EEUU investiga a Zapatero desde 2020: "Es difícil que se escape"

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El periodista Isaac Blasco presenta en esRadio "Zapatero en la diana de Trump", un libro que analiza los vínculos del expresidente con el narcoestado.

Durante demasiado tiempo, José Luis Rodríguez Zapatero ha logrado proyectar la imagen de un expresidente dedicado a la mediación internacional y al diálogo. Sin embargo, esa narrativa empieza a resquebrajarse conforme aparecen investigaciones judiciales, documentos, testimonios y publicaciones que sitúan su actividad política y empresarial bajo un foco cada vez más intenso, no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras.

Las revelaciones de Isaac Blasco en "Zapatero en la diana de Trump" añaden un elemento especialmente significativo: la supuesta vigilancia que las autoridades estadounidenses habrían mantenido sobre el expresidente desde 2020, e incluso antes, debido a su estrecha relación con el régimen venezolano y a su papel en determinadas operaciones internacionales. Si esa tesis termina confirmándose, significaría que Washington dejó hace años de considerar a Zapatero un simple exdirigente europeo para verlo como un actor con influencia en escenarios de interés estratégico.

No conviene olvidar que Estados Unidos lleva décadas persiguiendo redes internacionales de corrupción, narcotráfico y blanqueo de capitales cuando afectan a su seguridad nacional o a su sistema financiero. En ese contexto, las conexiones con el chavismo siempre han ocupado un lugar prioritario para las agencias norteamericanas. Si un expresidente español aparece vinculado, aunque sea indirectamente, a esas investigaciones, el asunto trasciende por completo la política nacional.

Lo verdaderamente preocupante no es solo la situación personal de Zapatero. Lo inquietante es el daño institucional que supondría que un antiguo jefe del Gobierno español acabara convertido en objeto de investigaciones internacionales por sus relaciones con uno de los regímenes más cuestionados del continente americano. España perdería credibilidad diplomática y vería deteriorada su imagen exterior.

Naturalmente, cualquier persona merece la presunción de inocencia. Una investigación no equivale a una condena, y las responsabilidades solo pueden establecerse mediante resoluciones judiciales. Pero esa presunción no impide formular preguntas políticas legítimas. ¿Por qué un expresidente democrático ha dedicado tantos años a respaldar públicamente a un régimen acusado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos? ¿Por qué ha mantenido una implicación tan intensa en Venezuela mientras evitaba cualquier crítica relevante a sus dirigentes? Son interrogantes que la opinión pública tiene derecho a plantear.

Las palabras atribuidas a Blasco —«es difícil que se escape»— reflejan la confianza del autor en la solidez de las investigaciones que describe, no una conclusión judicial. Precisamente por ello, conviene distinguir entre las tesis de un libro periodístico y los hechos que puedan acreditarse en los tribunales. Pero también sería un error descalificar esas investigaciones únicamente por su impacto político. La historia demuestra que muchas de las grandes tramas de corrupción comenzaron siendo simples investigaciones periodísticas.

Si finalmente las pesquisas nacionales e internacionales convergen y logran acreditar responsabilidades penales, España afrontaría uno de los mayores escándalos políticos de su historia democrática. Si, por el contrario, las acusaciones no prosperan, será igualmente necesario explicar por qué un expresidente ha acumulado durante años semejante volumen de sospechas y controversias.

En una democracia sólida, nadie debería quedar protegido por el prestigio del cargo que ocupó ni ser condenado por anticipado. Lo único inaceptable sería impedir que la verdad se conozca. Porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones depende, precisamente, de que el poder responda ante la ley con la misma exigencia que cualquier otro ciudadano.

Conversaciones con Jesús - 1ª parte 
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La Abogacía del Estado decide personarse en el caso de las joyas de Zapatero. ¿En qué sentido favorece o perjudica a Zapatero?

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La decisión de la Abogacía del Estado de personarse en la causa conocida como el "caso de las joyas" vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero introduce un elemento jurídico relevante, aunque su interpretación pública tiende con frecuencia a sobredimensionarse en clave política.

