Desplazar el foco

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Pedro Sánchez vuelve a recurrir a un viejo recurso de la política contemporánea: desplazar el foco. En medio de las crecientes informaciones sobre presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno político, el presidente del Gobierno ha optado por elevar el tono en materia migratoria, situando este asunto en el centro del debate público.

No es una estrategia nueva. A lo largo de la historia reciente, gobiernos de distinto signo han utilizado cuestiones sensibles para cohesionar a su electorado o desviar la atención de crisis internas. En este caso, Pedro Sánchez parece apostar por una narrativa que le permita presentarse como garante del orden y la estabilidad frente a un fenómeno complejo que preocupa a buena parte de la ciudadanía.

El problema es que este giro no se produce en el vacío. Coincide con un momento delicado para el Ejecutivo, marcado por investigaciones judiciales, filtraciones comprometedoras y un desgaste político evidente. La oposición no ha tardado en señalar lo que considera una maniobra de distracción, acusando al Gobierno de instrumentalizar un asunto de enorme sensibilidad social.

La inmigración, sin embargo, merece algo más que ser utilizada como cortina de humo. España, como frontera sur de Europa, enfrenta retos estructurales que exigen políticas serias, sostenidas y alejadas del oportunismo. Convertir este fenómeno en arma arrojadiza no solo empobrece el debate, sino que dificulta la búsqueda de soluciones reales.

Al final, la cuestión de fondo sigue intacta: si hay o no responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción que salpican al entorno del poder. Por mucho que se agite una bandera u otra, los hechos terminan imponiéndose. Y la ciudadanía, cada vez más atenta, distingue entre gestión y estrategia.

El terror rojo en el hospital de enfermos mentales de Ciempozuelos (1936)

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En la España convulsa de 1936, donde el odio ideológico se impuso con frecuencia a la razón, pocos episodios resultan tan sobrecogedores como el vivido en el hospital psiquiátrico de Ciempozuelos. Aquel recinto, dedicado a la atención de los enfermos mentales más desamparados, se convirtió en escenario de uno de los capítulos más oscuros de la persecución religiosa durante la Guerra Civil.

La institución estaba regida por los Hermanos de San Juan de Dios, una orden hospitalaria con larga tradición en el cuidado de los marginados. Tras los estragos de la Desamortización española, que desmanteló buena parte del entramado asistencial de la Iglesia, la congregación fue refundada con renovado impulso en el siglo XIX. Su figura clave fue Benito Menni, quien llegó a Madrid en 1870 desde Barcelona acompañado de apenas cuatro hermanos. No eran hombres de letras ni de prestigio social: eran, en su mayoría, humildes zapateros, sostenidos por una fe firme y una vocación de servicio inquebrantable.

En Ciempozuelos levantaron mucho más que un hospital. Construyeron una pequeña ciudad sanitaria de unas 60 hectáreas, con talleres, explotaciones agrícolas y recursos terapéuticos avanzados para la época. Allí se atendía a más de 1.100 pacientes con un equipo de 16 médicos, en una labor que hoy llamaríamos integral: cuerpo, mente y dignidad.

Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil Española alteró radicalmente aquel equilibrio. En los primeros compases del conflicto, el hospital quedó en zona republicana, y pronto se vio envuelto en un clima de creciente hostilidad hacia todo lo religioso. Los hermanos, identificados no como sanitarios sino como representantes de la Iglesia, pasaron a ser objetivo de sospecha y, finalmente, de violencia.

A pesar del peligro, muchos de ellos se negaron a abandonar a los enfermos. Permanecieron en sus puestos, atendiendo a pacientes que, en muchos casos, no podían valerse por sí mismos ni comprender el caos que los rodeaba. Aquella fidelidad tendría un precio altísimo.

Las milicias irrumpieron en el recinto. Hubo detenciones, humillaciones y asesinatos. Algunos religiosos fueron sacados del hospital y ejecutados sin juicio; otros murieron dentro del propio complejo. El terror no solo afectó a la comunidad religiosa: el funcionamiento del centro quedó gravemente alterado, con consecuencias dramáticas para los enfermos, privados de cuidados en medio de la violencia.

