El regreso de Puigdemont

Puigdemont

Carles Puigdemont puede volver a España nueve años después de abandonar Cataluña tras la declaración unilateral de independencia de 2017. El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre él y sobre sus antiguos consejeros Toni Comín y Lluís Puig, después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación vinculado al procés. El regreso, sin embargo, no equivale todavía al cierre definitivo de su situación judicial: el juez Pablo Llarena debe recibir y estudiar la sentencia íntegra del Constitucional antes de resolver formalmente sobre la aplicación de la amnistía a los tres procesados.

El cambio es, en cualquier caso, histórico. Puigdemont lleva desde octubre de 2017 instalado en Bélgica y ha convertido su permanencia fuera de España en una pieza central de su trayectoria política. Desde Waterloo dirigió Junts, intervino decisivamente en la negociación que permitió la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y convirtió su situación judicial en una de las principales bazas de la política española. Ahora, por primera vez desde su huida, puede regresar sin el riesgo de ser detenido al cruzar la frontera.

Pero la vuelta plantea una paradoja. Puigdemont puede regresar en un momento en el que el movimiento político que encabeza atraviesa importantes dificultades. 

Junts afronta las elecciones generales del 29 de noviembre en un escenario marcado por encuestas desfavorables y por la competencia creciente dentro del espacio independentista. La irrupción de Aliança Catalana y las diferencias con ERC han fragmentado todavía más el mapa soberanista. La dirección de Junts confía precisamente en que la presencia física de Puigdemont permita recuperar protagonismo y movilizar a su electorado.

El regreso tiene además una dimensión electoral evidente. El Gobierno de Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre, de modo que la vuelta del expresident se producirá, previsiblemente, en plena precampaña o campaña electoral. Junts estudia cómo convertir el acontecimiento en un acto político de máxima repercusión, aunque Puigdemont insiste en que pretende regresar como expresident de la Generalitat y no simplemente como dirigente de partido.

La relación con Sánchez constituye otro elemento de la ecuación. Junts fue fundamental para la investidura del presidente socialista, pero la alianza parlamentaria se deterioró posteriormente. En materia de vivienda, por ejemplo, PP, Vox y Junts han coincidido en ocho votaciones desde 2019 contra decretos que incorporaban medidas sobre alquileres, desahucios o protección de inquilinos. En octubre de 2026, Junts volvió a votar contra dos decretos del Gobierno sobre vivienda, contribuyendo a su rechazo parlamentario.

La vivienda se ha convertido así en uno de los principales focos de malestar social y político. El Congreso debatió el 1 de octubre dos nuevos decretos destinados a reforzar la protección de los inquilinos, limitar determinados desahucios y ampliar la oferta de vivienda asequible. Su rechazo fue uno de los episodios que precipitaron el adelanto electoral.

Puigdemont vuelve, por tanto, en circunstancias muy distintas de aquellas en las que se marchó. Entonces era el protagonista indiscutible del desafío independentista y su huida convirtió su figura en un símbolo para una parte del soberanismo. Ahora regresa cuando el independentismo está más dividido, Junts necesita recuperar espacio político y la legislatura de Sánchez ha terminado precisamente después de una ruptura progresiva con sus antiguos aliados.

La fotografía del regreso será poderosa. Su significado político, sin embargo, dependerá de lo que ocurra después. Nueve años fuera de España han terminado; la cuestión es qué papel ocupará Puigdemont en una Cataluña y en una España que ya no son las mismas de 2017.

Elecciones en noviembre: una mayoría social cada vez más difícil para Sánchez

Vox

Los sondeos dibujan una conclusión incómoda para Pedro Sánchez: el problema del PSOE no es únicamente que pueda perder votos, sino que cada vez tiene menos espacio político a su alrededor para convertirlos en una mayoría parlamentaria. 

Incluso conservando una parte sustancial de su electorado, la izquierda alternativa se hunde, los nacionalistas no compensan por sí solos ese retroceso y el bloque formado por PP y Vox aparece en numerosas encuestas por encima de la mayoría absoluta. La elección no está decidida —faltan semanas de campaña—, pero la aritmética que permitió a Sánchez gobernar en 2023 se ha deteriorado de forma evidente.

Los números explican mejor que cualquier discurso la dimensión del problema. El barómetro de Sigma Dos sitúa al PP en el 32,6% de los votos y 140 escaños; al PSOE, en el 25,6% y 103 diputados; y a Vox, en el 18,3% y 63 escaños. Sumar obtendría nueve diputados y Podemos apenas dos. La suma de PP y Vox alcanzaría, según esta estimación, los 203 escaños.

No es un resultado aislado. Las diferentes encuestas discrepan en las cifras concretas, pero coinciden en la tendencia general: el PP aparece como primera fuerza, Vox ha ganado un peso considerable y la izquierda situada a la izquierda del PSOE se encuentra mucho más debilitada que en las últimas elecciones generales.

