Zapatero, cada vez más cerca del banquillo

Zapatier

El futuro procesal de José Luis Rodríguez Zapatero pinta cada vez peor. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le impute por un presunto delito de malversación, castigado con penas que pueden alcanzar los ocho años de prisión. Además, descarta que el delito haya prescrito y cuestiona la estrategia de su defensa. El panorama se complica para el expresidente, que afronta una investigación con consecuencias potencialmente graves.

El rechazo de la prescripción constituye uno de los puntos decisivos del escrito. Anticorrupción considera que el tiempo transcurrido no impide perseguir los hechos investigados. La posibilidad de cerrar el procedimiento por esta vía pierde así fuerza y deja expedito el camino para que la investigación avance hacia el esclarecimiento de las posibles responsabilidades.

Pero hay otro asunto que resulta especialmente incómodo para Zapatero: el origen de unas joyas. La Fiscalía reprocha a su defensa que pretenda encomendar al juez una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar su procedencia. Dicho sin rodeos, Anticorrupción no parece dispuesta a aceptar que una diligencia internacional sustituya las pruebas que deben respaldar las explicaciones ofrecidas.

Si las joyas tienen un origen legítimo y documentado, corresponde aportar los justificantes que lo acrediten. La cooperación judicial internacional puede ayudar a esclarecer los hechos, pero no debería convertirse en un recurso para aplazar respuestas que tendrían que estar respaldadas por documentación verificable. La cuestión es concreta: de dónde proceden esos bienes y qué pruebas permiten establecerlo.

La posición de la Fiscalía coloca a la defensa ante un doble desafío: combatir la tesis de que existen indicios de malversación y despejar las dudas sobre la procedencia de las joyas. No basta con discutir los argumentos de los investigadores; también es necesario ofrecer una explicación convincente de los hechos que están bajo sospecha.

El caso tiene, además, una dimensión política inevitable. Zapatero fue presidente del Gobierno y sigue siendo una figura pública de relevancia. Su trayectoria y sus relaciones merecen el mismo escrutinio que las de cualquier otro dirigente cuando surgen indicios que requieren aclaración. El prestigio de un antiguo jefe del Ejecutivo no puede convertirse en una protección frente a preguntas legítimas.

La Fiscalía ha elevado la presión y el expresidente necesita respuestas claras. La prescripción, la acusación de malversación y las dudas sobre las joyas dibujan un escenario difícil de sortear con argumentos procesales o explicaciones indirectas.

El problema ya no es solo la evolución de una investigación judicial. Es también la credibilidad de un dirigente que debe aclarar las cuestiones planteadas. Cuando las preguntas se acumulan, el silencio o las respuestas insuficientes dejan de ser una estrategia eficaz: se convierten en un lastre político.

El Gobierno socialista nacionaliza a mexicanos con padres nacidos en México antes de 1920

Nacionalizados por la ley de nietos.

La llamada ley de nietos nació con un propósito legítimo: reparar la injusticia sufrida por miles de españoles y sus descendientes, obligados al exilio por la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sin embargo, cuando una medida concebida para saldar una deuda histórica se aplica sin las debidas garantías documentales, la reparación corre el riesgo de convertirse en una concesión arbitraria.

Según una información de THE OBJECTIVE, el Gobierno español estaría nacionalizando a ciudadanos mexicanos cuyos padres nacieron en México antes de 1920, pese a que no habrían aportado pruebas suficientes para acreditar los requisitos exigidos por la legislación. De confirmarse estas prácticas, estaríamos ante un asunto que trasciende la gestión administrativa: la credibilidad de las instituciones y la igualdad ante la ley.

La cuestión fundamental no es si los descendientes de los exiliados españoles merecen recuperar la nacionalidad. Muchos tienen razones históricas y familiares legítimas para reclamarla. El problema es otro: ¿puede el Estado conceder la nacionalidad española sin verificar rigurosamente que los solicitantes cumplen las condiciones establecidas?

La ley no puede convertirse en una invitación a sustituir los documentos por presunciones ni a dar por acreditada una ascendencia española simplemente porque resulte verosímil. Si el procedimiento exige demostrar un vínculo familiar con ciudadanos españoles y, en determinados supuestos, la relación de estos con el exilio, esos requisitos deben comprobarse de manera objetiva. De lo contrario, la norma deja de ser un instrumento de reparación para convertirse en una puerta abierta a decisiones difíciles de justificar.

Tampoco basta con invocar la sensibilidad histórica para cerrar el debate. Precisamente porque la Guerra Civil y el exilio constituyen episodios dolorosos de nuestra historia, su memoria merece un tratamiento serio. Reparar una injusticia no significa prescindir de las reglas, sino aplicarlas con rigor, proporcionalidad y transparencia.

Si existen expedientes en los que se ha concedido la nacionalidad sin documentación suficiente, el Gobierno tiene la obligación de ofrecer explicaciones. Debe aclarar qué pruebas se exigieron, qué criterios utilizaron los funcionarios responsables y si esos criterios se aplicaron de manera uniforme a todos los solicitantes. La transparencia no es una concesión política, sino una exigencia elemental cuando está en juego la nacionalidad de un país.

