Hay preguntas que molestan precisamente porque nadie parece dispuesto a responderlas. Una de ellas es ésta: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?
¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?
No afirmo que exista una deuda económica, un pacto secreto o una contraprestación clandestina. No hay pruebas públicas suficientes para sostener semejante acusación. Pero sí existe una sucesión de hechos que permite formular una pregunta política perfectamente legítima: ¿por qué Pedro Sánchez ha asumido ante Marruecos unos riesgos y unos costes que difícilmente habría aceptado frente a otros países?
La relación con Rabat es importante para España. Eso nadie lo discute. Marruecos es vecino, socio comercial y pieza fundamental en asuntos como la inmigración y la lucha contra el terrorismo. Pero precisamente por eso resulta preocupante que una relación necesaria pueda acabar transformándose en una relación asimétrica.
1. El giro histórico sobre el Sáhara Occidental
El episodio más significativo fue el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022. España pasó de mantener una posición tradicional de equilibrio a respaldar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara. El cambio fue brusco y apenas explicado a la opinión pública. Sánchez sacrificó una política exterior mantenida durante décadas para recuperar la relación con Rabat.
¿Y qué recibió España a cambio? Una normalización de las relaciones y una cooperación marroquí más estrecha, especialmente en materia migratoria. Es legítimo preguntarse si aquello fue una decisión soberana de política exterior o si España estaba pagando el precio de una dependencia previamente adquirida.
2. El espionaje con el programa Pegasus
Después llegó Pegasus. Los teléfonos del propio Pedro Sánchez y de varios miembros de su Gobierno fueron infectados con el sofisticado programa de espionaje. Investigaciones periodísticas señalaron a Marruecos como principal sospechoso, aunque las responsabilidades concretas no han quedado establecidas judicialmente de manera definitiva. Y, sin embargo, aquel gravísimo episodio no desembocó en una crisis política duradera con Rabat.
Resulta difícil no advertir la contradicción: un país que aparece señalado como posible responsable del espionaje al presidente del Gobierno español termina convertido poco después en socio privilegiado de España.
3. La invasión de Ceuta
Las ciudades autónomas son territorio español. No son una cuestión académica ni una disputa geográfica susceptible de ser aparcada cuando conviene. Cuando Marruecos ejerce presión sobre Ceuta mediante la frontera, España debería responder con la firmeza propia de un Estado que protege su soberanía.
Pero la conducta de Sánchez ha sido llamativamente prudente con Rabat. Demasiado prudente, dirán algunos.
La cuestión se vuelve todavía más inquietante cuando se observa que Marruecos ha demostrado en repetidas ocasiones que la presión migratoria puede convertirse en una formidable herramienta política. Las entradas masivas en Ceuta de 2021 constituyeron una advertencia extraordinariamente seria. Y la crisis actual vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de España.
Un Estado no puede externalizar indefinidamente el control de sus fronteras y después sorprenderse de que quien controla el grifo tenga capacidad para abrirlo o cerrarlo.
Aquí aparece la verdadera paradoja del sanchismo: cuanto más indispensable parece hacerse Marruecos para la política española, menor parece ser la capacidad del Gobierno para reprocharle determinadas conductas.
Eso no es diplomacia equilibrada. Puede terminar pareciéndose peligrosamente a una dependencia.
Y la dependencia tiene un precio: obliga a medir cada palabra, cada protesta y cada respuesta. El socio sabe que tiene poder sobre nosotros y nosotros sabemos que enfrentarnos a él puede tener consecuencias.
Por eso la pregunta inicial debe mantenerse: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?
Quizá la respuesta sea nada. Quizá no exista ninguna deuda. Quizá todo pueda explicarse por el pragmatismo de un Gobierno que considera imprescindible la colaboración de Rabat.
Pero entonces Sánchez tiene una obligación elemental: explicar por qué España ha cambiado su posición sobre el Sáhara, por qué ha tratado con tanta cautela los episodios de espionaje, por qué Rabat parece disponer de un margen de presión extraordinariamente amplio sobre Ceuta y por qué la defensa de los intereses españoles parece detenerse tantas veces ante las puertas de Marruecos.
La política exterior no puede basarse en sospechas. Pero tampoco puede exigir a los ciudadanos que renuncien a hacer preguntas.
Y ésta es una pregunta legítima. Porque una cosa es tener un buen vecino. Otra muy distinta es tener un vecino que sabe que dependes de él. Y peor todavía sería que ese vecino hubiera descubierto que puede presionar a España sin que el Gobierno español se atreva a responderle con toda la firmeza que exigiría la defensa de los intereses nacionales.
Eso es lo que Pedro Sánchez debería aclarar. No qué le debe el PSOE a Marruecos. Sino qué está dispuesto a concederle España para conservar su favor.
lunes, 7 de septiembre de 2026
¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?
domingo, 6 de septiembre de 2026
¿Qué le pasa a Pedro Sánchez?
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¿Qué te pasa Pedro? ¿Te ha vuelto la regla? |
La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto esa diferencia. No se trata de discutir si un presidente tiene derecho a vacaciones. Naturalmente que lo tiene. El problema aparece cuando las circunstancias excepcionales exigen algo más que el cumplimiento ordinario de una agenda. Más de 70.000 personas entraron en Ceuta durante la crisis de finales de julio y, semanas después, seguían acumulándose problemas humanitarios, policiales y administrativos. En ese contexto, la imagen de Sánchez alejado de la primera línea resultó políticamente demoledora.
