Si la izquierda es anticapitalista, ¿por qué le gusta tanto el dinero?

La frase es de Hugo Chávez

Se repite con frecuencia, casi como un eslogan de sobremesa, la pregunta cargada de ironía: si la izquierda es anticapitalista, ¿por qué le gusta tanto el dinero? La cuestión, formulada así, sugiere hipocresía. Pero la respuesta es más incómoda —y más profunda—: no se trata de una contradicción ideológica, sino de una lógica de poder.

La izquierda clásica nunca ha sido enemiga del dinero en sí mismo. Su crítica histórica se dirige al capitalismo como sistema de propiedad y acumulación, no al dinero como instrumento. El dinero, al fin y al cabo, no tiene ideología: es una herramienta. Lo que se discute es quién lo posee, cómo se obtiene y quién decide su destino.

En ese sentido, muchas corrientes de izquierda no aspiran a eliminar la riqueza, sino a trasladar su control. Menos capital privado concentrado y más recursos gestionados por el Estado. No menos dinero, sino distinto dueño. La diferencia no es cuantitativa, sino política.

Gobernar cuesta dinero. Mucho dinero. Servicios públicos, subsidios, infraestructuras, educación, sanidad, pensiones, burocracia, campañas electorales, redes clientelares, medios afines… todo exige recursos constantes. 

Un proyecto político que pretende ampliar el papel del Estado necesita, inevitablemente, una base financiera cada vez mayor. Por eso incluso los gobiernos más retóricamente anticapitalistas buscan inversión extranjera, explotan recursos naturales o elevan la presión fiscal: sin ingresos, no hay poder duradero.

El dinero no desaparece: cambia de manos

Existe además una distinción clave entre riqueza privada y riqueza estatal. Para buena parte de la izquierda, la primera es sospechosa porque escapa al control político; la segunda es legítima porque se presenta como colectiva. Pero lo "colectivo" suele administrarse desde estructuras muy concretas, con nombres, cargos y despachos. El dinero no desaparece: cambia de manos.

A esto se suma un factor más elemental, casi antropológico. La política no suspende la naturaleza humana. Ambición, seguridad, estatus, influencia… son motores universales, presentes en cualquier sistema. Pensar que una ideología vacuna contra ellos es una ingenuidad peligrosa. Allí donde hay poder, hay incentivos; y donde hay incentivos, hay dinero.

La izquierda contemporánea, además, dista mucho de ser monolítica. La socialdemocracia europea aceptó hace décadas la economía de mercado, aunque aspire a domesticarla mediante regulación y redistribución. Otros sectores mantienen un discurso más radical, pero en la práctica conviven con el capitalismo global porque no existe alternativa funcional a gran escala. El resultado es una tensión permanente entre retórica y realidad.

También hay un componente estratégico. Denunciar a "los ricos" moviliza emocionalmente, simplifica conflictos complejos y ofrece un antagonista claro. Prometer redistribución genera adhesión electoral inmediata. En política, las narrativas eficaces importan tanto como las coherentes.

La paradoja, por tanto, es solo aparente. La izquierda no ama el dinero como fin, sino como medio. Y el medio decisivo para transformar la sociedad —o para dominarla— es el poder estatal. Quien controla el presupuesto controla prioridades, favores, castigos y dependencias. Controla, en definitiva, la arquitectura de la vida pública.

Por eso la pregunta inicial puede reformularse de manera más precisa: no es que la izquierda anticapitalista adore el dinero; es que ningún proyecto de poder puede permitirse despreciarlo. El dinero no es el objetivo último, pero sí el combustible indispensable.

En política, como en la guerra, las proclamas ideológicas suelen arder en la primera hoguera presupuestaria.