Y esa combinación puede ser más importante que la evolución del propio PSOE.

Porque en un sistema parlamentario no basta con ser una fuerza relevante. Hay que reunir los escaños suficientes para construir una mayoría. Ese fue precisamente el mecanismo que permitió a Sánchez continuar en La Moncloa en 2023: el PSOE no ganó las elecciones, pero consiguió articular una mayoría parlamentaria con Sumar y con distintos partidos nacionalistas e independentistas.

Tres años después, esa arquitectura presenta grietas.

La izquierda alternativa ha perdido fuerza. Sumar y Podemos aparecen muy por debajo del peso que llegaron a alcanzar conjuntamente. Y cuanto más terreno discursivo ocupa el PSOE, menos espacio electoral queda para las formaciones que Sánchez necesita como aliados.

Ahí se encuentra una de las paradojas centrales de esta campaña. El PSOE puede intentar contener la fuga de votantes hacia su izquierda adoptando buena parte de sus banderas, pero si esa estrategia debilita demasiado a Sumar y Podemos, también reduce la capacidad del bloque progresista para sumar escaños.

Sánchez ha incorporado a su discurso cuestiones tradicionalmente asociadas a la izquierda alternativa: vivienda, políticas sociales, feminismo, ecologismo, inmigración o determinadas posiciones sobre política internacional. Esa estrategia puede servir para conservar parte del electorado progresista. Pero también plantea una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto puede el PSOE absorber el espacio de sus aliados sin terminar haciendo más difícil la propia mayoría que necesita para gobernar?

Los sondeos actuales no ofrecen una respuesta definitiva, pero sí muestran el riesgo.

Mientras la izquierda se fragmenta, el espacio de la derecha presenta una dinámica distinta. El PP mantiene el primer puesto en las encuestas y Vox aparece claramente por encima de su resultado de 2023. En varios estudios, la suma de ambas formaciones supera holgadamente los 176 escaños de la mayoría absoluta.

Eso tampoco significa que el resultado del 29 de noviembre esté escrito.

Las encuestas son fotografías tomadas en momentos concretos, no actas notariales del resultado electoral. Quedan semanas de campaña, debates, acontecimientos políticos y económicos y, sobre todo, una incógnita decisiva: la participación. Un movimiento de los indecisos o una movilización diferencial de los electorados puede modificar considerablemente la distribución final de escaños.

Pero sería igualmente erróneo utilizar esa incertidumbre para ignorar lo que dicen los datos.

El Gobierno llega a las urnas después de una legislatura marcada por una enorme dependencia parlamentaria. La necesidad permanente de negociar con sus socios ha condicionado buena parte de la acción legislativa y ha alimentado una de las principales críticas de la oposición: la acusación de que Sánchez ha tenido que realizar demasiadas concesiones para conservar la mayoría.

Sus defensores ofrecen la interpretación contraria: en un Parlamento fragmentado, negociar es la consecuencia natural de gobernar. Las dos lecturas forman parte del debate electoral. Lo que no admite discusión es que la legislatura ha estado determinada por esa aritmética.

A ello se suma el desgaste acumulado en cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana.

La vivienda es quizá el ejemplo más evidente. El acceso a un alquiler o a una vivienda en propiedad se ha convertido en uno de los principales problemas para una parte importante de la sociedad, especialmente entre los jóvenes. El Gobierno ha situado la vivienda entre sus prioridades, pero sus iniciativas han encontrado fuertes obstáculos parlamentarios y el problema continúa siendo políticamente explosivo.

La inmigración plantea otro desafío. Vox ha convertido el asunto en una de sus principales banderas electorales y ha obligado tanto al PP como al PSOE a fijar posiciones más definidas. El Gobierno ha endurecido algunos aspectos de su discurso, mientras mantiene diferencias importantes con la derecha en otros ámbitos. El resultado es que la inmigración se ha instalado definitivamente entre los grandes asuntos de la campaña.

Y hay un tercer elemento más difícil de medir, pero políticamente relevante: el cansancio con una legislatura que ha vivido prácticamente en campaña permanente.

Corrupción, negociaciones con los socios parlamentarios, conflictos institucionales, vivienda, inmigración, infraestructuras y debates culturales han ido acumulando presión sobre el Ejecutivo. Cada uno de esos asuntos tiene una lectura política distinta y no todos afectan de la misma manera al electorado. Pero juntos contribuyen a explicar por qué la campaña de Sánchez no puede limitarse a defender su gestión: necesita demostrar que todavía existe una mayoría social dispuesta a respaldar su proyecto.

Ese es probablemente el desafío fundamental.

El PSOE necesita conservar al votante progresista que teme un Gobierno de PP y Vox, pero también recuperar sectores moderados. Necesita defender una gestión que lleva años en el poder y, simultáneamente, presentarse como la opción capaz de impedir un cambio de Gobierno. Necesita mantener a sus socios potenciales y, al mismo tiempo, responder a quienes cuestionan precisamente la dependencia de esos socios.