Este episodio se inscribe en el marco más amplio de la persecución religiosa en la zona republicana, donde miles de sacerdotes, religiosos y laicos fueron asesinados por su fe. Pero lo ocurrido en Ciempozuelos añade un matiz especialmente trágico: no se trataba de hombres dedicados a la predicación o la política, sino a la atención de quienes la sociedad había relegado al olvido.

Con el paso del tiempo, la memoria de aquellos hechos ha quedado difuminada entre interpretaciones enfrentadas de la Guerra Civil. Sin embargo, la historia del hospital de Ciempozuelos permanece como recordatorio de hasta qué punto la violencia ideológica puede arrasar incluso los espacios consagrados al cuidado y la compasión.

Miles de venezolanos aclaman a María Corina Machado en la Puerta del Sol

Miles de venezolanos en la Puerta del Sol.

La Puerta del Sol volvió a ser, por unas horas, algo más que el kilómetro cero de España: fue el epicentro emocional de una nación herida que no se resigna. Miles de venezolanos —y no pocos españoles— se congregaron para aclamar a María Corina Machado, convertida hoy en símbolo de resistencia frente a un régimen que ha hecho de la arbitrariedad su norma y de la pobreza su legado.

No era un acto cualquiera. Había en el ambiente una mezcla de nostalgia, dignidad y determinación. La diáspora venezolana, dispersa por medio mundo, encontró en Madrid un punto de encuentro y, sobre todo, una voz. La de una mujer que ha decidido plantar cara sin ambages al poder establecido en Caracas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiso subrayar el significado político y moral del momento al afirmar que se trataba del día “más feliz” desde que accedió al cargo. No era una frase menor ni fruto del entusiasmo pasajero. Era, en realidad, la constatación de que la causa de la libertad —cuando es auténtica— trasciende fronteras y colores políticos.

Machado no es solo una líder opositora. Para muchos venezolanos es la encarnación de una esperanza que se resiste a morir. En un país donde las instituciones han sido desmanteladas pieza a pieza, su figura emerge como alternativa real, aunque incómoda para quienes prefieren contemporizar con el poder antes que enfrentarlo.

En España, el acto también dejó al descubierto una fractura ideológica evidente. Mientras unos ven en Machado la legitimidad democrática que el chavismo ha erosionado durante años, otros optan por el silencio o por equilibrios difíciles de sostener. No es un debate nuevo, pero sí cada vez más nítido.

Conviene, sin embargo, no caer en simplificaciones fáciles. La política internacional rara vez admite blancos y negros absolutos. Pero tampoco puede ignorarse que hay momentos en los que la neutralidad se convierte, de facto, en una forma de complicidad.

Lo vivido en la Puerta del Sol fue, en esencia, un recordatorio: las naciones no solo se construyen con instituciones, sino con ciudadanos dispuestos a defenderlas. Y ayer, en Madrid, miles de venezolanos demostraron que, pese a la distancia, su país sigue muy vivo.

Alemania vigila los aviones procedentes de España para evitar la entrada de inmigrantes ilegales

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Alemania ha decidido volver a mirar hacia el sur de Europa, y en concreto hacia España, ante el temor de que el espacio Schengen se convierta en una autopista sin control para la inmigración irregular. La medida, descrita como "discreta", no deja de ser significativa: controles selectivos en pasajeros procedentes de aeropuertos españoles, especialmente desde Madrid y Barcelona, a su llegada a territorio alemán.

El trasfondo de esta decisión hay que situarlo en el funcionamiento del Espacio Schengen, que permite viajar sin controles fronterizos entre la mayoría de países de la Unión Europea. Este sistema, diseñado para facilitar la movilidad, depende en gran medida de la confianza mutua entre Estados: si uno falla en el control de sus fronteras exteriores, el resto puede verse afectado.

