La guerra ya no siempre necesita soldados, tanques o misiles para desestabilizar a un Estado. Basta con desinformación, ciberataques, presión económica o el manejo deliberado de flujos migratorios. Es lo que expertos y organismos internacionales llaman "guerra híbrida": una confrontación en la que las fronteras entre seguridad, política y vida cotidiana se difuminan hasta hacerse casi invisibles..jpg)
La guerra híbrida llega a Ceuta.
Qué entienden los especialistas por guerra híbrida
La OTAN define las amenazas híbridas como una combinación de medios militares y no militares, encubiertos y abiertos, entre los que incluye la desinformación, los ciberataques y la presión económica. El concepto no es nuevo —se popularizó tras la anexión de Crimea en 2014— pero se ha vuelto más visible en los últimos años, a medida que países europeos, la OTAN y diversas agencias de seguridad advierten de su avance.
Estas tácticas operan en lo que los analistas denominan la "zona gris", un espacio intermedio entre la competencia ordinaria entre países y el conflicto armado abierto. Allí se combinan ciberataques contra infraestructuras críticas, campañas de desinformación, sabotajes a redes energéticas o cables submarinos, y —cada vez con más frecuencia— la manipulación de flujos migratorios y crisis humanitarias como instrumento de presión política. Uno de los rasgos que más preocupa a los gobiernos occidentales es la dificultad de atribución: determinar con certeza quién está detrás de una campaña puede llevar meses, lo que permite a los Estados agresores actuar bajo una negación plausible.
El caso Ceuta, bajo la lupa judicial
España vive ahora mismo un episodio que ilustra estas dinámicas. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación penal sobre la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando cerca de 80.000 personas cruzaron desde Marruecos hasta la ciudad autónoma, en un episodio que dejó más de 80 fallecidos.
La magistrada instructora, María Tardón, ha admitido a trámite varias querellas e investiga una posible organización criminal, un delito contra la paz o la independencia del Estado, y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros conectado con las muertes por homicidio imprudente. Según su auto, de 26 páginas, los hechos pudieron constituir una operación coordinada que trasciende una crisis migratoria convencional, presuntamente planificada en territorio extranjero.
Lo más relevante del caso es que la jueza vincula explícitamente lo ocurrido con las tácticas propias de la guerra híbrida. Su resolución sostiene que la entrada masiva pudo utilizarse como una herramienta de "guerra híbrida" o "zona gris", en la que un Estado emplea mecanismos no convencionales para presionar a otro sin recurrir a un conflicto armado formal, con el objetivo de alterar la vida y los derechos de los ciudadanos de toda una ciudad autónoma. El auto añade que las imágenes recopiladas por la Policía Nacional muestran una actitud de las fuerzas marroquíes que, a juicio de la magistrada, supera la simple permisividad, sin que se observara ningún intento serio de contener a la multitud en la frontera.
Un patrón que se repite en Europa
El caso de Ceuta no es un fenómeno aislado. En las últimas semanas, varios gobiernos europeos han denunciado episodios similares atribuidos a otros actores estatales. Alemania, por ejemplo, ha vinculado el despliegue de drones cargados de explosivos con un patrón ya conocido de operaciones híbridas que combinan tácticas militares y no militares para ejercer presión sin llegar a un conflicto abierto, mientras que países como Polonia, Dinamarca o Suecia han denunciado sabotajes, incursiones de drones y campañas de desinformación en su territorio.
Lo que distingue el episodio de Ceuta es que, por primera vez en España, un tribunal formula esta hipótesis con rango de investigación judicial, abriendo la puerta a que la instrumentalización migratoria se juzgue no como un problema de gestión fronteriza, sino como un presunto ataque a la integridad territorial del Estado. El desenlace de la causa podría sentar un precedente relevante sobre cómo el derecho penal español responde a este tipo de amenazas del siglo XXI.
jueves, 10 de septiembre de 2026
Claves de la guerra híbrida: la investigación de Ceuta reabre el debate
miércoles, 9 de septiembre de 2026
Ley de Nietos: El Supremo pone orden en el voto de los nacionalizados por la «ley de nietos»
La decisión adoptada este martes por el Tribunal Supremo introduce un elemento de enorme trascendencia en el debate sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado suspender cautelarmente los efectos electorales de la llamada «ley de nietos» para aquellos nacionalizados que no acrediten documentalmente la condición de exiliado de sus ascendientes. La medida afecta al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), tanto a determinadas inscripciones ya realizadas como a las nuevas altas..jpg)
Ley de Nietos
Conviene precisar que no se ha retirado la nacionalidad española a estas personas. Lo que queda temporalmente condicionado es el ejercicio del derecho de sufragio en el extranjero. Quienes acrediten los requisitos establecidos por la ley podrán mantener su inscripción electoral. El Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera a los registros consulares la documentación necesaria para comprobar cada caso.
El origen de la controversia está en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Esta norma permitió optar a la nacionalidad a determinados descendientes de españoles nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. La propia ley contempla, además, otros supuestos específicos relacionados con mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio y con hijos mayores de edad de españoles que recuperaron la nacionalidad mediante determinadas normas anteriores.