La oposición, en cambio, dispone de un mensaje más sencillo: cambio.

El PP puede plantear las elecciones como una oportunidad para sustituir al Ejecutivo socialista y Vox aspira a consolidar el crecimiento que le atribuyen las encuestas. El PSOE tiene que explicar algo bastante más complejo: cómo reconstruir una mayoría parlamentaria cuando varios de los partidos que deberían acompañarlo aparecen electoralmente debilitados.

Por eso, la cuestión esencial del 29 de noviembre no es simplemente si el PSOE gana o pierde votos. Es si Sánchez conserva suficientes aliados potenciales para convertir sus votos en una mayoría parlamentaria.

Los sondeos no permiten anticipar el resultado y todavía pueden producirse movimientos importantes. Pero sí ofrecen una fotografía inequívoca de la dificultad del punto de partida: PP y Vox aparecen mucho más fuertes que en 2023, mientras la izquierda alternativa pierde peso.

La campaña acaba de empezar. La aritmética, en cambio, ya está hablando. Y hoy esa aritmética obliga a Sánchez a reconstruir una mayoría que, según las encuestas, parece bastante más difícil de reunir que hace tres años.

El mercado del alquiler cae en picado

Ya no se alquila.

El mercado de la vivienda en España ha vuelto a encender todas las alarmas tras la publicación de los datos más recientes del Observatorio del Alquiler. En un intervalo de apenas 72 horas —comprendido entre el 28 y el 30 de septiembre de 2026—, la oferta de vivienda residencial en alquiler sufrió una retirada drástica de 4.290 inmuebles. Esta sangría repentina en pleno estallido de la nueva ola regulatoria evidencia la extrema sensibilidad con la que la oferta privada reacciona ante la intervención legislativa.

El catalizador de esta desaceleración súbita no es fortuito. La retirada masiva de inmuebles coincide de forma directa con la aprobación del último paquete de decretos regulatorios en materia de vivienda por parte del Gobierno. Con un marco legislativo que intensifica los topes a los precios, endurece las prórrogas forzosas de los contratos e incrementa las cargas procesales y fiscales sobre los propietarios, la reacción del mercado ha sido inmediata: cautela, paralización y fuga.

Del alquiler tradicional al refugio estacional

El fenómeno no implica necesariamente que 4.290 viviendas hayan quedado vacías de la noche a la mañana. La evidencia empírica de intervenciones legislativas anteriores demuestra que la regulación estricta del alquiler residencial provoca una transvase hacia modalidades no sometidas al mismo control.

• Alquiler de temporada y por habitaciones: Un porcentaje sustancial de propietarios está desplazando su oferta hacia el alquiler vacacional, el arrendamiento de temporada o el alquiler por habitaciones, figuras jurídicas que escapan a la limitación de rentas y ofrecen una mayor flexibilidad contractual.

• Venta directa: Ante la incertidumbre sobre la rentabilidad y la seguridad jurídica, la opción de desinversión cobra fuerza. Un sector significativo de pequeños tenedores prefiere colocar sus activos en el mercado de compraventa aprovechando la liquidez existente.

• Parálisis preventiva: Muchos arrendadores simplemente retiran sus anuncios a la espera de un análisis pormenorizado del texto legal o de eventuales modificaciones judiciales, paralizando la contratación a corto plazo.

Un desequilibrio estructural con efectos adversos

El principal damnificado de esta fuga de oferta no es otro que el inquilino. La premisa teórica de las regulaciones públicas busca abaratar el acceso a la vivienda; sin embargo, en mercados tensionados donde la demanda supera con creces a la oferta disponible, la reducción del parque de alquiler produce el efecto opuesto al deseado.

Al disminuir el número de pisos en el mercado, los filtros de selección por parte de los arrendadores se vuelven sustancialmente más estrictos. Los requisitos de solvencia, los avales adicionales y la exigencia de perfiles profesionales de bajo riesgo se disparan. Como consecuencia, las familias de rentas medias-bajas, los jóvenes y los colectivos en situación de vulnerabilidad quedan progresivamente excluidos del circuito formal del alquiler, desplazados por competidores con mayor respaldo económico.

Un escenario de incertidumbre prolongada

La pérdida acelerada de más de 4.000 viviendas en un periodo tan breve subraya el sesgo de desconfianza que impregna actualmente al sector inmobiliario español. La estabilidad contractual y la seguridad jurídica son los cimientos sobre los que se construye la confianza del arrendador privado, figura que representa la abrumadora mayoría del parque de alquiler en España.

Mientras las políticas públicas mantengan un enfoque centrado primordialmente en el control de precios y en el endurecimiento de condiciones a los propietarios —en lugar de impulsar de forma decidida la oferta pública y colaborar en el desarrollo de suelo urbanizable—, la tendencia a la fuga de inmuebles corre el riesgo de consolidarse. El desplome observado a finales de septiembre de 2026 podría ser solo la antesala de un ajuste aún mayor en la configuración del mercado inmobiliario nacional.

