¿Qué es lo peor que hizo Zapatero como presidente del gobierno de España?

¿Qué es lo peor que hizo?

José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa en 2004 con una España en expansión, crecimiento económico y superávit presupuestario. Siete años después abandonó el poder dejando una economía golpeada por una crisis extraordinaria, un paro superior al 20% y una sociedad profundamente dividida. ¿Cuál fue su peor decisión?

1. Negar durante demasiado tiempo la gravedad de la crisis económica

Probablemente sea el mayor error de su Gobierno. En junio de 2008, cuando la economía española ya sufría los efectos del estallido inmobiliario y de la crisis financiera internacional, Zapatero afirmó que hablar de crisis era "opinable".

En septiembre insistía en hablar de "estancamiento", mientras el deterioro económico se aceleraba. Aunque posteriormente reconoció que se había equivocado al considerar que se trataba de una desaceleración y no de una crisis, el retraso tuvo un coste político y económico considerable.

El problema no fue que Zapatero no pudiera prever la dimensión mundial del desastre. Nadie podía hacerlo con precisión. El problema fue no reconocer con suficiente rapidez las debilidades específicas españolas, especialmente la dependencia de la construcción y del crédito inmobiliario. En 2007, incluso el Gobierno reclamaba a bancos y cajas que mantuvieran el crédito al sector inmobiliario.

2. El histórico recorte social de mayo de 2010

El giro de mayo de 2010 fue otro de los momentos decisivos. Presionado por los mercados y por la Unión Europea, Zapatero abandonó buena parte de su política expansiva y anunció un severo paquete de austeridad.

Se redujo aproximadamente un 5% el salario de los empleados públicos, se congelaron las pensiones para 2011, se eliminó el llamado cheque-bebé y se recortó la inversión pública. El paquete pretendía ahorrar unos 15.000 millones de euros.

El propio Gobierno reconocería oficialmente que España había perdido más de dos millones de empleos en dos años y que el paro se aproximaba al 20%.

La paradoja fue demoledora: el presidente que durante años había rechazado la palabra "crisis" terminó aplicando uno de los mayores ajustes sociales de la democracia.

3. La reforma exprés del artículo 135

En agosto de 2011, a pocos meses de abandonar el poder, Zapatero pactó con el PP una reforma constitucional que introdujo la estabilidad presupuestaria como principio constitucional y estableció la prioridad del pago de la deuda pública.

La reforma fue legal y constitucionalmente válida, pero su procedimiento provocó una enorme controversia. Se tramitó por vía de urgencia y lectura única, sin referéndum, rompiendo con la tradición de consenso asociada a la Constitución de 1978.

Es, posiblemente, la decisión institucional más trascendente de Zapatero: modificó la propia Constitución para limitar el déficit de las Administraciones Públicas.

4. La Memoria Histórica y la polarización

A mi modo de ver, uno de los errores políticos más graves de Zapatero fue convertir la memoria de la Guerra Civil y del franquismo en una cuestión central de la política española. La Ley de Memoria Histórica de 2007 pretendía reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Su propósito reparador podía ser legítimo. El problema estuvo en las consecuencias políticas de convertir aquel pasado en materia de confrontación partidista.

La Transición había construido, con todas sus imperfecciones, un principio que resultó esencial para la convivencia: no utilizar la Guerra Civil como arma contra el adversario. El espíritu del pacto constitucional de 1978 descansaba, precisamente, en la voluntad de que vencedores y vencidos, izquierdas y derechas, renunciaran a ajustar cuentas con el pasado para construir juntos un futuro democrático.

Zapatero alteró ese equilibrio. La memoria dejó de ser solamente una cuestión de reparación individual y pasó a ocupar un espacio creciente en el debate político. La consecuencia, según sus críticos, fue la recuperación de un lenguaje y unas categorías que parecían pertenecer a otra época: las dos Españas, los vencedores y los vencidos, la izquierda heredera de unas víctimas y la derecha presentada como depositaria de determinadas responsabilidades históricas.

El resultado fue una nueva utilización política del pasado. La Guerra Civil, que durante décadas había sido una tragedia que muchos españoles habían decidido recordar con prudencia o incluso silenciar para evitar repetirla, regresó al debate público con una intensidad desconocida desde la Transición.

No significa esto que las víctimas debieran ser olvidadas. Al contrario: una democracia puede y debe honrar a quienes sufrieron persecución, violencia o muerte. La cuestión es otra: si la reparación de las víctimas exige necesariamente reabrir las heridas del pasado.

La tesis crítica contra Zapatero sostiene que no fue necesario hacerlo. España podía recuperar cadáveres de fosas, identificar desaparecidos, reconocer injusticias y dignificar a las víctimas sin convertir la Guerra Civil en un instrumento de división contemporánea.