El liderazgo, sobre todo en momentos de incertidumbre, tiene una dimensión simbólica que no puede sustituirse por videoconferencias, comunicados ministeriales o reuniones de coordinación. Un presidente puede delegar funciones; lo que no puede delegar es la responsabilidad política última. Y eso es precisamente lo que muchos ciudadanos han echado en falta durante esta crisis.
Lo sorprendente es que no parece el mismo Pedro Sánchez de otras emergencias. Durante la pandemia, la guerra de Ucrania o la erupción de La Palma, el presidente entendió que debía ocupar físicamente el centro de la escena. Podía ser criticado por sus decisiones, pero transmitía la sensación de estar gobernando. En Ceuta, en cambio, esa percepción se ha debilitado. La propia González Harbour señala ese contraste entre el Sánchez que se crecía ante los grandes desafíos y el presidente que este verano apareció tarde, políticamente aislado y sin reconocer errores.
Hay además un elemento que no debería despreciarse: el desgaste. Un presidente sometido durante meses a una creciente presión política y judicial, con investigaciones que afectan a personas de su entorno y con un Gobierno obligado a defenderse continuamente de acusaciones de corrupción, puede terminar perdiendo capacidad de reacción. No significa que esas circunstancias expliquen por sí solas su comportamiento, pero sí pueden contribuir a comprender una cierta fatiga política.
Sin embargo, comprender no equivale a justificar.
Porque precisamente cuando un Gobierno está acosado por las dificultades es cuando más necesita demostrar serenidad, autoridad y capacidad de mando. Si la crisis de Ceuta ha revelado carencias materiales —desde recursos policiales y judiciales hasta instalaciones para atender a los inmigrantes—, también ha revelado una carencia política: la dificultad del Ejecutivo para ofrecer una respuesta que sea percibida como firme, coordinada y suficiente.
Y aquí aparece el verdadero peligro para Sánchez. Las crisis no se juzgan únicamente por su origen. Se juzgan por la respuesta del poder. Una frontera puede sufrir una presión extraordinaria; lo que los ciudadanos esperan es comprobar que el Estado conserva el control, que sus instituciones funcionan y que quienes gobiernan están donde deben estar.
El propio Sánchez ha defendido ante el Congreso que no existen pruebas concluyentes sobre una implicación directa del Gobierno marroquí y ha anunciado medidas para reforzar la frontera y mejorar la gestión migratoria. Pero esas explicaciones llegan después de semanas en las que la percepción de desorden y abandono ha adquirido una fuerza propia.
Quizá esa sea la pregunta verdaderamente incómoda: ¿qué le ha ocurrido al Sánchez que convirtió la resistencia en su principal virtud política?
Tal vez no sea simplemente cansancio. Tal vez sea el desgaste inevitable de un poder que lleva demasiado tiempo sobreviviendo a sus propias crisis. Pero un presidente puede permitirse muchas cosas. Lo que difícilmente puede permitirse es que, cuando llega la tormenta, los ciudadanos tengan la impresión de que en La Moncloa han colgado el cartel de «cerrado por vacaciones».
Porque las vacaciones terminan. Las crisis, en cambio, dejan memoria. Y Ceuta puede acabar siendo uno de esos episodios por los que se juzgue no solamente la capacidad de Sánchez para gobernar, sino su voluntad de hacerlo cuando gobernar resultaba más difícil.
sábado, 5 de septiembre de 2026
El resentimiento, una enfermedad de la política española
«El resentido percibe la felicidad del prójimo, la prosperidad del prójimo, la belleza o inteligencia del prójimo –o incluso su simple 'mediano pasar'– como una afrenta que alimenta un deseo perpetuo e indiscriminado de venganza» (Juan Manuel de Prada). 
Thomas Sowell
La definición de Juan Manuel de Prada apunta a una de las pasiones más destructivas del ser humano: el resentimiento. No es exactamente envidia, aunque pueda contenerla. Es algo más profundo: la incapacidad de soportar que otro posea aquello que uno cree merecer o que, simplemente, le recuerda lo que no tiene.
El resentido no necesita ser pobre para resentirse, ni el objeto de su resentimiento tiene que ser rico. Basta con que perciba en el otro una felicidad que él considera injusta. El problema aparece cuando esa pasión privada abandona la conciencia individual y se convierte en categoría política.
Y aquí es donde la reflexión de De Prada adquiere una inquietante actualidad española.
España vive una época de extraordinaria polarización afectiva. Los estudios sociológicos recientes muestran que esa polarización no se limita a las diferencias ideológicas: puede llegar a convertir al adversario político en alguien emocionalmente rechazable. Un trabajo publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas advierte incluso de que los niveles crecientes de polarización afectiva pueden asociarse con una mayor tolerancia hacia alternativas políticas menos democráticas.
El fenómeno puede observarse en nuestra conversación pública. Con demasiada frecuencia ya no se discute sobre cómo mejorar la vida de los ciudadanos, sino sobre quién tiene derecho a disfrutarla. El éxito del otro se interpreta como privilegio; la prosperidad, como sospecha; la discrepancia, como traición. Y así aparece una política que necesita permanentemente fabricar culpables.
El resentido necesita un enemigo.
Puede ser el rico, el empresario, el propietario de una vivienda, el que cobra una determinada pensión, el que vota a otro partido, el que vive en una comunidad autónoma distinta, el inmigrante, el funcionario, el juez, el periodista o incluso el ciudadano que simplemente discrepa. La lista puede crecer indefinidamente porque el resentimiento nunca queda satisfecho: cuando desaparece un enemigo, necesita encontrar otro.
