lunes, 13 de julio de 2026

Conversaciones con Franco – Capítulo 8

Milicianos exhiben el cadáver de un cura o una monja.

Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, el anticlericalismo español no nace con la Segunda República. Es una corriente con raíces profundas en el siglo XIX que la República heredó, intensificó en determinados aspectos e incorporó parcialmente a su proyecto político. Conviene hacer un breve repaso histórico, no por usted, sino por nuestros lectores.

España llegó a 1931 con un largo historial de tensiones entre el Estado liberal y la Iglesia. Las desamortizaciones, las quemas de conventos de 1834 y la Semana Trágica de Barcelona en 1909 habían dejado una profunda huella. Al mismo tiempo, una parte importante de la Iglesia había quedado identificada con el orden social conservador y con la Monarquía, lo que alimentó entre amplios sectores de la izquierda una creciente hostilidad hacia la institución eclesiástica.

Pocas semanas después de proclamarse la Segunda República, en mayo de 1931, una oleada de incendios destruyó conventos e iglesias en Madrid, Málaga, Sevilla y otras ciudades. El Gobierno republicano no promovió aquellos hechos, pero su reacción inicial fue considerada por muchos insuficiente para impedir la extensión de los ataques.

Posteriormente, la República emprendió una profunda política de secularización. El artículo 26 de la Constitución de 1931 fue, probablemente, el precepto más controvertido de todo el texto constitucional, al establecer severas limitaciones a la actividad de las órdenes religiosas y redefinir profundamente las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Para muchos católicos, aquellas medidas fueron interpretadas como una agresión a la libertad religiosa; para sus defensores, constituían un paso imprescindible hacia un Estado plenamente laico.

La Revolución de Asturias de 1934 añadió un nuevo elemento de violencia con el asesinato de varios miembros del clero. Sin embargo, el salto verdaderamente dramático llegó tras el alzamiento militar de julio de 1936. En amplias zonas bajo control republicano, el hundimiento efectivo de la autoridad del Estado permitió la actuación de milicias y comités revolucionarios que desencadenaron una persecución religiosa de enorme magnitud. Historiadores como Vicente Cárcel Ortí documentan el asesinato de cerca de siete mil miembros del clero, junto con la destrucción de miles de iglesias, conventos e imágenes religiosas.

Manuel Azaña defendió la política laicista como una exigencia de modernización del Estado. Su conocida afirmación de que «España ha dejado de ser católica» pretendía expresar una nueva concepción constitucional del Estado, aunque fue interpretada por muchos creyentes como el anuncio de una ruptura con la tradición histórica de España.

La extraordinaria violencia anticlerical de 1936 constituyó uno de los principales argumentos empleados por el bando sublevado para presentar la guerra como una defensa de la civilización cristiana frente a la revolución. Décadas después, la Iglesia ha reconocido como mártires a miles de aquellas víctimas mediante numerosos procesos de beatificación.

Usted, mi general, defendió siempre que el Alzamiento Nacional respondía a la necesidad de preservar la unidad de España y de impedir que nuestro país cayera bajo una revolución de inspiración comunista. Hoy, sin embargo, una parte importante del discurso político y cultural lo presenta únicamente como un dictador sanguinario cuya memoria debería ser borrada del espacio público.

¿Qué siente al comprobar que millones de españoles conocen su figura casi exclusivamente a través de ese relato?

Franco: No me sorprende. Todo vencedor de una guerra termina siendo juzgado por generaciones que no la vivieron. Lo que sí me entristece es que el juicio se haga prescindiendo del contexto.

Jamás negué que una guerra civil fuese una tragedia. Ningún hombre que haya recorrido los frentes, visitado hospitales o recibido diariamente listas de muertos puede alegrarse de la sangre derramada. La guerra es siempre el fracaso de la política y de la convivencia.

Ahora bien, tampoco acepto que se pretenda explicar aquellos años como si España hubiera sido una democracia estable destruida por la ambición de unos militares. Cuando la República perdió el monopolio de la fuerza y las calles comenzaron a ser dominadas por la violencia, muchos españoles dejaron de confiar en que el Estado pudiera garantizar sus vidas, sus familias o su libertad religiosa. Esa realidad no puede borrarse porque resulte incómoda.

Se habla mucho de las víctimas de un lado y demasiado poco de las del otro. Se recuerdan unos muertos mientras se silencian otros. Pero los muertos no tienen ideología; todos pertenecen ya a la Historia y todos merecen el mismo respeto.

Comprendo que haya españoles que condenen mi régimen. Están en su derecho. Lo que no considero legítimo es convertir esa condena en una falsificación sistemática del pasado. La Historia no puede escribirse seleccionando únicamente los hechos que favorecen una tesis política.

Tampoco me inquieta que retiren estatuas o cambien nombres de calles. El bronce envejece y la piedra termina por caer. Lo verdaderamente importante no es la memoria de un hombre, sino la memoria de una nación. Cuando un pueblo aprende a odiar una parte de su propia historia, acaba por no comprender la otra mitad.

No necesito que nadie me absuelva. Hace muchos años que comparecí ante el único tribunal cuyo juicio considero definitivo. Pero sí desearía que España recuperase la serenidad necesaria para estudiar su pasado sin odio, sin miedo y sin ánimo de venganza. Las naciones maduras no destruyen su Historia: la conocen, la discuten y aprenden de ella.

Quizá algún día los españoles descubran que la reconciliación no consiste en imponer un relato único, sino en aceptar que la verdad histórica es siempre más compleja que cualquier consigna. Ese día, habrán dado un paso mucho más importante que el de juzgar a Franco: habrán aprendido a comprenderse a sí mismos.

domingo, 12 de julio de 2026

La sumisión de la derecha nacionalista al sanchismo hunde al PNV y a Junts: 85.000 votos menos y dos diputados perdidos


Las últimas proyecciones demoscópicas reflejan una tendencia que comienza a consolidarse: los dos principales partidos nacionalistas de centro-derecha, el PNV y Junts, estarían pagando un elevado coste político por su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez. Según diversas encuestas, ambas formaciones perderían conjuntamente alrededor de 85.000 votos y dos escaños respecto a sus resultados anteriores.