Y ahí es donde entra España. La presión migratoria sobre sus costas y fronteras —especialmente en Canarias y el sur peninsular— lleva años siendo elevada. Pero el detonante reciente parece estar en el anuncio del Gobierno de España de una posible regularización masiva que podría beneficiar a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular. En países como Alemania, esta medida se interpreta con recelo: temen un "efecto llamada" o un desplazamiento posterior de esas personas hacia el norte de Europa.

Las autoridades alemanas no han anunciado formalmente un endurecimiento general de fronteras, pero sí han intensificado la vigilancia en aeropuertos, con controles adicionales de identidad y documentación en vuelos procedentes de España. Es una práctica que, aunque choca con el espíritu de Schengen, está contemplada en situaciones excepcionales y de forma temporal.

El mensaje implícito es claro: Berlín no quiere repetir episodios pasados como la crisis migratoria de 2015, que marcó profundamente la política interna alemana. Desde entonces, la inmigración se ha convertido en un asunto especialmente sensible, con un impacto directo en el debate político y en el auge de partidos críticos con las políticas de acogida.

Este movimiento también pone de relieve una tensión creciente dentro de la Unión Europea: la dificultad de armonizar políticas migratorias comunes. Mientras países de primera entrada como España o Italia reclaman solidaridad y mecanismos de reparto, otros como Alemania refuerzan controles para evitar convertirse en destino final de flujos no regulados.

En definitiva, más que un simple control aeroportuario, lo que se está escenificando es una grieta en la confianza entre socios europeos. Una grieta que, si se agranda, podría cuestionar uno de los pilares más visibles del proyecto comunitario: la libre circulación.

María Corina Machado en España: sin reuniones con el Rey ni con Sánchez

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La visita de María Corina Machado a España se mueve entre la cautela diplomática y el cálculo político. La dirigente liberal ha optado por un perfil bajo en su agenda institucional: no habrá encuentro ni con Felipe VI ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La decisión no responde a un desaire, sino a una estrategia medida. En el entorno de Machado se asume que una fotografía oficial con Sánchez podría ser interpretada negativamente por Donald Trump y su círculo político, cuyo respaldo considera clave en el pulso internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.

El movimiento revela hasta qué punto la oposición venezolana no solo libra su batalla en Caracas, sino también en el tablero internacional. Washington sigue siendo un actor determinante, y cualquier gesto que pueda percibirse como cercanía con gobiernos europeos de signo distinto —o considerados ambiguos frente a Maduro— se mide al milímetro.

En paralelo, la ausencia de un encuentro con el Rey evita elevar el tono institucional de la visita, manteniéndola en un plano más político que de Estado. No es un detalle menor: una audiencia en la Zarzuela habría supuesto un espaldarazo simbólico de primer nivel, pero también habría obligado a una mayor definición por parte del Gobierno español.

Así, Machado elige un equilibrio delicado: presencia en España, pero sin imágenes que puedan comprometer apoyos clave. En política internacional, a veces una foto pesa más que un discurso.

Los números de la persecución religiosa en España (1936)

Milicianos se divierten con un cadáver sacado de su tumba.

Hay cifras que no admiten relativismos ni lecturas complacientes. Números que, por su desnudez, obligan a mirar de frente una realidad incómoda. La persecución religiosa es una de ellas. Y España, por doloroso que resulte recordarlo, ocupa en ese capítulo un lugar especialmente trágico.

Durante los tres primeros siglos del cristianismo, desde el reinado de Nerón hasta las últimas grandes persecuciones bajo Diocleciano, los historiadores estiman que las víctimas cristianas en el conjunto del Imperio romano se sitúan en torno a dos mil, con un techo que rara vez supera las cinco mil. Fueron episodios crueles, sin duda, pero intermitentes, localizados y, en muchos casos, más políticos que sistemáticamente religiosos.

Frente a esas cifras, el caso español del siglo XX adquiere una dimensión difícil de ignorar. Durante la Guerra Civil Española, la persecución religiosa alcanzó niveles de violencia y extensión que desbordan cualquier comparación simplista.