La cuestión jurídica reside, por tanto, en cómo se acreditó el exilio. La instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en octubre de 2022 estableció mecanismos para demostrar documentalmente esa condición, incluyendo certificaciones y otros documentos acreditativos.
El Supremo ha puesto ahora el foco precisamente en esa exigencia. La controversia surge porque la aplicación administrativa de la norma permitió en determinados casos presumir la condición de exiliado por el periodo histórico en que se produjo la salida de España, sin exigir una acreditación individual equivalente a la prevista inicialmente. Los recurrentes —Vox e Iustitia Europa— sostuvieron que esta interpretación podía producir un crecimiento irregular del censo electoral. El tribunal ha considerado necesario adoptar medidas cautelares mientras resuelve el fondo del litigio.
La decisión tiene una evidente dimensión política, pero no debería confundirse con una sentencia definitiva. El Supremo todavía no ha resuelto el fondo del asunto. Se trata de una medida cautelar destinada a evitar que una eventual irregularidad en la composición del censo produzca efectos irreversibles antes de que exista una resolución definitiva. El propio Gobierno ha mostrado su desacuerdo y ha confiado en que el tribunal pueda pronunciarse antes de las próximas elecciones generales.
Y aquí aparece la cuestión esencial: el derecho al voto no puede depender de una interpretación administrativa que vaya más allá de lo que establece una ley orgánica o de sus requisitos esenciales. Si el legislador condicionó determinados supuestos de adquisición de la nacionalidad a la existencia de un exilio por causas concretas, parece razonable que exista un mecanismo para comprobar que esas condiciones concurren cuando de ello depende también la incorporación al censo electoral.
Pero tampoco sería aceptable convertir esa comprobación en una carrera de obstáculos burocráticos para españoles cuya nacionalidad ha sido reconocida legalmente. La solución debe encontrarse en un procedimiento claro, uniforme y garantista.
El asunto revela, en definitiva, una de las consecuencias de utilizar las reglas electorales como prolongación de la batalla política. El censo debe ser una institución sometida a la ley, no a las conveniencias de ningún partido. El Supremo ha intervenido cautelarmente para exigir esa seguridad jurídica.
Ahora corresponde esperar la sentencia definitiva y, mientras tanto, garantizar que ningún español que cumpla los requisitos legales sea privado injustificadamente de su derecho al voto.
lunes, 7 de septiembre de 2026
¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?
Hay preguntas que molestan precisamente porque nadie parece dispuesto a responderlas. Una de ellas es ésta: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?
¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?
No afirmo que exista una deuda económica, un pacto secreto o una contraprestación clandestina. No hay pruebas públicas suficientes para sostener semejante acusación. Pero sí existe una sucesión de hechos que permite formular una pregunta política perfectamente legítima: ¿por qué Pedro Sánchez ha asumido ante Marruecos unos riesgos y unos costes que difícilmente habría aceptado frente a otros países?
La relación con Rabat es importante para España. Eso nadie lo discute. Marruecos es vecino, socio comercial y pieza fundamental en asuntos como la inmigración y la lucha contra el terrorismo. Pero precisamente por eso resulta preocupante que una relación necesaria pueda acabar transformándose en una relación asimétrica.
1. El giro histórico sobre el Sáhara Occidental
El episodio más significativo fue el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022. España pasó de mantener una posición tradicional de equilibrio a respaldar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara. El cambio fue brusco y apenas explicado a la opinión pública. Sánchez sacrificó una política exterior mantenida durante décadas para recuperar la relación con Rabat.
¿Y qué recibió España a cambio? Una normalización de las relaciones y una cooperación marroquí más estrecha, especialmente en materia migratoria. Es legítimo preguntarse si aquello fue una decisión soberana de política exterior o si España estaba pagando el precio de una dependencia previamente adquirida.
2. El espionaje con el programa Pegasus
Después llegó Pegasus. Los teléfonos del propio Pedro Sánchez y de varios miembros de su Gobierno fueron infectados con el sofisticado programa de espionaje. Investigaciones periodísticas señalaron a Marruecos como principal sospechoso, aunque las responsabilidades concretas no han quedado establecidas judicialmente de manera definitiva. Y, sin embargo, aquel gravísimo episodio no desembocó en una crisis política duradera con Rabat.
Resulta difícil no advertir la contradicción: un país que aparece señalado como posible responsable del espionaje al presidente del Gobierno español termina convertido poco después en socio privilegiado de España.
3. La invasión de Ceuta
Las ciudades autónomas son territorio español. No son una cuestión académica ni una disputa geográfica susceptible de ser aparcada cuando conviene. Cuando Marruecos ejerce presión sobre Ceuta mediante la frontera, España debería responder con la firmeza propia de un Estado que protege su soberanía.
Pero la conducta de Sánchez ha sido llamativamente prudente con Rabat. Demasiado prudente, dirán algunos.
La cuestión se vuelve todavía más inquietante cuando se observa que Marruecos ha demostrado en repetidas ocasiones que la presión migratoria puede convertirse en una formidable herramienta política. Las entradas masivas en Ceuta de 2021 constituyeron una advertencia extraordinariamente seria. Y la crisis actual vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de España.