El país de propietarios: vivienda y poder en la España de Franco

Se edificaron más de cuatro millones de viviendas.

En 1957, al crearse el Ministerio de la Vivienda, su titular, José Luis Arrese, resumió el programa del régimen: construir un país «de propietarios y no de proletarios». Era una fórmula política tanto como urbanística. Entre la posguerra y 1975 se edificaron en España más de cuatro millones de viviendas, y el porcentaje de hogares propietarios pasó de en torno a la mitad en 1950 a cerca del 64 % en 1970 y a más del 70 % en 1981 (cifras aproximadas de los censos de población y vivienda). Es el origen de una anomalía europea que aún condiciona el debate habitacional.

De la reconstrucción a la escasez

La primera etapa fue la de la reconstrucción. Regiones Devastadas (1938) y el Instituto Nacional de la Vivienda (1939) atendieron los daños de la guerra, y la Obra Sindical del Hogar (1939) canalizó la vivienda para trabajadores. Pero los recursos eran escasos y la autarquía frenaba la construcción. Mientras tanto, el éxodo rural empujaba a cientos de miles de personas hacia Madrid, Barcelona o Bilbao, donde proliferaron el chabolismo y las colonias periféricas levantadas por los propios inmigrantes.

El giro de los años cincuenta

El cambio llegó con la Ley de Viviendas de Renta Limitada (1954), que amplió los beneficios fiscales y el crédito oficial a promotores privados, y con el Plan Nacional de la Vivienda (1955-1960). El Plan de Urgencia Social de Madrid (1957) y los poblados dirigidos, como Caño Roto, intentaron absorber el barraquismo. Después, el Plan de Estabilización de 1959 y el desarrollismo aceleraron el proceso: la vivienda protegida llegó a ser mayoritaria dentro de lo construido, y en los primeros setenta se terminaban cientos de miles de viviendas al año.

Por qué la propiedad

La apuesta por la propiedad respondía a varias razones a la vez:

- Ideológica. El propietario se suponía conservador y arraigado, poco inclinado a la agitación social. La propiedad era un dique contra el conflicto.
- Fiscal y financiera. El Estado carecía de capacidad para sostener un gran parque público en alquiler. Delegó en promotores privados, cajas de ahorros y crédito subsidiado, y trasladó el coste a las familias mediante entrada y cuotas.
- Un alquiler inviable. Las rentas congeladas y la prórroga forzosa de los contratos, herencia de la legislación de los años cuarenta, hundieron la rentabilidad del arrendamiento. Sin inversión en alquiler, la compra era la única vía real.
- Vínculo político. Acceder a una vivienda «protegida» era un favor del régimen, y la deuda hipotecaria disciplinaba a los hogares.

La Ley del Suelo de 1956 y la de Propiedad Horizontal de 1960 completaron el marco: la primera ordenó el crecimiento urbano, y la segunda facilitó la venta de pisos por separado y permitió financiar la vivienda en altura.

Un balance desigual

Los historiadores de la vivienda (Sambricio, Leal, Tafunell, entre otros) coinciden en los logros cuantitativos y en sus costes. Se alojó a una población urbana que crecía a ritmo vertiginoso, pero con frecuencia en barrios sin equipamientos, con materiales deficientes y un urbanismo dominado por la especulación del suelo. La calidad fue muy desigual, y las carencias de muchos polígonos obligaron a rehabilitaciones posteriores, desde la Ley de Medidas de Fomento de 1978 hasta la actualidad.

La herencia más duradera es estructural. España llegó a la democracia con un mercado de alquiler residual, una cultura de propiedad casi universal y un sistema hipotecario como puerta de entrada a la estabilidad económica. Ese modelo permitió a varias generaciones acumular patrimonio, pero dejó sin alternativa a quien no podía comprar, y estuvo en la base de la burbuja inmobiliaria de 1997-2008.

El rechazo a Sánchez alcanza máximos: supera en 14,5 puntos al de Trump

Aumenta el rechazo contra el felón.

Pedro Sánchez afronta el tramo final de la legislatura con la imagen más deteriorada de su etapa en La Moncloa. La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sitúa la aprobación de su gestión en el 26,8% y el rechazo en el 67,3%, lo que deja una brecha de impopularidad de 40,5 puntos.

De 25,6 a 40,5 puntos

La brecha, que mide la distancia entre quienes desaprueban y quienes aprueban al presidente, ha crecido de forma sostenida. En enero de 2023, seis meses antes de las elecciones del 23 de julio, aprobaba a Sánchez el 32,4% de los españoles y lo desaprobaba el 58%, es decir, una diferencia de 25,6 puntos. En menos de cuatro años, la diferencia ha aumentado casi quince puntos.

Dicho de forma sencilla: si entonces uno de cada tres españoles respaldaba su gestión, hoy lo hace uno de cada cuatro, y el rechazo roza los siete de cada diez ciudadanos.