Por eso, más que afirmar que la Ley de Memoria Histórica "provocó" por sí sola la polarización española, resulta más preciso sostener que contribuyó a resucitar un conflicto de memorias que la cultura política de la Transición había procurado mantener fuera de la lucha partidista.

En ese sentido, el problema no fue recordar. El problema fue cómo se recordó y para qué se utilizó políticamente ese recuerdo.

Y ahí se encuentra una de las críticas más severas que pueden hacerse al zapaterismo: haber contribuido, deliberadamente o no, a que la Guerra Civil dejara de ser solamente una tragedia histórica para convertirse nuevamente en una frontera política entre españoles.

El guerracivilismo no desaparece cuando se dejan de mencionar sus nombres. Desaparece cuando una sociedad decide que ninguna generación tiene derecho a heredar el odio de la anterior. Ese fue, precisamente, uno de los grandes logros de la Transición. Y para sus críticos, uno de los legados más discutibles de Zapatero fue haber puesto aquel consenso en cuestión.

5. La negociación con ETA

Zapatero intentó conseguir el final dialogado de ETA. En junio de 2006 anunció su disposición a abordar un final dialogado del terrorismo bajo las condiciones aprobadas por el Parlamento.

El proceso terminó abruptamente con el atentado de la T-4 de Barajas del 30 de diciembre de 2006, que mató a dos personas. Zapatero suspendió entonces las iniciativas de diálogo.

Fue una apuesta arriesgada, pero sería injusto presentar el episodio como una concesión unilateral a ETA: el Gobierno había establecido como condición el abandono de la violencia y, después de Barajas, rompió el proceso.

El veredicto

Si hubiera que escoger un solo error, elegiría la gestión de la crisis económica. No porque Zapatero provocara la crisis internacional, sino porque tardó demasiado en reconocer su gravedad y en actuar sobre las debilidades estructurales españolas. El resultado fue una combinación devastadora de destrucción de empleo, déficit, endeudamiento y posterior austeridad.

La reforma del artículo 135 ocupa el segundo lugar por su trascendencia institucional. La Memoria Histórica y el proceso con ETA fueron decisiones mucho más controvertidas políticamente que económicamente, y su valoración depende en gran medida de la posición ideológica desde la que se contemplen.

Y hay un último elemento que pertenece ya al Zapatero posterior a La Moncloa. Su actividad como mediador en Venezuela y su relación con determinados actores empresariales han vuelto a colocar su nombre en el debate político. En 2026 permanece bajo investigación judicial en el caso Plus Ultra; el procedimiento examina, entre otras cuestiones, el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea. Zapatero niega haber mediado en el rescate y sostiene que su actuación fue legal. 

Por tanto, el juicio histórico sobre Zapatero todavía no está cerrado. Pero su mayor fracaso presidencial probablemente no fue una ley concreta ni una negociación: fue no comprender a tiempo que la España que había gobernado durante los años de prosperidad estaba entrando en una crisis que exigía decisiones mucho antes de que los mercados obligaran a tomarlas.

El PSOE da por amortizado a Sánchez tras la crisis de Ceuta

Los ceutíes jodidos y tú de vacaciones.

La crisis de Ceuta ha abierto una grieta que durante años parecía imposible dentro del PSOE: la discusión sobre el futuro de Pedro Sánchez. Nadie en Ferraz ha anunciado su relevo ni existe, formalmente, una operación para apartarlo. Pero el tabú empieza a romperse. Y cuando comienzan a aparecer voces que hablan del «día después», el problema deja de ser exclusivamente externo.

La magnitud de la crisis explica el cambio. Entre el 30 y el 31 de julio entraron en Ceuta más de 70.000 personas procedentes de Marruecos. Casi un mes después, miles seguían en la ciudad, entre ellos numerosos menores, mientras la normalidad continuaba lejos de recuperarse. El propio Gobierno terminó reconociendo la dimensión extraordinaria de la situación y creó un mando único, después de haberse resistido durante semanas a hacerlo. 

El problema político para Sánchez no es únicamente la crisis, sino la impresión de que llegó tarde. La convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional se produjo 26 días después del estallido, mientras se acumulaban críticas por la falta de coordinación y por la respuesta insuficiente del Estado. 

Lo verdaderamente preocupante para el presidente es que las críticas ya no proceden solamente del PP, Vox o los medios de comunicación. Han aparecido dentro de su propia organización. Dos diputados socialistas de la Asamblea de Ceuta, Melchor León y Sebastián Guerrero, han reclamado públicamente una respuesta más contundente del Gobierno y han asegurado que anteponen los intereses de la ciudad a la disciplina partidista. 

León ha sido especialmente contundente. Ha llegado a afirmar que los ceutíes se sienten abandonados y que resulta «muy triste» que sea precisamente un Gobierno socialista el que, a su juicio, haya dejado sola a la ciudad. También reclamó al presidente declarar la emergencia de interés nacional y adoptar medidas extraordinarias. 