Un Estado no puede externalizar indefinidamente el control de sus fronteras y después sorprenderse de que quien controla el grifo tenga capacidad para abrirlo o cerrarlo.
Aquí aparece la verdadera paradoja del sanchismo: cuanto más indispensable parece hacerse Marruecos para la política española, menor parece ser la capacidad del Gobierno para reprocharle determinadas conductas.
Eso no es diplomacia equilibrada. Puede terminar pareciéndose peligrosamente a una dependencia.
Y la dependencia tiene un precio: obliga a medir cada palabra, cada protesta y cada respuesta. El socio sabe que tiene poder sobre nosotros y nosotros sabemos que enfrentarnos a él puede tener consecuencias.
Por eso la pregunta inicial debe mantenerse: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?
Quizá la respuesta sea nada. Quizá no exista ninguna deuda. Quizá todo pueda explicarse por el pragmatismo de un Gobierno que considera imprescindible la colaboración de Rabat.
Pero entonces Sánchez tiene una obligación elemental: explicar por qué España ha cambiado su posición sobre el Sáhara, por qué ha tratado con tanta cautela los episodios de espionaje, por qué Rabat parece disponer de un margen de presión extraordinariamente amplio sobre Ceuta y por qué la defensa de los intereses españoles parece detenerse tantas veces ante las puertas de Marruecos.
La política exterior no puede basarse en sospechas. Pero tampoco puede exigir a los ciudadanos que renuncien a hacer preguntas.
Y ésta es una pregunta legítima. Porque una cosa es tener un buen vecino. Otra muy distinta es tener un vecino que sabe que dependes de él. Y peor todavía sería que ese vecino hubiera descubierto que puede presionar a España sin que el Gobierno español se atreva a responderle con toda la firmeza que exigiría la defensa de los intereses nacionales.
Eso es lo que Pedro Sánchez debería aclarar. No qué le debe el PSOE a Marruecos. Sino qué está dispuesto a concederle España para conservar su favor.
domingo, 6 de septiembre de 2026
¿Qué le pasa a Pedro Sánchez?
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¿Qué te pasa Pedro? ¿Te ha vuelto la regla? |
La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto esa diferencia. No se trata de discutir si un presidente tiene derecho a vacaciones. Naturalmente que lo tiene. El problema aparece cuando las circunstancias excepcionales exigen algo más que el cumplimiento ordinario de una agenda. Más de 70.000 personas entraron en Ceuta durante la crisis de finales de julio y, semanas después, seguían acumulándose problemas humanitarios, policiales y administrativos. En ese contexto, la imagen de Sánchez alejado de la primera línea resultó políticamente demoledora.
El liderazgo, sobre todo en momentos de incertidumbre, tiene una dimensión simbólica que no puede sustituirse por videoconferencias, comunicados ministeriales o reuniones de coordinación. Un presidente puede delegar funciones; lo que no puede delegar es la responsabilidad política última. Y eso es precisamente lo que muchos ciudadanos han echado en falta durante esta crisis.
Lo sorprendente es que no parece el mismo Pedro Sánchez de otras emergencias. Durante la pandemia, la guerra de Ucrania o la erupción de La Palma, el presidente entendió que debía ocupar físicamente el centro de la escena. Podía ser criticado por sus decisiones, pero transmitía la sensación de estar gobernando. En Ceuta, en cambio, esa percepción se ha debilitado. La propia González Harbour señala ese contraste entre el Sánchez que se crecía ante los grandes desafíos y el presidente que este verano apareció tarde, políticamente aislado y sin reconocer errores.
Hay además un elemento que no debería despreciarse: el desgaste. Un presidente sometido durante meses a una creciente presión política y judicial, con investigaciones que afectan a personas de su entorno y con un Gobierno obligado a defenderse continuamente de acusaciones de corrupción, puede terminar perdiendo capacidad de reacción. No significa que esas circunstancias expliquen por sí solas su comportamiento, pero sí pueden contribuir a comprender una cierta fatiga política.
Sin embargo, comprender no equivale a justificar.
Porque precisamente cuando un Gobierno está acosado por las dificultades es cuando más necesita demostrar serenidad, autoridad y capacidad de mando. Si la crisis de Ceuta ha revelado carencias materiales —desde recursos policiales y judiciales hasta instalaciones para atender a los inmigrantes—, también ha revelado una carencia política: la dificultad del Ejecutivo para ofrecer una respuesta que sea percibida como firme, coordinada y suficiente.
Y aquí aparece el verdadero peligro para Sánchez. Las crisis no se juzgan únicamente por su origen. Se juzgan por la respuesta del poder. Una frontera puede sufrir una presión extraordinaria; lo que los ciudadanos esperan es comprobar que el Estado conserva el control, que sus instituciones funcionan y que quienes gobiernan están donde deben estar.
