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Dimisiones por sospechas, no por sentencias
En febrero de 2012, el presidente de Alemania, Christian Wulff, renunció tras ser imputado por aceptar favores económicos durante su etapa como ministro-presidente de Baja Sajonia. Aunque fue absuelto en 2014, la mera sospecha fue suficiente para precipitar su salida. En Alemania, la ejemplaridad pesa más que el cálculo político.
Más llamativo aún fue el caso del lituano Rolandas Paksas, destituido en 2004 tras conceder la nacionalidad a un empresario ruso vinculado a su campaña electoral. La acusación: haber puesto en peligro la seguridad nacional al revelar información clasificada. La reacción del Parlamento fue inmediata: juicio político y cese.
Líderes que cayeron por la mera apariencia
En la República Checa, el primer ministro Stanislav Gross dimitió en 2005 por no poder justificar el origen del dinero con el que adquirió su vivienda. No hubo pruebas de corrupción estructural, pero sí una presión mediática y ciudadana que hizo inviable su continuidad.
Otro caso paradigmático es el del estonio Jüri Ratas, quien dejó su cargo en 2021 tras la apertura de una investigación por un préstamo fraudulento vinculado a su partido. Aunque no se le imputó personalmente, consideró que su continuidad dañaría la credibilidad institucional.
Malta y Serbia: dimisiones recientes por corrupción sectorial
En mayo de 2024, Chris Fearne, viceprimer ministro de Malta, dimitió por su implicación en el escándalo de la privatización sanitaria, donde se investiga una red de sobornos y favores. A pesar de no ser el primer ministro, su salida reflejó una cultura política que en España parece cada vez más lejana.
En Serbia, el primer ministro Milos Vučević renunció en enero de 2025 tras el colapso de una estación de tren atribuida a una red de sobornos en obras públicas. Aunque no hubo pruebas directas contra él, la presión popular y la desconfianza institucional fueron suficientes para forzar su dimisión.
El contraste español
En contraste con estos ejemplos, el presidente Pedro Sánchez se mantiene en el poder pese a las investigaciones que rodean a su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, y a los numerosos casos que afectan a su partido y socios parlamentarios. El caso Koldo, la manipulación de contratos durante la pandemia, la politización del Poder Judicial y los acuerdos con condenados por corrupción o terrorismo forman un entramado sin precedentes en las democracias occidentales.
En ninguna de las democracias antes mencionadas se ha dado un caso donde el jefe del Gobierno haya perseverado pese a un cúmulo tan amplio de controversias legales, políticas y éticas.
Una lección pendiente
Europa demuestra que la dimisión no siempre es una derrota, sino una forma de preservar la dignidad institucional. En España, por el contrario, parece haberse instalado una cultura de la impunidad, donde la resistencia en el poder prima sobre el respeto al cargo. La comparación con nuestros socios europeos no deja en buen lugar al presidente Sánchez. Ni a la política española.
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