La respuesta de Ferraz ha sido significativa: en lugar de asumir las críticas como una legítima discrepancia territorial, la dirección federal abrió un expediente político a los dos diputados por decisiones adoptadas en la Asamblea. El enfrentamiento demuestra hasta qué punto la crisis ha quebrado la unidad del socialismo ceutí y ha convertido la gestión de la inmigración en un problema interno para Sánchez.

Pero hay un dato todavía más revelador. El ministro Óscar Puente ha hablado públicamente del momento en que Sánchez dejará el liderazgo del PSOE y ha dejado abierta la posibilidad de que el relevo se produzca después de la próxima legislatura. Otros análisis periodísticos señalan que en el partido comienza a discutirse, aunque sea tímidamente, la sucesión.

Eso no significa que Sánchez esté acabado. Sería un error repetir el pronóstico tantas veces formulado en el pasado. El presidente ha demostrado una extraordinaria capacidad de supervivencia política: fue expulsado de la dirección socialista en 2016, regresó contra el aparato del partido y posteriormente llegó a La Moncloa. Después volvió a gobernar en 2023 cuando muchos daban por imposible su continuidad.

Pero Ceuta introduce una diferencia esencial: por primera vez el desgaste no procede únicamente de sus adversarios; empieza a afectar al instinto de conservación del propio PSOE.

El partido puede seguir cerrando filas, negando cualquier crisis interna y defendiendo la gestión gubernamental. De hecho, la portavoz socialista Montse Mínguez ha rechazado frontalmente la acusación de que el Ejecutivo estuviera de vacaciones durante la crisis.

Sin embargo, la política tiene sus propios tiempos. Cuando ministros hablan del relevo, diputados socialistas desafían públicamente a Ferraz y dirigentes territoriales comienzan a cuestionar la estrategia presidencial, la pregunta ya no es si Sánchez es intocable. La pregunta es cuánto tiempo puede seguir siéndolo.

Ceuta quizá no haya provocado todavía la sucesión de Sánchez, pero sí ha conseguido algo que hasta ahora parecía imposible: que dentro del PSOE empiece a hablarse de ella en voz alta.

Sánchez ya no es intocable

Recuerda: nadie es intocable.

Durante años, Pedro Sánchez consiguió convertir una de sus mayores debilidades en una fortaleza: sobrevivir políticamente a casi todo. Crisis internas, derrotas electorales, polémicas judiciales, cambios de alianzas y decisiones que parecían destinadas a provocar su caída terminaron reforzando, paradójicamente, su control sobre el PSOE. Pero algo parece estar cambiando. Sánchez ya no es completamente intocable.

La señal más significativa no procede de la oposición, sino de su propio Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha abierto públicamente la conversación sobre la sucesión. Preguntado por el futuro del liderazgo socialista, no descartó presentarse algún día para sustituir a Sánchez y situó el relevo en un horizonte posterior a la próxima legislatura.

Puede parecer una declaración inocente. No lo es. En política, hablar de la sucesión de un dirigente que todavía está en el poder significa admitir que existe un escenario posterior a él. Y que un ministro en ejercicio se permita hacerlo revela que el tabú empieza a romperse.

Puente ha intentado posteriormente rebajar el alcance de sus palabras, pero el daño político ya estaba hecho. En Moncloa existe malestar porque sus declaraciones han colocado en la agenda un debate que el entorno presidencial considera inoportuno. 

El problema para Sánchez es que la conversación coincide con un momento especialmente delicado. La crisis de Ceuta ha expuesto diferencias dentro del Gobierno, particularmente alrededor de la actuación de los servicios de inteligencia y de la respuesta de Interior y Defensa. Las discrepancias entre Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska han obligado a Félix Bolaños a fijar públicamente la posición oficial del Ejecutivo.

No se trata solamente de una discusión administrativa. Las crisis graves tienen una característica política: obligan a repartir responsabilidades. Y cuando la responsabilidad empieza a circular entre ministros, el presidente deja de ser el único centro de gravedad del Ejecutivo.

La situación se complica porque la crisis de Ceuta ha adquirido una dimensión nacional. La entrada irregular de decenas de miles de personas y la permanencia de miles de ellas en una situación extremadamente precaria han provocado críticas por la gestión gubernamental y han obligado a Sánchez a convocar al Consejo de Seguridad Nacional semanas después del estallido de la crisis. 

Mientras tanto, el PSOE afronta un problema todavía más profundo: qué ocurrirá después de Sánchez. Las derrotas electorales acumuladas y los problemas internos han alimentado desde hace meses conversaciones sobre el futuro del partido. La cuestión ya no es únicamente si Sánchez puede resistir, sino cuánto tiempo puede seguir siendo el único dirigente capaz de mantener unida a la organización.

La paradoja es evidente. Sánchez continúa controlando el PSOE y sus ministros siguen proclamando públicamente su confianza en él. Elma Saiz, por ejemplo, ha defendido recientemente que Sánchez es el «mejor líder» del partido y ha rechazado que existan dudas sobre su liderazgo. 

