Hablar de "barrer" a una parte del país no es una metáfora inocente. El verbo no deja lugar a dudas: implica eliminación, sustitución, limpieza. Y el hecho de que el sujeto a "barrer" sea un grupo ideológico —los llamados "fachas" o "racistas", categorías deliberadamente ambiguas y elásticas— revela una peligrosa deriva: la deshumanización del adversario político. Justamente aquello que el progresismo dice combatir.
El problema es utilizar la inmigración como herramienta de ingeniería social y como arma arrojadiza contra una parte de la ciudadanía. Convertir a personas reales —con derechos, deberes y trayectorias propias— en un simple medio para "reeducar" o "reemplazar" a otros ciudadanos es profundamente paternalista y, paradójicamente, deshumanizador.
La inmigración no puede ser un castigo moral contra quienes piensan distinto, ni una palanca para corregir electoral o culturalmente a un país. Cuando se plantea así, deja de ser una política pública y pasa a ser un experimento ideológico.
El discurso de Montero encierra una pregunta inquietante: ¿quién determina quién es un "facha" y quién no? ¿Quién merece ser "barrido" simbólicamente del país? Hoy pueden ser los votantes de derechas, mañana los críticos del feminismo oficial, pasado los discrepantes en materia climática, sanitaria o económica. La lógica es siempre la misma: si no encajas en el marco moral correcto, eres un estorbo.
Este tipo de planteamientos no fortalecen la democracia; la erosionan. La democracia liberal se basa en la convivencia de ideas opuestas, no en la fantasía de erradicar al disidente. Cuando un dirigente político sueña con un país sin adversarios ideológicos, no está imaginando una sociedad más justa, sino una sociedad más dócil.
Superioridad moral y desprecio al pueblo
Hay además un trasfondo elitista difícil de ignorar. La frase sugiere que ciertos sectores de la población española son irremediablemente atrasados, reaccionarios o moralmente defectuosos, y que necesitan ser "corregidos" desde fuera. Es el viejo desprecio ilustrado hacia el pueblo, reciclado en clave identitaria y progresista.
Resulta especialmente llamativo que este discurso provenga de quienes se presentan como defensores de la diversidad. Diversidad, eso sí, solo aceptable cuando no incluye diversidad de pensamiento.
Si un político de signo contrario hablara de "barrer" a los progresistas, la reacción sería inmediata y unánime: condena, portadas, acusaciones de odio. Pero cuando el lenguaje excluyente se dirige contra un adversario ideológico concreto, se relativiza, se justifica o se banaliza. Ese doble rasero es corrosivo y acaba empobreciendo el debate público.
Las palabras importan, especialmente cuando vienen de responsables políticos. Normalizar un lenguaje de eliminación simbólica no es valentía ni compromiso social: es irresponsabilidad.
España no necesita ser "barrida" de nadie. Necesita políticas sensatas, inmigración regulada y humana, respeto al Estado de derecho y una clase política capaz de convivir con la discrepancia sin soñar con la desaparición del otro.
Cuando la política se convierte en un ajuste de cuentas moral, deja de ser política y se transforma en una lucha identitaria sin salida. Y en ese terreno, los perdedores suelen ser siempre los mismos: la convivencia, la libertad y la democracia.
