El PSOE se fractura por la crisis de Ceuta

Invasión de Ceuta

La crisis de Ceuta ha abierto una grieta incómoda en el PSOE. No se trata, por ahora, de una rebelión organizada contra Pedro Sánchez ni de una ruptura formal de la disciplina interna, pero sí de algo que puede resultar políticamente más peligroso: militantes y dirigentes socialistas empiezan a cuestionar en público la gestión del Gobierno y reclaman una respuesta más firme ante una crisis que ha desbordado a la ciudad autónoma.

La entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos a finales de julio convirtió Ceuta en el escenario de una de las mayores crisis migratorias y fronterizas de la historia reciente de España. El propio Sánchez calificó lo ocurrido de «violación y ataque a la integridad territorial» y aseguró que el Estado emplearía todos sus recursos para garantizar la seguridad de los ceutíes.

Pero las palabras presidenciales no han cerrado el debate dentro del socialismo.

La corriente interna ReActiva ha denunciado que militantes de distintas federaciones habrían recibido presiones para borrar publicaciones, rectificar opiniones o guardar silencio sobre la gestión de la crisis. El grupo reclama explicaciones sobre qué falló en la coordinación con Marruecos, por qué los recursos de acogida estaban desbordados y cuál es el plan del Ejecutivo más allá de las medidas inmediatas. 

El asunto resulta especialmente delicado porque las críticas proceden del propio campo socialista. ReActiva sostiene que defender fronteras eficaces, procesos de asilo ágiles y una política migratoria ordenada no contradice los principios progresistas. Al contrario, afirma que la ausencia de control y planificación puede terminar alimentando precisamente los discursos populistas que el PSOE pretende combatir. 

La situación es todavía más reveladora en el propio PSOE de Ceuta. La crisis ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre dirigentes locales. Mientras el secretario general y delegado del Gobierno, Miguel Pérez Triano, ha mantenido su respaldo a la actuación del Ejecutivo, otros cargos socialistas participaron en la manifestación ciudadana convocada para expresar el malestar por la situación de la ciudad. Incluso el secretario de Organización pidió a los militantes que acompañaran a los ceutíes, aunque evitando consignas contra Sánchez o contra el delegado del Gobierno.

No es un detalle menor. Para cualquier partido que aspire a gobernar, encontrarse dividido precisamente en el territorio que sufre la crisis supone un serio problema político.

Mientras tanto, el Gobierno ha intentado recuperar el control. Sánchez convocó reuniones de coordinación y anunció refuerzos policiales y militares, barreras marítimas y la agilización de los procedimientos de retorno. El Ejecutivo también ha anunciado medidas para atender a quienes permanecen en Ceuta y ha solicitado la comparecencia de varios ministros en el Congreso para explicar la gestión de la crisis.

Sin embargo, la presión no desaparece. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, reclama blindar la frontera con más policías, guardias civiles y presencia militar, mientras los sindicatos policiales sostienen que el Gobierno había recibido advertencias antes de la llegada masiva y que la respuesta preventiva fue insuficiente.

Y ahí se encuentra el verdadero problema para Sánchez.

Ceuta no es únicamente una cuestión migratoria. Es una frontera exterior de la Unión Europea, un territorio español situado frente a Marruecos y un punto extraordinariamente sensible desde el punto de vista de la seguridad nacional. Cuando una ciudad de poco más de 80.000 habitantes se ve obligada a afrontar una llegada masiva que supera ampliamente su capacidad de acogida, el debate deja de ser exclusivamente humanitario y pasa necesariamente por la seguridad, el control fronterizo, la cooperación internacional y la defensa de la soberanía española.

La respuesta del PSOE no puede limitarse, por tanto, a pedir solidaridad con los migrantes o denunciar la utilización política de la tragedia. También debe responder a una pregunta elemental: ¿qué está haciendo el Estado para impedir que vuelva a ocurrir?

Las voces críticas dentro del socialismo parecen haber entendido esa necesidad. No reclaman necesariamente una política de puertas cerradas, sino una política de fronteras que funcione. Y eso puede convertirse en una cuestión electoral decisiva.

Porque el problema de Sánchez ya no está solamente fuera del PSOE. Ha comenzado a aparecer dentro.

La crisis de Ceuta puede terminar siendo un episodio pasajero. Pero también puede convertirse en el catalizador de un debate que el socialismo español lleva años evitando: cómo conciliar solidaridad, inmigración, seguridad y defensa efectiva de las fronteras.