Pero precisamente esa necesidad de desmentir que exista una crisis demuestra que el asunto está sobre la mesa.

Un líder verdaderamente indiscutido no necesita que sus ministros expliquen constantemente que continúa siendo indiscutido.

Sánchez todavía conserva poder, recursos institucionales y capacidad de resistencia. Sería prematuro hablar de una sucesión inmediata. Pero algo importante ha cambiado: la hipótesis de un PSOE sin Sánchez ha dejado de ser políticamente impensable.

Y cuando los propios ministros empiezan a mirar más allá del presidente, aunque sea con prudencia y calculadora ambigüedad, el poder comienza a tener fecha de caducidad.

La cuestión ya no es si Sánchez puede sobrevivir a otra crisis. Probablemente pueda. La verdadera cuestión es si, después de tantos años de supervivencia, el PSOE empieza finalmente a imaginar su vida sin él.

Trump está fallando en Venezuela

Miento, luego existo.

Donald Trump puede presentar la captura de Nicolás Maduro como una de las grandes operaciones de su política exterior. Y, desde el punto de vista militar, resulta difícil discutir que fue un golpe extraordinario: el 3 de enero de 2026 fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano y lo trasladaron a Estados Unidos para ser procesado. La propia Casa Blanca considera la operación uno de los mayores éxitos de la presidencia Trump.

Pero una cosa es ganar una operación militar y otra muy distinta ganar la paz. Y es precisamente en esta segunda fase donde la estrategia de Trump empieza a mostrar grietas.

El problema fundamental es que Washington derribó el principal obstáculo personal del régimen, pero no ha conseguido desmontar todavía el sistema político construido durante el chavismo. 

Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina bajo una enorme presión estadounidense, mientras la oposición venezolana intenta recuperar protagonismo y abrir el camino hacia unas elecciones verdaderamente democráticas. El Consejo de Relaciones Exteriores describe la situación como una transición todavía profundamente condicionada por Washington.

Trump prometió resultados rápidos. Sin embargo, ocho meses después de la captura de Maduro, Venezuela continúa necesitando una solución política de fondo. 

Las negociaciones entre el Gobierno interino y la oposición avanzan con dificultad y han generado frustración entre los propios venezolanos. Chatham House advierte de que los primeros contactos han ofrecido señales preocupantes y reclama una presión estadounidense efectiva para conseguir avances reales.

Hay además una contradicción que amenaza con convertirse en el gran problema de la política venezolana de Trump: Washington quiere reconstruir Venezuela, pero al mismo tiempo mantiene un control extraordinariamente estrecho sobre sus recursos. La Casa Blanca decidió colocar los ingresos petroleros venezolanos bajo mecanismos de supervisión estadounidense, justificándolo como una herramienta para garantizar la estabilidad política y económica del país.

El petróleo es, naturalmente, la clave. 

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero su industria ha sufrido décadas de abandono, corrupción, falta de inversiones y deterioro de las infraestructuras. Trump anunció que las empresas estadounidenses reconstruirían rápidamente la industria petrolera. Sin embargo, el ritmo está siendo mucho más lento de lo anunciado. Axios señalaba en agosto que los acuerdos petroleros avanzaban con lentitud, mientras que nuevas operaciones siguen tropezando con problemas legales, financieros y administrativos.

El reciente contrato de SLB con PDVSA para recuperar y modernizar los datos de los campos petroleros ilustra perfectamente la situación: incluso una empresa estadounidense de primer nivel se enfrenta a un sector devastado, sistemas obsoletos y obstáculos derivados de las propias sanciones estadounidenses.

La pregunta, por tanto, no es si Trump consiguió derrotar a Maduro. Lo consiguió. La pregunta es qué ha construido después de esa victoria.

Si Venezuela no alcanza pronto una transición democrática creíble, si la economía no despega y si la reconstrucción petrolera continúa retrasándose, Trump correrá el riesgo de haber cambiado un régimen autoritario por una situación de tutela estadounidense indefinida. Y eso sería especialmente incómodo para un presidente que hizo de «America First» y de la defensa de la soberanía nacional una de sus principales banderas.

Trump ganó la batalla contra Maduro. Pero todavía no ha ganado Venezuela. Y cuanto más tiempo pase sin una salida política clara, más evidente será que la operación militar, por espectacular que fuese, no constituye por sí sola una estrategia de éxito.A

Margarita Robles, la antítesis de Pedro Sánchez con solo una semana de vacaciones en agosto

Margarita Robles

En un Gobierno acostumbrado a que la política y la imagen pública caminen por senderos distintos, la comparación entre Margarita Robles y Pedro Sánchez resulta inevitable. Mientras el presidente ha disfrutado este verano de un periodo de descanso de cinco semanas, entre el 28 de julio y el 31 de agosto, la ministra de Defensa apenas se ha concedido una semana de vacaciones en agosto. 