En términos estrictamente procesales, la personación de la Abogacía del Estado no equivale a una acusación automática ni a una valoración anticipada de culpabilidad. Su función es la de representar los intereses del Estado, en este caso a través de la Agencia Tributaria, cuando se considera que puede existir un perjuicio económico para las arcas públicas. Es, por tanto, una intervención de carácter técnico que se activa cuando la investigación judicial apunta a posibles delitos con impacto fiscal, como el fraude a Hacienda o el contrabando.

Sin embargo, aunque no implica una condena ni un juicio de valor definitivo, su entrada en el procedimiento sí tiene efectos prácticos que no son menores. Por un lado, refuerza la posición de la acusación al incorporar un cuerpo jurídico altamente especializado, con recursos técnicos y capacidad de análisis que suelen aportar mayor solidez a la tesis del posible perjuicio económico. Por otro, contribuye a consolidar la idea de que el asunto ha alcanzado una entidad suficiente como para requerir la defensa activa de los intereses del Estado dentro del proceso penal.

Desde la perspectiva del afectado, en este caso el expresidente, la situación se vuelve procesalmente más exigente. No porque se altere la presunción de inocencia, que permanece intacta, sino porque el escenario judicial se amplía con un actor institucional que actúa en defensa directa del interés público. Esto implica, en la práctica, una mayor presión argumental y probatoria sobre la defensa, que debe responder no solo a las acusaciones iniciales, sino también a la posición reforzada de la Administración.

Ahora bien, reducir este movimiento a una señal de culpabilidad sería jurídicamente incorrecto. La Abogacía del Estado interviene en numerosos procedimientos de naturaleza fiscal o patrimonial sin que ello desemboque necesariamente en condena. Su actuación responde, en muchos casos, a un principio de prudencia institucional: si existe la posibilidad de que el Estado haya sufrido un daño económico, debe personarse para protegerlo, independientemente del desenlace final de la causa.

En consecuencia, la entrada de la Abogacía del Estado no favorece ni perjudica de manera definitiva a ninguna de las partes, pero sí reconfigura el equilibrio del proceso. Para el Estado supone una defensa más robusta de sus posibles intereses económicos; para la defensa del expresidente, un incremento de la complejidad del litigio. El significado último de este movimiento no se encuentra en el plano político, sino en el estrictamente jurídico: el caso adquiere mayor densidad procesal, pero su resultado sigue abierto y dependerá exclusivamente de la valoración de las pruebas por parte del tribunal.

¿Qué es la Ley de Nietos y cómo puede afectar al censo electoral?

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La llamada "Ley de Nietos" no es una norma independiente, sino el nombre popular con el que se conoce a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que abrió una vía temporal para adquirir la nacionalidad española por opción en varios supuestos vinculados a la emigración, el exilio y la pérdida de derechos de nacionalidad anteriores a la Constitución. El apodo viene de que buena parte de los beneficiarios son nietos o descendientes de españoles que salieron del país o perdieron la nacionalidad.

Cómo funciona el proceso hacia el voto

Obtener la nacionalidad no da derecho a voto de forma automática. Tras conseguir la nacionalidad, la persona debe jurar o prometer fidelidad, inscribir su nacimiento en el Registro Civil Consular y tramitar el alta consular para quedar adscrita a un municipio a efectos electorales. Solo entonces pasa a formar parte del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), que es el censo de españoles residentes fuera de España desde el cual pueden votar en elecciones generales, autonómicas o europeas según el caso. Es decir: solo pueden votar quienes ya hayan obtenido la nacionalidad, estén inscritos en el Registro Civil Consular y formen parte del CERA; las solicitudes pendientes o los expedientes en tramitación no votan.

La magnitud del fenómeno

Las cifras varían según la fuente y el momento:

- Moncloa calcula que hasta 2,45 millones de personas podrían acceder a la nacionalidad por esta vía, aunque al ser un proceso largo con más de 1,3 millones de expedientes aún pendientes, no se espera una alteración significativa del censo del voto CERA en las próximas elecciones generales.
- Según datos del Ministerio hasta finales de marzo de 2026, se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes, de los cuales cerca de 550.000 tuvieron resolución favorable y 306.500 inscripciones ya estaban formalizadas.
- Datos atribuidos al INE y difundidos por Vox sitúan el CERA en 2.708.083 inscritos a 1 de mayo de 2026, 375.027 más que en las elecciones generales de julio de 2023.