Más allá de las cifras concretas, el dato resulta significativo porque afecta a dos partidos cuya fortaleza tradicional ha descansado en la defensa de los intereses propios del País Vasco y de Cataluña, manteniendo una imagen de autonomía respecto a los grandes partidos nacionales.

El desgaste del PNV

El Partido Nacionalista Vasco atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Una parte de su electorado considera que su colaboración permanente con el Gobierno socialista ha diluido el perfil propio de la formación.

La competencia de EH Bildu, que continúa ampliando su espacio electoral, obliga además al PNV a moverse en un terreno especialmente complicado, donde cualquier percepción de excesiva cercanía al PSOE puede traducirse en pérdida de apoyos.

Junts tampoco escapa al desgaste

En Cataluña, Junts también afronta una situación compleja. Tras presentarse como el partido más firme en la defensa del independentismo, su apoyo parlamentario a Sánchez ha generado desconcierto entre parte de sus votantes.

Las continuas negociaciones con el Ejecutivo, junto con las cesiones mutuas necesarias para mantener la estabilidad parlamentaria, han alimentado la impresión de que el partido ha sustituido la confrontación política por una estrategia de influencia institucional cuyos resultados muchos electores consideran insuficientes.

El precio de sostener al Gobierno

La política de pactos tiene ventajas inmediatas para los partidos bisagra: capacidad de negociación, influencia legislativa y obtención de determinadas concesiones territoriales.

Sin embargo, también presenta riesgos evidentes. Cuando un partido es percibido por su propio electorado como un apoyo imprescindible para un gobierno impopular entre sus bases, puede acabar compartiendo parte del desgaste del Ejecutivo.

Es precisamente esa dinámica la que numerosos analistas señalan como una de las causas del retroceso que reflejan las encuestas para ambas formaciones.

Un equilibrio cada vez más difícil

Tanto el PNV como Junts intentan transmitir que sus acuerdos con el Gobierno responden exclusivamente a la defensa de los intereses de Euskadi y Cataluña. Sus críticos, por el contrario, sostienen que ambos partidos han terminado subordinando esa estrategia a la necesidad de garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Sea cual sea la interpretación, los sondeos apuntan a que una parte de sus antiguos votantes comienza a cuestionar esa política de alianzas.

Conclusión

Las encuestas no constituyen resultados definitivos, pero sí ofrecen una fotografía del estado de opinión en un momento determinado. Si la tendencia actual se confirma, tanto el PNV como Junts podrían comprobar que el papel de socios indispensables del Gobierno tiene un coste electoral creciente.

En política, sostener un Ejecutivo puede proporcionar influencia y capacidad de negociación, pero también implica asumir parte del desgaste que genera su gestión. Y eso parece ser, según los sondeos, lo que empieza a reflejar una parte del electorado nacionalista.

Conversaciones con Franco – Capítulo 7

José Calvo Sotelo
Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, ¿qué hecho terminó de impulsarle a sumarse a la sublevación militar de 1936 contra la Segunda República?

Muchos historiadores señalan como momento decisivo el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la oposición monárquica y diputado de Renovación Española, ocurrido en la madrugada del 13 de julio de 1936.

Usted era conocido por su carácter extremadamente prudente. No acostumbraba a tomar decisiones precipitadas ni movido por impulsos. A diferencia de otros generales como Mola, Sanjurjo o Fanjul, que estaban comprometidos desde los primeros momentos, usted esperó hasta tener garantías razonables de que la operación podía tener posibilidades de éxito. Estaba en juego su carrera militar, su propia vida y, sobre todo, el destino de millones de españoles.

Como católico convencido, parece lógico pensar que las decisiones más trascendentales de su vida las meditaba profundamente y las ponía ante su conciencia y ante Dios antes de actuar.

La conspiración militar no nació en julio de 1936. Venía preparándose desde meses antes, dirigida principalmente por el general Emilio Mola desde abril de aquel año, con la participación de diversos sectores contrarios al rumbo político de la República: militares descontentos, monárquicos, carlistas y falangistas.

Sin embargo, usted mantuvo una actitud de espera. Dudaba. Observaba la evolución de los acontecimientos y no quiso comprometerse definitivamente hasta el último momento. Su actitud llegó a provocar impaciencia entre algunos conspiradores, especialmente en Mola, que necesitaba saber con qué apoyos contaba.

El asesinato de Calvo Sotelo, cometido pocos días después del asesinato del teniente Castillo, fue el hecho que aceleró los acontecimientos. No fue la causa inicial de la sublevación, pero sí el acontecimiento que terminó de convencer a muchos indecisos y que posteriormente fue utilizado por los sublevados como argumento de justificación ante la opinión pública.

Después de confirmar su participación, usted salió de Canarias en el avión Dragon Rapide, organizado por sectores monárquicos, y llegó al norte de África para ponerse al frente del Ejército de África, una fuerza militar considerada decisiva.

Pero su forma de actuar durante la guerra también ha sido objeto de debate. Se le ha acusado de ser excesivamente prudente y de sacrificar oportunidades militares por asegurar la victoria final.

El ejemplo más discutido fue la decisión de desviarse hacia Toledo en septiembre de 1936 para liberar el Alcázar, cuando las fuerzas nacionales avanzaban hacia Madrid y algunos consideraban que la capital podía caer.

Desde un punto de vista estrictamente militar, aquella decisión permitió al gobierno republicano ganar tiempo para organizar la defensa de Madrid. Pero para usted, según sus partidarios, había también un componente simbólico y moral: no abandonar a quienes resistían en una posición convertida en símbolo de sacrificio.

Tras el fracaso del intento de conquistar Madrid en noviembre de 1936, abandonó la idea de una victoria rápida y adoptó una estrategia de guerra prolongada, basada en el avance gradual, la acumulación de fuerzas y la reducción sistemática de la capacidad del enemigo.