La comparación con Trump

El dato que más ha circulado es el contraste con el presidente de Estados Unidos. Según el seguimiento semanal de The Economist, Trump tiene un 35% de aprobación frente a un 61% de rechazo, una brecha de 26 puntos. La de Sánchez la supera en 14,5.

Conviene, con todo, leer la comparación con cautela. Se trata de dos mediciones distintas, hechas por fuentes diferentes, con metodologías propias y en sistemas políticos muy distintos. La cifra sirve más como recurso ilustrativo que como equivalencia estricta entre ambos líderes.

Un desgaste en clave electoral

El sondeo no se limita a la valoración del presidente. Según la misma encuesta, el bloque que apoyó la investidura de Sánchez perdería escaños en unas nuevas elecciones, mientras que la suma de PP y Vox alcanzaría los 207 diputados. La cifra queda por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176.

Alberto Núñez Feijóo supera a Sánchez en popularidad y valoración, y el 45,2% de los españoles cree que será el próximo presidente del Gobierno. El dato pesa en un momento en que, según el propio diario, se espera que las generales se celebren en primavera.

Los factores del desgaste

La encuesta atribuye el deterioro a una legislatura marcada por la amnistía y por los casos de corrupción que han salpicado al entorno del presidente. Son dos asuntos que han dominado el debate público desde la investidura de 2023 y que han tensionado tanto a la oposición como a los socios parlamentarios del Gobierno.

Qué dicen y qué no dicen los datos

- La brecha entre aprobación y rechazo no equivale a intención de voto: un ciudadano puede desaprobar la gestión del presidente y aun así votar a su partido.

- Los estudios a seis meses de unas elecciones suelen moverse con rapidez, y la campaña puede alterar percepciones.

La serie de SocioMétrica lleva meses mostrando un debilitamiento continuado, y el propio Sánchez, según la encuesta, es uno de los líderes peor valorados incluso entre los votantes de su partido.

Con la cita electoral en el horizonte, el desafío del Gobierno pasa por revertir esa inercia. La oposición, por su parte, mide sus opciones con unas cifras que la sitúan en posición de ventaja, aunque la aritmética final dependerá de cómo evolucione el mapa de bloques en los próximos meses.

La crisis de la vivienda vuelve a la Puerta del Sol

Acampada en Sol.

Madrid vivió el sábado 26 de septiembre una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años en torno al derecho a la vivienda. La manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, terminó de forma espontánea en una acampada en la Puerta del Sol que muchos medios ya comparan con el origen del 15-M de 2011.

El detonante: un desahucio que se hizo símbolo

La protesta surgió a raíz de un desahucio ocurrido días antes en el distrito de Retiro, que generó una fuerte resistencia vecinal: más de 200 personas se concentraron frente al portal del inmueble e intentaron frenar a la comisión judicial sujetando las puertas de la escalera, lo que obligó a un amplio despliegue policial y retrasó varias horas la entrega de la notificación. El caso se convirtió rápidamente en símbolo de la crisis del alquiler en la capital y catalizó una respuesta ciudadana mucho más amplia.

Una marcha multitudinaria

La manifestación comenzó a las 18:30 horas en la Puerta del Sol y concluyó frente al Congreso de los Diputados. Las cifras de participación, como suele ocurrir en este tipo de convocatorias, varían mucho según la fuente: la Delegación del Gobierno calculó unas 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra hasta 300.000.

La acampada: ecos del 15-M

Al finalizar la marcha frente al Congreso, buena parte de los manifestantes regresó espontáneamente a Sol y decenas de personas comenzaron a montar tiendas de campaña en la plaza. Durante la noche del sábado al domingo, alrededor de un centenar de tiendas quedaron instaladas, y a la mañana siguiente decenas de ellas seguían en la plaza, entre carteles de protesta.

El paralelismo con el Movimiento 15-M no es casual: la acampada recuerda a la que tomó la misma plaza en 2011, en los últimos meses del Gobierno de Zapatero. El Sindicato de Inquilinas resumió su decisión en redes sociales con un lema contundente: "No aguantamos más".

Las exigencias del movimiento

Los acampados y organizadores han bautizado su principal exigencia como un nuevo decreto de vivienda, que el Gobierno podría aprobar este martes. Entre sus peticiones concretas destacan:

- Congelación de los precios del alquiler, para frenar la escalada de rentas en las grandes ciudades.
- Renovación automática de los contratos, convirtiéndolos de facto en indefinidos para dar estabilidad a los inquilinos.
- Freno a los desahucios de familias vulnerables, especialmente en casos de personas mayores o con discapacidad.
- La vivienda como derecho, no como negocio: el movimiento reclama un cambio de modelo que aleje el mercado del alquiler de la lógica puramente especulativa.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha señalado que tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el Ejecutivo central comparten responsabilidad en la actual crisis habitacional.