También conviene evitar conclusiones precipitadas. Haber nacido en México, incluso antes de 1920, no demuestra por sí solo que una persona carezca de ascendencia española ni que sus descendientes no puedan acogerse legalmente a la norma. Lo decisivo es determinar si cada expediente satisface los requisitos aplicables y cuenta con pruebas suficientes.

La nacionalidad no es un premio político ni una herramienta para ampliar artificialmente el número de ciudadanos. Es un vínculo jurídico de enorme trascendencia que exige garantías, controles y decisiones motivadas.

La reparación histórica pierde legitimidad cuando se administra sin rigor. Si el Gobierno ha concedido nacionalidades al margen de la ley, debe asumir responsabilidades. Y si ha actuado correctamente, debe demostrarlo. En un Estado de derecho, ni la memoria histórica exime de cumplir las normas ni la Administración puede exigir a unos lo que está dispuesta a dispensar a otros. La igualdad ante la ley debe ser una garantía efectiva, no una declaración retórica destinada a adornar los discursos oficiales. De lo contrario, la confianza ciudadana terminará pagando el precio de una gestión opaca e injustificable.

Francia en llamas: ¿quién está detrás de la violencia?

Francia en llamas.

Las movilizaciones violentas que sacuden Francia no pueden explicarse por una sola causa ni atribuirse, sin pruebas, a una conspiración organizada desde las sombras. Detrás de los disturbios confluyen una crisis social persistente, el desencanto de una parte de la juventud, el deterioro del poder adquisitivo y unas tensiones migratorias que la clase política lleva años sin resolver satisfactoriamente.

El primer combustible es la precariedad. Para muchos jóvenes, el acceso a la vivienda, la estabilidad laboral y unas expectativas razonables de prosperidad se han convertido en objetivos cada vez más difíciles. Cuando la promesa de movilidad social pierde credibilidad, crece la sensación de abandono. Esa frustración, sin embargo, no conduce necesariamente a la violencia: necesita circunstancias concretas, detonantes y actores capaces de convertir el malestar en enfrentamiento.

El segundo factor es la crisis de autoridad del Estado. Los choques con la policía, las denuncias de abusos y la percepción de un trato desigual alimentan la desconfianza en las instituciones. En determinados barrios, especialmente en las periferias urbanas, esa desconfianza se combina con una relación conflictiva con las fuerzas del orden. Un incidente puede entonces adquirir una dimensión simbólica y desencadenar una reacción que supera ampliamente sus causas inmediatas.

A ello se suma el debate sobre la inmigración y el multiculturalismo. Francia arrastra dificultades de integración, segregación residencial y desigualdades educativas y laborales que afectan de manera particular a ciertos sectores de población de origen inmigrante. Ignorar estos problemas por temor a alimentar a la extrema derecha es tan contraproducente como responsabilizar colectivamente a los inmigrantes de la inseguridad o los disturbios. La inmensa mayoría de ellos no participa en actos violentos y también sufre las consecuencias de la degradación de la convivencia.

¿Quién está detrás, entonces? En muchos episodios, los protagonistas inmediatos son grupos de manifestantes, jóvenes enfrentados a la policía y participantes que aprovechan el desorden para saquear, incendiar o destruir bienes públicos y privados. Las redes sociales pueden acelerar la propagación de convocatorias, imágenes y mensajes incendiarios. Determinados grupos políticos o ideológicos pueden intentar capitalizar la protesta, pero eso no demuestra que la dirijan ni que exista una estructura única coordinando todos los episodios. Para sostener semejantes acusaciones hacen falta pruebas.

El problema de fondo es que Francia parece atrapada entre dos respuestas insuficientes. Una reduce los disturbios a una cuestión policial y confía en que el restablecimiento del orden resolverá el conflicto. La otra presenta toda expresión de violencia como una reacción comprensible ante la exclusión, minimizando la responsabilidad individual de quienes atacan a ciudadanos, comercios o instituciones.

Ambas perspectivas eluden una verdad incómoda: sin autoridad no hay convivencia, pero sin integración, oportunidades y confianza institucional tampoco existe un orden duradero.

Francia necesita aplicar la ley con firmeza y garantías, combatir la delincuencia, mejorar las perspectivas de los jóvenes y abordar sin tabúes las dificultades de integración. También debe rechazar tanto el racismo como la justificación política de la violencia.

La pregunta decisiva no es solamente quién enciende la mecha, sino por qué el país acumula tanto material inflamable. Mientras el debate público oscile entre la negación de los problemas y la búsqueda de culpables colectivos, los disturbios podrán apagarse temporalmente, pero las condiciones que los favorecen seguirán ahí.