Algunos historiadores han interpretado esa actitud como prudencia militar; otros, como exceso de cálculo político y personal.

Mi general, después de tantos años y contemplando la historia desde la distancia: ¿Cómo se ve usted a sí mismo? ¿Como un hombre prudente que evitó riesgos innecesarios, o como alguien que calculó cada paso pensando más en la victoria que en la rapidez para alcanzarla?

Franco: Cuando un hombre se encuentra ante decisiones que pueden cambiar el destino de una nación, no debe actuar dominado por la emoción ni por las presiones del momento. La prudencia no es cobardía; es la obligación de medir las consecuencias de los actos.

Yo era militar. Y un militar sabe que una batalla perdida no solo significa perder terreno: significa perder vidas humanas. Por eso nunca creí que una decisión importante pudiera tomarse solamente con entusiasmo o con deseos de victoria.

Antes de julio de 1936 observaba una situación que consideraba cada vez más grave. España estaba dividida, la autoridad del Estado se debilitaba y muchos españoles habían perdido la confianza en las instituciones. Pero una intervención militar era una decisión extrema. Quien levanta las armas contra un gobierno, aunque crea hacerlo por una causa superior, abre siempre una puerta de consecuencias imprevisibles.

Por eso dudé. No por falta de convicciones, sino porque comprendía la enorme responsabilidad que asumía.

El asesinato de Calvo Sotelo fue un hecho de una enorme gravedad. Para muchos militares confirmó que el camino de la legalidad había llegado a un punto de ruptura. Pero sería un error histórico decir que todo comenzó aquel día. La crisis española venía de mucho antes. El asesinato fue el último golpe que aceleró unos acontecimientos que ya estaban en marcha.

Respecto a mi forma de actuar durante la guerra, algunos me han llamado lento; otros, prudente. La historia juzgará esas decisiones con mayor serenidad que quienes las vivieron en medio de la lucha.

Un jefe militar no debe buscar únicamente la victoria más rápida, sino la victoria más segura. Las guerras no se ganan solo con audacia; también se ganan evitando errores irreparables.

La decisión de acudir a Toledo ha sido una de las más discutidas. Los militares valoran los mapas, las posiciones y los tiempos; pero los hombres también tienen principios, compromisos y símbolos. El Alcázar representaba una resistencia que tenía un significado moral para muchos combatientes. Yo consideré que su liberación era necesaria.

¿Fue la decisión más perfecta desde el punto de vista estrictamente militar? La historia puede discutirlo. Pero las decisiones de un gobernante o de un comandante no se toman siempre en condiciones ideales. Se toman con la información disponible y bajo una enorme presión.

Después de Madrid comprendí que la guerra no sería breve. España estaba ante un conflicto de gran profundidad, y una victoria rápida podía ser sustituida por una derrota si se actuaba sin suficiente preparación.

Me preguntan si fui calculador. Todo hombre que ocupa un puesto de responsabilidad debe calcular. El problema no está en calcular, sino en qué se calcula: si el beneficio personal o el bien que uno cree defender.

Yo nunca vi la guerra como una aventura personal. La vi como una tragedia nacional. Incluso quienes creen que una causa es justa deben recordar siempre que detrás de las decisiones políticas y militares hay hombres que sufren, familias que pierden seres queridos y una nación que queda marcada durante generaciones.

Si algo aprendí con los años es que el poder no proporciona felicidad. Proporciona una carga. Y cuanto mayor es el poder, mayor debe ser el sentido de responsabilidad ante la historia y ante Dios.

sábado, 11 de julio de 2026

Primer paso para anular la «ley de nietos»: funcionarios cuestionan la instrucción de Sofía Puente

La polémica sobre la llamada «ley de nietos» —la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática que permite solicitar la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles— ha entrado en una nueva fase después de que organizaciones de funcionarios hayan cuestionado la instrucción administrativa que amplió su aplicación.

El núcleo del conflicto no está en la existencia de la ley aprobada por las Cortes Generales en 2022, sino en la interpretación que posteriormente realizó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, entonces dirigida por Sofía Puente. Sus críticos sostienen que una instrucción interna habría ido más allá de aclarar el procedimiento administrativo y habría modificado de hecho el alcance de una norma aprobada por el Parlamento. 

La acusación: una instrucción que habría cambiado el espíritu de la norma

Según los sectores que han recurrido la medida, la ley aprobada originalmente estaba orientada principalmente a los descendientes de españoles que sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos o de creencias. La instrucción posterior habría permitido una interpretación más amplia, al considerar también otros supuestos de pérdida de nacionalidad o emigración, sin exigir siempre la acreditación de un exilio político.

Los críticos consideran que ese cambio no podía realizarse mediante una simple instrucción administrativa, porque una norma de rango inferior no puede modificar una ley aprobada por el poder legislativo. De ahí que algunos sectores hayan planteado la posible nulidad de dicha instrucción.

Los funcionarios dan la voz de alarma

La organización sindical CSIF ha pedido a la Junta Electoral Central que analice las consecuencias electorales derivadas de las nuevas nacionalidades concedidas al amparo de esta interpretación. Su argumento es que la ampliación del número de españoles residentes en el extranjero puede tener efectos sobre el censo electoral de residentes ausentes (CERA).

Este planteamiento abre un debate delicado: por un lado, el derecho legítimo de los descendientes de españoles a recuperar la nacionalidad de sus antepasados; por otro, la cuestión jurídica de si los procedimientos utilizados respetaron estrictamente los límites establecidos por el legislador.

¿Puede anularse la «ley de nietos»?

Conviene distinguir dos conceptos. La ley aprobada por las Cortes no queda anulada automáticamente por cuestionarse una instrucción administrativa. Para que una norma con rango de ley desaparezca sería necesaria una decisión del Tribunal Constitucional o una modificación legislativa aprobada por el Parlamento.