La diferencia no es un detalle menor. Sánchez se ha convertido este verano en el dirigente europeo con el periodo vacacional más prolongado entre los principales jefes de Gobierno. Según la comparación publicada por Euronews, el presidente español permanece alejado de la actividad institucional durante cinco semanas, mientras la mayoría de sus homólogos europeos limita su descanso a una o dos.

Robles, en cambio, ha mantenido una actividad especialmente intensa. Y las circunstancias tampoco invitaban precisamente al descanso. La crisis de Ceuta, iniciada a finales de julio, ha obligado al Gobierno a afrontar una de las situaciones más delicadas de la legislatura. La ministra de Defensa ha estado en primera línea, junto a las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, y este martes ha comparecido durante casi cuatro horas ante el Congreso para explicar la actuación del Ejecutivo.

La imagen adquiere todavía mayor fuerza por el contraste. Mientras Sánchez se encontraba de vacaciones, sus ministros debían afrontar las consecuencias políticas de una crisis que ha generado críticas incluso entre algunos de sus socios parlamentarios. La ausencia del presidente durante buena parte de la crisis ha sido cuestionada desde distintos sectores, incluidos partidos que sostienen parlamentariamente al Gobierno.

Robles, por su parte, no ha acudido al Congreso para limitarse a defender al Ejecutivo. Ha hecho algo poco habitual en la política española: reconocer errores y pedir disculpas. "Si se ha llegado tarde", admitió ante los diputados, "mis disculpas". También reconoció que si los ciudadanos de Ceuta se han sentido abandonados, angustiados o insuficientemente protegidos, es porque "algo habremos hecho mal".

Eso no significa que Robles haya quedado al margen de las controversias. Su comparecencia ha dejado abiertas importantes incógnitas sobre la crisis de Ceuta y, especialmente, sobre los avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia. La ministra aseguró que los agentes del CNI compartieron información sobre el progresivo deterioro de la situación; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ofrecido una versión diferente.

Pero hay una diferencia de actitud que merece ser destacada. Robles ha asumido públicamente una parte de la responsabilidad política por una gestión que ella misma considera mejorable. Sánchez, en cambio, ha mantenido durante el verano una presencia institucional mucho más reducida, pese a encontrarse España ante una crisis de enorme sensibilidad política y territorial.

No se trata de afirmar que una ministra deba renunciar a sus vacaciones. Los gobernantes también tienen derecho al descanso. El problema aparece cuando la duración del descanso y las circunstancias del país transmiten una determinada percepción de las prioridades. Y este verano esa percepción resulta especialmente evidente.

Robles, además, no es una política improvisada. Antes de llegar al Gobierno desarrolló una larga carrera judicial, que culminó como magistrada del Tribunal Supremo. Desde junio de 2018 ocupa el Ministerio de Defensa, convirtiéndose en una de las figuras más veteranas del Ejecutivo.

Por eso la comparación con Sánchez resulta inevitable. No porque Robles sea políticamente independiente del presidente —forma parte de su Gobierno—, sino porque representa una cultura distinta del ejercicio de la responsabilidad pública: más presencia, más exposición y, al menos en esta ocasión, menos vacaciones.

Una semana frente a cinco. Una ministra dando explicaciones mientras el presidente descansa. No es una cuestión de calendario. Es, sobre todo, una cuestión de responsabilidad.

¿Es tan malo Occidente como lo pintan las izquierdas?

¿Somos tan malos como nos pintan?

Existe una corriente de pensamiento que parece considerar que Occidente debe pedir perdón por casi todo: por su historia, por su economía, por su cultura, por sus instituciones y hasta por los valores que han permitido a millones de personas vivir con una libertad desconocida durante siglos. Según esta visión, nuestra civilización sería esencialmente culpable y tendría poco de lo que sentirse orgullosa.

Pero conviene separar la crítica legítima de la caricatura.

Occidente tiene un pasado lleno de sombras. Hubo guerras de conquista, esclavitud, colonialismo, discriminación, explotación y terribles abusos de poder. Negarlo sería absurdo. Pero tampoco es razonable juzgar una civilización exclusivamente por sus errores, ignorando las instituciones que ella misma desarrolló para combatirlos.

La democracia liberal, la separación de poderes, el Estado de derecho, la libertad de expresión, la libertad religiosa, los derechos individuales y la igualdad ante la ley forman parte esencial del legado político occidental. No son conquistas perfectas ni definitivas, pero han cambiado radicalmente la condición humana.

Los datos ayudan a poner las cosas en perspectiva. Hace apenas dos siglos, la inmensa mayoría de la población mundial era analfabeta. Hoy, más de cuatro de cada cinco personas saben leer y escribir. Our World in Data señala que la alfabetización universal fue una de las grandes aspiraciones surgidas de la Ilustración y que su expansión se aceleró extraordinariamente durante los siglos XIX y XX. 