Y cuando ese debate empieza a producirse en las propias filas del partido, el problema deja de ser únicamente la crisis de Ceuta y se convierte en una crisis política del PSOE.

El Gobierno feminista calla ante las 15 agresiones sexuales denunciadas en Ceuta

Y el presidente de vacaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha construido buena parte de su identidad política alrededor del feminismo, la defensa de las mujeres y la lucha contra las violencias sexuales. Sin embargo, la grave situación que se vive actualmente en Ceuta plantea una pregunta incómoda: ¿dónde está ese feminismo cuando las víctimas son niñas y mujeres migrantes?

Desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, se han denunciado en Ceuta 15 casos de agresión sexual, la mayoría de ellos con menores como víctimas, según fuentes policiales citadas por Reuters. La misma información señala que la Justicia ceutí ha tramitado tres casos confirmados relacionados con migrantes marroquíes y que los servicios sanitarios han atendido a cinco mujeres por violencia sexual. 

La situación se produce en un contexto de extraordinaria vulnerabilidad. Miles de personas continúan en Ceuta después de la entrada masiva del 30 de julio. El Ministerio del Interior ha elevado a 2.168 los menores identificados, mientras los servicios de acogida permanecen desbordados. 

Las organizaciones humanitarias han advertido especialmente de la situación de las niñas. Save the Children ha reclamado medidas específicas de protección y se han habilitado espacios separados para ellas ante el temor de nuevas agresiones. La situación es tan preocupante que algunas menores han relatado su miedo a desplazarse por los asentamientos durante la noche. 

El problema, por tanto, no consiste únicamente en perseguir a los presuntos agresores después de que se produzca un delito. Consiste también en evitar que niñas y mujeres queden expuestas a situaciones previsibles de peligro.

Y aquí aparece la contradicción.

El Ministerio de Igualdad proclama como una de sus prioridades la lucha contra las violencias sexuales y dispone de mecanismos específicos para acreditar y atender a las víctimas, incluidas las menores. El propio Gobierno ha destinado recursos a programas de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y de prevención de abusos contra menores.

Entonces, ¿por qué la crisis de Ceuta no ocupa un lugar central en ese discurso?

No se trata de criminalizar a los migrantes ni de convertir unos delitos concretos en una condena colectiva. Sería injusto y demagógico. Los responsables de una agresión son quienes la cometen, no un colectivo entero.

Pero tampoco puede existir una doble vara de medir. Si una niña es víctima de violencia sexual, su condición de española, extranjera, migrante o refugiada debería ser absolutamente irrelevante para el feminismo. Una niña es una niña. Y su protección debería estar por encima de cualquier consideración política.

El Gobierno acaba de acordar con Ceuta nuevos espacios de acogida para unas 1.500 personas, mientras reconoce la gravedad de la crisis humanitaria. Es una medida necesaria, pero llega después de semanas de desbordamiento.

El feminismo se demuestra precisamente cuando resulta incómodo. Defender a las mujeres cuando el agresor pertenece al entorno que uno considera políticamente conveniente es fácil; defenderlas cuando hacerlo obliga a cuestionar una política migratoria o una gestión gubernamental resulta mucho más difícil.

Las niñas de Ceuta no necesitan consignas. Necesitan protección, seguridad, atención médica, investigación judicial y responsables ante la Justicia. Y, sobre todo, necesitan que nadie las convierta en víctimas invisibles por razones políticas.

El legado del castrismo en Cuba: el 94% de la población vive en pobreza extrema

El comunismo produce miseria.

Cuba llega al centenario del nacimiento de Fidel Castro sumida en una de las peores crisis económicas y sociales de su historia reciente. El dato más estremecedor acaba de ser difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH): el 94% de los cubanos vive actualmente en situación de pobreza extrema, cinco puntos más que un año antes. 

La cifra procede del IX Estudio sobre Derechos Sociales en Cuba, elaborado a partir de 1.318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en todas las provincias y en 79 municipios. El OCDH utiliza como referencia un ingreso inferior a 1,90 dólares diarios por persona y calcula que un hogar de tres miembros necesitaría unos 171 dólares mensuales para superar ese umbral. El 68% de los hogares consultados declara ingresos inferiores a 20.000 pesos cubanos mensuales, unos 30 dólares según el tipo de cambio empleado en el estudio. 