Podemos se llama ahora Irene: el personalismo como estrategia electoral

Irene

La decisión de Podemos de prescindir de su nombre y de su logotipo de cara a las próximas elecciones generales constituye algo más que un cambio de imagen publicitaria. Al colocar el nombre de Irene Montero en el centro de su campaña, la formación apuesta por una estrategia que desplaza el protagonismo desde la organización política hacia la figura de su candidata. El mensaje resulta inequívoco: Podemos quiere que los electores identifiquen su proyecto, sus propuestas y sus aspiraciones con una sola persona.

La nueva imagen electoral presenta un enorme «Irene» en el margen superior izquierdo, acompañado del lema «Paz, casa y trabajo». No hay rastro del nombre tradicional del partido ni de su conocido símbolo. La organización parece considerar que su marca, antaño sinónimo de renovación política y ruptura con el bipartidismo, necesita ahora ceder espacio a un liderazgo personal que permita recuperar la atención de los votantes.

El movimiento plantea una paradoja. Podemos nació precisamente como una fuerza que cuestionaba las estructuras tradicionales del poder y prometía devolver el protagonismo a la ciudadanía frente a las élites políticas. Sin embargo, su evolución lo ha conducido hacia una fórmula electoral cada vez más dependiente de sus principales dirigentes. La sustitución simbólica del partido por el nombre de su candidata acentúa esa transformación.

No se trata de un fenómeno exclusivo de la izquierda española. En la política contemporánea, las marcas personales han adquirido una importancia creciente. Los candidatos procuran establecer una relación directa con el electorado, reduciendo el peso de las siglas y presentándose como la encarnación de un proyecto político. Esta estrategia puede resultar eficaz cuando una organización atraviesa dificultades de imagen, arrastra divisiones internas o necesita diferenciarse de antiguos aliados.

En el caso de Podemos, la operación también puede interpretarse como un intento de distanciarse de una trayectoria marcada por enfrentamientos internos, escisiones y pérdida de influencia electoral. La personalización de la campaña permitiría presentar una nueva etapa sin renunciar por completo al capital político acumulado por la formación. La incógnita es si el nombre de Irene Montero puede despertar un entusiasmo suficiente para compensar el desgaste de las siglas.

El lema elegido, «Paz, casa y trabajo», busca conectar con preocupaciones fundamentales de la ciudadanía: la amenaza de los conflictos internacionales, las dificultades para acceder a una vivienda y la inseguridad económica. Son asuntos capaces de movilizar a sectores diversos, aunque su eficacia dependerá de la concreción de las propuestas y de la credibilidad de quienes las defienden.

También existe un riesgo evidente. Cuando un partido concentra toda su identidad en una figura, sus posibilidades electorales quedan estrechamente vinculadas a la popularidad, la trayectoria y la capacidad de comunicación de esa persona. El liderazgo puede convertirse en un activo, pero también en una limitación.

En definitiva, Podemos parece haber comprendido que las siglas ya no garantizan la movilización de sus antiguos votantes. Su apuesta consiste ahora en convertir a Irene Montero en la principal referencia de su oferta política. Queda por comprobar si esta metamorfosis será el comienzo de una recuperación electoral o el reconocimiento implícito de que la marca Podemos ha perdido buena parte de su capacidad para inspirar confianza.

Caos en Francia: el multiculturalismo

¿Banderas palestinas?

Francia lleva décadas debatiendo cómo integrar a una población con orígenes culturales, religiosos y nacionales diversos dentro de un modelo republicano que, en principio, no reconoce comunidades diferenciadas como sujetos políticos, sino ciudadanos iguales ante la ley. Esa tensión ayuda a entender algunos de los problemas que afloran en los suburbios de las grandes ciudades.

1. El problema de la integración

En determinados barrios periféricos, especialmente en las zonas con mayores dificultades económicas, confluyen desempleo juvenil, segregación residencial, fracaso escolar, discriminación percibida y una relación conflictiva con las fuerzas de seguridad.

En algunos de esos entornos existe también una importante concentración de población de origen inmigrante, incluidas familias procedentes del Magreb y del África subsahariana. La combinación de desigualdad económica, segregación territorial y dificultades de integración puede favorecer sentimientos de exclusión y debilitar la identificación con las instituciones nacionales.

Eso no significa que los inmigrantes o sus descendientes sean responsables colectivamente de la violencia. La inmensa mayoría no participa en los disturbios y es, con frecuencia, víctima de sus consecuencias. El origen étnico tampoco permite predecir la conducta de una persona.

La cuestión relevante es si las políticas públicas han conseguido garantizar que todos los ciudadanos, con independencia de sus antecedentes familiares, compartan unas mismas oportunidades, obligaciones y referencias cívicas.

2. El multiculturalismo frente al modelo republicano

Aquí aparece el debate de fondo. Francia no ha adoptado oficialmente el multiculturalismo como modelo de organización del Estado. Su tradición republicana se basa en la ciudadanía común, la laicidad y la igualdad jurídica, con independencia del origen o la religión.