Pero sería demasiado sencillo convertir esta reflexión en una acusación contra una sola ideología. El resentimiento no tiene carnet político. Puede instalarse en la izquierda cuando transforma cualquier diferencia económica en una lucha moral entre buenos y malos; pero también en la derecha cuando convierte el éxito ajeno, la diferencia cultural o la llegada de nuevos ciudadanos en motivo permanente de agravio. La enfermedad es humana antes que ideológica.
Lo verdaderamente preocupante es que determinados discursos políticos descubran que resulta más fácil movilizar el resentimiento que cultivar la responsabilidad.
Decirle a un ciudadano que su vecino ha prosperado porque él ha sido perjudicado resulta mucho más eficaz electoralmente que explicarle la complejidad de una economía. Decirle que sus problemas tienen un culpable perfectamente identificable resulta más cómodo que reconocer que muchos de ellos obedecen a causas estructurales y que solucionarlos exige tiempo, esfuerzo y acuerdos.
España conoce hoy problemas reales: la dificultad de acceso a la vivienda, las desigualdades de renta, la incertidumbre laboral, el envejecimiento de la población y las diferencias territoriales. El INE mantiene indicadores específicos sobre salarios, ingresos, pobreza y carencia material que muestran que no todo bienestar estadístico se distribuye de manera uniforme.
Precisamente por eso hay que distinguir entre la legítima indignación ante una injusticia y el resentimiento. La indignación quiere corregir una injusticia. El resentimiento quiere que alguien pague por nuestra frustración. La primera puede construir una sociedad más justa. El segundo termina destruyéndola.
El resentimiento político tiene además una característica especialmente peligrosa: necesita que el ciudadano permanezca enfadado. Un ciudadano reconciliado con su vida, capaz de reconocer los méritos de otro y de aceptar que no todas las diferencias son injusticias, es mucho más difícil de manipular.
Por eso nuestra época necesita recuperar una virtud casi olvidada: la magnanimidad. Saber alegrarse de que al otro le vaya bien. Reconocer el talento ajeno sin sentir humillación. Admitir que alguien puede pensar de manera diferente sin ser nuestro enemigo. Aceptar que la vida nunca será perfectamente igualitaria y que igualdad ante la ley no significa igualdad absoluta de resultados.
Quizá uno de los síntomas más graves de nuestra crisis política sea precisamente que hemos comenzado a contemplar la felicidad ajena como una provocación.
Cuando eso ocurre, la política deja de aspirar al bien común y empieza a administrar agravios. Y una sociedad gobernada por el agravio acaba descubriendo que el resentimiento, una vez puesto en marcha, no distingue entre vencedores y vencidos. Termina devorándolos a todos.
España necesita justicia, desde luego. Pero necesita también algo más difícil: aprender de nuevo a no odiar al que vive un poco mejor que nosotros. Porque una democracia no puede sobrevivir mucho tiempo si cada ciudadano contempla al vecino como una afrenta.
El PSOE empieza a salvarse de Sánchez
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Se te están acabando las mentiras y la chulería. |
La tesis de Iván Libreros, en Vozpópuli, apunta precisamente a ese cambio de clima: el PSOE habría comenzado a asumir que Sánchez entra en una fase de ocaso y que, ante un eventual final de legislatura, cada cual empieza a preparar su propia salida.
El episodio de Ceuta ha actuado como acelerador. La crisis no se limita ya a la magnitud de la entrada irregular de personas durante los días 30 y 31 de julio. Se ha convertido en un problema político de primer orden por las dudas sobre la información previa, la actuación de las instituciones y la coordinación del Estado. La propia Audiencia Nacional investiga los hechos y el Gobierno ha tenido que afrontar la controversia sobre los informes policiales y del CNI.
Sánchez respondió en el Congreso reivindicando que los agentes hicieron lo correcto y defendiendo que ninguno de los informes disponibles había anticipado la magnitud de lo ocurrido. Pero una cosa es la explicación institucional y otra, muy diferente, la percepción política. Cuando un Gobierno tiene que dedicar buena parte de su energía a demostrar que no sabía lo que estaba sucediendo, el problema ya no es únicamente administrativo: es de credibilidad.
Y ahí aparece la segunda grieta: los ayuntamientos. El malestar territorial es especialmente incómodo para un partido que históricamente ha encontrado en sus alcaldes y estructuras locales una de sus principales fuentes de poder electoral. La convocatoria de movilizaciones en apoyo de Ceuta ha colocado a numerosos dirigentes socialistas ante una disyuntiva incómoda: obedecer a Ferraz o escuchar a sus propios ciudadanos. RTVE informó de que el PSOE pidió a sus dirigentes territoriales que no participaran en esas concentraciones.
La tercera grieta está dentro del propio Gobierno. La posición cada vez más singular de Margarita Robles resulta significativa. Su distanciamiento público respecto de determinadas posiciones de Sánchez, particularmente en relación con la crisis de Ceuta, revela que la unanimidad ministerial es menos sólida de lo que pretende transmitir La Moncloa.
El problema, por tanto, no es que exista todavía una conspiración organizada para sustituir a Sánchez. No hace falta. Lo verdaderamente peligroso para un líder es que empiecen a desaparecer los incentivos para defenderlo.
Mientras Sánchez conserva el poder, muchos socialistas seguirán a su lado. Pero cuando los cargos territoriales empiezan a calcular qué coste electoral tiene defender cada decisión de La Moncloa, cuando los ministros empiezan a marcar distancias y cuando el debate sobre el futuro deja de ser tabú, aparece el fenómeno que podríamos llamar «sálvese quien pueda».
No significa necesariamente una ruptura inmediata. Significa algo quizá más importante: el comienzo de la pérdida de confianza en el futuro.
Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia. Ha sobrevivido a crisis que habrían derribado a otros presidentes. Pero resistir no es lo mismo que gobernar con autoridad. Un Gobierno puede prolongar su existencia parlamentaria y, al mismo tiempo, encontrarse políticamente agotado.
El PSOE debería preguntarse si su futuro electoral pasa por seguir defendiendo hasta el último día todas las decisiones de Sánchez o por empezar a reconstruir una identidad propia.
Porque cuando un partido empieza a pensar más en lo que ocurrirá después de su líder que en cómo reforzarlo ahora, el ocaso deja de ser una hipótesis periodística y empieza a convertirse en una posibilidad política.
Y quizá ese sea el verdadero problema de Sánchez: no que sus adversarios hayan encontrado finalmente la manera de derribarlo, sino que algunos de los suyos estén empezando a prepararse para sobrevivirle.
viernes, 4 de septiembre de 2026
Zapatero morirá matando
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La cuestión es de una gravedad extraordinaria. El informe policial remitido a la Audiencia Nacional habría descrito una planificación previa de la llegada masiva a Ceuta y señalado la intervención de agentes marroquíes en la conducción de los flujos migratorios. Esa conclusión entra en contradicción con la posición mantenida por el Gobierno respecto de Marruecos y explica buena parte del terremoto político que se ha producido en Interior.
Pero lo verdaderamente inquietante no es solamente lo que dice el informe. Es la pugna por saber quién lo conocía, quién decidió no comunicarlo y con qué finalidad.
En el centro de esa controversia aparece Francisco Pardo, director general de la Policía. Las fuentes citadas por ABC cuestionan que el ministro Fernando Grande-Marlaska no tuviera conocimiento del contenido del documento y ven en esa circunstancia una batalla de poder dentro del Ministerio del Interior. Pardo, por su parte, sostiene que la jueza María Tardón había restringido la difusión del informe. La disputa, por tanto, no es menor: afecta directamente a la cadena de mando de la Policía.
Y es aquí donde aparece Zapatero.
No porque exista, al menos por ahora, una prueba pública de que el expresidente haya ordenado la elaboración o la ocultación del informe. No conviene convertir las sospechas de determinadas fuentes en hechos probados. La cuestión es otra: la posibilidad de que siga existiendo una red de influencia construida durante sus años de Gobierno y que esa estructura conserve capacidad para intervenir en las grandes batallas internas del socialismo.
El asunto adquiere todavía mayor trascendencia por el deterioro de la relación entre Sánchez y quien durante años fue uno de sus principales apoyos políticos. Según las informaciones publicadas, el distanciamiento entre ambos habría aumentado precisamente cuando la situación judicial de Zapatero se ha complicado. En ese contexto, cualquier enfrentamiento dentro de Interior puede adquirir una lectura política mucho más profunda.
El problema para Sánchez es que el zapaterismo no es solamente un recuerdo. Es una cultura política, una generación de dirigentes y una determinada concepción del poder. Muchos de quienes llegaron a puestos relevantes durante aquellos años continúan teniendo influencia.
Si las acusaciones recogidas por ABC fueran confirmadas, estaríamos ante algo mucho más serio que una discrepancia burocrática: sería la demostración de que existen centros de poder dentro del Estado capaces de actuar con una autonomía preocupante respecto del Gobierno de turno.
Y ahí reside el verdadero peligro para Sánchez.
El presidente ha construido buena parte de su autoridad sobre una premisa sencilla: el control político del Gobierno sobre sus estructuras. Si Interior, la Policía y la política exterior comienzan a aparecer como territorios disputados entre diferentes familias socialistas, la autoridad presidencial queda inevitablemente debilitada.
Ceuta ha abierto una grieta inesperada. Una crisis migratoria que el Gobierno pretendía administrar políticamente ha terminado convirtiéndose en una batalla sobre la verdad de lo sucedido, sobre la actuación de Marruecos y sobre quién controla la información que llega a los tribunales.
Y ahora aparece una segunda batalla: la sucesión del poder dentro del propio socialismo.
Quizá por eso la frase resulta tan inquietante. «Zapatero morirá matando» no significa necesariamente que el expresidente esté detrás de cada movimiento. Significa algo políticamente más sutil: que, si se siente abandonado por quienes durante años fueron sus aliados, todavía conserva resortes suficientes para hacer mucho daño.
Sánchez debería tomar nota. Porque los gobiernos suelen temer más a sus enemigos cuando los tienen enfrente. Pero los verdaderamente peligrosos son, a veces, quienes conocen desde dentro todas las puertas de la casa.
miércoles, 2 de septiembre de 2026
Las joyas de Zapatero: ¿un pago en especie?
Hay noticias que, por sí solas, plantean preguntas incómodas. Y hay otras que, además, obligan a revisar todo lo que hasta entonces parecía una sucesión de episodios aislados. La nueva tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero pertenece claramente a la segunda categoría..jpg)
¿Un pago en especie?
Según la información publicada por Ketty Garat en ABC, Anticorrupción considera que las alhajas podrían constituir un «pago en especie» relacionado con la supuesta red internacional de tráfico de influencias que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La Fiscalía entiende, además, que el caso Plus Ultra podría ser solamente una parte de un entramado mucho más amplio.
Las cifras impresionan. La primera valoración situó las joyas en 1.323.915 euros y Anticorrupción ha solicitado ampliar el estudio gemológico para determinar tanto su valor real de mercado como la fecha en que fueron engarzadas.
Y aquí aparece el problema político, además del judicial.