El fascismo viste de rojo: ha cambiado de bando

"Hodio" te vigila

Durante décadas, el fascismo fue presentado como un fenómeno exclusivamente ligado a la extrema derecha, a los uniformes pardos, a las marchas marciales y a los símbolos nacionales exacerbados. Sin embargo, la historia política del siglo XXI muestra una mutación inquietante: los métodos, las pulsiones autoritarias y la intolerancia que definieron a los totalitarismos clásicos han encontrado nuevos portadores, nuevos discursos y nuevos colores. Hoy, con frecuencia, visten de rojo.

El nuevo autoritarismo no se proclama enemigo de la libertad, sino su supuesto salvador. No habla de raza ni de imperio, sino de igualdad, seguridad o justicia social. Pero bajo ese lenguaje moralmente blindado se repiten patrones conocidos: control del discurso público, estigmatización del disidente, colonización de las instituciones, presión sobre jueces y medios, y la idea de que el adversario político no es un rival legítimo, sino un enemigo peligroso al que hay que neutralizar.

La censura ya no se impone siempre con botas, sino con algoritmos, linchamientos digitales y leyes ambiguas contra el "odio" o la "desinformación" que terminan castigando opiniones incómodas. La propaganda no se llama propaganda, sino "relato". Y la uniformidad ideológica no se exige en nombre de la nación, sino de la virtud. Quien no repite las consignas correctas es señalado, aislado o expulsado del espacio público.

Paradójicamente, este fenómeno prospera en sociedades que se consideran inmunes al totalitarismo. La memoria histórica selectiva ha construido un antifascismo retórico que permite prácticas cada vez más coercitivas siempre que se ejerzan contra los "malos". Así, la intolerancia se vuelve aceptable si se presenta como defensa de la democracia, y el poder creciente del Estado se justifica como protección de los vulnerables.

El resultado es una inversión inquietante: quienes se autoproclaman herederos de la libertad adoptan tácticas de control social propias de aquello que dicen combatir. El fascismo, entendido no como una ideología concreta sino como una forma de ejercer el poder —uniformadora, excluyente, moralmente absolutista—, ya no se reconoce por el color de las banderas, sino por el desprecio hacia el pluralismo real.

Porque el autoritarismo no pertenece a una ideología fija. Es una tentación permanente del poder. Y cuando se convence a una sociedad de que la libertad es peligrosa, que la discrepancia es odio y que el Estado debe protegernos de pensar mal, el uniforme es lo de menos. Puede ser pardo, negro… o rojo.

El paraíso socialista cubano: sin comida, sin luz, sin agua, sin gasolina y sin libertad

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En Cuba, el paraíso prometido por la revolución se ha convertido en una larga cola bajo el sol. Cola para el pan, para el pollo importado, para el transporte inexistente, para cualquier cosa que permita sobrevivir un día más. La utopía terminó reducida a logística de escasez. 

La electricidad llega —cuando llega— como un visitante caprichoso. Los apagones de diez o doce horas ya no escandalizan a nadie: forman parte del paisaje. Sin corriente no hay refrigeración, no hay agua (porque las bombas no funcionan), no hay comunicaciones estables ni actividad económica. El país se apaga literalmente cada noche, como si alguien bajara el interruptor de una nación entera.

El agua potable, por su parte, se ha vuelto un lujo intermitente. Barrios enteros pasan días —o semanas— dependiendo de cisternas o de cubos almacenados. La higiene se convierte en improvisación y la dignidad en resistencia silenciosa. 

La gasolina escasea hasta niveles que paralizan la vida cotidiana. Autobuses abarrotados, camiones adaptados como transporte humano, bicicletas rescatadas de otra época. Moverse es una odisea; trabajar, un privilegio logístico. 

El dinero tampoco cumple su función. Los salarios estatales equivalen a pocos dólares al mes, insuficientes incluso para cubrir alimentos básicos. La dualidad monetaria mutó en algo peor: una economía donde el efectivo casi no sirve y donde las tiendas abastecidas venden en divisas que la mayoría no posee. 

Y por encima de todo, la ausencia de libertad. Sin prensa independiente, sin elecciones competitivas, sin derecho efectivo a disentir. La pobreza material va acompañada de una pobreza cívica cuidadosamente administrada. Quien protesta arriesga detenciones, vigilancia o el exilio forzado. 