El problema surge cuando la diversidad cultural deja de ser una convivencia entre ciudadanos y se convierte en una fragmentación de la sociedad en comunidades que apenas comparten referencias, normas o lealtades cívicas.

Los críticos del multiculturalismo sostienen que determinadas políticas han prestado demasiada atención al reconocimiento de las diferencias culturales y muy poca a la integración efectiva. Sus defensores replican que la exclusión, la discriminación y la desigualdad de oportunidades dificultan esa integración.

La cuestión central no es exigir que todos tengan los mismos orígenes o costumbres, sino garantizar que todos acepten un marco común de derechos, deberes y libertades. En Francia, esto incluye la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión, la laicidad del Estado y el respeto a las leyes democráticas.

3. ¿Qué relación tiene con los disturbios actuales?

Es importante introducir aquí una distinción: las informaciones sobre las protestas francesas de octubre de 2026 señalan como detonantes las deficiencias educativas, el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Los disturbios se atribuyen a grupos violentos que actuaron dentro o alrededor de las movilizaciones. Las informaciones disponibles no permiten concluir que el multiculturalismo o la inmigración sean la causa principal de esta ola de protestas.

Eso no significa que los problemas de integración sean irrelevantes para comprender la situación francesa en su conjunto. Significa que hay que analizar cada fenómeno con sus propias pruebas y no utilizar un conflicto como demostración automática de una tesis más amplia.

La experiencia de Francia sí plantea una pregunta legítima: ¿puede mantenerse la cohesión nacional cuando determinados territorios acumulan segregación social, dificultades de integración y desconfianza hacia las instituciones?

La respuesta exige políticas que combinen oportunidades económicas, lucha contra la discriminación, enseñanza eficaz y aplicación igualitaria de la ley.

4. La cuestión política de fondo

El debate sobre el multiculturalismo se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de la política francesa. La derecha y la derecha nacionalista insisten en la inmigración, la inseguridad y la pérdida de referencias comunes. La izquierda subraya las desigualdades, la discriminación y las deficiencias de las políticas sociales.

Ambas perspectivas pueden señalar problemas reales, pero ninguna explicación resulta suficiente si ignora los factores que destaca la otra.

La integración no puede reducirse a una cuestión de origen étnico, pero tampoco debería convertirse en un asunto que la corrección política impida discutir. Una democracia debe poder examinar los resultados de sus políticas migratorias y de integración sin estigmatizar colectivamente a quienes proceden de otros países.

En definitiva, el multiculturalismo es una cuestión relevante para comprender los debates sobre la identidad nacional y la cohesión social en Francia, pero no debe confundirse con la causa inmediata de todos sus conflictos.

La pregunta decisiva es si la República será capaz de combinar diversidad cultural, igualdad ante la ley y una identidad cívica compartida. Si fracasa en esa tarea, las divisiones sociales pueden agravarse. Si la afronta con políticas eficaces, podrá demostrar que la diversidad y la cohesión nacional no tienen por qué ser incompatibles.

Debacle de la izquierda: PP y Vox suman ya 212 escaños y el 53% de los votos

Yolanda Díaz

La izquierda española no se enfrenta simplemente a una derrota electoral: se enfrenta al agotamiento de un ciclo político. Cuando el Partido Popular y Vox suman 212 escaños y el 53% de los votos, el problema de Pedro Sánchez deja de ser la aritmética parlamentaria para convertirse en algo mucho más profundo: la pérdida de la mayoría social que hizo posible su llegada y permanencia en el poder.

Durante años, Sánchez ha construido su supervivencia sobre una premisa: reunir a todas las fuerzas dispuestas a impedir un Gobierno del PP y Vox, aunque sus intereses, programas y concepciones del Estado sean difícilmente conciliables. Esa fórmula permitió alcanzar mayorías parlamentarias, pero nunca garantizó conservar una mayoría electoral. Gobernar mediante pactos no equivale a convencer a la sociedad.

El PSOE puede resistir mejor que sus aliados y evitar un hundimiento todavía mayor. Pero esa resistencia tendría un valor relativo si el conjunto de la izquierda pierde la capacidad de disputar el poder. El retroceso de Sumar y de las formaciones situadas a su izquierda revelaría, además, el fracaso de un espacio político que prometió transformar la sociedad y terminó subordinado a las necesidades de supervivencia de Sánchez.

El presidente ha incorporado buena parte del discurso y de las banderas de sus socios para contener la fuga de votantes moderados y mantener cohesionada su mayoría. Sin embargo, esa estrategia tiene un coste: diluye la identidad de sus aliados sin resolver las contradicciones del Gobierno. La izquierda alternativa corre así el riesgo de quedarse sin electores, sin autonomía política y sin una propuesta reconocible.

A ello se suma el desgaste acumulado por la corrupción, las concesiones a los socios parlamentarios, la crispación institucional y la incapacidad de ofrecer respuestas convincentes a problemas cotidianos como la vivienda, las infraestructuras o la inmigración. La distancia entre el discurso oficial y las preocupaciones de una parte de la ciudadanía termina pasando factura. Ninguna apelación permanente al miedo a la derecha puede sustituir indefinidamente a una gestión eficaz.