El contraste resulta demoledor. Durante décadas, el castrismo presentó la revolución como un modelo alternativo al capitalismo, basado en la igualdad social, la educación, la sanidad pública y la protección de los trabajadores. Sin embargo, seis décadas después de la llegada de Fidel Castro al poder, la economía cubana es incapaz de garantizar a una mayoría de sus ciudadanos algo tan elemental como una alimentación suficiente.

Ocho de cada diez cubanos aseguran haber tenido que dejar de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o alimentos. Entre los mayores de 61 años la situación es todavía peor: nueve de cada diez han omitido alguna comida. 

Y el hambre no es el único síntoma del deterioro. Los apagones se han convertido en el principal problema señalado por los ciudadanos: el 70% los considera la cuestión más urgente. Le siguen la crisis alimentaria, con el 52%; el coste de la vida, con el 45%; y los problemas sanitarios y la falta de medicamentos, con el 34%. 

La infraestructura pública tampoco escapa al hundimiento. Electricidad, recogida de basuras, telefonía e internet, agua, hospitales y carreteras reciben valoraciones mayoritariamente negativas. La crisis energética ha llegado a provocar apagones de muchas horas, mientras la falta de combustible paraliza transporte y actividades económicas. Informaciones recientes describen cortes eléctricos que en algunas zonas llegan a superar las 20 horas diarias. 

Pero hay otro dato especialmente significativo: el 95% de los entrevistados desaprueba la gestión económica y social del Gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz. Solo un 3% la valora positivamente. Además, el 84% desconfía de las últimas medidas económicas anunciadas por La Habana. 

Naturalmente, sería simplista atribuir todos los males cubanos exclusivamente al castrismo. El embargo estadounidense y las sanciones han tenido efectos económicos importantes y forman parte de la explicación de la crisis. Organismos internacionales han advertido también de su impacto sobre el acceso a recursos y medicamentos. 

Pero el embargo no explica por sí solo seis décadas de economía centralizada, falta de libertades económicas, baja productividad, empresas estatales ineficientes, ausencia de competencia y un sistema político que ha limitado durante años la iniciativa privada. De hecho, las recientes reformas que permiten una mayor presencia del sector privado constituyen un reconocimiento implícito de las limitaciones del modelo anterior.

El legado económico del castrismo queda así reducido a una paradoja histórica: un régimen que prometió acabar con la pobreza ha terminado convirtiendo la pobreza extrema en la condición de vida de prácticamente toda una población.

Cuba necesita algo más que nuevas consignas y reformas parciales. Necesita recuperar la libertad económica, la propiedad privada, la seguridad jurídica y unas instituciones capaces de rendir cuentas ante los ciudadanos.

El 94% no es simplemente una estadística. Detrás de ese porcentaje hay millones de personas que pasan hambre, sufren apagones, carecen de medicamentos y ven marcharse a sus hijos. Es, sobre todo, el retrato de un fracaso político y económico que ya resulta imposible ocultar.

Abascal acusa a Sánchez de abandonar Ceuta para entregársela a Marruecos

Santiago Abascal

La crisis migratoria que ha sacudido Ceuta ha abierto una nueva batalla política sobre el futuro de la ciudad autónoma y sobre la relación de España con Marruecos. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber abandonado a los ceutíes y de estar favoreciendo, con su política exterior, los intereses de Rabat. Su acusación es especialmente grave: sostiene que el Ejecutivo estaría dejando deteriorarse la situación hasta hacer posible una futura entrega de Ceuta a Marruecos. 

Entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas atravesaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta. Las estimaciones oficiales manejadas en los últimos días sitúan la cifra entre 72.000 y 80.000 entradas, un episodio sin precedentes para una ciudad de poco más de 83.000 habitantes. La llegada masiva desbordó las capacidades de acogida y obligó a movilizar recursos extraordinarios.

La situación sigue siendo delicada. Miles de inmigrantes permanecen en Ceuta y las autoridades locales reclaman más medios para atender especialmente a los menores no acompañados. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha llegado a advertir al Gobierno central de que recurrirá a los tribunales si en un plazo de 30 días no se produce una mejora sustancial de la situación.

Vox interpreta estos acontecimientos como el resultado de una política de debilidad frente a Marruecos. Su argumento parte de una realidad difícil de discutir: la estabilidad de Ceuta depende en buena medida de la cooperación marroquí para controlar su frontera. Y esa dependencia convierte a Rabat en un actor decisivo.

El problema es que Marruecos nunca ha renunciado formalmente a sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. De hecho, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha vuelto recientemente a cuestionar públicamente la soberanía española sobre ambas ciudades y ha insistido en que Marruecos continúa reivindicándolas.