El propio Sánchez ha defendido ante el Congreso que no existen pruebas concluyentes sobre una implicación directa del Gobierno marroquí y ha anunciado medidas para reforzar la frontera y mejorar la gestión migratoria. Pero esas explicaciones llegan después de semanas en las que la percepción de desorden y abandono ha adquirido una fuerza propia.
Quizá esa sea la pregunta verdaderamente incómoda: ¿qué le ha ocurrido al Sánchez que convirtió la resistencia en su principal virtud política?
Tal vez no sea simplemente cansancio. Tal vez sea el desgaste inevitable de un poder que lleva demasiado tiempo sobreviviendo a sus propias crisis. Pero un presidente puede permitirse muchas cosas. Lo que difícilmente puede permitirse es que, cuando llega la tormenta, los ciudadanos tengan la impresión de que en La Moncloa han colgado el cartel de «cerrado por vacaciones».
Porque las vacaciones terminan. Las crisis, en cambio, dejan memoria. Y Ceuta puede acabar siendo uno de esos episodios por los que se juzgue no solamente la capacidad de Sánchez para gobernar, sino su voluntad de hacerlo cuando gobernar resultaba más difícil.
sábado, 5 de septiembre de 2026
El resentimiento, una enfermedad de la política española
«El resentido percibe la felicidad del prójimo, la prosperidad del prójimo, la belleza o inteligencia del prójimo –o incluso su simple 'mediano pasar'– como una afrenta que alimenta un deseo perpetuo e indiscriminado de venganza» (Juan Manuel de Prada). 
Thomas Sowell
La definición de Juan Manuel de Prada apunta a una de las pasiones más destructivas del ser humano: el resentimiento. No es exactamente envidia, aunque pueda contenerla. Es algo más profundo: la incapacidad de soportar que otro posea aquello que uno cree merecer o que, simplemente, le recuerda lo que no tiene.
El resentido no necesita ser pobre para resentirse, ni el objeto de su resentimiento tiene que ser rico. Basta con que perciba en el otro una felicidad que él considera injusta. El problema aparece cuando esa pasión privada abandona la conciencia individual y se convierte en categoría política.
Y aquí es donde la reflexión de De Prada adquiere una inquietante actualidad española.
España vive una época de extraordinaria polarización afectiva. Los estudios sociológicos recientes muestran que esa polarización no se limita a las diferencias ideológicas: puede llegar a convertir al adversario político en alguien emocionalmente rechazable. Un trabajo publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas advierte incluso de que los niveles crecientes de polarización afectiva pueden asociarse con una mayor tolerancia hacia alternativas políticas menos democráticas.
El fenómeno puede observarse en nuestra conversación pública. Con demasiada frecuencia ya no se discute sobre cómo mejorar la vida de los ciudadanos, sino sobre quién tiene derecho a disfrutarla. El éxito del otro se interpreta como privilegio; la prosperidad, como sospecha; la discrepancia, como traición. Y así aparece una política que necesita permanentemente fabricar culpables.
El resentido necesita un enemigo.
Puede ser el rico, el empresario, el propietario de una vivienda, el que cobra una determinada pensión, el que vota a otro partido, el que vive en una comunidad autónoma distinta, el inmigrante, el funcionario, el juez, el periodista o incluso el ciudadano que simplemente discrepa. La lista puede crecer indefinidamente porque el resentimiento nunca queda satisfecho: cuando desaparece un enemigo, necesita encontrar otro.
Pero sería demasiado sencillo convertir esta reflexión en una acusación contra una sola ideología. El resentimiento no tiene carnet político. Puede instalarse en la izquierda cuando transforma cualquier diferencia económica en una lucha moral entre buenos y malos; pero también en la derecha cuando convierte el éxito ajeno, la diferencia cultural o la llegada de nuevos ciudadanos en motivo permanente de agravio. La enfermedad es humana antes que ideológica.
Lo verdaderamente preocupante es que determinados discursos políticos descubran que resulta más fácil movilizar el resentimiento que cultivar la responsabilidad.
Decirle a un ciudadano que su vecino ha prosperado porque él ha sido perjudicado resulta mucho más eficaz electoralmente que explicarle la complejidad de una economía. Decirle que sus problemas tienen un culpable perfectamente identificable resulta más cómodo que reconocer que muchos de ellos obedecen a causas estructurales y que solucionarlos exige tiempo, esfuerzo y acuerdos.
España conoce hoy problemas reales: la dificultad de acceso a la vivienda, las desigualdades de renta, la incertidumbre laboral, el envejecimiento de la población y las diferencias territoriales. El INE mantiene indicadores específicos sobre salarios, ingresos, pobreza y carencia material que muestran que no todo bienestar estadístico se distribuye de manera uniforme.
Precisamente por eso hay que distinguir entre la legítima indignación ante una injusticia y el resentimiento. La indignación quiere corregir una injusticia. El resentimiento quiere que alguien pague por nuestra frustración. La primera puede construir una sociedad más justa. El segundo termina destruyéndola.
El resentimiento político tiene además una característica especialmente peligrosa: necesita que el ciudadano permanezca enfadado. Un ciudadano reconciliado con su vida, capaz de reconocer los méritos de otro y de aceptar que no todas las diferencias son injusticias, es mucho más difícil de manipular.