Qué puede pasar el martes

Toda la atención está puesta ahora en la posible aprobación del real decreto por parte del Gobierno central. Los colectivos organizadores han advertido de que la acampada continuará hasta entonces como forma de presión, y no han descartado extender la movilización a otras ciudades españolas si las medidas anunciadas se consideran insuficientes.

Por ahora, la Puerta del Sol —punto kilométrico cero de España y escenario histórico de otras protestas ciudadanas— vuelve a convertirse en el centro simbólico del debate sobre la vivienda en el país.

Marcha por la Dignidad: La sociedad civil española convoca una nueva marcha en Madrid en plena crisis política

España, sí, sanchismo, no.

Madrid vivirá este sábado 26 de septiembre su segunda gran movilización ciudadana del año. La plataforma Sociedad Civil Española (SCE), que aglutina a cerca de doscientas entidades según sus propios datos, ha convocado la "II Marcha por la Dignidad", continuación de la que en mayo reunió a decenas de miles de personas en la capital.

Recorrido y horario

La concentración comenzará a las 10:00 horas en la plaza de Cibeles y avanzará por la calle de Alcalá, Gran Vía y la calle de la Princesa hasta llegar al Arco de la Victoria, en la zona de Moncloa, con llegada prevista en torno a las 13:30 horas. Allí, se leerá un manifiesto y se interpretará el Himno Nacional. El recorrido completo ronda los 5,2 kilómetros, que los organizadores plantean hacer a paso lento para facilitar la participación.

Las reivindicaciones: Ceuta, elecciones y la "Ley de Nietos"

La convocatoria se enmarca en la crisis registrada en Ceuta a finales de julio, cuando se produjo una entrada masiva de migrantes desde Marruecos, un episodio que ha provocado un intenso enfrentamiento político entre el Gobierno, el Partido Popular y Vox. SCE presenta su protesta como una defensa de la unidad y la integridad territorial de España, calificando lo ocurrido en las ciudades autónomas de "invasión".

Junto a la cuestión migratoria, los convocantes incorporan otras demandas: denunciar lo que llaman el "fraude electoral" de la conocida como Ley de Nietos y reclamar protección para los jueces y el dinero público, además de exigir elecciones generales antes del 15 de noviembre.

Respaldo político y social

A diferencia de una manifestación partidista clásica, SCE insiste en que la marcha está abierta a asociaciones, agrupaciones, partidos y ciudadanos de toda ideología. En la práctica, sin embargo, quienes se han sumado públicamente pertenecen sobre todo al espacio de centroderecha y derecha: el Partido Popular, a través de su secretario general Miguel Tellado, anunció que apoyará la manifestación, calificando la situación de España como un "gobierno peligroso para la democracia", y medios afines a estas posiciones anticipan también la presencia de Vox y otras formaciones próximas.

Un país polarizado

Esta marcha no puede leerse fuera del contexto de fuerte polarización que atraviesa la política española desde hace meses, con un Gobierno de coalición desgastado, una oposición que reclama sistemáticamente elecciones anticipadas y un debate migratorio especialmente sensible tras los sucesos de Ceuta. El manifiesto que se leerá al final del recorrido, con expresiones como advertir de que España está "manejada por los que la odian", refleja el tono combativo característico de este tipo de convocatorias impulsadas por sectores críticos con el Ejecutivo; se trata de la valoración de los organizadores, no de un hecho verificado, y previsiblemente será contestada por otros sectores políticos y sociales que defienden la legitimidad del Gobierno actual y cuestionan tanto el diagnóstico como el lenguaje empleado.

Conviene recordar, además, que la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, así como la citada "Ley de Nietos" —relativa a la nacionalidad de los descendientes de españoles—, son objeto de interpretaciones y valoraciones jurídicas y políticas enfrentadas, por lo que las calificaciones de "invasión" o "fraude electoral" corresponden al punto de vista de los convocantes y no a una descripción neutral de los hechos.

En cualquier caso, la marcha del 26 de septiembre se perfila como una nueva muestra de la capacidad de movilización de la sociedad civil organizada en España y como un termómetro más del pulso político entre el Gobierno y su oposición social y parlamentaria, en un momento en que ambas partes disputan el relato sobre quién representa realmente a "los españoles".

Niños ricos con profesores, niños pobres con pantallas

Pantallas para niños pobres, profesores para niños ricos.

La nueva brecha educativa de la era de la inteligencia artificial

En Silicon Valley, directivos de empresas como Google envían a sus hijos a escuelas "de baja tecnología", sin pantallas, donde se enseña con tiza y manualidades. Mientras tanto, los sistemas públicos avanzan hacia una educación cada vez más mediada por inteligencia artificial, barata y escalable, especialmente donde faltan docentes y recursos. El contraste ha dado lugar a una advertencia repetida en varios informes internacionales: la atención de un maestro humano corre el riesgo de convertirse en un privilegio en lugar de un derecho.