Paradójicamente, el sistema que prometía igualdad ha igualado por abajo: todos comparten la escasez, salvo la élite política y militar, que vive en una realidad paralela abastecida y protegida.

El resultado no es un accidente ni una racha de mala suerte. Es la consecuencia previsible de un modelo que concentra el poder económico y político en las mismas manos, elimina incentivos productivos y convierte la dependencia en herramienta de control social.

Así, el "hombre nuevo" terminó siendo el ciudadano resignado: experto en sobrevivir, desconfiado por necesidad y con la maleta siempre medio preparada. Porque en el paraíso socialista cubano, el sueño no es prosperar, sino marcharse.

El votante socialista no elige entre modelos de país, sino entre identidades personales

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Durante décadas, el Partido Socialista Obrero Español ha logrado algo más profundo que ganar elecciones en España: ha moldeado el clima moral del país. No se trata solo de políticas públicas, sino de un marco mental en el que disentir equivale a desviarse de la virtud. El resultado es una cultura política donde la superioridad moral se da por supuesta y la discrepancia se penaliza socialmente. 

El votante socialista medio no es necesariamente radical ni ideologizado. Muy al contrario: suele verse a sí mismo como moderado, sensato y compasivo. Su adhesión no nace tanto de un programa concreto como de una identidad emocional: votar socialista es "estar del lado correcto de la historia". Esa percepción, cultivada durante años desde la educación, los medios y la cultura popular, convierte al partido en algo más parecido a una referencia ética que a una opción política discutible. 

Aquí aparece un fenómeno cercano al síndrome de Estocolmo político: sectores sociales perjudicados por determinadas políticas continúan respaldando a quienes las impulsan, porque el relato les persuade de que cualquier alternativa sería peor, peligrosa o moralmente sospechosa. La promesa implícita es clara: el socialismo puede equivocarse, pero nunca será malvado; sus adversarios, en cambio, sí podrían serlo. 

Desde la Transición, el mensaje subliminal ha operado con eficacia: ser "progresista" equivale a ser empático, moderno y democrático; no serlo implica, por contraste, egoísmo, atraso o insensibilidad. Esta dicotomía simplifica la complejidad política hasta convertirla en un juicio moral binario. Así, muchos votantes no eligen entre modelos de país, sino entre identidades personales. 

Ahora bien, reducir el apoyo socialista a mera manipulación sería tan simplista como la caricatura opuesta. También hay motivaciones materiales —protección social, empleo público, redistribución— y una memoria histórica que asocia al partido con la expansión del Estado del bienestar. Para amplias capas de la población, el socialismo no es una ideología abstracta, sino la garantía de cierta seguridad vital. 

La crítica más dura sostiene que, allí donde se aplica sin contrapesos, el socialismo tiende a hipertrofiar el Estado, desincentivar la iniciativa privada y erosionar instituciones. Sus defensores replican que ha sido el principal instrumento de cohesión social y reducción de desigualdades. Entre ambas visiones se mueve un electorado que, más que dogmático, es profundamente temeroso del cambio brusco. 

En última instancia, la radiografía del votante socialista revela menos una adhesión doctrinal que una alianza entre identidad moral, memoria histórica y búsqueda de protección. Entenderlo exige salir de la caricatura: no es un enemigo a derrotar ni un sujeto pasivo sin criterio, sino el producto de un ecosistema cultural y político construido durante décadas.

Y precisamente por eso, cualquier alternativa que aspire a sustituir esa hegemonía no podrá limitarse a denunciarla: deberá ofrecer un relato igual de potente, una seguridad comparable y, sobre todo, una legitimidad moral creíble. Sin eso, el marco seguirá intacto. 

Óscar López está quemado, es demasiado sanchista y eso ya no da votos

Óscar López inicia su declive

El PSOE de Madrid mira a Francisco Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, como alternativa a Óscar López. Ser demasiado sanchista se ha convertido en un lastre. 