Algo semejante ocurrió con la esperanza de vida. En 1900, la media mundial rondaba los 32 años; en 2021 había superado los 70. La medicina, las vacunas, los antibióticos, el saneamiento, el agua potable, la nutrición y la mejora de las condiciones materiales explican buena parte de esta transformación.

¿Todo ello fue exclusivamente obra de Occidente? Naturalmente, no. La civilización humana es fruto de aportaciones de muchas culturas. Pero sería igualmente injusto negar el papel decisivo que tuvieron la ciencia moderna, la Ilustración, la revolución industrial y las instituciones políticas occidentales en esta extraordinaria transformación.

Y hay otro dato que merece atención: la democracia. Hace doscientos años prácticamente ningún país podía considerarse una democracia moderna. Hoy, aproximadamente la mitad de los países del mundo pueden recibir esa consideración, aunque con enormes diferencias de calidad.

Eso no significa que Occidente pueda dormirse en los laureles. Al contrario. Freedom House advierte de que la libertad mundial disminuyó por vigésimo año consecutivo en 2025: 54 países empeoraron en derechos políticos y libertades civiles, mientras solo 35 mejoraron. La amenaza no procede únicamente de una ideología concreta. El autoritarismo, el populismo, la polarización, la corrupción y la concentración excesiva del poder pueden aparecer en cualquier extremo del espectro político.

Por eso Occidente no necesita una campaña de autodesprecio, sino una renovación de su confianza en aquello que merece ser defendido.

No tenemos que avergonzarnos de haber heredado una civilización imperfecta. Tenemos que conocer sus errores, reparar sus injusticias y conservar sus aciertos. La libertad no nació perfecta; fue construyéndose lentamente, muchas veces contra quienes pretendían imponer una verdad única.

Occidente no es el paraíso. Nunca lo ha sido. Pero tampoco es el infierno que algunos describen.

Y quizá la mejor manera de demostrarlo sea recordar una cosa sencilla: quien puede criticar libremente a Occidente, denunciar sus defectos, protestar contra sus gobiernos y exigir cambios está disfrutando precisamente de una de las libertades que esa civilización ha contribuido decisivamente a construir.

No hay razón para avergonzarse de ello.

Hay, más bien, razones para defenderlo.

Sánchez ha hecho agua: la imagen de un fin de ciclo

La banda está borracha.

Hay momentos en la política en los que una crisis deja de ser simplemente una crisis y empieza a convertirse en una imagen. La de Pedro Sánchez este verano es la de un Gobierno que hace agua por varios frentes y que transmite, por primera vez con especial claridad, la sensación de estar entrando en su tramo final.

La crisis de Ceuta ha actuado como un acelerador. La entrada masiva de inmigrantes puso al Ejecutivo ante una situación extraordinariamente delicada y obligó a desplegar recursos, ministros y medidas de emergencia. El Gobierno ha anunciado espacios temporales para acoger a 1.500 migrantes y ha planteado traslados de menores a la Península, mientras desde Ceuta se reclama una respuesta más contundente.

Pero el problema político de Sánchez no está solamente en Ceuta. Está en la percepción de que su Gobierno ha perdido capacidad para imponer el relato de los acontecimientos. Durante años, Sánchez ha demostrado una notable habilidad para resistir las crisis, cambiar de posición cuando ha sido necesario y reconstruir mayorías parlamentarias. Ahora esa capacidad parece mucho más limitada.

Los sondeos publicados durante la crisis fronteriza ofrecen una fotografía especialmente incómoda para el PSOE. Algunas encuestas sitúan a los socialistas alrededor de los 100-103 escaños, muy lejos de los resultados necesarios para reeditar por sí solos el actual entramado de apoyos parlamentarios. En uno de los sondeos conocidos recientemente, PP y Vox alcanzarían conjuntamente los 210 diputados.

Conviene no confundir una encuesta con unas elecciones, pero las tendencias tienen importancia porque revelan algo más profundo: el desgaste de un Gobierno que empieza a tener dificultades para convencer incluso a parte de su propio electorado.

Y a ello se añade la fragilidad parlamentaria. Sánchez necesita mantener unidos a socios muy diferentes entre sí, mientras la aprobación de los próximos Presupuestos aparece como uno de los grandes obstáculos de la legislatura. La posibilidad de que el Ejecutivo tenga que afrontar un adelanto electoral si no logra garantizar su continuidad presupuestaria ha alimentado la sensación de cuenta atrás.

Todo ello configura una escena distinta de la que Sánchez había acostumbrado a ofrecer. Ya no aparece como el político capaz de sobrevivir a cualquier tormenta, sino como un presidente obligado a apagar incendios sucesivos.

Eso es precisamente lo que significa un fin de ciclo: no necesariamente que el Gobierno vaya a caer mañana, sino que empieza a desaparecer la sensación de invulnerabilidad que lo acompañó durante años.