Por eso nuestra época necesita recuperar una virtud casi olvidada: la magnanimidad. Saber alegrarse de que al otro le vaya bien. Reconocer el talento ajeno sin sentir humillación. Admitir que alguien puede pensar de manera diferente sin ser nuestro enemigo. Aceptar que la vida nunca será perfectamente igualitaria y que igualdad ante la ley no significa igualdad absoluta de resultados.
Quizá uno de los síntomas más graves de nuestra crisis política sea precisamente que hemos comenzado a contemplar la felicidad ajena como una provocación.
Cuando eso ocurre, la política deja de aspirar al bien común y empieza a administrar agravios. Y una sociedad gobernada por el agravio acaba descubriendo que el resentimiento, una vez puesto en marcha, no distingue entre vencedores y vencidos. Termina devorándolos a todos.
España necesita justicia, desde luego. Pero necesita también algo más difícil: aprender de nuevo a no odiar al que vive un poco mejor que nosotros. Porque una democracia no puede sobrevivir mucho tiempo si cada ciudadano contempla al vecino como una afrenta.
El PSOE empieza a salvarse de Sánchez
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Se te están acabando las mentiras y la chulería. |
La tesis de Iván Libreros, en Vozpópuli, apunta precisamente a ese cambio de clima: el PSOE habría comenzado a asumir que Sánchez entra en una fase de ocaso y que, ante un eventual final de legislatura, cada cual empieza a preparar su propia salida.
El episodio de Ceuta ha actuado como acelerador. La crisis no se limita ya a la magnitud de la entrada irregular de personas durante los días 30 y 31 de julio. Se ha convertido en un problema político de primer orden por las dudas sobre la información previa, la actuación de las instituciones y la coordinación del Estado. La propia Audiencia Nacional investiga los hechos y el Gobierno ha tenido que afrontar la controversia sobre los informes policiales y del CNI.
Sánchez respondió en el Congreso reivindicando que los agentes hicieron lo correcto y defendiendo que ninguno de los informes disponibles había anticipado la magnitud de lo ocurrido. Pero una cosa es la explicación institucional y otra, muy diferente, la percepción política. Cuando un Gobierno tiene que dedicar buena parte de su energía a demostrar que no sabía lo que estaba sucediendo, el problema ya no es únicamente administrativo: es de credibilidad.
Y ahí aparece la segunda grieta: los ayuntamientos. El malestar territorial es especialmente incómodo para un partido que históricamente ha encontrado en sus alcaldes y estructuras locales una de sus principales fuentes de poder electoral. La convocatoria de movilizaciones en apoyo de Ceuta ha colocado a numerosos dirigentes socialistas ante una disyuntiva incómoda: obedecer a Ferraz o escuchar a sus propios ciudadanos. RTVE informó de que el PSOE pidió a sus dirigentes territoriales que no participaran en esas concentraciones.
La tercera grieta está dentro del propio Gobierno. La posición cada vez más singular de Margarita Robles resulta significativa. Su distanciamiento público respecto de determinadas posiciones de Sánchez, particularmente en relación con la crisis de Ceuta, revela que la unanimidad ministerial es menos sólida de lo que pretende transmitir La Moncloa.
El problema, por tanto, no es que exista todavía una conspiración organizada para sustituir a Sánchez. No hace falta. Lo verdaderamente peligroso para un líder es que empiecen a desaparecer los incentivos para defenderlo.
Mientras Sánchez conserva el poder, muchos socialistas seguirán a su lado. Pero cuando los cargos territoriales empiezan a calcular qué coste electoral tiene defender cada decisión de La Moncloa, cuando los ministros empiezan a marcar distancias y cuando el debate sobre el futuro deja de ser tabú, aparece el fenómeno que podríamos llamar «sálvese quien pueda».
No significa necesariamente una ruptura inmediata. Significa algo quizá más importante: el comienzo de la pérdida de confianza en el futuro.
Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia. Ha sobrevivido a crisis que habrían derribado a otros presidentes. Pero resistir no es lo mismo que gobernar con autoridad. Un Gobierno puede prolongar su existencia parlamentaria y, al mismo tiempo, encontrarse políticamente agotado.
El PSOE debería preguntarse si su futuro electoral pasa por seguir defendiendo hasta el último día todas las decisiones de Sánchez o por empezar a reconstruir una identidad propia.
Porque cuando un partido empieza a pensar más en lo que ocurrirá después de su líder que en cómo reforzarlo ahora, el ocaso deja de ser una hipótesis periodística y empieza a convertirse en una posibilidad política.
Y quizá ese sea el verdadero problema de Sánchez: no que sus adversarios hayan encontrado finalmente la manera de derribarlo, sino que algunos de los suyos estén empezando a prepararse para sobrevivirle.
viernes, 4 de septiembre de 2026
Zapatero morirá matando
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Zapatero |
La cuestión es de una gravedad extraordinaria. El informe policial remitido a la Audiencia Nacional habría descrito una planificación previa de la llegada masiva a Ceuta y señalado la intervención de agentes marroquíes en la conducción de los flujos migratorios. Esa conclusión entra en contradicción con la posición mantenida por el Gobierno respecto de Marruecos y explica buena parte del terremoto político que se ha producido en Interior.