Lo que dicen los organismos internacionales

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo plantea que la educación mediada por máquinas podría convertirse en el estándar para los estudiantes de menores ingresos, mientras los entornos privilegiados siguen apostando por docentes, diálogo y pensamiento crítico. Un dirigente sindical citado por el Foro Económico Mundial advirtió que la IA podría dejar a los niños sin recursos "sentados en salas con un chatbot" mientras las familias con medios conservan el trato humano. El Banco Mundial añade otro riesgo: en muchos países de ingreso medio los docentes tienen menos formación digital que sus alumnos, lo que puede derivar en un uso no supervisado de estas herramientas.

Una brecha que ya existía

El debate se apoya en una tendencia previa a la IA generativa: según una investigación de The New York Times, el llamado "efecto Flynn" (el avance sostenido en alfabetización y razonamiento) se ha frenado y retrocede con más fuerza entre los sectores pobres. La especialista Maryanne Wolf señala que los niños de familias con menos de 35.000 dólares anuales pasan, en promedio, dos horas más al día frente a pantallas que los de familias acomodadas, con impacto en memoria y lenguaje. A esto se suma una desigualdad estructural anterior: según Oxfam, un niño pobre tiene siete veces menos probabilidades de terminar la secundaria que uno rico en países en desarrollo.

¿Hay salida?

Ningún informe pide rechazar la tecnología en bloque. El Banco Mundial insiste en que, bien usada, la IA puede personalizar el aprendizaje y potenciar al docente, siempre que haya conectividad, infraestructura y formación digital suficiente para el profesorado. El riesgo no está en la herramienta, sino en el uso diferenciado: sustituir al maestro solo donde no hay dinero para pagar uno.

Zapatero y las joyas de Arabia Saudí: cronología de una explicación que no convence al juez

Ser socialista es tener poco y dar mucho.

El hallazgo en la caja fuerte

El origen del caso se remonta al registro que la Policía Nacional practicó el 19 de mayo en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede del PSOE. Los agentes de la UDEF hallaron joyas y relojes en una caja fuerte del despacho, además de 286.000 euros en la casa de un presunto testaferro, en el marco del caso Plus Ultra. La diligencia se enmarca en la investigación judicial que atribuye a Zapatero el liderazgo de una presunta red dedicada a la intermediación y el tráfico de influencias, principalmente en favor de la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros durante la pandemia.

La caja fuerte, que la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, se negó en un primer momento a abrir, terminó abriéndose ante la amenaza de reventarla, y en ese momento ella explicó que su contenido formaba parte de una herencia y de regalos. En su interior aparecieron collares, pendientes, pulseras y relojes de marcas de lujo como Omega, Longines o Pierre Balmain. Junto a las joyas se intervinieron también dos discos duros y numerosas carpetas con documentación sobre empresas, contratos, facturas y varias agendas del expresidente correspondientes al periodo 2019-2025.

La tasación y la pieza separada

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó una tasación preliminar de las joyas, encargada a una joyería bajo juramento y documentada por la propia UDEF, con el fin de determinar su naturaleza, autenticidad, valor económico de reposición, fabricante y fecha aproximada de fabricación. El resultado situó el conjunto más valioso —rubíes, esmeraldas y zafiros— en una cifra elevada: la tasación lo cifró en 1,3 millones de euros, una valoración que Zapatero no acepta.

Ante esos hallazgos, el juez abrió una pieza separada específica para investigar el origen de las alhajas.

El ultimátum del juez y la respuesta de Zapatero

El pasado 21 de septiembre, Calama concedió a la defensa de Zapatero —ejercida por el abogado Víctor Moreno Catena— un plazo de tres días para aportar toda la documentación disponible sobre las joyas, y encargó además un nuevo informe pericial sobre las piedras preciosas. En el mismo auto, el magistrado citó como investigadas a las hijas del expresidente para el próximo 30 de noviembre.

Cuando el plazo estaba a punto de expirar, Zapatero remitió su respuesta. En un escrito al juez informó de que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí realizado en 2007, que aceptó por "deferencia", y pidió que fuera el propio juzgado quien reclamara cooperación internacional a ese país para acreditarlo. Según el escrito, se trataría de un regalo "estrictamente personal" del monarca saudí, entregado durante la visita oficial de este a España.

Concretamente, la defensa sostiene que las piezas proceden del rey Abdalá bin Abdulaziz y datan de 2007. Se trataría, según esa versión, de un obsequio recibido hace casi dos décadas con motivo de la visita oficial del monarca saudí a España.

Gestiones sin respuesta ante Arabia Saudí

El propio escrito detalla los intentos —infructuosos— de obtener un respaldo documental saudí. Según el documento, Zapatero contactó con la Corte Real saudí el 16 de junio y de nuevo el 12 de agosto para intentar obtener alguna confirmación sobre el supuesto regalo, sin que hasta la fecha su defensa señale haber recibido respuesta.