Lo que sí podría ocurrir, si los tribunales consideran que la instrucción excedió sus competencias, es que se declare su nulidad y se revisen las concesiones de nacionalidad realizadas bajo esa interpretación. Esa es precisamente la batalla jurídica que han planteado sus detractores. 

Un conflicto con profundas implicaciones políticas

La controversia refleja una discusión más amplia sobre los límites entre la reparación histórica y la seguridad jurídica. Sus defensores sostienen que la ampliación facilita que descendientes de españoles recuperen una nacionalidad que consideran vinculada a su origen familiar. Sus críticos responden que una política de esta trascendencia debe decidirse mediante una ley clara debatida y aprobada por las Cortes, no mediante una interpretación administrativa posterior.

El futuro de la medida dependerá ahora de los tribunales y de la interpretación que hagan sobre una cuestión esencial en un Estado de derecho: si una administración puede ampliar mediante una instrucción el alcance de una ley aprobada por el Parlamento o si, por el contrario, esa ampliación constituye una modificación encubierta de la voluntad legislativa.

viernes, 10 de julio de 2026

Conversaciones con Franco – Capítulo 6

Benito Mussolini
Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, sus enemigos califican de fascista el régimen que usted presidió desde el final de la Guerra Civil hasta su muerte, en 1975. Los historiadores que sostienen esa tesis recuerdan que el franquismo nació de una sublevación militar apoyada por la Italia fascista y la Alemania nazi, y que Falange Española proporcionó buena parte del aparato simbólico e ideológico del nuevo Estado, especialmente entre 1936 y 1945.

Sin embargo, otros especialistas distinguen entre el fascismo clásico y el régimen que usted construyó. Juan Linz, uno de los politólogos más influyentes del siglo XX, propuso definir el franquismo como un régimen autoritario y no totalitario. Según él, carecía de una ideología totalizante coherente, de una movilización permanente de las masas y de un partido único con capacidad para imponerse al Estado. Lo describía como un sistema de pluralismo limitado, sustentado más en determinadas mentalidades que en una doctrina revolucionaria.

Stanley Payne, uno de los mayores especialistas en fascismo comparado, sostiene que el franquismo fue un régimen autoritario, católico y conservador que utilizó a Falange como una de las familias políticas del Estado, junto al Ejército, la Iglesia, los monárquicos y, más tarde, los tecnócratas del Opus Dei. Según Payne, usted nunca permitió que Falange monopolizara el poder, porque su prioridad era preservar el orden y la estabilidad del Estado, no impulsar una revolución fascista.

La mayor parte de la historiografía actual coincide en que el franquismo tuvo un componente fascista real durante sus primeros años, especialmente entre 1936 y 1945, pero también reconoce que evolucionó hacia un sistema diferente. Muchos historiadores prefieren hablar de un régimen autoritario con elementos fascistas o de un régimen fascistizado, antes que definir sus casi cuarenta años de existencia como un fascismo en sentido estricto.

Las diferencias con Italia y Alemania parecen evidentes. En ambos países el partido era el auténtico centro del poder: el Estado terminó subordinado al Partido Nacional Fascista de Mussolini o al NSDAP de Hitler. En España ocurrió justamente lo contrario. FET y de las JONS, creada por el Decreto de Unificación de 1937, nació subordinada al Estado y a su autoridad personal. Usted era Jefe del Estado por su condición de Generalísimo vencedor de la guerra, no por encabezar un partido revolucionario que hubiera conquistado el poder.

También resulta significativo que, tras la derrota del Eje, el régimen español fuera capaz de transformarse para sobrevivir. Pasó de una etapa claramente influida por el contexto fascista europeo a un nacional-catolicismo de fuerte carácter anticomunista y, posteriormente, a un modelo desarrollista impulsado por los tecnócratas. Esa capacidad de adaptación difícilmente encaja con el modelo clásico de los regímenes totalitarios.

Aun así, casi medio siglo después de su muerte, su figura continúa ocupando un lugar central en el debate político español. Unos siguen viéndolo como el origen de todos los males de España; otros consideran que su recuerdo se utiliza con frecuencia como arma arrojadiza para desviar la atención de los problemas del presente. El franquismo continúa siendo objeto de controversia, tanto en el ámbito histórico como en el político.

Sin ignorar los errores, abusos e injusticias que pudieron cometerse desde el poder, muchos españoles recuerdan también aquellos años como un largo periodo de orden, estabilidad y crecimiento económico, sustentado en la importancia concedida al trabajo, a la familia y a la tradición cristiana.

Mi general, después de tantas décadas de debate, ¿considera usted que el franquismo fue realmente un régimen fascista o cree que esa etiqueta responde más a una simplificación ideológica que a un análisis histórico riguroso?

Franco: Cuando una palabra deja de utilizarse para describir la realidad y pasa a emplearse como arma política, pierde casi todo su valor. Eso es lo que, a mi juicio, ha sucedido con el término «fascista». Durante décadas se ha convertido en un insulto de uso común para descalificar al adversario sin necesidad de examinar los hechos.

¿Existieron influencias fascistas en la España de los años treinta? Naturalmente. Sería absurdo negarlo. También las hubo de otras corrientes. Europa entera vivía una profunda crisis y casi todos los países buscaban modelos capaces de responder al comunismo, a la inestabilidad y al descrédito de las democracias parlamentarias de la época.

Pero una cosa son las influencias y otra la naturaleza de un régimen.

Nunca concebí España como un laboratorio de experimentos ideológicos. Mi deber era gobernar un país devastado por una guerra entre españoles. Había ciudades destruidas, campos arruinados, familias rotas y cientos de miles de personas marcadas por el dolor. En aquellas circunstancias, mi prioridad no era construir un Estado doctrinal, sino impedir que España volviera a desangrarse.

El fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán aspiraban a crear un hombre nuevo mediante la movilización permanente de las masas y la subordinación absoluta del individuo al partido. Yo nunca entendí el Estado de esa manera. El Movimiento fue un instrumento del Estado; el Estado nunca estuvo al servicio del Movimiento.