La abstención merece una atención especial porque puede revelar una desafección más profunda que el simple trasvase de votos. Si castiga especialmente a los antiguos socios del Gobierno, significaría que una parte de su electorado ya no encuentra razones suficientes para movilizarse. No necesariamente son votantes que hayan abrazado las posiciones del PP o de Vox. Puede tratarse, sencillamente, de ciudadanos decepcionados, cansados de las promesas incumplidas o convencidos de que las disputas internas de la izquierda han desplazado los problemas reales.

Naturalmente, los sondeos no son sentencias definitivas. La campaña puede modificar preferencias y la participación alterar los equilibrios. Pero sería un error despachar estas señales como una fotografía pasajera. Cuando la derecha aparece en condiciones de gobernar con holgura, lo razonable es preguntarse qué ha dejado de funcionar en el bloque contrario.

La respuesta apunta a una evidencia incómoda para la izquierda: su principal adversario ya no es únicamente la derecha, sino también su propio desgaste. Sánchez puede seguir apelando a la movilización contra Feijóo y Abascal, pero esa estrategia pierde eficacia cuando una parte creciente de la sociedad juzga al Gobierno por sus resultados y no por sus advertencias.

Si esta tendencia se confirmara en las urnas, no estaríamos ante una alternancia ordinaria, sino ante el fracaso de un modelo político basado en la resistencia parlamentaria, la polarización y los acuerdos de conveniencia. La izquierda tendría que revisar sus liderazgos, sus prioridades y su relación con una ciudadanía a la que parece haber dejado de escuchar.

Cuando un proyecto político pierde credibilidad, ni la suma de aliados ni la movilización contra el adversario bastan para garantizar su continuidad. La cuestión ya no es cómo puede Sánchez conservar el poder a cualquier precio, sino cuánto tiempo puede seguir ignorando las señales de una derrota que, de confirmarse, sería también el balance de sus propios errores.

Zapatero, bajo la lupa: negocios, poder y narcotráfico

Zapatero

Hay silencios en política que acaban resultando más estruendosos que cualquier discurso. Durante años, la retórica oficial envolvió las idas y venidas de José Luis Rodríguez Zapatero en una pátina de diplomacia humanitaria y mediación benevolente. Sin embargo, la publicación del libro El hombre que susurraba al presidente, de la periodista de investigación Irene Tabera, proyecta una luz sobre la trama de relaciones, empresas pantalla e influencias internacionales que rodean al expresidente del Gobierno. 

Las informaciones publicadas revelan un escenario sombrío: agentes de inteligencia de Estados Unidos estrechan el cerco sobre Zapatero por sus vínculos con empresarios sospechosos de estar conectados con el narcotráfico y tramas financieras opacas. Con ello, su pretendida inmunidad política parece resquebrajarse y su horizonte judicial se complica por momentos.

El relato que durante más de una década pretendió vender al Zapatero post-Moncloa como un hombre de paz centrado en la resolución de conflictos en América Latina —especialmente en la Venezuela de Nicolás Maduro— se enfrenta hoy al duro contraste de las investigaciones periodísticas e internacionales. La tesis de Tabera plantea que el expresidente nunca abandonó los pasillos del poder, sino que transformó su influencia institucional en un engranaje donde interactúan intereses privados, consultorías y circuitos financieros de dudosa trazabilidad. La frontera entre el ejercicio legítimo del lobby y la complicidad con estructuras ilícitas vuelve a ser la gran cuestión pendiente de la política española contemporánea.

La sombra transatlántica y el declive del relato

El interés de las agencias de inteligencia estadounidenses no surge por azar. El continente americano, golpeado históricamente por la infiltración del crimen organizado en las altas esferas del poder político, no perdona los nexos con capitales de procedencia opaca. Cuando las pesquisas rozan al entorno directo de un exmandatario europeo y apuntan a sociedades vinculadas a redes complejas, la cuestionable legitimidad ideológica deja de actuar como escudo.

Las derivas judiciales que ya salpican su nombre en instancias nacionales e internacionales representan un punto de inflexión. No se trata de un simple ataque partidista o de controversias de la trinchera mediática; se trata de acusaciones documentadas sobre el uso de redes de contactos e intermediaciones comerciales a la sombra del régimen venezolano.

Exigencia de transparencia e higiene democrática

La gravedad de estas revelaciones exige que el Estado de derecho actúe con la máxima contundencia e imparcialidad. Una democracia sana no puede permitirse el lujo de mirar hacia otro lado cuando uno de sus expresidentes aparece situado en las agendas de agencias internacionales por presuntas conexiones con el crimen organizado o con facilitadores del mismo.