Frente a esta presión, el Gobierno de Sánchez mantiene su estrategia de cooperación con Rabat. El Ejecutivo considera que la colaboración marroquí es imprescindible para controlar la frontera y ha rechazado modificar sustancialmente su política bilateral a raíz de la crisis. José Manuel Albares ha asegurado, además, que las personas que hayan entrado irregularmente serán devueltas a Marruecos dentro del marco legal y ha defendido que la pertenencia de Ceuta al espacio Schengen está garantizada.

Sin embargo, esa estrategia tiene un punto débil: cuanto mayor sea la dependencia española de Marruecos, mayor será también la capacidad de Rabat para utilizar la frontera como instrumento de presión política. La experiencia de los últimos años demuestra que las relaciones entre ambos países pueden deteriorarse rápidamente.

La cuestión, por tanto, no es solamente si Sánchez pretende entregar Ceuta, sino si su política hacia Marruecos está protegiendo suficientemente los intereses españoles. La expulsión reciente de periodistas españoles de Castillejos mientras cubrían la crisis fronteriza constituye, además, un episodio preocupante.

Ceuta no necesita consignas, pero tampoco necesita silencios. Necesita una política de Estado que combine seguridad fronteriza, defensa inequívoca de la soberanía española, cooperación europea y relaciones firmes con Marruecos.

Jóvenes españoles: precariedad laboral y salud mental

Precariedad y salud mental.

España ha mejorado algunos de sus indicadores laborales, pero para buena parte de los jóvenes esa mejora estadística no se ha traducido en una vida más independiente ni en mayor seguridad ante el futuro. El problema ya no es solamente encontrar trabajo: es conseguir que ese trabajo permita vivir dignamente, pagar una vivienda y construir un proyecto de vida. Y esa incertidumbre tiene consecuencias que van más allá de la economía: afecta también a la salud mental.

Los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España son reveladores. La tasa de emancipación de los jóvenes se ha situado en apenas el 14,5 %, mínimo histórico, mientras que la edad estimada para poder independizarse alcanza los 30,2 años. El alquiler medio asciende a 1.176 euros mensuales, equivalente al 98,7 % del salario medio de una persona joven. 

La consecuencia es paradójica. Aunque el mercado laboral ha mejorado respecto a los años posteriores a la crisis financiera, tener empleo no garantiza la autonomía. Muchos jóvenes siguen dependiendo de sus padres para pagar el alquiler, compartir vivienda o simplemente llegar a final de mes. Un reciente informe de CCOO sitúa en el 31 % la proporción de jóvenes de 18 a 34 años que viven de manera independiente sin ayuda familiar, diez puntos menos que en 2016. 

La precariedad no consiste únicamente en tener un contrato temporal. También significa cobrar poco, no saber cuánto durará el empleo, cambiar continuamente de vivienda o comprobar que ahorrar para comprar una casa resulta prácticamente imposible. Cuando una persona joven percibe que, pese a estudiar y trabajar, no puede avanzar hacia la vida adulta, aparece una sensación especialmente dañina: la de estar atrapada.

Y ahí entra la salud mental.

Un estudio publicado en 2026 en la Revista Española de Salud Pública ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre diferentes dimensiones de la precariedad laboral y los problemas de salud mental. La investigación concluye, además, que el impacto de la precariedad salarial es mayor entre los jóvenes que entre los trabajadores de más edad. 

La explicación es bastante comprensible. La incertidumbre económica dificulta planificar. Una persona que no sabe si podrá renovar su contrato difícilmente puede decidir cuándo independizarse, formar una familia, comprar una vivienda o incluso establecerse definitivamente en una ciudad. La inseguridad se convierte así en una condición permanente.

El problema tampoco termina en el salario. La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento juvenil. Según el Consejo de la Juventud, el riesgo de pobreza de los jóvenes que viven de alquiler aumenta del 25,9 % al 43 % después de pagar la vivienda. 

La presión económica puede traducirse en ansiedad, frustración, desánimo y sensación de fracaso personal. Este último aspecto resulta especialmente preocupante. Durante décadas se transmitió a los jóvenes la idea de que estudiar, esforzarse y trabajar permitiría progresar. Cuando esa promesa deja de cumplirse, algunos pueden interpretar un problema estructural como un fracaso individual.

El Informe PRESME 2025, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, analiza precisamente la relación entre precariedad laboral y salud mental y subraya la dimensión social y laboral del problema. 