Sánchez todavía puede resistir. La legislatura, formalmente, puede prolongarse hasta 2027. Pero resistir no es lo mismo que avanzar. Y un Gobierno que dedica cada vez más energías a sobrevivir transmite inevitablemente una impresión de agotamiento.

La política tiene también una dimensión psicológica. Cuando ciudadanos, adversarios y hasta los propios aliados empiezan a percibir que un poder se debilita, el debilitamiento se convierte en un factor político por sí mismo.

Sánchez ha hecho agua. Quizá todavía pueda achicar el barco. Pero la cuestión decisiva ya no es si puede seguir gobernando, sino durante cuánto tiempo podrá convencer a España de que sigue teniendo el control del relato.

El verano más triste de Zapatero

Zapatero está triste.

Hay veranos que invitan al descanso, a la nostalgia y a la desconexión. Para José Luis Rodríguez Zapatero, el de 2026 está siendo muy distinto. El expresidente del Gobierno, que cumplió 66 años el pasado 4 de agosto, atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria pública. El antiguo líder socialista aparece ahora en el centro de una investigación judicial que amenaza con alterar radicalmente la imagen que durante años construyó después de abandonar La Moncloa.

Zapatero fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 y secretario general del PSOE entre 2000 y 2012. Su primera etapa de Gobierno quedó asociada a reformas sociales de gran impacto; la segunda, a la crisis económica y a un abrupto cambio de rumbo que terminó con la derrota socialista en las elecciones de 2011.

Pero aquellos episodios pertenecen ya a la historia política. El problema actual es de otra naturaleza. La Audiencia Nacional investiga la operación de rescate de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros de dinero público durante la pandemia. El juez José Luis Calama ha ordenado a la UDEF un estudio exhaustivo sobre la evolución del capital venezolano de la compañía y sobre determinados movimientos económicos relacionados con personas del entorno de Zapatero. También se han solicitado informes sobre movimientos bancarios y otros elementos incorporados a la investigación.

La situación judicial es especialmente incómoda porque el expresidente figura como investigado por presuntos delitos que incluyen organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, según las informaciones publicadas sobre la causa. Esto no significa, naturalmente, que sea culpable. Una investigación judicial debe desembocar en pruebas, decisiones judiciales y, en su caso, un juicio con todas las garantías. La presunción de inocencia sigue siendo irrenunciable.

Pero tampoco puede ignorarse la dimensión política del asunto. Durante los últimos años, Zapatero había conseguido convertirse en una figura con una actividad internacional propia, especialmente vinculada a Venezuela. Su papel como mediador y sus frecuentes contactos con dirigentes venezolanos le proporcionaron una influencia que trascendía las fronteras españolas. Ahora, precisamente esas relaciones aparecen bajo una lupa mucho más incómoda.

Las pesquisas han puesto el foco, entre otros asuntos, en empresarios venezolanos y en presuntas conexiones económicas que los investigadores consideran relevantes para esclarecer el rescate de Plus Ultra. La UDEF analiza nuevas evidencias y el juez continúa ampliando la investigación.

Para Zapatero, el contraste resulta difícil de ignorar. El hombre que durante años pudo hablar desde la distancia de los problemas de España y presentarse como mediador en conflictos internacionales se encuentra ahora obligado a explicar aspectos de su propia actividad y de sus relaciones.

Y eso convierte este agosto en un verano particularmente triste. No por el simple hecho de ser investigado —algo que forma parte de las garantías de un Estado de derecho—, sino porque una investigación de estas características puede modificar para siempre la percepción pública de un expresidente. La política concede memoria, pero también exige responsabilidades.

Zapatero ha disfrutado durante años de una segunda vida política alejada de las urnas. Este verano, sin embargo, la justicia ha irrumpido en ella. Septiembre puede ser todavía más difícil. Las declaraciones previstas de responsables de Plus Ultra y la evolución de las pesquisas determinarán hasta dónde llega el caso.

Por ahora, queda una imagen paradójica: mientras buena parte de España intenta olvidar durante unas semanas sus problemas cotidianos, uno de sus antiguos presidentes contempla cómo el pasado vuelve a llamar a su puerta.

Abascal y el efecto electoral de la regularización de migrantes

Avalancha de inmigrantes en Ceuta.

La regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno a finales de enero tuvo un efecto político inmediato: Vox, el partido de Santiago Abascal, comenzó a ganar terreno en los sondeos hasta alcanzar uno de sus mejores registros de la legislatura. 

El dato más significativo llegó con el sondeo de Sigma Dos para El Mundo, realizado entre el 23 y el 27 de febrero. Vox alcanzó entonces el 18,3% de estimación de voto y 64 escaños, prácticamente el doble de los 33 diputados obtenidos en las elecciones generales de 2023. El resultado suponía uno de los máximos del partido durante la legislatura.