Zapatero declaró ante el juez que explicaría el origen de las joyas en una semana o diez días. Más tarde sostuvo públicamente que se trataba de un «regalo de cortesía personal» recibido hace muchos años de un país que no quiso identificar. También cuestionó la valoración económica y afirmó que nunca existió intención patrimonial.
Pero cuanto más tiempo pasa sin una explicación verificable, más difícil resulta presentar el asunto como una simple anécdota personal.
Porque la cuestión esencial no es solamente cuánto valen las joyas. La verdadera pregunta es quién las entregó, cuándo, por qué y en qué circunstancias. Y si la investigación acredita que estuvieron vinculadas a actividades de intermediación política o económica, la naturaleza del problema cambiaría radicalmente.
La hipótesis del «pago en especie» resulta especialmente relevante porque desplaza el foco desde las joyas hacia la actividad que supuestamente podrían estar remunerando. Es decir, las alhajas serían, en ese caso, solamente la manifestación visible de algo mucho mayor.
Eso explica que la Fiscalía no parezca conformarse con establecer su valor. Quiere conocer su procedencia, su antigüedad y su encaje dentro del conjunto de operaciones investigadas.
También conviene recordar que las joyas aparecieron durante el registro policial del despacho de Ferraz realizado en el marco de las pesquisas sobre Plus Ultra. La UDEF encontró cerca de un centenar de piezas, aunque las posteriores informaciones han situado el conjunto finalmente tasado en alrededor de ochenta joyas.
Hay, por tanto, una cuestión de fondo que trasciende a Zapatero: ¿hasta dónde llega realmente la investigación?
Si Plus Ultra fuera solamente una pieza de una red internacional más extensa, como sostiene la tesis atribuida a Anticorrupción, el rescate de la aerolínea dejaría de ser el centro exclusivo del caso para convertirse en una ventana hacia un conjunto mucho más amplio de relaciones, intermediaciones y negocios.
Zapatero tiene derecho a defenderse. La sociedad tiene derecho a conocer las respuestas. Y la Justicia tiene la obligación de averiguar si esas joyas fueron un regalo, una herencia, una cortesía diplomática o, como ahora sospecha Anticorrupción, algo muy diferente: la contraprestación material de una actividad de influencia.
martes, 1 de septiembre de 2026
Grietas en el PSOE por la crisis de Ceuta
La crisis de Ceuta empieza a provocar una rebelión interna en el PSOE. Lo que hasta hace pocos días podía interpretarse como un malestar limitado a algunos dirigentes socialistas de la ciudad autónoma comienza a extenderse por distintos municipios españoles. Y el gesto que mejor simboliza esta evolución lo protagonizó este lunes el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, al anunciar que acudirá a la concentración convocada por la sociedad civil en solidaridad con Ceuta.
José Antonio Díez, alcalde de León.
Pero la instrucción de Ferraz no está siendo seguida de manera uniforme. Otros alcaldes socialistas han anunciado igualmente su intención de participar, aunque algunos han optado por modificar el horario para evitar coincidir con la convocatoria de la FEMP. Entre ellos figuran José Román Guerrero, alcalde de Chiclana; Darío Moreno, de Sagunto; Antonio Rodríguez Osuna, de Mérida; José María Ramírez, de Almendralejo; Sandra Izquierdo, de Tacoronte; Gustavo Cuéllar, de Moguer, y Cristina de los Arcos, de Espartinas, que estuvo entre las primeras dirigentes socialistas en desmarcarse.
También municipios de menor tamaño gobernados por el PSOE han anunciado concentraciones de solidaridad con Ceuta. El fenómeno adquiere así una dimensión territorial que dificulta presentarlo simplemente como una discrepancia puntual entre dirigentes locales y la dirección nacional.
La situación resulta especialmente incómoda para Pedro Sánchez porque el alcalde de León no ha justificado su decisión desde una posición de oposición al Gobierno, sino apelando precisamente a una cuestión de Estado. Díez ha reclamado que los partidos estén «a la altura» y alcancen acuerdos sobre una crisis que, a su juicio, no debería convertirse en un instrumento de enfrentamiento partidista.
La dirección socialista sostiene, sin embargo, que sí existe solidaridad con los ceutíes y que el problema reside en la utilización política de las concentraciones. Algunos alcaldes socialistas han expresado una posición semejante. El regidor de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, aseguró que está con Ceuta, pero rechazó participar en una convocatoria que considera susceptible de ser instrumentalizada políticamente.
Precisamente esa diferencia de criterio constituye la principal grieta. Para unos socialistas, acudir a una concentración de apoyo a Ceuta es una obligación institucional y moral. Para la dirección federal, participar en una convocatoria promovida por la FEMP supone contribuir a una estrategia política de la oposición.
Mientras tanto, la dimensión de la crisis sigue siendo extraordinaria. El Gobierno español elevó a 80.000 el número de personas que entraron irregularmente en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio y ha señalado que alrededor del 90% ya ha regresado a Marruecos. Las estimaciones sobre quienes permanecen en la ciudad han variado, situándose en los últimos informes entre varios miles de personas. Además, el Ejecutivo reconoce que entre quienes continúan en Ceuta hay menores y posibles solicitantes de protección internacional cuyos expedientes deben estudiarse individualmente.
La crisis ha desbordado además la dimensión migratoria. La Fiscalía ha registrado 23 agresiones sexuales a migrantes desde la entrada masiva, cinco de ellas calificadas como violaciones, y ha advertido de la especial vulnerabilidad de las víctimas menores de edad.
En este contexto, la rebelión de los alcaldes socialistas adquiere un significado político mayor. No todos cuestionan a Sánchez ni todos comparten las críticas del PP. Pero sí coinciden en algo esencial: Ceuta no puede convertirse en una cuestión de disciplina partidista.