No se trata, por tanto, de presentar a toda una generación como enferma ni de atribuir cualquier problema psicológico a la precariedad. La salud mental depende de múltiples factores. Pero sería igualmente irresponsable ignorar la relación entre inseguridad económica, vivienda inaccesible y bienestar psicológico.

España necesita algo más que buenos datos de empleo. Necesita que trabajar permita vivir, ahorrar y mirar hacia adelante. Porque una sociedad que obliga a sus jóvenes a retrasar indefinidamente la emancipación no solo está creando un problema económico: está trasladando a una generación entera una incertidumbre que puede terminar pagando también con su salud mental.

La vida de las hijas de Zapatero, tres meses después del escándalo

Zapatero y sus hijas.

Tres meses después de que el caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero irrumpiera con fuerza en los tribunales, la vida de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, ha cambiado radicalmente. De mantener un perfil discreto y centrado en su actividad profesional han pasado a estar bajo el foco mediático y judicial por su vinculación con What The Fav, la empresa de comunicación y marketing que ambas administran.

El 19 de mayo, la Audiencia Nacional abrió una nueva etapa en el caso Plus Ultra al investigar a Zapatero por presuntos delitos relacionados con organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Ese mismo día, la UDEF registró su despacho y la sede de What The Fav. 

La situación de las hermanas se complicó semanas después. El 18 de junio, el juez José Luis Calama acordó investigarlas formalmente por su posible participación en el entramado societario analizado en la causa. El magistrado consideró que la sociedad que administran podía haber tenido un papel instrumental en la canalización y redistribución de fondos. 

La investigación policial había puesto el foco en What The Fav. Según un informe de la UDEF, la empresa recibió 239.755 euros de Análisis Relevante, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez, una de las figuras centrales de la investigación. Los agentes cuestionaron si determinadas facturas respondían a servicios reales o si podían haber servido para dar cobertura formal a movimientos económicos. 

Laura y Alba, sin embargo, habían construido hasta entonces una vida bastante alejada de la política. Ambas residen en Madrid, en el barrio de Valdezarza, donde poseen viviendas próximas entre sí. Laura adquirió la suya en 2024 y Alba compró posteriormente otra propiedad en la misma zona. 

Sus trayectorias profesionales también son diferentes. Laura se ha movido fundamentalmente en el ámbito audiovisual, mientras que Alba estudió Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas y posteriormente se orientó hacia el marketing digital, las redes sociales y la gestión de marcas. En 2023 ambas quedaron al frente de What The Fav. 

Ahora, según informaciones publicadas este 14 de agosto, las dos hermanas han reducido considerablemente sus apariciones públicas. Sus rutinas parecen limitarse a su entorno más cercano y a los paseos por Valdezarza, acompañadas de su perro. También se señala que este verano no habrían acudido a la vivienda familiar de Lanzarote, otro de los lugares asociados tradicionalmente a las vacaciones de la familia. 

El contraste resulta llamativo. Las dos jóvenes que en su adolescencia se hicieron famosas por aquella fotografía junto a Barack Obama habían conseguido después desaparecer prácticamente de la vida pública. Su actividad profesional les permitía mantener un perfil discreto. La investigación judicial ha alterado esa normalidad.

Por ahora, el dato más visible es que las hijas de Zapatero han optado por cerrar filas, reducir su exposición y refugiarse en una vida mucho más privada. El escándalo que comenzó afectando al expresidente ha terminado colocando también a sus dos hijas bajo una lupa de la que, durante años, habían conseguido mantenerse alejadas.

El 70% de los jóvenes españoles necesita ayuda familiar para llegar a fin de mes

Joven sin empleo, sin vivienda y sin futuro.

España se enfrenta a una paradoja que debería preocupar seriamente a cualquier Gobierno: los jóvenes tienen hoy más empleo, más formación y mejores condiciones laborales que hace una década, pero son menos independientes económicamente. La vivienda se ha convertido en el gran muro que separa a una generación de su proyecto de vida.

Según el informe «Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación», elaborado por Comisiones Obreras a partir de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida y otras estadísticas públicas, solo el 31% de los españoles de entre 18 y 34 años vive de forma independiente sin necesitar ayuda económica de su familia. En 2016 eran el 41%. Es decir, España ha perdido diez puntos en menos de una década, la mayor caída entre los países europeos analizados. 