Cuando un proyecto político entra en fase defensiva, lo primero que hace es sacrificar a sus símbolos más incómodos. Eso parece estar ocurriendo en el Partido Socialista Obrero Español de Madrid, donde la etiqueta de "sanchista puro" ha pasado de ser un mérito a convertirse en un riesgo electoral.

El caso paradigmático es Óscar López. Hombre de aparato, leal hasta el extremo a Pedro Sánchez, su perfil encaja perfectamente en la lógica interna del partido… pero choca con la sociología madrileña. Madrid no es territorio de obediencias orgánicas, sino de autonomía política. Y allí, todo lo que suene a delegación directa de Moncloa tiende a penalizarse en las urnas.

Por eso empieza a sonar con fuerza un nombre de naturaleza opuesta: Francisco Javier Ayala Ortega, alcalde de Fuenlabrada. No es casual. Representa exactamente lo que el partido necesita proyectar: gestión local, raíces territoriales, distancia prudente respecto al poder central.

De la lealtad premiada a la lealtad incómoda

El sanchismo se construyó sobre un principio claro: la fidelidad absoluta al líder. Quienes resistieron con Sánchez en los años difíciles fueron recompensados con puestos, visibilidad y poder. Pero toda política basada en la lealtad personal tiene una fecha de caducidad: cuando el líder se desgasta, sus representantes se desgastan con él.

En Madrid ese desgaste se multiplica. La hegemonía del centro-derecha obliga al PSOE a buscar candidatos capaces de atraer voto moderado y transversal. Un perfil excesivamente identificado con las decisiones más polémicas del Gobierno central reduce ese margen de maniobra.

La estrategia: podar a los "demasiado sanchistas"

No se trata de romper con Sánchez —algo impensable mientras siga en el poder— sino de despersonalizar la marca. El mensaje implícito es claro: el PSOE madrileño no quiere parecer una sucursal, sino una alternativa autónoma.

Ahí encaja Ayala. Su fortaleza no es ideológica, sino municipal. Fuenlabrada lleva décadas siendo uno de los bastiones socialistas más sólidos del área metropolitana. Gobernar allí con estabilidad proporciona credenciales de eficacia, no de aparato.

Además, su perfil permite reconstruir un discurso clásico del socialismo madrileño: servicios públicos, políticas urbanas, cercanía vecinal. Un lenguaje menos polarizado y más reconocible para el electorado tradicional.

La poda preventiva

Lo interesante es el momento. No hay elecciones inmediatas, pero sí movimientos internos. Eso sugiere una estrategia de poda preventiva: reducir el peso de los dirigentes más identificados con el sanchismo antes de que ese vínculo se convierta en un pasivo insalvable.

No es una purga abierta, sino un desplazamiento suave: menos visibilidad, menos protagonismo, más figuras territoriales en primera línea. El partido no reniega de sus leales; simplemente deja de exhibirlos.

Un síntoma de debilidad estructural

Que el PSOE madrileño busque refugio en alcaldes consolidados revela un problema más profundo: la ausencia de un liderazgo autonómico competitivo. Desde hace años, la izquierda madrileña vive en una sucesión de candidatos sin arraigo suficiente para disputar el poder regional.

En ese contexto, la tentación municipalista es comprensible. Pero también limitada. Gobernar bien una ciudad no equivale a construir una alternativa para toda una comunidad autónoma.

Conclusión

La posible promoción de Ayala no es solo un movimiento táctico contra Óscar López. Es, sobre todo, un reconocimiento implícito de que el "sanchismo puro" tiene techo electoral en Madrid. El PSOE intenta conservar la lealtad al líder sin pagar el coste de su desgaste.

La paradoja es evidente: el partido que se cohesionó alrededor de una figura personalista necesita ahora diluir esa misma personalización para sobrevivir fuera de su núcleo duro.

En política, como en jardinería, podar no siempre significa debilitar la planta. A veces es simplemente la única forma de que vuelva a crecer.