Cuando un alcalde socialista de una capital como León decide acudir a una concentración que Ferraz desaconseja, y otros regidores siguen el mismo camino, el problema deja de ser exclusivamente ceutí. La grieta llega al territorio del PSOE.
Y para Sánchez es una señal incómoda: cuando la solidaridad con una ciudad española empieza a desafiar las consignas de la dirección de un partido, el debate ya no es únicamente sobre inmigración. Es también sobre autoridad, autonomía política y sentido de Estado.
lunes, 31 de agosto de 2026
El desastre de Ceuta hunde a Sánchez y a sus socios: pierden ya 2,2 millones de votantes
La crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad, inmigración y gestión gubernamental para convertirse en una amenaza electoral de primer orden para Pedro Sánchez. La última encuesta de Sigma Dos para El Mundo dibuja un escenario especialmente adverso para el presidente: PSOE y Sumar perderían en conjunto 2,2 millones de votos respecto a las elecciones generales de 2023 y quedarían muy lejos de la mayoría necesaria para continuar gobernando..jpg)
Pedri, ¿y esa marca en el cuello?
El PSOE obtendría ahora el 25,4% de los votos y 101 diputados, veinte menos que los 121 conseguidos en julio de 2023. Sumar se quedaría en el 6,6% y apenas diez escaños, frente a los 31 que logró en las últimas generales. Entre ambos sumarían solamente 111 diputados. En 2023, PSOE y Sumar habían conseguido 152.
El dato más preocupante para La Moncloa no es, sin embargo, la pérdida de escaños, sino el deterioro de la confianza ciudadana. El 62,9% de los entrevistados considera mala o muy mala la gestión del Gobierno. Incluso entre los propios votantes socialistas de 2023, uno de cada cuatro desaprueba la actuación del Ejecutivo.
La valoración personal de Sánchez tampoco resiste el golpe. El presidente obtiene una nota de apenas 3 sobre 10, medio punto menos que en el anterior sondeo. Entre los jóvenes recibe un 2,8 y entre las mujeres un 2,9, precisamente dos sectores que durante los últimos años han constituido una parte esencial de su electorado.
Ceuta parece haber actuado como acelerador de un desgaste que ya venía produciéndose. La respuesta del Gobierno a la entrada masiva de inmigrantes, las contradicciones entre distintos miembros del Ejecutivo y la incertidumbre sobre el número real de personas que permanecen en la ciudad han alimentado la percepción de improvisación. En el Congreso, siete ministros tuvieron que comparecer durante más de 27 horas sin conseguir despejar completamente las dudas sobre las cifras de entradas, menores, retornados y fallecidos.
El desgaste tiene una traducción política inmediata. El 68,8% de los españoles considera que Sánchez debería dimitir o convocar elecciones. El 45,7% se inclina por que convoque comicios y deje paso a otro candidato socialista, mientras que otro 13,8% considera que debería dimitir y ser sustituido por un compañero de partido. Incluso entre quienes votaron al PSOE en 2023, el 41,7% defiende alguna de estas dos alternativas.
Mientras la izquierda retrocede, el PP y Vox avanzan. Alberto Núñez Feijóo obtendría 143 diputados y el 33,1% de los votos, mientras Santiago Abascal alcanzaría 61 escaños y el 17,9%. Juntos sumarían 204 diputados, veintiocho por encima de la mayoría absoluta.
No se trata, además, de un fenómeno exclusivamente provocado por Ceuta. Otros sondeos realizados durante agosto ya habían situado al PSOE en torno a los cien escaños y reflejado una ventaja creciente del bloque PP-Vox. Una encuesta de SocioMétrica publicada a comienzos de mes otorgaba al PP 149 diputados y a Vox 57, mientras PSOE y Sumar apenas reunían 110.
La cuestión decisiva para Sánchez es ahora si Ceuta constituye un episodio pasajero o el símbolo de un cambio de ciclo. La encuesta de Sigma Dos parece sugerir lo segundo. El PSOE conserva todavía una base electoral considerable, pero su fidelidad se ha reducido al 66,3%. Sumar presenta una situación todavía más dramática: sólo mantiene al 34,8% de sus antiguos votantes.
La crisis de Ceuta, por tanto, no ha creado por sí sola todos los problemas del Gobierno, pero los ha concentrado y hecho visibles. Seguridad, inmigración, liderazgo, desgaste interno y pérdida de confianza aparecen ahora unidos en una misma fotografía electoral.
Si esta tendencia se mantuviera hasta las próximas generales, Sánchez afrontaría las urnas desde una posición extraordinariamente vulnerable. Y sus socios, lejos de ayudarle a conservar La Moncloa, se encuentran ellos mismos en proceso de hundimiento. El dato de los 2,2 millones de votos perdidos resume el problema: el bloque que permitió a Sánchez gobernar en 2023 ya no parece capaz de reproducir aquella mayoría.
Ceuta puede terminar siendo, así, mucho más que una crisis fronteriza. Puede convertirse en el episodio que marque el principio del fin del ciclo político de Pedro Sánchez.
domingo, 30 de agosto de 2026
¿Qué es lo peor que hizo Zapatero como presidente del gobierno de España?
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¿Qué es lo peor que hizo? |
1. Negar durante demasiado tiempo la gravedad de la crisis económica
Probablemente sea el mayor error de su Gobierno. En junio de 2008, cuando la economía española ya sufría los efectos del estallido inmobiliario y de la crisis financiera internacional, Zapatero afirmó que hablar de crisis era "opinable".