Algunos falangistas habrían deseado una revolución nacional-sindicalista mucho más profunda. Otros, desde posiciones monárquicas, habrían preferido una restauración inmediata de la Corona. Los tradicionalistas defendían sus propias aspiraciones y los católicos las suyas. Mi obligación consistía precisamente en impedir que cualquiera de esas familias impusiera su proyecto exclusivo sobre las demás.

Gobernar no consiste en satisfacer a los más exaltados, sino en mantener un equilibrio que preserve la unidad nacional.

Con el paso de los años fueron cambiando los ministros, las prioridades económicas e incluso el lenguaje político. Permanecieron, sin embargo, los objetivos esenciales: la unidad de España, el mantenimiento del orden, el desarrollo económico y la defensa de una determinada concepción cristiana de la sociedad. Quien observe esa evolución comprenderá fácilmente que el régimen fue adaptándose a las circunstancias porque no estaba prisionero de una doctrina rígida.

No pretendo convencer a quienes ya han dictado sentencia. Cada generación interpreta el pasado desde sus propias convicciones, y es natural que así sea. Lo único que pediría es que la Historia se escriba con documentos y no con consignas.

Acepto que se estudien mis errores. Ningún gobernante está libre de ellos. También acepto que se juzguen con severidad las decisiones que pudieron causar sufrimiento. Lo que considero impropio de un historiador es sustituir el análisis por una etiqueta.

Si alguien desea comprender aquellos cuarenta años, que examine cómo era España en 1939 y cómo era en 1975. Que compare el nivel de vida, la esperanza de vida, la alfabetización, las infraestructuras, la industrialización o el acceso de millones de familias a una vivienda. Después, que valore igualmente las restricciones de las libertades políticas, la censura y la ausencia de pluralismo. Sólo contemplando el conjunto podrá formarse un juicio razonable.

La Historia rara vez es blanca o negra. Casi siempre está escrita con muchos tonos de gris. Quien reduce un periodo tan complejo a una sola palabra, sea para condenarlo o para glorificarlo, probablemente ha dejado de buscar la verdad para empezar a defender una causa.

jueves, 9 de julio de 2026

Conversaciones con Franco – Capítulo 5

Rafael Leónidas Trujillo
Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, hay un episodio de su vida política que nunca he conseguido comprender del todo: su relación con Rafael Leónidas Trujillo.

Su visita oficial a España, del 2 al 14 de junio de 1954, alcanzó unas dimensiones extraordinarias. El Gobierno español decretó el 2 de junio festivo parcial para facilitar la asistencia de la población a los actos de bienvenida. Las calles se llenaron de banderas, desfiles y multitudes cuidadosamente organizadas para proyectar una imagen de amistad entre ambos Estados.

Sin embargo, Trujillo no era un gobernante cualquiera. Su régimen había instaurado en la República Dominicana una dictadura basada en el culto a la personalidad, la represión política y el miedo. La capital fue rebautizada como "Ciudad Trujillo"; él mismo acumuló títulos como "El Jefe" y "Benefactor de la Patria", mientras el Servicio de Inteligencia Militar perseguía sin descanso a los opositores.

La historia atribuye a su régimen algunos de los episodios más oscuros de la América del siglo XX: la Masacre del Perejil de 1937, la persecución sistemática de la disidencia, los centros clandestinos de tortura como "La 40", el asesinato de las Hermanas Mirabal en 1960 y el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt.

Los dominicanos recuerdan aquella etapa con un profundo dolor, hasta el punto de que muchos rechazan incluso la presencia de sus restos mortales en su propio país. Paradójicamente, Trujillo descansa hoy en el cementerio de Mingorrubio, muy cerca de donde reposan también sus restos.

He hablado sobre este asunto incluso con personas profundamente franquistas, incapaces de explicar aquella amistad. No se trata de juzgar el pasado con los ojos del presente, sino de comprender las razones que llevaron a España a identificarse públicamente con un hombre cuya conducta privada y cuyo ejercicio del poder parecían difícilmente conciliables con los principios del humanismo cristiano que su régimen decía defender.

Mi general, ¿qué veía usted en Trujillo? ¿Fue una auténtica amistad personal, una alianza impuesta por las circunstancias internacionales de la Guerra Fría o una decisión política que hoy, contemplada desde la perspectiva de la Historia, considera que habría debido ser distinta?

Franco: Comprendo perfectamente su pregunta porque, vista desde el siglo XXI, resulta difícil entender decisiones que fueron tomadas en un mundo muy distinto del actual.

España acababa de salir de una guerra civil devastadora y sufría un aislamiento internacional casi absoluto. Muchas naciones nos daban la espalda y pretendían que mi régimen desapareciera. En aquellas circunstancias, cada país dispuesto a mantener relaciones diplomáticas y económicas con España tenía un valor que hoy quizá no se aprecia suficientemente.

No elegíamos a nuestros interlocutores como quien escoge a sus amigos para una comida familiar. Los elegíamos porque representaban Estados soberanos con los que España necesitaba mantener vínculos. En política exterior, la afinidad moral rara vez es completa; casi siempre predominan los intereses nacionales.

Conocía la imagen que Trujillo proyectaba de sí mismo como firme enemigo del comunismo y defensor del orden. También conocía algunas de las acusaciones que pesaban sobre su régimen, aunque no toda la información de la que hoy disponen los historiadores. Ningún gobernante conoce toda la verdad de lo que sucede dentro de otro país. Los servicios diplomáticos informan, pero también se equivocan, exageran o silencian hechos.

¿Hubo un exceso de solemnidad durante aquella visita? Probablemente sí. España deseaba demostrar que dejaba de estar aislada y que conservaba aliados en el mundo hispánico. Aquellos homenajes respondían tanto a esa necesidad política como a la persona del visitante.