La polémica política

El PP y Vox sostienen que esto puede alterar el resultado electoral. Feijóo llegó a hablar de una "ingeniería electoral" por la que en año y medio se incrementaría en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto mediante nacionalización, mientras que el portavoz del PP, Borja Sémper, apuntó que hay potencialmente dos millones y medio de nuevos electores con impacto en el censo.

El Gobierno responde que es una reparación prevista en la Ley de Memoria Democrática y rechaza que exista una operación de manipulación electoral, defendiendo que se trata de personas españolas conforme a una ley aprobada por las Cortes, con un procedimiento que exige documentación y control. También aclaran que esto es distinto de la regularización extraordinaria de migrantes: esa regularización solo otorga residencia y trabajo, no la nacionalidad, por lo que no afecta al censo, ya que solo los nacionales tienen derecho a voto.

Un matiz relevante: el voto CERA, aunque crece, tiene un peso limitado. Como referencia, Moncloa señala que en las elecciones generales de 2023 el voto CERA solo afectó a un escaño, en la Comunidad de Madrid, y benefició al PP en detrimento del PSOE. Aun así, algunos analistas sostienen que su influencia puede ser relevante en provincias con resultados ajustados, aunque no necesariamente decisiva en el conjunto del mapa.

En resumen: es un tema técnicamente real (crecimiento del censo exterior) pero con una lectura política muy disputada sobre su magnitud e intencionalidad, y el debate sigue abierto en España a fecha de hoy.

«¡Viva la UCO!»: cuando el prestigio de una institución supera al poder político

¡Viva la UCO!

Hay momentos en los que una sola frase resume mejor que cien discursos el estado de ánimo de un país. El «¡Viva la UCO!» escuchado durante el acto presidido por el Rey no fue únicamente un grito espontáneo. Fue, sobre todo, una manifestación de apoyo a una unidad de la Guardia Civil que se ha convertido en protagonista de algunas de las investigaciones judiciales con mayor repercusión política de los últimos años.

Resulta significativo que esa proclama se produjera precisamente delante del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Ambos han estado en el centro del debate político por las polémicas surgidas alrededor de la relación entre el Ministerio y la Unidad Central Operativa, así como por las explicaciones ofrecidas sobre distintas actuaciones relacionadas con investigaciones en curso.

Cuando una parte de la ciudadanía siente la necesidad de vitorear públicamente a una unidad policial, el mensaje trasciende a quienes ocupan circunstancialmente los cargos políticos. Lo que se aplaude es la independencia profesional, el trabajo técnico y la confianza en que las investigaciones sigan su curso sin interferencias.

La Guardia Civil es una institución permanente. Los ministros pasan; los gobiernos cambian. La credibilidad del Estado de Derecho, sin embargo, depende de que sus cuerpos policiales puedan investigar con autonomía dentro del marco legal y bajo el control de los jueces y fiscales. Esa confianza constituye uno de los pilares de cualquier democracia consolidada.

El aplauso espontáneo a la UCO refleja, en buena medida, el deseo de que las instituciones funcionen con normalidad y que las investigaciones lleguen hasta donde deban llegar, afecten a quien afecten. Cuando los ciudadanos perciben que una unidad policial actúa con profesionalidad frente a casos complejos, el reconocimiento público acaba siendo inevitable.

Quizá la enseñanza más importante de lo ocurrido en El Escorial sea precisamente esa: el prestigio institucional no se decreta desde un despacho. Se gana sobre el terreno, con años de trabajo, rigor y credibilidad. Y cuando ese prestigio supera incluso a la autoridad política presente en el acto, el mensaje resulta imposible de ignorar.

El repentino interés de Begoña Gómez por la OTAN

Pedri y Begoñi, enamoradísimos.

La petición de Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado para abandonar temporalmente España ha abierto un debate que trasciende el ámbito estrictamente judicial. No se discute únicamente si procede autorizar el viaje, sino también el argumento empleado para justificarlo.

La esposa del presidente sostiene que desea acompañar a Pedro Sánchez a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara antes de desplazarse a Londres para asistir a la graduación de su hija. Nadie puede cuestionar el componente familiar de este último compromiso. Sin embargo, resulta legítimo preguntarse por el verdadero peso que tiene la asistencia a la reunión atlántica en esa solicitud.