Cuba: anatomía histórica de un régimen fracasado

Asalto a un local del Partido Comunista

Todo régimen revolucionario nace prometiendo el futuro y termina administrando la escasez. El cubano no es la excepción. Desde 1959, cuando Revolución Cubana llevó al poder a Fidel Castro, el sistema se sostuvo sobre tres pilares: épica, subsidio externo y control total. Hoy, los tres están resquebrajados.

Durante décadas, el relato fundacional fue suficiente. La lucha contra Fulgencio Batista, la resistencia frente a Estados Unidos y la imagen romántica del guerrillero permitieron justificar sacrificios permanentes. La revolución no ofrecía prosperidad inmediata, pero sí un sentido histórico.

Ese capital simbólico murió con la generación que combatió en Sierra Maestra. Para los cubanos nacidos después de los años noventa, la revolución no es una gesta: es el sistema que produce apagones, salarios simbólicos y emigración masiva. La legitimidad heroica no se hereda indefinidamente.

El fin del subsidio

La economía revolucionaria nunca fue autosuficiente. Dependió primero de la Unión Soviética, cuyo colapso en 1991 desencadenó el llamado “Período Especial”, una crisis que puso al país al borde del colapso. La isla sobrevivió gracias a un nuevo patrocinador: la Venezuela de Hugo Chávez.

Hoy ese salvavidas también se hunde. Venezuela ya no puede sostener a nadie. Sin petróleo barato ni transferencias masivas, el modelo cubano queda desnudo: baja productividad, infraestructura obsoleta y un aparato estatal gigantesco incapaz de generar riqueza.

El régimen apostó a que el control político compensaría el fracaso económico. El monopolio del Partido Comunista de Cuba, la vigilancia social y la represión selectiva mantuvieron la estabilidad durante décadas.

Pero el control funciona mejor cuando la población tiene algo que perder. Cuando la vida cotidiana se vuelve invivible, el miedo pierde eficacia. Las protestas del Protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba marcaron un punto de inflexión: por primera vez en décadas, miles de personas salieron a la calle simultáneamente en todo el país.

El reciente asalto a una sede del partido es un paso más en esa erosión simbólica: ya no se cuestiona solo la gestión, sino la autoridad misma.

Las revoluciones personalistas suelen enfrentar su crisis definitiva cuando desaparece el líder fundador. Raúl Castro logró una transición controlada, pero su retirada dejó al sistema en manos de una burocracia sin carisma ni capital histórico. Miguel Díaz-Canel administra el poder, pero no lo encarna.

Sin legitimidad revolucionaria ni éxito económico, el régimen se sostiene únicamente por inercia institucional y coerción.

La fuga como plebiscito silencioso

La emigración masiva es el indicador más brutal del declive. Millones de cubanos han votado con los pies. Cada joven que abandona la isla es capital humano perdido y una señal de desconfianza absoluta en el futuro nacional.

Ningún sistema puede prosperar mientras su población más dinámica intenta escapar de él.

La historia muestra que los regímenes autoritarios rara vez caen de forma espectacular. Se desgastan lentamente, sobreviven en estado de crisis permanente y parecen estables… hasta que dejan de serlo.

Cuba se encuentra exactamente en ese punto: un sistema que ya no puede ofrecer prosperidad, que ha perdido su mito fundacional y cuya capacidad de control se erosiona con cada apagón, cada protesta y cada balsa que parte hacia el norte.

No es necesariamente el final inmediato del régimen, pero sí el final de su ciclo histórico. La revolución que prometía construir al “hombre nuevo” lucha ahora por mantener encendidas las luces de un país que se apaga.

Y cuando una revolución deja de prometer el mañana y solo puede gestionar la supervivencia del presente, su derrota ya no es ideológica: es demográfica, económica y moral.