El tiempo del camuflaje diplomático ha llegado a su fin. Si Rodríguez Zapatero pretende sostener la integridad de su figura pública y del cargo que ostentó, deberá responder con luz y taquígrafos ante las preguntas incómodas que ya no solo le hace el periodismo de investigación, sino también los tribunales e inteligencias extranjeras. El horizonte se oscurece para quien creyó que las cloacas del poder y los pactos en la penumbra quedarían para siempre fuera del alcance de la justicia.

Cuando el poder está podrido: cloacas, narcos y la jueza que había que "eliminar"

Beatriz Biedma

Hay momentos en los que un país se mira al espejo y descubre que la cara que le devuelve es la de un Estado capturado. El informe de la UCO de la Guardia Civil, de 32 páginas y fechado el 6 de octubre, no es una filtración más. Es la radiografía de una podredumbre. Revela que la trama de las cloacas del PSOE contactó con el clan de Los Rochos, una organización de narcotraficantes de Badajoz, para actuar contra la magistrada Beatriz Biedma, la jueza que instruía la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según el testimonio de Cintia Rocho, matriarca del clan, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla". Y remató con una frase que no admite eufemismos: "a palos aprende el burro".

Esto no es un exceso verbal. La UCO sitúa esas palabras en el terreno del daño físico. Hay anotaciones en la agenda de Leire Díez: "Jueza Badajoz. La celsa. Heroína & Gitano". Hay notas en el teléfono de Javier Pérez Dolset: "Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info". Hay fechas de contactos, entrega de datos personales sobre la magistrada y una propuesta clara de actuación física. No se ejecutó. El clan, según su propia líder, rechazó el encargo. Pero la mera existencia de esa maquinaria —el intento de reclutar a narcos para neutralizar a una jueza— es ya un delito moral y político de una gravedad insoportable.

¿Hasta dónde hay que caer para que un entorno vinculado al partido que gobierna España busque a traficantes de droga para "quitar de en medio" a una magistrada? ¿Qué clase de mentalidad convierte a una jueza en un "puto grano en el culo" que hay que eliminar a palos? Esto no es fontanería. Es delincuencia política. Es la lógica del poder absoluto que no tolera obstáculos judiciales, aunque esos obstáculos se llamen Estado de derecho.

La independencia judicial no es un adorno democrático. Es el último dique contra el abuso. Cuando ese dique se intenta dinamitar con intermediarios del hampa, el mensaje es cristalino: las causas que afectan a los nuestros no se ganan en los tribunales, se destruyen. Se compra el silencio, se intimida, se amenaza. Y si hace falta, se recurre a quienes viven del tráfico de heroína y de la violencia. El informe es cauteloso —la UCO lo califica de "meramente expositivo"—, pero los hechos que documenta no admiten neutralidad. Quien contacta con un clan de narcos para actuar contra una jueza ha declarado la guerra a la justicia.

Beatriz Biedma declara mañana como perjudicada ante la Audiencia Nacional. Llega con el respaldo de un informe policial que da credibilidad a lo que ella ya había denunciado. Llega, sobre todo, con la dignidad de quien no se rindió. Mientras tanto, quienes orquestaron o miraron hacia otro lado deberían dar explicaciones. No bastan las descalificaciones habituales ni los intentos de reducir esto a "bulos". Aquí hay un documento de la Guardia Civil, hay testimonios, hay anotaciones y hay un lenguaje que hiela la sangre.

España ha conocido cloacas antes. Pero esta vez el olor es más nauseabundo porque el investigado es el hermano del presidente y los intermediarios elegidos son narcos. No hay forma de edulcorarlo. No hay forma de relativizarlo. Cuando el poder toca fondo de esta manera, el fondo ya no es político: es criminal. Y un país que tolera que se intente "eliminar" a una jueza con la ayuda de un clan de la droga está firmando su propia sentencia de muerte democrática. "A palos aprende el burro". Esa frase no es solo una amenaza. Es el epitafio de quienes creen que el poder les autoriza a todo.

El regreso de Puigdemont

Puigdemont

Carles Puigdemont puede volver a España nueve años después de abandonar Cataluña tras la declaración unilateral de independencia de 2017. El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre él y sobre sus antiguos consejeros Toni Comín y Lluís Puig, después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación vinculado al procés. El regreso, sin embargo, no equivale todavía al cierre definitivo de su situación judicial: el juez Pablo Llarena debe recibir y estudiar la sentencia íntegra del Constitucional antes de resolver formalmente sobre la aplicación de la amnistía a los tres procesados.

El cambio es, en cualquier caso, histórico. Puigdemont lleva desde octubre de 2017 instalado en Bélgica y ha convertido su permanencia fuera de España en una pieza central de su trayectoria política. Desde Waterloo dirigió Junts, intervino decisivamente en la negociación que permitió la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y convirtió su situación judicial en una de las principales bazas de la política española. Ahora, por primera vez desde su huida, puede regresar sin el riesgo de ser detenido al cruzar la frontera.

Pero la vuelta plantea una paradoja. Puigdemont puede regresar en un momento en el que el movimiento político que encabeza atraviesa importantes dificultades. 