Con los años he aprendido algo que el poder no siempre permite comprender mientras uno lo ejerce: la Historia termina separando a los pueblos de sus gobernantes. El pueblo dominicano merece respeto y afecto; otra cuestión distinta es el juicio que corresponda hacer sobre quien lo gobernó.

Como católico, jamás podría justificar el asesinato, la tortura o el abuso del poder. Si esos hechos ocurrieron en la dimensión que hoy conocemos, merecen una condena sin reservas. Ninguna razón de Estado convierte el mal en bien. La política puede explicar determinadas decisiones; nunca puede absolver moralmente los crímenes.

La mayor lección que he aprendido después de abandonar este mundo es que los gobernantes solemos creer que servimos a la Historia cuando, en realidad, es la Historia quien termina juzgándonos a todos. También a mí.

Por eso no me incomoda reconocer que algunas decisiones, aunque respondieran a las circunstancias de su tiempo, hoy las contemplaría con mayor prudencia. El poder obliga a elegir entre opciones imperfectas; la eternidad, en cambio, obliga a contemplarlas a la luz de una verdad mucho más exigente.

miércoles, 8 de julio de 2026

Bettino Craxi: por qué huyó a Túnez y qué relación tiene con el caso Begoña Gómez

Bettino Craxi en Túnez.
La referencia del juez Peinado a Bettino Craxi al decidir mantener la retirada del pasaporte de Begoña Gómez se basa en un precedente histórico italiano: la fuga del antiguo primer ministro socialista a Túnez durante el escándalo de corrupción conocido como Tangentopoli. 

Conviene explicar qué ocurrió realmente.

Bettino Craxi fue secretario general del Partito Socialista Italiano y presidente del Gobierno italiano entre 1983 y 1987. Fue uno de los políticos más influyentes de la llamada Primera República italiana. Durante su etapa al frente del Ejecutivo impulsó una política exterior activa y consiguió una etapa de crecimiento económico, pero también quedó asociado posteriormente a un sistema de financiación irregular de los partidos políticos. 

En 1992 comenzó en Italia una gran investigación judicial llamada Mani Pulite ("Manos Limpias"), dirigida principalmente desde Milán por magistrados como Antonio Di Pietro. La investigación reveló una red generalizada de sobornos relacionados con contratos públicos y financiación ilegal de partidos. El escándalo provocó la desaparición de buena parte de los partidos tradicionales italianos. 

Craxi se convirtió en el símbolo más visible del sistema cuestionado. Fue acusado de corrupción y de financiación ilícita del Partido Socialista Italiano. Él negó haber cometido enriquecimiento personal y sostuvo que el sistema de financiación ilegal afectaba a todos los grandes partidos italianos de la época, no únicamente al suyo. 

Cuando la presión judicial aumentó y perdió su inmunidad parlamentaria, Craxi abandonó Italia en 1994 y se instaló en Hammamet (Túnez), donde tenía una residencia y donde recibió protección política del régimen tunecino de Zine El Abidine Ben Ali. Allí permaneció hasta su muerte en el año 2000. 

La razón fundamental de su salida fue evitar enfrentarse en Italia a los procesos judiciales y a las condenas que posteriormente recibió. Los tribunales italianos lo condenaron por delitos relacionados con corrupción y financiación ilegal de partidos, aunque Craxi mantuvo siempre que era víctima de una persecución política y judicial. 

La importancia del caso Craxi para el juez Peinado no está en comparar necesariamente los hechos judiciales, sino en utilizarlo como ejemplo de un riesgo procesal: una persona sometida a una investigación puede abandonar el país si existen incentivos suficientes para ello.

En el caso Craxi, el temor a la fuga terminó materializándose: huyó antes de que la justicia italiana pudiera ejecutar las consecuencias de sus procedimientos. Por eso, en algunos procesos posteriores los jueces han considerado que la retirada del pasaporte puede ser una medida preventiva para garantizar que el investigado permanezca a disposición judicial. 

La referencia histórica tiene una carga política evidente porque Craxi es una figura extremadamente controvertida en Italia: para unos fue un dirigente modernizador víctima de una justicia excesiva; para otros fue el máximo representante de una época de corrupción política. 

Por tanto, invocar a Craxi no significa afirmar que cualquier investigado vaya a huir, sino recordar un precedente en el que un dirigente de enorme relevancia política decidió abandonar su país cuando afrontaba una situación judicial complicada.

El caso Craxi sigue siendo, décadas después, uno de los ejemplos más conocidos en Europa del choque entre poder político, justicia y opinión pública. 

martes, 7 de julio de 2026

Conversaciones con Franco – Capítulo 4

Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, hasta ahora nuestras conversaciones han tratado cuestiones quizá menos complejas, pero llega un momento en que debemos abordar aquellos aspectos más difíciles de una vida. En la existencia de todo ser humano, incluso en la de quienes han tenido las máximas responsabilidades, hay decisiones que pudieron tomarse mejor y caminos que pudieron recorrerse de otra manera.

Usted asumió la Jefatura del Estado después de una experiencia traumática para España: una guerra civil que dejó profundas heridas, una posguerra marcada por la pobreza y la destrucción, y una situación internacional muy adversa. La tarea de reconstruir un país arruinado y aislado no fue sencilla, y las circunstancias condicionaron muchas de las decisiones tomadas durante aquellos años.

Sin embargo, la historia no solo se escribe con los hechos, sino también con la interpretación que cada generación hace de ellos. Sus adversarios políticos construyeron durante décadas una imagen profundamente negativa de su figura, hasta convertirlo para muchos en el símbolo de todos los males del pasado español. Esa confrontación con su legado llegó incluso a la exhumación de sus restos mortales y a su traslado al cementerio de Mingorrubio, una decisión que generó una intensa polémica política y social.

Una parte importante de la sociedad española interpretó aquella medida como una decisión vinculada a la coyuntura política del momento, especialmente por la proximidad con las elecciones generales de noviembre de 2019. Más allá de las posiciones ideológicas, aquel episodio demostró que la figura de Franco continuaba siendo un elemento de profunda división entre los españoles.