Carlos Martínez, el candidato que no parece de Sánchez, a diferencia de Pilar Alegría y Miguel Ángel Gallardo

Carlos Martínez fue alcalde de Soria

Hay socialistas que llegan a unas elecciones envueltos en la bandera del partido y otros que lo hacen casi pidiendo que no les confundan con Ferraz. Carlos Martínez pertenece claramente a la segunda categoría. No porque reniegue de Pedro Sánchez —nadie asciende en el PSOE actual sin bendición federal—, sino porque su capital político consiste precisamente en no parecer una extensión de Moncloa.

En territorios como Castilla y León, la marca nacional socialista pesa como una losa. Allí, cada elección autonómica corre el riesgo de convertirse en un plebiscito sobre Sánchez. Y en un plebiscito así, el PSOE suele salir perdiendo antes incluso de empezar la campaña. Por eso el partido recurre a perfiles municipalistas, gestores, hombres de despacho y de ayuntamiento, no de plató ni de Consejo de Ministros.

Martínez encaja perfectamente en ese molde: alcalde de Soria, tono bajo, discurso práctico, obsesión por la despoblación y los servicios públicos. Un político que habla de carreteras antes que de trincheras culturales. Su mensaje implícito es transparente: "No soy Madrid, soy de aquí".

El contraste con figuras como Pilar Alegría resulta inevitable. Ministra, portavoz, rostro omnipresente del Ejecutivo: su perfil suma cohesión interna, pero difícilmente amplía fronteras electorales en territorios adversos. Representa el poder central; Martínez, la periferia que intenta sobrevivir a él.

Esta estrategia no es nueva. El PSOE ha gobernado históricamente regiones conservadoras cuando ha logrado que el candidato pareciera más presidente autonómico que delegado del Gobierno. Una suerte de socialismo con acento local, menos ideológico y más administrativo.

La paradoja es evidente: cuanto más débil es el partido en un territorio, más necesita candidatos que parezcan independientes del propio partido. No para romper con Sánchez, sino para que el votante pueda apoyar al socialista sin sentir que está votando a Sánchez.

En el fondo, Carlos Martínez no es el candidato que no cree en el sanchismo. Es el candidato que sabe que, en su tierra, parecer sanchista puede ser la forma más rápida de perder.

Podemos en Castilla y León: ni un solo escaño

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Hubo un tiempo —no tan lejano— en que Podemos irrumpía en la política española con la estridencia de una alarma de incendio. Prometía asaltar los cielos, desalojar a la "casta" y abrir de par en par las ventanas de un régimen que, a su juicio, llevaba décadas viciado. Hoy, en Castilla y León, ese grito se ha disuelto en un murmullo casi inaudible: menos de un uno por ciento de los votos y ni un solo escaño. No queda cielo que asaltar cuando ni siquiera se alcanza el umbral de la puerta.

La desaparición parlamentaria no es solo un dato electoral; es un símbolo. Los partidos nacen, crecen y, a veces, mueren. Pero lo que distingue a Podemos es la velocidad de su ciclo vital. De fenómeno insurgente a fuerza extraparlamentaria en apenas una década. Como ciertas estrellas fugaces, brilló con intensidad deslumbrante y se consumió con la misma rapidez.

No es difícil encontrar causas. La primera, la más obvia, es la fragmentación de ese difuso territorio político situado a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Cuando las siglas se multiplican, los votos se dividen y los escaños se evaporan. La segunda es más profunda: el paso del tiempo convierte a los revolucionarios en gestores, y a los gestores en responsables de aquello mismo que prometieron combatir. Gobernar desgasta; hacerlo sin cumplir las expectativas, desgasta el doble.

También pesa el desencanto. La política del gesto —tan eficaz para irrumpir— suele ser impotente para consolidarse. Las consignas movilizan, pero no siempre construyen. Y cuando el entusiasmo se enfría, lo que queda es la aritmética electoral, implacable como un balance contable.

Castilla y León, territorio sobrio y poco dado a entusiasmos súbitos, ha certificado con crudeza ese agotamiento. Allí donde antaño hubo procuradores morados, ahora solo hay silencio. Un silencio que no es estruendoso ni dramático, sino administrativo: el silencio de quien ya no cuenta.