Junts afronta las elecciones generales del 29 de noviembre en un escenario marcado por encuestas desfavorables y por la competencia creciente dentro del espacio independentista. La irrupción de Aliança Catalana y las diferencias con ERC han fragmentado todavía más el mapa soberanista. La dirección de Junts confía precisamente en que la presencia física de Puigdemont permita recuperar protagonismo y movilizar a su electorado.

El regreso tiene además una dimensión electoral evidente. El Gobierno de Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre, de modo que la vuelta del expresident se producirá, previsiblemente, en plena precampaña o campaña electoral. Junts estudia cómo convertir el acontecimiento en un acto político de máxima repercusión, aunque Puigdemont insiste en que pretende regresar como expresident de la Generalitat y no simplemente como dirigente de partido.

La relación con Sánchez constituye otro elemento de la ecuación. Junts fue fundamental para la investidura del presidente socialista, pero la alianza parlamentaria se deterioró posteriormente. En materia de vivienda, por ejemplo, PP, Vox y Junts han coincidido en ocho votaciones desde 2019 contra decretos que incorporaban medidas sobre alquileres, desahucios o protección de inquilinos. En octubre de 2026, Junts volvió a votar contra dos decretos del Gobierno sobre vivienda, contribuyendo a su rechazo parlamentario.

La vivienda se ha convertido así en uno de los principales focos de malestar social y político. El Congreso debatió el 1 de octubre dos nuevos decretos destinados a reforzar la protección de los inquilinos, limitar determinados desahucios y ampliar la oferta de vivienda asequible. Su rechazo fue uno de los episodios que precipitaron el adelanto electoral.

Puigdemont vuelve, por tanto, en circunstancias muy distintas de aquellas en las que se marchó. Entonces era el protagonista indiscutible del desafío independentista y su huida convirtió su figura en un símbolo para una parte del soberanismo. Ahora regresa cuando el independentismo está más dividido, Junts necesita recuperar espacio político y la legislatura de Sánchez ha terminado precisamente después de una ruptura progresiva con sus antiguos aliados.

La fotografía del regreso será poderosa. Su significado político, sin embargo, dependerá de lo que ocurra después. Nueve años fuera de España han terminado; la cuestión es qué papel ocupará Puigdemont en una Cataluña y en una España que ya no son las mismas de 2017.

Elecciones en noviembre: una mayoría social cada vez más difícil para Sánchez

Vox

Los sondeos dibujan una conclusión incómoda para Pedro Sánchez: el problema del PSOE no es únicamente que pueda perder votos, sino que cada vez tiene menos espacio político a su alrededor para convertirlos en una mayoría parlamentaria. 

Incluso conservando una parte sustancial de su electorado, la izquierda alternativa se hunde, los nacionalistas no compensan por sí solos ese retroceso y el bloque formado por PP y Vox aparece en numerosas encuestas por encima de la mayoría absoluta. La elección no está decidida —faltan semanas de campaña—, pero la aritmética que permitió a Sánchez gobernar en 2023 se ha deteriorado de forma evidente.

Los números explican mejor que cualquier discurso la dimensión del problema. El barómetro de Sigma Dos sitúa al PP en el 32,6% de los votos y 140 escaños; al PSOE, en el 25,6% y 103 diputados; y a Vox, en el 18,3% y 63 escaños. Sumar obtendría nueve diputados y Podemos apenas dos. La suma de PP y Vox alcanzaría, según esta estimación, los 203 escaños.

No es un resultado aislado. Las diferentes encuestas discrepan en las cifras concretas, pero coinciden en la tendencia general: el PP aparece como primera fuerza, Vox ha ganado un peso considerable y la izquierda situada a la izquierda del PSOE se encuentra mucho más debilitada que en las últimas elecciones generales.

Y esa combinación puede ser más importante que la evolución del propio PSOE.

Porque en un sistema parlamentario no basta con ser una fuerza relevante. Hay que reunir los escaños suficientes para construir una mayoría. Ese fue precisamente el mecanismo que permitió a Sánchez continuar en La Moncloa en 2023: el PSOE no ganó las elecciones, pero consiguió articular una mayoría parlamentaria con Sumar y con distintos partidos nacionalistas e independentistas.

Tres años después, esa arquitectura presenta grietas.

La izquierda alternativa ha perdido fuerza. Sumar y Podemos aparecen muy por debajo del peso que llegaron a alcanzar conjuntamente. Y cuanto más terreno discursivo ocupa el PSOE, menos espacio electoral queda para las formaciones que Sánchez necesita como aliados.

Ahí se encuentra una de las paradojas centrales de esta campaña. El PSOE puede intentar contener la fuga de votantes hacia su izquierda adoptando buena parte de sus banderas, pero si esa estrategia debilita demasiado a Sumar y Podemos, también reduce la capacidad del bloque progresista para sumar escaños.