La otra cara de la estadística resulta todavía más reveladora: el porcentaje de jóvenes que viven con sus padres o reciben dinero de ellos ha pasado del 58,9% al 68,7%. De ahí que pueda afirmarse que aproximadamente siete de cada diez jóvenes necesitan algún tipo de respaldo familiar para sostener su autonomía económica. 

Y todo esto ocurre cuando el mercado laboral ha experimentado una notable mejoría. El desempleo juvenil, que llegó a acercarse al 40% en 2013, ronda actualmente el 16%. La temporalidad también ha descendido de manera considerable, desde alrededor del 56% en 2018 hasta el 32% durante el primer semestre de 2026. Los salarios juveniles, además, han aumentado. 

Entonces, ¿qué está fallando?

La respuesta principal está en la vivienda. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España sitúa la tasa de emancipación juvenil en apenas el 14,5%, mínimo histórico, y calcula que la edad media para independizarse ha alcanzado los 30,2 años. El alquiler medio llega a 1.176 euros mensuales, equivalente al 98,7% del salario medio de una persona joven. 

Los datos del INE confirman el problema. En 2025, el 67,1% de las personas de 18 a 34 años convivía con sus padres. Entre los jóvenes de 26 a 34 años, el 44,3% seguía en el hogar familiar y casi la mitad señalaba como principal motivo no poder permitirse comprar o alquilar una vivienda. 

Comprar tampoco resulta una alternativa sencilla. El informe de CCOO estima que en las grandes ciudades se necesitan alrededor de 70.000 euros de ahorro para afrontar la adquisición de una vivienda. Mientras tanto, el precio medio de los pisos aumentó casi un 10% en 2025, hasta 2.354 euros por metro cuadrado. 

El problema, por tanto, no es simplemente que los jóvenes no quieran independizarse. Es que, incluso cuando estudian, trabajan y mejoran sus condiciones laborales, el coste de la vivienda absorbe buena parte de sus ingresos. La familia se convierte así en una especie de banco privado que financia lo que el mercado laboral y las políticas públicas no consiguen proporcionar.

El Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla ayudas específicas para la emancipación juvenil, alquileres y compra de vivienda en determinados municipios. Pero la magnitud del problema exige algo más que ayudas puntuales: aumentar de forma significativa la oferta de vivienda asequible y pública y conseguir que trabajar vuelva a ser suficiente para construir una vida independiente.

Porque una sociedad que ofrece a sus jóvenes formación y empleo, pero les obliga a seguir dependiendo económicamente de sus padres hasta los treinta años o más, tiene un problema mucho más profundo que una simple estadística de vivienda. Tiene un problema de futuro.

El fraude electoral de 1936

Militantes del Frente Popular

Las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 constituyen uno de los episodios más controvertidos de la Segunda República española. Durante décadas se presentó como un hecho indiscutible que el Frente Popular obtuvo una victoria electoral limpia que le permitió alcanzar la mayoría absoluta. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado seriamente esa interpretación y han documentado irregularidades durante el escrutinio y la posterior atribución de escaños.

La investigación más conocida en este sentido es la realizada por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, "Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular". Tras estudiar durante años las actas electorales y otras fuentes primarias, ambos sostienen que las elecciones no fueron un simple «pucherazo» nacional, pero sí estuvieron acompañadas de fraudes localizados y de una presión política y callejera que terminó alterando el resultado parlamentario. 

El problema no estuvo necesariamente en el acto de votar del 16 de febrero, sino, sobre todo, en lo que ocurrió después. El recuento se desarrolló en un clima de enorme tensión. Entre el 16 y el 19 de febrero se produjeron disturbios y presiones políticas que contribuyeron a la dimisión del presidente del Gobierno, Manuel Portela Valladares. Manuel Azaña pasó entonces a encabezar un nuevo Gobierno cuando el proceso electoral todavía no había concluido. 

Según Álvarez Tardío y Villa, en determinadas circunscripciones aparecieron actas modificadas, recuentos cuestionables, escrutinios realizados sin todas las garantías y resultados que no coincidían con los datos inicialmente conocidos. Señalan especialmente los casos de La Coruña, Cáceres, Jaén, Valencia, Málaga y Santa Cruz de Tenerife. Su conclusión es que alrededor de medio centenar de escaños pudieron quedar afectados por irregularidades. 