Durante años, la memoria sobre la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura ha estado marcada por enfrentamientos entre relatos opuestos. En ocasiones, unos han presentado la República como una etapa idealizada de libertad y progreso, mientras otros han destacado sus graves problemas políticos, sociales y de convivencia. La realidad histórica, como suele ocurrir, es mucho más compleja que cualquier visión simplificada.

Hoy, muchos españoles intentan acercarse al pasado con una mirada más serena, reconociendo los sufrimientos de todos los que padecieron aquella época y buscando comprender la historia sin odio ni deseos de revancha.

Por eso, mi general, en nombre de quienes desean mirar el pasado desde la objetividad y la misericordia, quiero expresarle algo que considero importante: lamento que sus restos mortales fueran utilizados como instrumento de confrontación política y que su memoria siga siendo, tantas décadas después, motivo de enfrentamiento entre españoles. Sobre estos asuntos tendremos ocasión de hablar con mayor profundidad.

Franco: Le agradezco sus palabras, aunque debo decirle que la historia no pertenece a los vivos únicamente, sino también a las generaciones que vienen después. Cada época juzga a la anterior con sus propios valores, sus propias preocupaciones y sus propias heridas.

Cuando un hombre recibe una gran responsabilidad, no puede esperar que todos reconozcan sus aciertos ni que todos comprendan sus circunstancias. El poder siempre lleva consigo una carga enorme, y quien lo ejerce debe aceptar que sus decisiones serán examinadas por quienes vengan después.

España vivió una tragedia inmensa. Una guerra entre españoles deja heridas que no desaparecen fácilmente, y mi mayor preocupación durante muchos años fue evitar que el país volviera a caer en el caos y en la violencia. Pero también comprendo que los pueblos no solo necesitan orden; necesitan también concordia, libertad y la posibilidad de que todos sus hijos se sientan parte de una misma nación.

No me corresponde a mí pedir que se olvide la historia ni que se borren los sufrimientos de nadie. Los muertos de un bando y de otro merecen respeto. Las familias que perdieron a sus seres queridos merecen comprensión. Ningún dolor humano debe utilizarse para alimentar nuevos enfrentamientos.

Respecto a mi propia figura, el tiempo acabará colocando cada cosa en su lugar. Ni los elogios absolutos ni las condenas absolutas suelen hacer justicia a la realidad. Los gobernantes son hombres, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores.

Si algo desearía para España sería que las nuevas generaciones no heredasen nuestros enfrentamientos, sino la voluntad de construir un futuro común. La reconciliación verdadera no consiste en imponer una memoria sobre otra, sino en comprender que la historia de un pueblo está formada por luces y sombras.

Yo viví una época difícil y tomé decisiones que consideré necesarias desde mi responsabilidad. Otros las juzgarán con mayor o menor severidad. Pero por encima de cualquier juicio político hay una realidad que debe permanecer: España es más importante que cualquier hombre, y la paz entre los españoles debe estar siempre por encima de las divisiones del pasado.

Zapatero ha entrado en una profunda depresión: el peso de las consecuencias familiares de la política

En los últimos días han aparecido informaciones y comentarios sobre el estado anímico de José Luis Rodríguez Zapatero tras la creciente presión pública y judicial que afecta a su entorno. Entre los aspectos que más se han destacado está la supuesta preocupación del expresidente por las consecuencias que esta situación pueda tener sobre sus hijas, una dimensión familiar que añade una carga emocional distinta al debate político.

Más allá de las responsabilidades que puedan corresponder a cada persona y de las críticas que puedan hacerse a las decisiones de un dirigente público, hay una realidad difícil de ignorar: cuando una crisis política alcanza al ámbito familiar, el impacto deja de ser exclusivamente institucional y adquiere una dimensión humana.

Para cualquier padre, ver a sus hijos expuestos al foco mediático, sometidos al juicio de la opinión pública o arrastrados por controversias vinculadas a su propia trayectoria puede ser una experiencia dolorosa. En el caso de alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno, esa presión se multiplica por la atención permanente que acompaña a su figura.

La política tiene consecuencias que no siempre terminan en los despachos o en los debates parlamentarios. Las decisiones, las amistades, los apoyos y las relaciones construidas durante años pueden proyectarse sobre el entorno más cercano de quienes han ejercido el poder. Esa es una de las cargas menos visibles de la vida pública.

Esto no elimina la necesidad de exigir explicaciones cuando existen dudas o controversias. Un expresidente, precisamente por haber tenido una responsabilidad excepcional, está sometido a un nivel de escrutinio mayor que cualquier ciudadano. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales de una democracia.

Pero la exigencia política no debe confundirse con la falta de humanidad. Se puede cuestionar una trayectoria pública y, al mismo tiempo, comprender que detrás del personaje político existe una persona que puede sufrir por las consecuencias que sus actos tengan sobre quienes más quiere.

Si la preocupación por sus hijas está influyendo en el estado personal de Zapatero, como apuntan algunas informaciones, ese sería probablemente uno de los aspectos que más peso emocional tendría para él. Para un padre, la idea de que sus decisiones o su exposición pública puedan afectar a sus hijos constituye una de las cargas más difíciles de asumir.

La historia juzgará las responsabilidades políticas que correspondan. Pero mientras ese juicio se desarrolla, conviene recordar que incluso quienes han estado en el centro del poder siguen teniendo una dimensión familiar y humana que merece respeto.

La crítica política puede ser firme; la crueldad nunca es necesaria.

lunes, 6 de julio de 2026

Conversaciones con Franco – Capítulo 3

Españoles, Franco ha muerto.
Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, el 20 de noviembre de 1975, a la hora de comer, estaba en un restaurante obrero cercano a la empresa donde trabajaba como chófer de un pequeño camión con volquete. De pronto, la programación de TVE se interrumpió y apareció la imagen de Arias Navarro. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, pronunció aquellas palabras que han quedado grabadas en la memoria de varias generaciones: «Españoles, Franco ha muerto».