Pero lo verdaderamente inquietante no es solamente lo que dice el informe. Es la pugna por saber quién lo conocía, quién decidió no comunicarlo y con qué finalidad.
En el centro de esa controversia aparece Francisco Pardo, director general de la Policía. Las fuentes citadas por ABC cuestionan que el ministro Fernando Grande-Marlaska no tuviera conocimiento del contenido del documento y ven en esa circunstancia una batalla de poder dentro del Ministerio del Interior. Pardo, por su parte, sostiene que la jueza María Tardón había restringido la difusión del informe. La disputa, por tanto, no es menor: afecta directamente a la cadena de mando de la Policía.
Y es aquí donde aparece Zapatero.
No porque exista, al menos por ahora, una prueba pública de que el expresidente haya ordenado la elaboración o la ocultación del informe. No conviene convertir las sospechas de determinadas fuentes en hechos probados. La cuestión es otra: la posibilidad de que siga existiendo una red de influencia construida durante sus años de Gobierno y que esa estructura conserve capacidad para intervenir en las grandes batallas internas del socialismo.
El asunto adquiere todavía mayor trascendencia por el deterioro de la relación entre Sánchez y quien durante años fue uno de sus principales apoyos políticos. Según las informaciones publicadas, el distanciamiento entre ambos habría aumentado precisamente cuando la situación judicial de Zapatero se ha complicado. En ese contexto, cualquier enfrentamiento dentro de Interior puede adquirir una lectura política mucho más profunda.
El problema para Sánchez es que el zapaterismo no es solamente un recuerdo. Es una cultura política, una generación de dirigentes y una determinada concepción del poder. Muchos de quienes llegaron a puestos relevantes durante aquellos años continúan teniendo influencia.
Si las acusaciones recogidas por ABC fueran confirmadas, estaríamos ante algo mucho más serio que una discrepancia burocrática: sería la demostración de que existen centros de poder dentro del Estado capaces de actuar con una autonomía preocupante respecto del Gobierno de turno.
Y ahí reside el verdadero peligro para Sánchez.
El presidente ha construido buena parte de su autoridad sobre una premisa sencilla: el control político del Gobierno sobre sus estructuras. Si Interior, la Policía y la política exterior comienzan a aparecer como territorios disputados entre diferentes familias socialistas, la autoridad presidencial queda inevitablemente debilitada.
Ceuta ha abierto una grieta inesperada. Una crisis migratoria que el Gobierno pretendía administrar políticamente ha terminado convirtiéndose en una batalla sobre la verdad de lo sucedido, sobre la actuación de Marruecos y sobre quién controla la información que llega a los tribunales.
Y ahora aparece una segunda batalla: la sucesión del poder dentro del propio socialismo.
Quizá por eso la frase resulta tan inquietante. «Zapatero morirá matando» no significa necesariamente que el expresidente esté detrás de cada movimiento. Significa algo políticamente más sutil: que, si se siente abandonado por quienes durante años fueron sus aliados, todavía conserva resortes suficientes para hacer mucho daño.
Sánchez debería tomar nota. Porque los gobiernos suelen temer más a sus enemigos cuando los tienen enfrente. Pero los verdaderamente peligrosos son, a veces, quienes conocen desde dentro todas las puertas de la casa.
miércoles, 2 de septiembre de 2026
Las joyas de Zapatero: ¿un pago en especie?
Hay noticias que, por sí solas, plantean preguntas incómodas. Y hay otras que, además, obligan a revisar todo lo que hasta entonces parecía una sucesión de episodios aislados. La nueva tesis de la Fiscalía Anticorrupción sobre las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero pertenece claramente a la segunda categoría..jpg)
¿Un pago en especie?
Según la información publicada por Ketty Garat en ABC, Anticorrupción considera que las alhajas podrían constituir un «pago en especie» relacionado con la supuesta red internacional de tráfico de influencias que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La Fiscalía entiende, además, que el caso Plus Ultra podría ser solamente una parte de un entramado mucho más amplio.
Las cifras impresionan. La primera valoración situó las joyas en 1.323.915 euros y Anticorrupción ha solicitado ampliar el estudio gemológico para determinar tanto su valor real de mercado como la fecha en que fueron engarzadas.
Y aquí aparece el problema político, además del judicial.
Zapatero declaró ante el juez que explicaría el origen de las joyas en una semana o diez días. Más tarde sostuvo públicamente que se trataba de un «regalo de cortesía personal» recibido hace muchos años de un país que no quiso identificar. También cuestionó la valoración económica y afirmó que nunca existió intención patrimonial.
Pero cuanto más tiempo pasa sin una explicación verificable, más difícil resulta presentar el asunto como una simple anécdota personal.
Porque la cuestión esencial no es solamente cuánto valen las joyas. La verdadera pregunta es quién las entregó, cuándo, por qué y en qué circunstancias. Y si la investigación acredita que estuvieron vinculadas a actividades de intermediación política o económica, la naturaleza del problema cambiaría radicalmente.