La importancia de esta cuestión es enorme. El Frente Popular obtuvo finalmente una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar. Pero los investigadores sostienen que, antes de las modificaciones posteriores al recuento, las estimaciones disponibles situaban sus escaños en torno a 216-217, frente a los 240 que acabaría obteniendo. De confirmarse esa reconstrucción, las irregularidades no habrían creado la victoria electoral desde cero, pero sí habrían sido decisivas para transformar una victoria relativa en una mayoría absoluta. 

Ahora bien, conviene evitar otra simplificación. No existe consenso historiográfico en que las elecciones fueran globalmente un fraude que invalidara la victoria del Frente Popular. Investigaciones más recientes, como la del historiador Carmelo Romero, sostienen que el Frente Popular sí ganó las elecciones y que, aunque existieron irregularidades y violencia, no puede hablarse de un fraude sistémico capaz de anular el resultado. 

Por tanto, la cuestión histórica no debería plantearse como una elección entre dos consignas: «el Frente Popular ganó limpiamente» o «todo fue un pucherazo». La documentación disponible apunta a una realidad bastante más incómoda: unas elecciones celebradas en un ambiente de extraordinaria violencia y polarización, seguidas de un proceso de escrutinio en el que se produjeron irregularidades importantes y todavía discutidas por los historiadores.

Lo que sí parece difícil de sostener hoy es la imagen de unas elecciones absolutamente normales y transparentes. Pero tampoco sería históricamente riguroso convertir las irregularidades documentadas en una explicación total de la victoria del Frente Popular.

La verdadera lección de febrero de 1936 quizá sea otra: cuando las instituciones electorales pierden credibilidad, cuando la violencia sustituye al debate y cuando los vencedores y perdedores dejan de aceptar las reglas comunes, la democracia queda herida de muerte. Cinco meses después, España entraría en la tragedia de la Guerra Civil.

Cómo sobrevivir al sanchismo sin entrar en el juego de la crispación

Sanchismo

Hay épocas políticas que se soportan con paciencia. Otras obligan a desarrollar una auténtica estrategia de supervivencia. Para buena parte de la sociedad española, la era de Pedro Sánchez pertenece a la segunda categoría.

El término «sanchismo» se ha convertido en algo más que una etiqueta partidista. Sus críticos lo utilizan para describir una forma de gobernar basada en la resistencia permanente, la búsqueda de apoyos parlamentarios allí donde sean necesarios y una política de bloques que ha llevado la confrontación hasta niveles preocupantes.

Pero el problema no es solamente Sánchez. El problema es lo que la política española está haciendo con los españoles.

Los politólogos Mariano Torcal y Emily Carty han documentado un aumento significativo de la polarización ideológica en España durante las últimas décadas, con una aceleración especialmente visible durante los años de Gobierno de Sánchez. La percepción de que los partidos están cada vez más enfrentados alimenta, además, posiciones políticas más extremas.

El resultado es una sociedad que discute menos sobre soluciones y más sobre culpables.

PRIMERA ESTRATEGIA

Y ahí comienza la primera estrategia para sobrevivir: no entrar en el juego de la crispación.

El Gobierno puede equivocarse. La oposición también. Un ciudadano responsable no necesita convertir cada decisión política en una cuestión de vida o muerte. Tampoco debe aceptar que quien discrepa de él sea automáticamente un fascista, un comunista, un traidor o un enemigo de España.

SEGUNDA ESTRATEGIA

La segunda estrategia consiste en desconfiar del poder, pero también de quienes pretenden sustituirlo. El periodismo, los jueces, las universidades y las instituciones democráticas necesitan independencia. Cuando cualquiera de ellos queda sometido a intereses partidistas, pierde la sociedad entera.

Especialistas en calidad democrática llevan años alertando precisamente de ese deterioro institucional. La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También exige controles, contrapesos, separación de poderes y respeto a las reglas.

TERCERA ESTRATEGIA

La tercera estrategia es quizá la más difícil: no acostumbrarse.

El peligro de una política basada en la polémica permanente es que el ciudadano termina considerando normal lo que ayer le habría parecido escandaloso. Una nueva controversia sustituye a la anterior y, al cabo de unos meses, nadie recuerda exactamente qué ocurrió.

La indignación permanente termina produciendo indiferencia.

Por eso conviene recuperar una virtud bastante olvidada: la memoria. Recordar qué se prometió, qué se hizo y qué consecuencias tuvo. Comparar discursos con resultados. Preguntar cuánto cuesta cada decisión y quién termina pagando la factura.

Y, sobre todo, conservar la libertad interior.

Porque quizá la mejor manera de sobrevivir al sanchismo no sea convertirse en antisanchista profesional. Sería concederle demasiado poder a Sánchez.