En septiembre insistía en hablar de "estancamiento", mientras el deterioro económico se aceleraba. Aunque posteriormente reconoció que se había equivocado al considerar que se trataba de una desaceleración y no de una crisis, el retraso tuvo un coste político y económico considerable.
El problema no fue que Zapatero no pudiera prever la dimensión mundial del desastre. Nadie podía hacerlo con precisión. El problema fue no reconocer con suficiente rapidez las debilidades específicas españolas, especialmente la dependencia de la construcción y del crédito inmobiliario. En 2007, incluso el Gobierno reclamaba a bancos y cajas que mantuvieran el crédito al sector inmobiliario.
2. El histórico recorte social de mayo de 2010
El giro de mayo de 2010 fue otro de los momentos decisivos. Presionado por los mercados y por la Unión Europea, Zapatero abandonó buena parte de su política expansiva y anunció un severo paquete de austeridad.
Se redujo aproximadamente un 5% el salario de los empleados públicos, se congelaron las pensiones para 2011, se eliminó el llamado cheque-bebé y se recortó la inversión pública. El paquete pretendía ahorrar unos 15.000 millones de euros.
El propio Gobierno reconocería oficialmente que España había perdido más de dos millones de empleos en dos años y que el paro se aproximaba al 20%.
La paradoja fue demoledora: el presidente que durante años había rechazado la palabra "crisis" terminó aplicando uno de los mayores ajustes sociales de la democracia.
3. La reforma exprés del artículo 135
En agosto de 2011, a pocos meses de abandonar el poder, Zapatero pactó con el PP una reforma constitucional que introdujo la estabilidad presupuestaria como principio constitucional y estableció la prioridad del pago de la deuda pública.
La reforma fue legal y constitucionalmente válida, pero su procedimiento provocó una enorme controversia. Se tramitó por vía de urgencia y lectura única, sin referéndum, rompiendo con la tradición de consenso asociada a la Constitución de 1978.
Es, posiblemente, la decisión institucional más trascendente de Zapatero: modificó la propia Constitución para limitar el déficit de las Administraciones Públicas.
4. La Memoria Histórica y la polarización
A mi modo de ver, uno de los errores políticos más graves de Zapatero fue convertir la memoria de la Guerra Civil y del franquismo en una cuestión central de la política española. La Ley de Memoria Histórica de 2007 pretendía reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Su propósito reparador podía ser legítimo. El problema estuvo en las consecuencias políticas de convertir aquel pasado en materia de confrontación partidista.
La Transición había construido, con todas sus imperfecciones, un principio que resultó esencial para la convivencia: no utilizar la Guerra Civil como arma contra el adversario. El espíritu del pacto constitucional de 1978 descansaba, precisamente, en la voluntad de que vencedores y vencidos, izquierdas y derechas, renunciaran a ajustar cuentas con el pasado para construir juntos un futuro democrático.
Zapatero alteró ese equilibrio. La memoria dejó de ser solamente una cuestión de reparación individual y pasó a ocupar un espacio creciente en el debate político. La consecuencia, según sus críticos, fue la recuperación de un lenguaje y unas categorías que parecían pertenecer a otra época: las dos Españas, los vencedores y los vencidos, la izquierda heredera de unas víctimas y la derecha presentada como depositaria de determinadas responsabilidades históricas.
El resultado fue una nueva utilización política del pasado. La Guerra Civil, que durante décadas había sido una tragedia que muchos españoles habían decidido recordar con prudencia o incluso silenciar para evitar repetirla, regresó al debate público con una intensidad desconocida desde la Transición.
No significa esto que las víctimas debieran ser olvidadas. Al contrario: una democracia puede y debe honrar a quienes sufrieron persecución, violencia o muerte. La cuestión es otra: si la reparación de las víctimas exige necesariamente reabrir las heridas del pasado.
La tesis crítica contra Zapatero sostiene que no fue necesario hacerlo. España podía recuperar cadáveres de fosas, identificar desaparecidos, reconocer injusticias y dignificar a las víctimas sin convertir la Guerra Civil en un instrumento de división contemporánea.
Por eso, más que afirmar que la Ley de Memoria Histórica "provocó" por sí sola la polarización española, resulta más preciso sostener que contribuyó a resucitar un conflicto de memorias que la cultura política de la Transición había procurado mantener fuera de la lucha partidista.
En ese sentido, el problema no fue recordar. El problema fue cómo se recordó y para qué se utilizó políticamente ese recuerdo.
Y ahí se encuentra una de las críticas más severas que pueden hacerse al zapaterismo: haber contribuido, deliberadamente o no, a que la Guerra Civil dejara de ser solamente una tragedia histórica para convertirse nuevamente en una frontera política entre españoles.
El guerracivilismo no desaparece cuando se dejan de mencionar sus nombres. Desaparece cuando una sociedad decide que ninguna generación tiene derecho a heredar el odio de la anterior. Ese fue, precisamente, uno de los grandes logros de la Transición. Y para sus críticos, uno de los legados más discutibles de Zapatero fue haber puesto aquel consenso en cuestión.
5. La negociación con ETA
Zapatero intentó conseguir el final dialogado de ETA. En junio de 2006 anunció su disposición a abordar un final dialogado del terrorismo bajo las condiciones aprobadas por el Parlamento.
El proceso terminó abruptamente con el atentado de la T-4 de Barajas del 30 de diciembre de 2006, que mató a dos personas. Zapatero suspendió entonces las iniciativas de diálogo.
Fue una apuesta arriesgada, pero sería injusto presentar el episodio como una concesión unilateral a ETA: el Gobierno había establecido como condición el abandono de la violencia y, después de Barajas, rompió el proceso.