Durante los ocho años de presidencia de Sánchez, España ha participado en numerosas cumbres de la OTAN. Begoña Gómez solo asistió a dos celebradas en el extranjero: Londres, en 2019, y Vilna, en 2023. La celebrada en Madrid en 2022 constituye un caso distinto, ya que España era el país anfitrión y la presencia institucional de la familia del presidente formaba parte del protocolo.

Ese historial convierte en llamativo que ahora la asistencia a una cumbre aparezca presentada como una necesidad institucional inaplazable. Si durante la inmensa mayoría de estos encuentros internacionales su presencia no fue considerada imprescindible, resulta razonable preguntarse qué ha cambiado.

La respuesta más evidente parece encontrarse en el propio itinerario solicitado. El viaje no concluiría en Ankara, sino en Londres, donde la esposa del presidente pretende asistir a la graduación de su hija. Es un objetivo perfectamente comprensible desde el punto de vista personal. Precisamente por ello, quizá habría resultado más transparente reconocer que ese constituye el principal motivo del desplazamiento, en lugar de revestirlo de un carácter institucional que, a la vista de los precedentes, resulta discutible.

La cuestión tampoco puede separarse del contexto judicial. Begoña Gómez se encuentra sometida a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional salvo autorización expresa del juez. En estas circunstancias, cualquier petición excepcional será examinada con un escrutinio mucho mayor que el aplicado a un ciudadano sin procedimientos pendientes.

Eso no significa que el permiso deba ser denegado automáticamente. Los jueces están precisamente para ponderar derechos, riesgos y garantías. Pero la solidez de las razones alegadas también forma parte de esa valoración.

Las instituciones se fortalecen cuando actúan con naturalidad y transparencia. Si el objetivo principal del viaje es un acontecimiento familiar, probablemente esa explicación bastaría por sí sola. Cuando se intenta reforzar la petición apelando a una relevancia institucional que los antecedentes no parecen confirmar, se alimentan dudas que podrían haberse evitado.

Sánchez no posee más proyecto para los españoles que mantenerse en el poder a cualquier precio

Pedri

Todo gobierno necesita un proyecto. Un conjunto de objetivos que trasciendan el simple hecho de ocupar los despachos oficiales. Gobernar consiste en tomar decisiones para mejorar el país, asumir costes cuando es necesario y aceptar que, en democracia, el poder nunca pertenece definitivamente a quien lo ejerce. La alternancia no es un accidente del sistema; es una de sus garantías.

Sin embargo, una parte importante del debate político español gira hoy alrededor de una pregunta incómoda: ¿sigue existiendo un proyecto reconocible detrás del Gobierno de Pedro Sánchez o el principal objetivo se ha convertido en prolongar la legislatura?

Es evidente que el Ejecutivo sostiene que mantiene una agenda política propia basada en políticas sociales, crecimiento económico y reformas institucionales. El propio presidente ha reiterado públicamente su intención de continuar gobernando y completar la legislatura pese a las dificultades parlamentarias y políticas. 

No obstante, la percepción de muchos ciudadanos y analistas es distinta. Las negociaciones permanentes para asegurar apoyos parlamentarios, los cambios de estrategia en función de las mayorías disponibles y la prioridad concedida a la supervivencia política alimentan la impresión de que la continuidad del Gobierno ha pasado a ser un fin en sí mismo.

Cuando un Ejecutivo dedica buena parte de su energía a resistir, el debate sobre el contenido de sus políticas queda inevitablemente relegado. La conversación pública deja de centrarse en reformas económicas, vivienda, productividad, educación o sanidad para concentrarse en la aritmética parlamentaria, las alianzas coyunturales y el calendario electoral.

En las últimas semanas, además, el desgaste político se ha intensificado. Diversas iniciativas parlamentarias han pedido la dimisión del presidente o la convocatoria de mecanismos de control político, aunque sin efectos jurídicos vinculantes, mientras el Gobierno mantiene que no existe una mayoría alternativa capaz de sustituirlo. 

La cuestión de fondo no es únicamente cuánto tiempo puede mantenerse un Gobierno, sino para qué quiere mantenerse. La estabilidad tiene sentido cuando sirve para desarrollar un programa claro y reconocible. Si la estabilidad se convierte en el objetivo principal, corre el riesgo de perder su justificación política.