La verdadera resistencia consiste en seguir pensando, leyendo, contrastando y hablando sin miedo. En no dejar que ningún Gobierno determine quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos. En defender las instituciones aunque gobierne alguien que no nos gusta. Y en exigir responsabilidades sin convertir la política en una guerra civil verbal.

España no necesita ciudadanos permanentemente enfurecidos. Necesita ciudadanos despiertos.

Porque cuando un Gobierno consigue que la mitad del país dedique su tiempo a odiar a la otra mitad, ya ha ganado algo mucho más importante que una votación: ha conseguido ocupar la cabeza de los ciudadanos.

Y esa es, probablemente, la primera batalla que hay que negarse a perder. 

Miles de migrantes siguen en Ceuta: las cifras del Gobierno no cuadran

¿Cuántas personas entraron realmente en Ceuta?

La crisis migratoria que estalló en Ceuta el pasado 30 de julio está lejos de haber terminado. Aunque desde el Gobierno se intenta transmitir la imagen de que la situación comienza a normalizarse, la realidad ofrece una fotografía bastante diferente: miles de migrantes continúan en la ciudad y ni siquiera existe una cifra fiable sobre cuántos permanecen allí.

El problema empieza por el principio. ¿Cuántas personas entraron realmente en Ceuta? El Gobierno central ha manejado sucesivamente cifras de 50.000 y, posteriormente, alrededor de 72.000 personas. Pero el propio carácter estimativo de esos números demuestra la dificultad de conocer con precisión la magnitud de la avalancha. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha llegado a hablar de unas 80.000 entradas. 

Tampoco existe acuerdo sobre cuántos han regresado a Marruecos. Mientras el Gobierno ha sostenido que aproximadamente 70.000 de los 72.000 que entraron ya habían vuelto, fuentes de las Fuerzas de Seguridad manejaron una cifra de unos 73.500 retornos. La diferencia no es menor: plantea una pregunta elemental que todavía no tiene respuesta clara: ¿cuántas personas permanecen realmente en territorio español? 

El Gobierno insiste en que son alrededor de 2.000. Pero sobre el terreno aparecen datos que contradicen esa estimación. En la playa del Trampolín, por ejemplo, Cruz Roja llegó a repartir más de 2.500 raciones de comida en un solo día. Policía y trabajadores humanitarios calculaban allí más de 2.000 personas. Y el presidente Vivas elevó la estimación global de los que permanecían en Ceuta hasta entre 3.000 y 6.000. 

La situación resulta todavía más llamativa cuando se habla de los menores. El Ministerio de Juventud e Infancia reconocía el 7 de agosto haber registrado 1.342 menores en los sistemas de acogida. Pero organizaciones y asociaciones que trabajan directamente en los barrios ceutíes han obtenido cifras muy superiores. Una asociación de vecinos de El Príncipe llegó a censar 4.860 menores en apenas dos jornadas. Evidentemente, ese censo no puede considerarse un registro oficial definitivo, pero resulta imposible ignorarlo cuando las propias autoridades admiten que todavía existen menores que no han sido identificados. 

Y probablemente ahí se encuentre la clave de toda esta polémica. No necesariamente estamos ante cifras falsas en el sentido de inventadas, sino ante estimaciones provisionales obtenidas en una situación de absoluto desbordamiento. El problema aparece cuando esas estimaciones se presentan públicamente como si fueran datos sólidos y cerrados.

Porque Ceuta no es una ciudad cualquiera. Tiene unos 85.000 habitantes y ha tenido que absorber en cuestión de horas una entrada extraordinaria de decenas de miles de personas. El sistema de acogida quedó desbordado y todavía existen migrantes escondidos en montes, barrancos, playas, viviendas particulares y otros lugares que no aparecen en ningún registro. 

Una crisis de esta magnitud exige algo elemental: saber cuántas personas entraron, cuántas han regresado y cuántas continúan en territorio español. Mientras esas tres cifras no estén suficientemente acreditadas, cualquier balance será necesariamente provisional.

Y hay una cuestión política que tampoco puede esquivarse: si el Estado no dispone todavía de un recuento fiable de las personas que permanecen en Ceuta, ¿cómo puede garantizar que conoce exactamente la dimensión de la crisis y que tiene bajo control sus consecuencias?

La primera obligación de un Gobierno ante una emergencia fronteriza no es maquillar las cifras, sino contarlas bien.