Quizá lo más revelador no sea la derrota en sí, sino la ausencia de sorpresa. Nadie esperaba un triunfo; pocos anticipaban un resultado tan exiguo. Cuando la caída deja de escandalizar, es que el declive lleva tiempo instalado.

La política española es pródiga en ascensos fulgurantes y caídas abruptas, pero rara vez concede segundas oportunidades idénticas a la primera. Podemos nació como síntoma de una crisis y como respuesta emocional a una época convulsa. Si esa emoción se disipa —o se canaliza hacia otras siglas—, el partido se queda sin combustible.

Al final, los movimientos que prometen cambiarlo todo suelen enfrentarse a una paradoja cruel: o transforman la realidad y dejan de ser necesarios, o no lo logran y dejan de ser creíbles. En Castilla y León, los votantes han dictado su veredicto con la frialdad de quien cierra un capítulo ya leído.

No hubo estruendo al caer el telón. Solo la constatación, casi burocrática, de que el actor ya no está en escena.

El hodiómetro sanchista: hacia el Estado totalitario

El Gran Hermano

Hay inventos que nacen para mejorar la vida y otros que nacen para mejorar el poder. El hodiómetro —ese artilugio con nombre de electrodoméstico moral— pertenece sin duda a la segunda categoría. Se nos dice que servirá para medir el odio, como si el odio fuera una sustancia derramada en el suelo y no una pasión humana tan antigua como la envidia o el amor. Medir el odio: la ambición de los nuevos ingenieros del alma.

Antaño los gobiernos construían carreteras, presas o ferrocarriles. Hoy construyen observatorios, protocolos y herramientas de monitorización. Es el progreso administrativo: menos piedra y más algoritmo. El Estado ya no aspira a ordenar el territorio, sino a ordenar las emociones.

El ciudadano, mientras tanto, deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en una variable estadística.

No es un fenómeno exclusivamente español. Al otro lado del Atlántico se ensayaron hace décadas versiones más ruidosas del mismo impulso. 

En Cuba, Fidel Castro no necesitó aparatos sofisticados: le bastó con declarar que todo discrepante era un enemigo de la revolución. La etiqueta hacía el trabajo sucio. Quien odia al régimen, odia al pueblo; y quien odia al pueblo merece ser silenciado por el pueblo.

En Venezuela, Hugo Chávez refinó el método con una liturgia televisiva que convertía cada crítica en conspiración y cada periodista incómodo en agente del imperialismo. No hacía falta demostrar nada: bastaba con nombrarlo. La palabra sustituía al juicio.

En Nicaragua, Daniel Ortega optó por una solución más directa y menos literaria: quien incomoda al poder no odia, traiciona. Y la traición, como se sabe, no se discute; se castiga.

España no es ninguna de esas repúblicas fatigadas por el caudillismo, pero tampoco está vacunada contra la tentación de la pedagogía autoritaria. Siempre hay un gobernante convencido de que el pueblo es demasiado libre para su propio bien y necesita un tutor ilustrado que module sus excesos verbales.

El hodiómetro nace de esa convicción paternalista. No se prohíbe hablar; se vigila cómo se habla. No se castiga la disidencia; se clasifica su tono. Es una censura sin tinta roja, una vigilancia sin uniforme, una policía sin silbato.

El poder moderno ha aprendido que lo más eficaz no es callar al adversario, sino rodearlo de un clima moral que lo vuelva sospechoso. Nadie quiere ser señalado como odiador profesional, de la misma forma que nadie quiere ser señalado como traidor o hereje. La etiqueta precede al silencio.

Hay además algo profundamente melancólico en estos proyectos. Revelan un miedo casi infantil a la intemperie de la libertad. La democracia produce ruido, fricción, exageraciones, incluso injusticias verbales. Pretender una democracia sin estridencias es como pretender un mar sin oleaje: puede existir, pero se llamaría lago.