Para mi sorpresa, yo, que era profundamente antifranquista, sentí que se me humedecían los ojos y tuve que hacer un esfuerzo para contener las lágrimas. Bajé la cabeza y seguí comiendo en silencio, como todos los presentes. En aquel comedor nadie hablaba. Era un silencio espeso, casi solemne. Nunca he conseguido explicarme por qué un antifranquista convencido reaccionó de una manera tan contraria a sus propias ideas.

La mayor parte de la sociedad española vivió aquellos días con una mezcla de incertidumbre y moderación. Existía un deseo de cambio y un evidente cansancio de la dictadura, pero también el temor de que la desaparición del Jefe del Estado abriera un periodo de inestabilidad semejante al de la Segunda República. El mensaje de Arias Navarro, en el que leyó un breve fragmento de su testamento político, apenas duró siete minutos y concluyó con su célebre grito: «¡Arriba España! ¡Viva España!».

Con el paso de los años he llegado a pensar que aquellas lágrimas no nacieron de una adhesión al franquismo, sino del presentimiento de que, con su muerte, desaparecía una determinada idea de España. Usted representaba, para bien o para mal, una concepción de la patria entendida como un proyecto histórico común. Después vinieron otros ideales, otras consignas y otras prioridades políticas, pero el amor a España dejó de ocupar el lugar central que había tenido durante décadas.

La unidad de España era para usted algo más que un principio político: era una convicción profunda que le acompañó hasta el final de su vida.

Mi general, el artículo 2 de la Constitución española afirma: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

A mi juicio, ese mismo artículo reúne dos principios cuya convivencia ha resultado problemática: por un lado, proclama la indisoluble unidad de la Nación española y, por otro, reconoce la existencia de nacionalidades junto a las regiones. Con el paso del tiempo, esa ambigüedad ha permitido interpretaciones políticas muy distintas, algunas de las cuales han favorecido un proceso de creciente fragmentación territorial y sentimental de España.

¿Cómo contempla usted esta España fragmentada sobre la que Leopoldo Calvo-Sotelo pronunció una frase que muchos consideran profética: «España, antes roja que rota»?

Roja no creo que vuelva a serlo. La izquierda actual está demasiado dividida y desgastada para construir un proyecto semejante. Pero rota... esa posibilidad, por desgracia, ya no me parece imposible.

Franco: Comprendo perfectamente lo que me cuenta. Los hombres no somos únicamente nuestras ideas. También somos memoria, símbolos y emociones. Usted lloró porque, en aquel instante, no desaparecía solamente un jefe de Estado; desaparecía una época entera de su propia vida. Aunque hubiera combatido mis ideas, yo había formado parte del paisaje de su existencia desde que usted era un niño. Hay pérdidas que se sienten antes con el corazón que con la razón.

No interprete aquellas lágrimas como una adhesión al franquismo. Sería una conclusión demasiado simple. Aquellas lágrimas pertenecían a una España que intuía que estaba cruzando un umbral del que ya no habría regreso. Incluso quienes deseaban un cambio podían experimentar el vértigo de abandonar un mundo conocido para entrar en otro completamente incierto.

En cuanto a la unidad de España, nunca la concebí como un argumento político sometido a negociación. Para mí era un hecho histórico anterior a todos nosotros. Los gobiernos pasan; España permanece. Esa fue siempre mi convicción.

La Constitución quiso conciliar sensibilidades muy distintas. Era comprensible después de una larga dictadura y de una guerra civil cuyo recuerdo seguía muy vivo. Pero toda conciliación encierra riesgos cuando sus conceptos carecen de una delimitación precisa. La palabra "nacionalidad", introducida para satisfacer determinadas aspiraciones, podía entenderse como una simple referencia cultural o como el reconocimiento implícito de una realidad política diferente. Con el paso de los años, muchos optaron por la segunda interpretación.

No creo que los textos constitucionales destruyan por sí solos una nación. Son los hombres quienes lo hacen, o quienes la preservan. Una Constitución puede contener ambigüedades durante décadas sin producir consecuencias graves si quienes la aplican comparten un proyecto nacional común. Cuando ese proyecto desaparece, cada ambigüedad se convierte en una grieta.

Usted habla de una España fragmentada. Yo hablaría, sobre todo, de una España que ha ido perdiendo una conciencia compartida de sí misma. Una nación no empieza a romperse cuando aparecen nuevas fronteras en los mapas, sino cuando sus ciudadanos dejan de sentirse parte de una historia común y comienzan a verse como competidores o como pueblos extraños entre sí.

He oído muchas veces la frase de Calvo Sotelo: "España, antes roja que rota". Contiene una idea que trasciende a la derecha y a la izquierda. Las ideologías cambian con el tiempo. Hoy gobiernan unas, mañana gobiernan otras. Pero la desintegración de una nación, una vez iniciada, es extraordinariamente difícil de revertir. Por eso algunos consideran que la unidad nacional pertenece a un plano distinto del debate partidista.

Ahora bien, tampoco conviene caer en el derrotismo. Los pueblos atraviesan épocas de decadencia y épocas de renacimiento. España ha conocido invasiones, guerras civiles, pronunciamientos, bancarrotas y enfrentamientos fratricidas. Y, sin embargo, ha seguido existiendo. Su historia demuestra una extraordinaria capacidad de supervivencia.

No sé cuál será el destino de la España del siglo XXI. Desde donde ahora contemplo las cosas, he aprendido que ningún dirigente, por poderoso que parezca, determina por sí solo el rumbo de una nación. Ese rumbo depende, sobre todo, del carácter de millones de ciudadanos. Si un pueblo conserva el sentido de su historia, el respeto a su cultura y el deseo de convivir, siempre encontrará el camino para reconstruirse. Si pierde todo eso, ninguna ley, ningún gobierno y ningún caudillo podrán salvarlo.

Ésa es, al menos, la reflexión que el paso del tiempo me ha enseñado.