aún pueden recurrir ante el juez y la Sala de Apelación. La presión sobre el fiscal general crece, pero el Gobierno mantiene su respaldo, apelando a la presunción de inocencia y a la no firmeza del auto.
Este proceso, inédito en la democracia española, pone en el punto de mira la independencia del Ministerio Fiscal, el manejo de información confidencial y las tensiones entre poderes en un escenario de alta sensibilidad política. El desenlace de este caso marcará un precedente en la historia judicial y política de España.
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