El veredicto
Si hubiera que escoger un solo error, elegiría la gestión de la crisis económica. No porque Zapatero provocara la crisis internacional, sino porque tardó demasiado en reconocer su gravedad y en actuar sobre las debilidades estructurales españolas. El resultado fue una combinación devastadora de destrucción de empleo, déficit, endeudamiento y posterior austeridad.
La reforma del artículo 135 ocupa el segundo lugar por su trascendencia institucional. La Memoria Histórica y el proceso con ETA fueron decisiones mucho más controvertidas políticamente que económicamente, y su valoración depende en gran medida de la posición ideológica desde la que se contemplen.
Y hay un último elemento que pertenece ya al Zapatero posterior a La Moncloa. Su actividad como mediador en Venezuela y su relación con determinados actores empresariales han vuelto a colocar su nombre en el debate político. En 2026 permanece bajo investigación judicial en el caso Plus Ultra; el procedimiento examina, entre otras cuestiones, el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea. Zapatero niega haber mediado en el rescate y sostiene que su actuación fue legal.
Por tanto, el juicio histórico sobre Zapatero todavía no está cerrado. Pero su mayor fracaso presidencial probablemente no fue una ley concreta ni una negociación: fue no comprender a tiempo que la España que había gobernado durante los años de prosperidad estaba entrando en una crisis que exigía decisiones mucho antes de que los mercados obligaran a tomarlas.
sábado, 29 de agosto de 2026
El PSOE da por amortizado a Sánchez tras la crisis de Ceuta
La crisis de Ceuta ha abierto una grieta que durante años parecía imposible dentro del PSOE: la discusión sobre el futuro de Pedro Sánchez. Nadie en Ferraz ha anunciado su relevo ni existe, formalmente, una operación para apartarlo. Pero el tabú empieza a romperse. Y cuando comienzan a aparecer voces que hablan del «día después», el problema deja de ser exclusivamente externo._PerfectlyClear.jpg){kind=spacer}
Los ceutíes jodidos y tú de vacaciones.
La magnitud de la crisis explica el cambio. Entre el 30 y el 31 de julio entraron en Ceuta más de 70.000 personas procedentes de Marruecos. Casi un mes después, miles seguían en la ciudad, entre ellos numerosos menores, mientras la normalidad continuaba lejos de recuperarse. El propio Gobierno terminó reconociendo la dimensión extraordinaria de la situación y creó un mando único, después de haberse resistido durante semanas a hacerlo.
El problema político para Sánchez no es únicamente la crisis, sino la impresión de que llegó tarde. La convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional se produjo 26 días después del estallido, mientras se acumulaban críticas por la falta de coordinación y por la respuesta insuficiente del Estado.
Lo verdaderamente preocupante para el presidente es que las críticas ya no proceden solamente del PP, Vox o los medios de comunicación. Han aparecido dentro de su propia organización. Dos diputados socialistas de la Asamblea de Ceuta, Melchor León y Sebastián Guerrero, han reclamado públicamente una respuesta más contundente del Gobierno y han asegurado que anteponen los intereses de la ciudad a la disciplina partidista.
León ha sido especialmente contundente. Ha llegado a afirmar que los ceutíes se sienten abandonados y que resulta «muy triste» que sea precisamente un Gobierno socialista el que, a su juicio, haya dejado sola a la ciudad. También reclamó al presidente declarar la emergencia de interés nacional y adoptar medidas extraordinarias.
La respuesta de Ferraz ha sido significativa: en lugar de asumir las críticas como una legítima discrepancia territorial, la dirección federal abrió un expediente político a los dos diputados por decisiones adoptadas en la Asamblea. El enfrentamiento demuestra hasta qué punto la crisis ha quebrado la unidad del socialismo ceutí y ha convertido la gestión de la inmigración en un problema interno para Sánchez.
Pero hay un dato todavía más revelador. El ministro Óscar Puente ha hablado públicamente del momento en que Sánchez dejará el liderazgo del PSOE y ha dejado abierta la posibilidad de que el relevo se produzca después de la próxima legislatura. Otros análisis periodísticos señalan que en el partido comienza a discutirse, aunque sea tímidamente, la sucesión.
Eso no significa que Sánchez esté acabado. Sería un error repetir el pronóstico tantas veces formulado en el pasado. El presidente ha demostrado una extraordinaria capacidad de supervivencia política: fue expulsado de la dirección socialista en 2016, regresó contra el aparato del partido y posteriormente llegó a La Moncloa. Después volvió a gobernar en 2023 cuando muchos daban por imposible su continuidad.
Pero Ceuta introduce una diferencia esencial: por primera vez el desgaste no procede únicamente de sus adversarios; empieza a afectar al instinto de conservación del propio PSOE.
El partido puede seguir cerrando filas, negando cualquier crisis interna y defendiendo la gestión gubernamental. De hecho, la portavoz socialista Montse Mínguez ha rechazado frontalmente la acusación de que el Ejecutivo estuviera de vacaciones durante la crisis.
Sin embargo, la política tiene sus propios tiempos. Cuando ministros hablan del relevo, diputados socialistas desafían públicamente a Ferraz y dirigentes territoriales comienzan a cuestionar la estrategia presidencial, la pregunta ya no es si Sánchez es intocable. La pregunta es cuánto tiempo puede seguir siéndolo.
Ceuta quizá no haya provocado todavía la sucesión de Sánchez, pero sí ha conseguido algo que hasta ahora parecía imposible: que dentro del PSOE empiece a hablarse de ella en voz alta.