Ante esa falta de documentación propia, la defensa no ha aportado pruebas que acrediten directamente el origen saudí de las joyas y plantea que sea la propia investigación judicial la que recabe esa información, solicitando que se tramite una comisión rogatoria a Arabia Saudí si el juez considera insuficiente la explicación.

Un relato que no convence

La respuesta judicial y de análisis jurídico independiente ha sido escéptica. El magistrado Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, ha cuestionado que el escrito de Zapatero sirva para exculparle, señalando que más allá de sus manifestaciones no aporta documentación que acredite el origen de un regalo del rey Abdalá. Portillo subrayó que el hecho de que las joyas estuvieran en poder de Zapatero sin un origen acreditado constituye, a su juicio, un indicio relevante, y remarcó que corresponde al propio expresidente —el primer interesado en que se archive la instrucción— acreditar documentalmente esa procedencia. Consideró insuficiente respaldar la versión con una simple noticia sobre la visita de Abdalá a España, señalando que eso no acredita que las joyas fueran efectivamente entregadas.

Lo que queda pendiente

El caso sigue abierto en varios frentes simultáneos:

- Verificación internacional: queda por ver si el juez Calama accede a tramitar la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por la defensa, un trámite que depende de la cooperación de un país que hasta ahora no ha respondido a los contactos directos de Zapatero.

- Nueva pericial: sigue en marcha el informe pericial adicional sobre las piedras preciosas encargado por el juez.

- Citación de las hijas: las hijas del expresidente están convocadas como investigadas para el 30 de noviembre.

- El resto del ajuar: el escrito de Zapatero también atribuye el resto de los objetos intervenidos —no solo el conjunto de rubíes, esmeraldas y zafiros— a herencias y recuerdos familiares, una versión que igualmente carece hasta ahora de respaldo documental.

El episodio se inserta en la instrucción más amplia del caso Plus Ultra, y la ausencia de un "acuse de recibo" o certificado saudí formal deja, por ahora, la explicación del expresidente sostenida únicamente en su propio testimonio.

Los extranjeros protagonizan el 74% de las detenciones por delitos sexuales en el País Vasco, según datos de la Ertzaintza

74%

Los datos

Según las estadísticas publicadas por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, con datos de la Ertzaintza correspondientes al primer semestre de 2026, de los 5.050 detenidos durante ese periodo, 2.963 eran extranjeros, el 58,7% del total. La proporción se dispara en determinados delitos: de las 107 detenciones por delitos contra la libertad sexual, 79 correspondieron a personas nacidas fuera de España, el 74%. Los nacidos en el extranjero también representaron el 73,3% de los homicidios y el 61,3% de las lesiones.

Dentro del colectivo extranjero destaca el peso de los nacidos en el Magreb, que aunque representan en torno al 1,8% de la población vasca, concentran el 37% de las detenciones por homicidio, el 24% de las relacionadas con agresiones sexuales y el 66% de los robos con violencia.

Para contextualizar estas cifras, la población nacida en el extranjero en el País Vasco supone el 10,2% del total según la última actualización del Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

Origen del cambio: de la opacidad a la desagregación

Hasta hace poco más de un año, la Ertzaintza no desglosaba oficialmente sus estadísticas de criminalidad por lugar de nacimiento. El cambio se produjo en octubre de 2025, cuando el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco comenzó a informar en sus notas de prensa de la procedencia geográfica de los detenidos, y se consolidó en noviembre de ese año con la publicación de su primer informe que incluye la nacionalidad o procedencia geográfica de los detenidos e investigados, correspondiente a los primeros nueve meses de 2025.

Este giro estadístico llegó, como recoge la noticia, tras una intensa presión política del PP y Vox en el Parlamento vasco. De hecho, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), reconoció que el cambio siguió a una "tremenda presión" de esos partidos. Con esta iniciativa, la Ertzaintza se convirtió en la única policía de España que clasifica en un informe oficial a los delincuentes por su lugar de nacimiento.

La controversia institucional

La decisión no ha sido pacífica. El Defensor del Pueblo vasco, abrió una actuación de oficio para indagar en las razones del cambio, recordando que en 2011 ese mismo organismo había recomendado justamente lo contrario: evitar este dato porque podría ser discriminatorio. Es un antecedente relevante, porque sitúa la actual publicación de datos en medio de un debate no resuelto sobre si este tipo de desagregación aporta transparencia útil o alimenta estigmatización de colectivos enteros por delitos cometidos por una minoría de sus miembros.

Un debate más amplio

Esta publicación de datos se enmarca en un debate político y social más amplio sobre inmigración y seguridad que atraviesa varios países europeos. Quienes defienden la desagregación por nacionalidad —principalmente PP y Vox— la presentan como un ejercicio de transparencia necesario para el diseño de políticas públicas. Quienes la cuestionan —como el propio Defensor del Pueblo Vasco— advierten del riesgo de que estos datos, descontextualizados, refuercen estigmas hacia comunidades enteras a partir de la conducta de una minoría, sin que se acompañen sistemáticamente de los matices metodológicos correspondientes.