Los datos son conocidos, pero conviene repetirlos. Fueron asesinados 12 obispos y un administrador apostólico. A ellos se suman 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos y 297 monjas. En total, miles de personas consagradas ejecutadas por el mero hecho de serlo. A esa cifra hay que añadir un número indeterminado —y probablemente muy elevado— de laicos, cuya cuantificación sigue siendo objeto de debate histórico.

El caso de Barbastro resulta especialmente elocuente: allí fue eliminado el 81% del clero. No se trata de un episodio aislado, sino de un síntoma de la intensidad con la que se desató la violencia anticlerical en amplias zonas del país.

Estos números no son solo estadísticas. Son nombres, historias truncadas, comunidades desmembradas. Son también un recordatorio de hasta qué punto una sociedad puede deslizarse hacia la deshumanización cuando convierte al creyente en enemigo absoluto.

Conviene, por tanto, resistirse a la tentación de trivializar o instrumentalizar estos hechos. Ni el pasado puede reescribirse al dictado de intereses presentes ni el dolor de miles de víctimas puede diluirse en equilibrios retóricos.

Porque la historia, cuando se apoya en cifras tan contundentes, deja de ser opinión para convertirse en evidencia. Y la evidencia, por incómoda que resulte, exige ser reconocida.

Vietnam: el país ateo que construye 200 iglesias al año

Católicos vietnamitas

La Iglesia de Vietnam vive hoy un momento de expansión silenciosa pero profundamente significativa. Lejos de los focos mediáticos que suelen acompañar a otras latitudes, el catolicismo vietnamita crece con una vitalidad que desafía tópicos y previsiones.

Solo en 2025, la Iglesia local habrá levantado más de 200 templos, una cifra que no es solo arquitectónica, sino espiritual. Cada nueva iglesia es, en realidad, el reflejo de comunidades vivas, organizadas y comprometidas, capaces de sostener proyectos que en otras partes del mundo serían impensables.

Este dinamismo cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que los católicos representan aproximadamente el 7% de la población del país. En términos absolutos, se trata de una minoría; en términos cualitativos, de una presencia con un peso creciente en la vida social, educativa y cultural de Vietnam.

El caso vietnamita rompe así con la narrativa dominante sobre el declive religioso en el mundo contemporáneo. Mientras en Europa muchas iglesias cierran o se vacían, en Vietnam se construyen y se llenan. Y no solo eso: lo hacen en un contexto político que, aunque ha experimentado aperturas, sigue siendo vigilante respecto a las organizaciones religiosas.

Lejos de la confrontación, la Iglesia vietnamita ha optado por una estrategia de arraigo social: parroquias activas, vocaciones en aumento, fuerte implicación de los laicos y una notable presencia en ámbitos como la educación y la asistencia social. Todo ello configura un modelo de crecimiento orgánico, paciente y sostenido.

Quizá por eso su expansión resulta tan elocuente. No es fruto de campañas espectaculares ni de coyunturas pasajeras, sino de una fe que se transmite en lo cotidiano, en la familia, en la comunidad.

Vietnam se convierte así en un recordatorio incómodo para ciertas certezas occidentales: la religión no desaparece necesariamente con el progreso. A veces, simplemente cambia de geografía.

Trump contra todos

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Hay políticos que buscan consensos. Otros prefieren construir trincheras. Donald Trump pertenece, sin matices, a la segunda categoría. Su regreso al primer plano político no ha traído consigo una moderación del tono, sino todo lo contrario: una intensificación de su estrategia de confrontación total. Trump no pacta; combate. Y lo hace contra todos.

Contra sus rivales demócratas, a los que acusa de destruir el país desde dentro. Contra una parte significativa del Partido Republicano, al que considera tibio, traidor o directamente cómplice del "estado profundo". Contra los jueces que investigan sus causas judiciales, contra los fiscales que le imputan, contra los medios de comunicación que no le son favorables —es decir, casi todos—. Incluso contra aliados internacionales tradicionales, a los que reprocha aprovecharse de Estados Unidos.