La hipótesis del «pago en especie» resulta especialmente relevante porque desplaza el foco desde las joyas hacia la actividad que supuestamente podrían estar remunerando. Es decir, las alhajas serían, en ese caso, solamente la manifestación visible de algo mucho mayor.
Eso explica que la Fiscalía no parezca conformarse con establecer su valor. Quiere conocer su procedencia, su antigüedad y su encaje dentro del conjunto de operaciones investigadas.
También conviene recordar que las joyas aparecieron durante el registro policial del despacho de Ferraz realizado en el marco de las pesquisas sobre Plus Ultra. La UDEF encontró cerca de un centenar de piezas, aunque las posteriores informaciones han situado el conjunto finalmente tasado en alrededor de ochenta joyas.
Hay, por tanto, una cuestión de fondo que trasciende a Zapatero: ¿hasta dónde llega realmente la investigación?
Si Plus Ultra fuera solamente una pieza de una red internacional más extensa, como sostiene la tesis atribuida a Anticorrupción, el rescate de la aerolínea dejaría de ser el centro exclusivo del caso para convertirse en una ventana hacia un conjunto mucho más amplio de relaciones, intermediaciones y negocios.
Zapatero tiene derecho a defenderse. La sociedad tiene derecho a conocer las respuestas. Y la Justicia tiene la obligación de averiguar si esas joyas fueron un regalo, una herencia, una cortesía diplomática o, como ahora sospecha Anticorrupción, algo muy diferente: la contraprestación material de una actividad de influencia.
martes, 1 de septiembre de 2026
Grietas en el PSOE por la crisis de Ceuta
La crisis de Ceuta empieza a provocar una rebelión interna en el PSOE. Lo que hasta hace pocos días podía interpretarse como un malestar limitado a algunos dirigentes socialistas de la ciudad autónoma comienza a extenderse por distintos municipios españoles. Y el gesto que mejor simboliza esta evolución lo protagonizó este lunes el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, al anunciar que acudirá a la concentración convocada por la sociedad civil en solidaridad con Ceuta.
José Antonio Díez, alcalde de León.
Pero la instrucción de Ferraz no está siendo seguida de manera uniforme. Otros alcaldes socialistas han anunciado igualmente su intención de participar, aunque algunos han optado por modificar el horario para evitar coincidir con la convocatoria de la FEMP. Entre ellos figuran José Román Guerrero, alcalde de Chiclana; Darío Moreno, de Sagunto; Antonio Rodríguez Osuna, de Mérida; José María Ramírez, de Almendralejo; Sandra Izquierdo, de Tacoronte; Gustavo Cuéllar, de Moguer, y Cristina de los Arcos, de Espartinas, que estuvo entre las primeras dirigentes socialistas en desmarcarse.
También municipios de menor tamaño gobernados por el PSOE han anunciado concentraciones de solidaridad con Ceuta. El fenómeno adquiere así una dimensión territorial que dificulta presentarlo simplemente como una discrepancia puntual entre dirigentes locales y la dirección nacional.
La situación resulta especialmente incómoda para Pedro Sánchez porque el alcalde de León no ha justificado su decisión desde una posición de oposición al Gobierno, sino apelando precisamente a una cuestión de Estado. Díez ha reclamado que los partidos estén «a la altura» y alcancen acuerdos sobre una crisis que, a su juicio, no debería convertirse en un instrumento de enfrentamiento partidista.
La dirección socialista sostiene, sin embargo, que sí existe solidaridad con los ceutíes y que el problema reside en la utilización política de las concentraciones. Algunos alcaldes socialistas han expresado una posición semejante. El regidor de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, aseguró que está con Ceuta, pero rechazó participar en una convocatoria que considera susceptible de ser instrumentalizada políticamente.
Precisamente esa diferencia de criterio constituye la principal grieta. Para unos socialistas, acudir a una concentración de apoyo a Ceuta es una obligación institucional y moral. Para la dirección federal, participar en una convocatoria promovida por la FEMP supone contribuir a una estrategia política de la oposición.
Mientras tanto, la dimensión de la crisis sigue siendo extraordinaria. El Gobierno español elevó a 80.000 el número de personas que entraron irregularmente en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio y ha señalado que alrededor del 90% ya ha regresado a Marruecos. Las estimaciones sobre quienes permanecen en la ciudad han variado, situándose en los últimos informes entre varios miles de personas. Además, el Ejecutivo reconoce que entre quienes continúan en Ceuta hay menores y posibles solicitantes de protección internacional cuyos expedientes deben estudiarse individualmente.
La crisis ha desbordado además la dimensión migratoria. La Fiscalía ha registrado 23 agresiones sexuales a migrantes desde la entrada masiva, cinco de ellas calificadas como violaciones, y ha advertido de la especial vulnerabilidad de las víctimas menores de edad.
En este contexto, la rebelión de los alcaldes socialistas adquiere un significado político mayor. No todos cuestionan a Sánchez ni todos comparten las críticas del PP. Pero sí coinciden en algo esencial: Ceuta no puede convertirse en una cuestión de disciplina partidista.