La historia democrática ofrece numerosos ejemplos de ejecutivos que confundieron la conservación del poder con la acción de gobierno. En esos casos, cada negociación deja de responder a un proyecto nacional para convertirse en una operación de supervivencia. El coste suele pagarse en forma de desconfianza ciudadana, polarización y deterioro institucional.

Los defensores de Sánchez sostienen que resistir es una obligación cuando consideran que la alternativa sería peor para el país. Sus críticos, en cambio, interpretan esa resistencia como la prueba de que el proyecto político se ha agotado y únicamente permanece la voluntad de seguir en el cargo.

En una democracia madura, ambas posiciones deben poder debatirse con libertad. Pero el juicio definitivo no corresponde a los partidos ni a los medios de comunicación. Corresponde a los ciudadanos, que en las urnas decidirán si consideran que el Gobierno sigue ofreciendo un rumbo para España o si, por el contrario, la permanencia en el poder ha terminado sustituyendo al propio proyecto político.

Sin rastro de "WhatheFav", la empresa de las hijas de Zapatero

La sede de WhatheFav, la empresa administrada por las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, permanece sin actividad visible desde el registro practicado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según diversas informaciones periodísticas. Vecinos de la zona afirman que no han vuelto a ver ni a las administradoras ni al personal habitual, mientras el local continúa con las persianas bajadas y sin signos externos de funcionamiento. 

Un registro policial, por sí mismo, no constituye una condena ni demuestra la comisión de delito alguno. Sin embargo, la dimensión pública del caso hace inevitable que la situación tenga consecuencias políticas y reputacionales. Cuando una investigación alcanza a familiares directos de un expresidente del Gobierno, la atención pública se multiplica y cualquier ausencia de explicaciones alimenta las especulaciones.

Mientras tanto, la instrucción continúa su curso. Corresponderá a los investigadores determinar si las sospechas iniciales se sostienen con pruebas suficientes o, por el contrario, quedan descartadas durante el proceso. Precisamente para eso existen las investigaciones judiciales: para separar las sospechas de los hechos acreditados.

En este contexto conviene mantener una doble exigencia. La primera, permitir que jueces y policías trabajen sin interferencias políticas. La segunda, preservar la presunción de inocencia de todos los investigados, incluso cuando el impacto mediático sea enorme.

Hasta que la Justicia concluya su trabajo, la oficina cerrada seguirá siendo, sobre todo, una imagen cargada de simbolismo. Un símbolo de la incertidumbre que rodea a una investigación de enorme repercusión política y de cómo, en ocasiones, el mayor ruido no procede de las declaraciones públicas, sino precisamente de la ausencia de ellas.

Las amistades de Zapatero en la Fiscalía: entre la influencia política y la apariencia de imparcialidad

Zapateri

La publicación de la agenda incautada a José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a colocar bajo los focos una cuestión que trasciende al propio expresidente: la relación entre el poder político y las instituciones llamadas a actuar con absoluta independencia. Según la información difundida en los últimos días, la documentación analizada por la UDEF reflejaría contactos habituales de Zapatero con responsables de la Fiscalía General del Estado y la existencia de vínculos personales que se remontan a más de dos décadas. 

Conviene separar cuidadosamente los hechos de las conclusiones. Mantener relaciones personales o institucionales con fiscales no constituye, por sí mismo, ningún delito. Quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno conserva una extensa red de contactos construida durante años de actividad política. Eso, en democracia, es perfectamente normal.

Sin embargo, la normalidad termina donde comienza la sospecha de que esas relaciones puedan traducirse en un acceso privilegiado a instituciones que deben actuar con plena objetividad. La confianza ciudadana en la Justicia no depende únicamente de que exista imparcialidad, sino también de que esa imparcialidad resulte visible.

Las informaciones publicadas sostienen que Zapatero mantuvo durante años una relación especialmente estrecha con figuras relevantes del Ministerio Fiscal y que algunas de esas amistades continuaron incluso después de abandonar La Moncloa. También apuntan a reuniones reflejadas en su agenda con responsables de la Fiscalía General en momentos especialmente sensibles desde el punto de vista político. 