En ese frente exterior, las tensiones no son menores. Su relación con líderes europeos como Giorgia Meloni ha oscilado entre la afinidad ideológica y la desconfianza estratégica: aliados en el discurso, pero no necesariamente en los intereses. Más llamativo aún ha sido su tono hacia la Iglesia católica. Sus críticas al Papa León XIV —en línea con sus anteriores choques con el Vaticano— reflejan hasta qué punto Trump no reconoce espacios neutrales: incluso una autoridad moral global es susceptible de convertirse en adversario si discrepa en cuestiones como la inmigración.

La política convertida en una batalla permanente tiene una ventaja evidente: moviliza. Trump entiende como pocos el lenguaje emocional de una parte del electorado que no busca matices, sino certezas; no quiere dudas, sino enemigos claros. En ese terreno, el expresidente se mueve con soltura. Su discurso no pretende convencer a todos, sino activar a los suyos.

Pero esta estrategia también tiene un coste. Gobernar no es lo mismo que agitar. La confrontación constante erosiona las instituciones, debilita los puentes y convierte cualquier intento de acuerdo en una señal de debilidad. La política deja de ser un espacio de negociación para transformarse en un campo de batalla donde el adversario no es alguien con quien discrepar, sino alguien a quien derrotar.

Estados Unidos ya vivió esa dinámica durante su primer mandato. Lo que ahora se plantea es si el país está dispuesto a profundizar aún más en esa lógica. Porque Trump no ha cambiado. Si acaso, ha afinado su instinto combativo. Su proyecto no pasa por integrar, sino por imponerse.

En un mundo cada vez más fragmentado, la tentación de los liderazgos fuertes y polarizadores crece. Trump no es una excepción; es, quizá, el ejemplo más acabado de una tendencia global. La pregunta ya no es si divide —eso es evidente—, sino si esa división es sostenible a largo plazo.

Trump contra todos. Y todos contra Trump. Una ecuación que, lejos de resolverse, amenaza con enquistarse. Y cuando la política se convierte en un combate perpetuo, rara vez hay verdaderos vencedores.

Se llevaron a Maduro, pero todo sigue igual. Incluso peor.

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La caída de un hombre no siempre implica el derrumbe de un sistema. A veces, ni siquiera lo resquebraja. Eso es lo que empieza a evidenciarse tras la detención de Nicolás Maduro: el problema de Venezuela nunca fue solo Maduro.

Porque mientras el foco mediático se concentraba en su captura —presentada como un golpe histórico—, el engranaje que sostuvo su poder sigue intacto. Las mismas estructuras, los mismos actores, los mismos intereses. Y, sobre todo, la misma lógica.

Los datos ayudan a desmontar el espejismo del cambio. Venezuela acumula una caída de más del 75% de su PIB desde 2013, una de las contracciones económicas más severas registradas en tiempos de paz. Aunque en los últimos años se ha producido una leve estabilización, el país sigue funcionando a una fracción de lo que fue su economía.

La inflación, que llegó a niveles hiperinflacionarios —superando el 130.000% en 2018—, continúa siendo crónicamente alta, erosionando salarios que en muchos casos no superan los 5 o 10 dólares mensuales en el sector público. La dolarización de facto ha aliviado ciertas transacciones, pero ha profundizado la desigualdad.

En el plano social, el éxodo habla por sí solo: más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, según organismos internacionales. Es la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina.

Y en lo político, poco o nada ha cambiado. Organizaciones de derechos humanos siguen denunciando la existencia de presos políticos, restricciones a la prensa y un sistema judicial sin independencia real. Las elecciones continúan bajo sospecha, sin garantías plenas de transparencia.

De hecho, tras la salida de Maduro, las figuras clave del aparato chavista —militares, altos cargos del partido, responsables de seguridad— permanecen en sus puestos. No ha habido depuración, ni reformas institucionales profundas, ni señales claras de transición.