Cuando un alcalde socialista de una capital como León decide acudir a una concentración que Ferraz desaconseja, y otros regidores siguen el mismo camino, el problema deja de ser exclusivamente ceutí. La grieta llega al territorio del PSOE.
Y para Sánchez es una señal incómoda: cuando la solidaridad con una ciudad española empieza a desafiar las consignas de la dirección de un partido, el debate ya no es únicamente sobre inmigración. Es también sobre autoridad, autonomía política y sentido de Estado.
lunes, 31 de agosto de 2026
El desastre de Ceuta hunde a Sánchez y a sus socios: pierden ya 2,2 millones de votantes
La crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad, inmigración y gestión gubernamental para convertirse en una amenaza electoral de primer orden para Pedro Sánchez. La última encuesta de Sigma Dos para El Mundo dibuja un escenario especialmente adverso para el presidente: PSOE y Sumar perderían en conjunto 2,2 millones de votos respecto a las elecciones generales de 2023 y quedarían muy lejos de la mayoría necesaria para continuar gobernando..jpg)
Pedri, ¿y esa marca en el cuello?
El PSOE obtendría ahora el 25,4% de los votos y 101 diputados, veinte menos que los 121 conseguidos en julio de 2023. Sumar se quedaría en el 6,6% y apenas diez escaños, frente a los 31 que logró en las últimas generales. Entre ambos sumarían solamente 111 diputados. En 2023, PSOE y Sumar habían conseguido 152.
El dato más preocupante para La Moncloa no es, sin embargo, la pérdida de escaños, sino el deterioro de la confianza ciudadana. El 62,9% de los entrevistados considera mala o muy mala la gestión del Gobierno. Incluso entre los propios votantes socialistas de 2023, uno de cada cuatro desaprueba la actuación del Ejecutivo.
La valoración personal de Sánchez tampoco resiste el golpe. El presidente obtiene una nota de apenas 3 sobre 10, medio punto menos que en el anterior sondeo. Entre los jóvenes recibe un 2,8 y entre las mujeres un 2,9, precisamente dos sectores que durante los últimos años han constituido una parte esencial de su electorado.
Ceuta parece haber actuado como acelerador de un desgaste que ya venía produciéndose. La respuesta del Gobierno a la entrada masiva de inmigrantes, las contradicciones entre distintos miembros del Ejecutivo y la incertidumbre sobre el número real de personas que permanecen en la ciudad han alimentado la percepción de improvisación. En el Congreso, siete ministros tuvieron que comparecer durante más de 27 horas sin conseguir despejar completamente las dudas sobre las cifras de entradas, menores, retornados y fallecidos.
El desgaste tiene una traducción política inmediata. El 68,8% de los españoles considera que Sánchez debería dimitir o convocar elecciones. El 45,7% se inclina por que convoque comicios y deje paso a otro candidato socialista, mientras que otro 13,8% considera que debería dimitir y ser sustituido por un compañero de partido. Incluso entre quienes votaron al PSOE en 2023, el 41,7% defiende alguna de estas dos alternativas.
Mientras la izquierda retrocede, el PP y Vox avanzan. Alberto Núñez Feijóo obtendría 143 diputados y el 33,1% de los votos, mientras Santiago Abascal alcanzaría 61 escaños y el 17,9%. Juntos sumarían 204 diputados, veintiocho por encima de la mayoría absoluta.
No se trata, además, de un fenómeno exclusivamente provocado por Ceuta. Otros sondeos realizados durante agosto ya habían situado al PSOE en torno a los cien escaños y reflejado una ventaja creciente del bloque PP-Vox. Una encuesta de SocioMétrica publicada a comienzos de mes otorgaba al PP 149 diputados y a Vox 57, mientras PSOE y Sumar apenas reunían 110.
La cuestión decisiva para Sánchez es ahora si Ceuta constituye un episodio pasajero o el símbolo de un cambio de ciclo. La encuesta de Sigma Dos parece sugerir lo segundo. El PSOE conserva todavía una base electoral considerable, pero su fidelidad se ha reducido al 66,3%. Sumar presenta una situación todavía más dramática: sólo mantiene al 34,8% de sus antiguos votantes.
La crisis de Ceuta, por tanto, no ha creado por sí sola todos los problemas del Gobierno, pero los ha concentrado y hecho visibles. Seguridad, inmigración, liderazgo, desgaste interno y pérdida de confianza aparecen ahora unidos en una misma fotografía electoral.
Si esta tendencia se mantuviera hasta las próximas generales, Sánchez afrontaría las urnas desde una posición extraordinariamente vulnerable. Y sus socios, lejos de ayudarle a conservar La Moncloa, se encuentran ellos mismos en proceso de hundimiento. El dato de los 2,2 millones de votos perdidos resume el problema: el bloque que permitió a Sánchez gobernar en 2023 ya no parece capaz de reproducir aquella mayoría.
Ceuta puede terminar siendo, así, mucho más que una crisis fronteriza. Puede convertirse en el episodio que marque el principio del fin del ciclo político de Pedro Sánchez.