Naturalmente, una reunión no demuestra influencia indebida. Tampoco una amistad implica la existencia de favores. Pero cuando una misma persona aparece relacionada de forma recurrente con quienes ocupan posiciones clave dentro de una institución tan delicada, resulta inevitable que surjan preguntas legítimas.

En un Estado de Derecho, la Fiscalía no puede ser percibida como un espacio accesible únicamente para quienes pertenecen a determinados círculos políticos o personales. La igualdad ante la ley exige que ningún ciudadano, por influyente que sea, disponga de canales informales que generen la impresión de disfrutar de un trato preferente.

El problema es aún mayor porque España lleva años inmersa en un intenso debate sobre la independencia del Ministerio Fiscal. Cada nueva revelación alimenta una desconfianza que ya existía y que afecta a la credibilidad institucional. Aunque finalmente no se acreditara ninguna actuación irregular, el simple deterioro de la imagen de neutralidad representa un coste para el sistema democrático.

También conviene recordar que las agendas personales no constituyen una sentencia judicial. Reflejan reuniones, contactos y anotaciones cuyo significado debe interpretarse con prudencia. La investigación determinará qué relevancia tienen esos encuentros y si guardan relación con los hechos que se investigan. Mientras tanto, las filtraciones no pueden sustituir al trabajo de los tribunales.

La propia defensa de Zapatero ha denunciado que la difusión de su agenda y de documentación privada vulnera su derecho a la intimidad y ha cuestionado que parte del material divulgado guarde relación con la investigación judicial. 

Pero existe otra reflexión de fondo. En las democracias maduras no basta con que las instituciones sean independientes; también deben parecerlo. Cuando la política y la Justicia mantienen una proximidad excesiva, aunque sea exclusivamente personal, el prestigio de ambas termina resintiéndose.

La fortaleza de un Estado de Derecho no se mide únicamente por la ausencia de corrupción, sino por la confianza que inspira en los ciudadanos. Esa confianza exige transparencia, distancia institucional y reglas claras que impidan cualquier apariencia de influencia.

Sea cual sea el desenlace judicial de este asunto, el debate ya está servido. No gira únicamente alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero. La verdadera cuestión es hasta qué punto las instituciones españolas han sabido preservar una separación nítida entre el poder político y quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley con absoluta independencia.

Las hazañas "humanitarias" de Zapatero o el humanitarismo selectivo

Hay personas que dedican su vida a la cooperación internacional, a la defensa de los derechos humanos o a la mediación en conflictos. Y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, que ha logrado una categoría propia: la del humanitarismo selectivo, una disciplina compleja que exige una notable capacidad para distinguir entre las víctimas que merecen atención y las que, por razones todavía no del todo esclarecidas, conviene contemplar desde una prudente distancia.

El expresidente español ha cultivado durante años una imagen de mediador paciente, dialogante y comprometido con la paz. Una vocación admirable. Al fin y al cabo, ¿quién podría oponerse al diálogo? El problema surge cuando el diálogo parece convertirse en un fin en sí mismo, incluso cuando una de las partes dispone de cárceles, tribunales dóciles y abundantes recursos para silenciar a sus adversarios.

Su relación con Venezuela constituye probablemente la obra maestra de esta escuela diplomática. Mientras numerosas organizaciones internacionales denunciaban vulneraciones de derechos fundamentales, Zapatero insistía en la necesidad de comprender la complejidad de la situación. Y es cierto: pocas cosas hay más complejas que explicar por qué ciertas denuncias merecen contundencia verbal y otras apenas suscitan una llamada a la moderación de todas las partes, como si la simetría moral pudiera resolverse mediante una elegante fórmula de equidistancia.

Hay que reconocerle, además, una notable resistencia a las modas. Cuando buena parte de la comunidad internacional endurecía sus críticas, él perseveraba en la búsqueda de entendimientos. La constancia es una virtud escasa en política. También lo es la capacidad de mantener la serenidad mientras otros se empeñan en mencionar cuestiones incómodas como presos políticos, falta de garantías electorales o restricciones a las libertades civiles.

Sus defensores sostienen que ha contribuido a evitar tensiones mayores y que la negociación siempre es preferible a la confrontación. Sus detractores responden que algunas negociaciones terminan proporcionando legitimidad a quienes precisamente deberían estar sometidos a un escrutinio más severo. Ambas posiciones tienen argumentos. Lo que resulta verdaderamente fascinante es observar cómo Zapatero consigue aparecer una y otra vez en el centro de estas controversias sin que parezca alterarse demasiado su confianza en el poder terapéutico de las conversaciones.