El hodiómetro aspira a convertir el océano político en una piscina climatizada. Agua limpia, temperatura estable, ningún sobresalto. Solo que las piscinas no tienen mareas, ni peces, ni horizontes.

¿Quién decide qué es odio?

Queda, por último, la cuestión esencial: ¿quién decide qué es odio? No es una pregunta retórica, sino constitucional. Porque si el mismo poder que gobierna es el que define el límite moral de la crítica, la democracia deja de ser un sistema de control del poder para convertirse en un sistema de control de los gobernados.

Los viejos liberales desconfiaban de los gobiernos que querían hacernos virtuosos por decreto. Los nuevos parecen dispuestos a hacernos amables por algoritmo.

Tal vez dentro de unos años el hodiómetro sea recordado como una extravagancia tecnocrática o como el primer paso de algo más ambicioso. La historia tiene esa ironía: los instrumentos de vigilancia siempre se presentan como provisionales y siempre acaban pareciendo inevitables.

Mientras tanto, el ciudadano observa el aparato con la misma inquietud con que se mira una báscula en casa ajena: no sabe exactamente qué mide ni qué consecuencias tendrá el resultado.

Y sospecha, con razón, que el problema no es el odio que pueda detectar la máquina, sino el poder que adquiere quien la sostiene.

"Torrente, presidente" arrasa en taquilla: es un termómetro social

No puedo ser más feliz.

El regreso de Santiago Segura con Torrente, presidente no es solo un éxito de taquilla: es un termómetro social. Cuando cerca de 300.000 personas llenan las salas en un solo día para ver a un personaje grosero, corrupto y políticamente incorrecto convertido en jefe del Estado, el fenómeno dice más sobre el país que sobre el cine.

La película arranca con una escena ya convertida en munición de tertulia: en el bar del "chino facha", Torrente sentencia —sin filtros ni matices—: "Son los socialistas los que están destruyendo el país; nos prometieron el oro y el moro, el oro se lo han quedado ellos y nos han llenado el país de moros". La frase, brutal y deliberadamente ofensiva, resume la esencia del personaje: un espejo deformante que devuelve la imagen más cruda, vulgar y resentida de la conversación pública.

No es casual que las risas se mezclen con incomodidad. Torrente no inventa ese discurso: lo exagera hasta hacerlo obsceno. Su éxito sugiere que existe un público que reconoce esas palabras porque las oye —o las piensa— fuera del cine. Ahí reside el peligro… y la eficacia de la sátira.

Durante el metraje, los dardos apuntan con insistencia al gobierno de Pedro Sánchez, a la corrección política y a una clase dirigente retratada como dependiente del dinero público —"con los impuestos de todos"—, con guiños a figuras como José Luis Ábalos y hasta un cameo del reportero Vito Quiles interpretándose a sí mismo. Nada queda a salvo del humor grueso: ni el lenguaje inclusivo, ni los lobbies, ni la cultura del escándalo permanente.

Que ocho de cada diez espectadores eligieran esta película —superando incluso a Ocho apellidos catalanes en su estreno— indica que el personaje sigue tocando una fibra profunda. Torrente funciona porque no es un héroe: es el anticiudadano perfecto. Machista, racista, corrupto, ignorante… y, sin embargo, familiar.

La pregunta incómoda no es por qué existe Torrente, sino por qué sigue siendo rentable. Tal vez porque la política española lleva años moviéndose entre la indignación moral y el esperpento, dejando un terreno fértil para que la caricatura parezca casi realismo.

Al final, Torrente, presidente no es una propuesta ideológica coherente ni un panfleto sofisticado. Es algo más simple y más inquietante: la constatación de que, en tiempos de polarización, la burla grosera puede convertirse en la forma más eficaz —y rentable— de crítica política. Cuando la realidad parece una parodia, la parodia solo necesita subir un poco el volumen. Y el público, riendo, decide si está viendo ficción… o un reflejo demasiado cercano de la realidad.