Y ahí reside la clave. El chavismo nunca fue solo un líder, sino una estructura compleja de poder político, económico y militar. Cambiar la cabeza no cambia el cuerpo.

El error ha sido pensar que todo se resolvía con un nombre propio. Como si el problema fuera un hombre y no un modelo.

Pero la historia demuestra lo contrario: los sistemas autoritarios no caen con una detención, sino con una transformación profunda de las estructuras que los sostienen. Y eso, hoy por hoy, no ha ocurrido.

Por eso, la sensación que se extiende entre muchos venezolanos es amarga: se llevaron a Maduro, sí… pero nada ha cambiado. O peor aún: todo sigue igual. Incluso peor.

El socialismo, y no el embargo, ha empobrecido a Cuba

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Durante décadas, el relato oficial del régimen cubano —y de buena parte de la izquierda internacional— ha sido tan simple como eficaz: si Cuba es pobre, es por culpa del embargo estadounidense. Una explicación cómoda, casi automática, que evita preguntas incómodas y desplaza toda responsabilidad hacia el exterior. Pero los hechos, testarudos, apuntan en otra dirección.

El embargo de Estados Unidos existe desde los años sesenta, sí. Pero reducir la realidad económica cubana a ese factor es, como mínimo, una simplificación interesada. Otros países han sufrido sanciones, bloqueos o aislamiento internacional y, sin embargo, han logrado prosperar o, al menos, evitar el colapso estructural. La diferencia clave no está fuera, sino dentro.

La llegada de Fidel Castro al poder en 1959

Desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, Cuba adoptó un modelo socialista de planificación centralizada, eliminación de la propiedad privada y control absoluto del Estado sobre la economía. Se prometió igualdad, justicia social y prosperidad. Se obtuvo escasez, dependencia y represión.

El problema de fondo no es el embargo, sino la ineficiencia inherente al sistema. Cuando el Estado decide qué se produce, cuánto se produce y a qué precio se vende, desaparecen los incentivos. La productividad cae, la innovación se estanca y la corrupción encuentra terreno fértil. No es una teoría: es una constante histórica en todos los regímenes socialistas.

El apoyo de la Unión Soviética y Venezuela

Durante años, el régimen cubano sobrevivió gracias al subsidio externo. Primero fue la Unión Soviética, que sostuvo la economía isleña con miles de millones de dólares. Tras su colapso, llegó el turno de la Venezuela de Hugo Chávez, que envió petróleo a cambio de apoyo político y técnico. Cuando esas ayudas desaparecieron o se redujeron, la fragilidad estructural de Cuba quedó al descubierto.

Si el embargo fuera el factor determinante, cabría esperar que la apertura parcial de los últimos años —remesas, turismo, cierta flexibilización comercial— hubiese impulsado una mejora sustancial. No ha sido así. La economía sigue atrapada en un círculo vicioso de baja productividad, desabastecimiento y emigración masiva.

Además, conviene recordar que el embargo no impide a Cuba comerciar con la mayoría del mundo. La isla mantiene relaciones económicas con España, Canadá, China o Rusia, entre muchos otros. De hecho, Estados Unidos es uno de los principales proveedores de alimentos a Cuba bajo excepciones humanitarias. El bloqueo total es, sencillamente, un mito.

El bloqueo interno

El verdadero bloqueo es interno. Es el que impide a los cubanos emprender libremente, invertir, prosperar o decidir su futuro. Es el que obliga a depender del Estado para sobrevivir mientras ese mismo Estado demuestra una incapacidad crónica para generar riqueza.

Culpar al embargo es una coartada política. Permite al régimen justificar el fracaso sin asumir responsabilidades. Pero la evidencia es clara: el empobrecimiento de Cuba no es consecuencia inevitable de una presión externa, sino el resultado directo de un sistema económico fallido.

Porque cuando un país rico en recursos, con capital humano formado y una posición estratégica privilegiada permanece estancado durante más de seis décadas, la pregunta no es qué le han hecho desde fuera, sino qué se ha hecho a sí mismo desde dentro.