La cuestión migratoria parece haber desempeñado un papel importante en esa movilización. Vox convirtió la regularización en uno de los principales ejes de su discurso, vinculándola a su defensa de la denominada "prioridad nacional". Abascal sostuvo que el proceso no terminaría con los beneficiarios iniciales y alertó de que la reagrupación familiar podría ampliar considerablemente su alcance.

Vox presenta la inmigración como una cuestión directamente relacionada con vivienda, servicios públicos, seguridad y empleo, y trata de convertir esas inquietudes en un voto de protesta contra el Gobierno. Durante la campaña andaluza, Abascal volvió a situar la regularización en el centro de sus ataques a Pedro Sánchez y defendió la "prioridad nacional".

La crisis migratoria de Ceuta ha reforzado posteriormente ese marco político. Tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, Abascal reclamó la militarización permanente de la frontera con Marruecos y endureció su discurso sobre inmigración.

Por tanto, decir que "Abascal se disparó en las encuestas tras anunciarse la regularización" tiene una base factual: el salto hasta el 18,3% y 64 escaños se produjo pocas semanas después del anuncio. 

La inmigración se ha convertido en uno de los principales motores de la competición electoral española. Y Vox ha sabido convertir una decisión gubernamental controvertida en un argumento central para movilizar a su electorado.

Podemos, al borde de la quiebra: pierde 7,8 millones y la mitad de su patrimonio

Podemos al borde de la quiebra.

Podemos atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia. Las cuentas del partido correspondientes a los últimos ejercicios dibujan un escenario de fuerte deterioro económico paralelo a su desplome electoral: desde 2021, la formación ha acumulado pérdidas por unos 7,8 millones de euros y ha visto reducido su patrimonio neto de 20,27 millones a 10,78 millones, una caída del 46,8 %. 

Los números explican mejor que cualquier discurso la transformación experimentada por el partido fundado por Pablo Iglesias. En 2021, Podemos todavía disponía de un patrimonio superior a los 20 millones de euros. En 2022 descendió hasta 18,45 millones; en 2023 cayó a 13,73 millones; en 2024 se situó en 11,51 millones y cerró 2025 con apenas 10,78 millones. 

El agujero se explica fundamentalmente por la sucesión de resultados negativos. Después de registrar superávit en 2020 y 2021, Podemos entró en pérdidas en 2022, con un resultado negativo de 388.735 euros. En 2023 llegó el gran golpe: 4,69 millones de euros de pérdidas, coincidiendo con el derrumbe electoral de las elecciones generales del 23 de julio. En 2024 perdió otros 2,15 millones y en 2025 sumó 634.454 euros más de déficit. 

El problema financiero está estrechamente relacionado con la pérdida de representación institucional. La política española demuestra que para los partidos los votos no solo significan escaños y poder parlamentario: también significan ingresos. Las subvenciones públicas destinadas al funcionamiento de las formaciones dependen, en buena medida, de su representación institucional. Las propias cuentas de Podemos reconocen que su continuidad como organización está condicionada al mantenimiento de las cuotas, las aportaciones de cargos públicos y la obtención de subvenciones. 

Y ahí se encuentra precisamente una de las principales debilidades actuales del partido. Los ingresos públicos pasaron de aproximadamente 11,1 millones de euros en 2021 a 2,59 millones en 2025. Es una reducción brutal que obliga a Podemos a ajustar también sus gastos. El gasto de funcionamiento descendió de 12,5 millones en 2021 a unos 4,1 millones en 2025. 

También se ha reducido considerablemente el dinero procedente de los cargos públicos. Las aportaciones de representantes de Podemos pasaron de alrededor de 1,8 millones de euros a solo 474.000 euros. Las cuotas de los afiliados, en cambio, han resistido mejor y continúan proporcionando algo más de un millón de euros anuales. 

¿Está Podemos realmente «en quiebra»? En sentido jurídico y empresarial estricto, no puede afirmarse que el partido esté declarado en quiebra o insolvencia. Tiene todavía un patrimonio neto superior a diez millones de euros. Pero la expresión describe gráficamente un proceso de descapitalización extraordinariamente severo: en cuatro años ha perdido prácticamente la mitad de sus recursos acumulados.

El dato más preocupante no es, por tanto, el resultado de un ejercicio concreto, sino la tendencia. Podemos ha pasado de disputar al PSOE el liderazgo de la izquierda y participar en el Gobierno a disponer de una representación parlamentaria mucho más reducida. Y esa pérdida de poder político se está reflejando directamente en sus cuentas.

La paradoja es evidente: un partido que nació denunciando la dependencia de la política respecto al dinero público se encuentra ahora dependiendo, en buena medida, de su capacidad para conservar representación institucional y las correspondientes subvenciones. Si continúa el retroceso electoral, el colchón financiero seguirá disminuyendo. Y un patrimonio que ya se ha reducido casi a la mitad deja mucho menos margen para afrontar el futuro.