Sánchez ha incorporado a su discurso cuestiones tradicionalmente asociadas a la izquierda alternativa: vivienda, políticas sociales, feminismo, ecologismo, inmigración o determinadas posiciones sobre política internacional. Esa estrategia puede servir para conservar parte del electorado progresista. Pero también plantea una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto puede el PSOE absorber el espacio de sus aliados sin terminar haciendo más difícil la propia mayoría que necesita para gobernar?

Los sondeos actuales no ofrecen una respuesta definitiva, pero sí muestran el riesgo.

Mientras la izquierda se fragmenta, el espacio de la derecha presenta una dinámica distinta. El PP mantiene el primer puesto en las encuestas y Vox aparece claramente por encima de su resultado de 2023. En varios estudios, la suma de ambas formaciones supera holgadamente los 176 escaños de la mayoría absoluta.

Eso tampoco significa que el resultado del 29 de noviembre esté escrito.

Las encuestas son fotografías tomadas en momentos concretos, no actas notariales del resultado electoral. Quedan semanas de campaña, debates, acontecimientos políticos y económicos y, sobre todo, una incógnita decisiva: la participación. Un movimiento de los indecisos o una movilización diferencial de los electorados puede modificar considerablemente la distribución final de escaños.

Pero sería igualmente erróneo utilizar esa incertidumbre para ignorar lo que dicen los datos.

El Gobierno llega a las urnas después de una legislatura marcada por una enorme dependencia parlamentaria. La necesidad permanente de negociar con sus socios ha condicionado buena parte de la acción legislativa y ha alimentado una de las principales críticas de la oposición: la acusación de que Sánchez ha tenido que realizar demasiadas concesiones para conservar la mayoría.

Sus defensores ofrecen la interpretación contraria: en un Parlamento fragmentado, negociar es la consecuencia natural de gobernar. Las dos lecturas forman parte del debate electoral. Lo que no admite discusión es que la legislatura ha estado determinada por esa aritmética.

A ello se suma el desgaste acumulado en cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana.

La vivienda es quizá el ejemplo más evidente. El acceso a un alquiler o a una vivienda en propiedad se ha convertido en uno de los principales problemas para una parte importante de la sociedad, especialmente entre los jóvenes. El Gobierno ha situado la vivienda entre sus prioridades, pero sus iniciativas han encontrado fuertes obstáculos parlamentarios y el problema continúa siendo políticamente explosivo.

La inmigración plantea otro desafío. Vox ha convertido el asunto en una de sus principales banderas electorales y ha obligado tanto al PP como al PSOE a fijar posiciones más definidas. El Gobierno ha endurecido algunos aspectos de su discurso, mientras mantiene diferencias importantes con la derecha en otros ámbitos. El resultado es que la inmigración se ha instalado definitivamente entre los grandes asuntos de la campaña.

Y hay un tercer elemento más difícil de medir, pero políticamente relevante: el cansancio con una legislatura que ha vivido prácticamente en campaña permanente.

Corrupción, negociaciones con los socios parlamentarios, conflictos institucionales, vivienda, inmigración, infraestructuras y debates culturales han ido acumulando presión sobre el Ejecutivo. Cada uno de esos asuntos tiene una lectura política distinta y no todos afectan de la misma manera al electorado. Pero juntos contribuyen a explicar por qué la campaña de Sánchez no puede limitarse a defender su gestión: necesita demostrar que todavía existe una mayoría social dispuesta a respaldar su proyecto.

Ese es probablemente el desafío fundamental.

El PSOE necesita conservar al votante progresista que teme un Gobierno de PP y Vox, pero también recuperar sectores moderados. Necesita defender una gestión que lleva años en el poder y, simultáneamente, presentarse como la opción capaz de impedir un cambio de Gobierno. Necesita mantener a sus socios potenciales y, al mismo tiempo, responder a quienes cuestionan precisamente la dependencia de esos socios.

La oposición, en cambio, dispone de un mensaje más sencillo: cambio.

El PP puede plantear las elecciones como una oportunidad para sustituir al Ejecutivo socialista y Vox aspira a consolidar el crecimiento que le atribuyen las encuestas. El PSOE tiene que explicar algo bastante más complejo: cómo reconstruir una mayoría parlamentaria cuando varios de los partidos que deberían acompañarlo aparecen electoralmente debilitados.

Por eso, la cuestión esencial del 29 de noviembre no es simplemente si el PSOE gana o pierde votos. Es si Sánchez conserva suficientes aliados potenciales para convertir sus votos en una mayoría parlamentaria.

Los sondeos no permiten anticipar el resultado y todavía pueden producirse movimientos importantes. Pero sí ofrecen una fotografía inequívoca de la dificultad del punto de partida: PP y Vox aparecen mucho más fuertes que en 2023, mientras la izquierda alternativa pierde peso.

La campaña acaba de empezar. La aritmética, en cambio, ya está hablando. Y hoy esa aritmética obliga a Sánchez a reconstruir una mayoría que, según las encuestas, parece bastante más difícil de reunir que hace tres años.