Quizá esa sea su principal hazaña humanitaria: la fe inquebrantable en que todo conflicto puede resolverse hablando, incluso cuando una de las partes utiliza el diálogo como decoración institucional mientras consolida su posición. Una confianza tan sólida que roza lo conmovedor.

Algunos la llaman ingenuidad. Otros, pragmatismo. Los más entusiastas, diplomacia. Y los más escépticos sospechan que, en ocasiones, la neutralidad puede acabar pareciéndose demasiado a una toma de partido cuidadosamente envuelta en lenguaje conciliador.

Pero sería injusto concluir con severidad. Después de todo, no cualquiera logra que su nombre aparezca asociado durante años a causas humanitarias sin necesidad de cargar con la incomodidad de denunciar con demasiada claridad a los responsables de las crisis humanitarias. Esa combinación de presencia constante y definición difusa exige, sin duda, un talento singular.

La UCO detecta amaños en los contratos que recomendó Begoña Gómez: arbitrariedad total en la contratación pública

Pedri y Begoñi

La contratación pública constituye uno de los ámbitos donde un Estado de derecho pone a prueba su credibilidad. Cuando los ciudadanos perciben que las adjudicaciones pueden depender más de relaciones personales o influencias que de los méritos objetivos de las ofertas, la confianza en las instituciones se deteriora rápidamente.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre varios contratos de Red.es adjudicados a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés vuelve a situar este debate en el centro de la actualidad. Según los investigadores, los correos electrónicos analizados reflejarían una "decisiva arbitrariedad" durante el proceso de valoración de las ofertas, incluyendo mensajes en los que se proponía reducir las puntuaciones de determinados competidores para favorecer a una candidatura concreta. 

Si estas conclusiones terminaran siendo confirmadas judicialmente, no estaríamos ante simples irregularidades administrativas, sino ante un serio cuestionamiento del principio de igualdad que debe regir cualquier licitación pública. La competencia entre empresas sólo tiene sentido cuando todos los participantes conocen las reglas y éstas se aplican con imparcialidad.

El caso adquiere además una especial dimensión política porque las empresas beneficiarias habían contado anteriormente con cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez. Conviene, sin embargo, distinguir cuidadosamente los distintos planos del asunto. Una cosa son las cartas de recomendación; otra muy distinta son las presuntas manipulaciones internas descritas por la UCO. De hecho, Red.es sostiene que el contrato investigado no estuvo respaldado por una declaración de interés de Begoña Gómez y defiende que todo el procedimiento se desarrolló conforme a la legislación vigente, atribuyendo las diferencias entre evaluadores a criterios técnicos razonados. 

Precisamente por esa existencia de versiones contrapuestas resulta imprescindible evitar las condenas anticipadas. Los informes policiales constituyen un elemento relevante de una investigación, pero corresponde a los tribunales determinar si existieron delitos y quiénes serían, en su caso, responsables.

No obstante, incluso antes de que haya una sentencia, el contenido de los correos conocidos plantea interrogantes difíciles de ignorar. Expresiones como la necesidad de que una determinada oferta fuera "la buena" o de reducir la valoración de otras empresas, si reflejan fielmente el desarrollo del procedimiento, proyectan una imagen muy poco compatible con la objetividad que debe caracterizar la gestión de recursos públicos. 

La mayor lección de este episodio quizá trascienda a las personas concretas implicadas. Los sistemas de contratación deben diseñarse para resistir cualquier intento de influencia, proceda de quien proceda. Cuanta mayor transparencia exista en las evaluaciones, mayor trazabilidad de las decisiones y mayor independencia de los órganos de valoración, menor será el espacio para la sospecha.

En una democracia madura, la confianza institucional no se construye pidiendo a los ciudadanos que crean en la buena fe de los responsables públicos. Se construye garantizando procedimientos tan sólidos que hagan innecesarios los actos de fe. Porque la mejor defensa de cualquier administración no son las declaraciones políticas, sino la evidencia de que cada contrato fue adjudicado exclusivamente por criterios objetivos, verificables y sometidos al escrutinio de la Justicia.