La confianza en Trump se desploma en Venezuela mientras sube la de María Corina Machado

María Corina Machado

Una nueva encuesta de la firma venezolana Meganálisis confirma un vuelco dramático en la percepción que los venezolanos tienen del presidente estadounidense Donald Trump. Según el sondeo, difundido este mes y recogido por el diario español ABC, la aprobación de Trump entre los venezolanos se ha desplomado más de 82 puntos porcentuales desde enero, pasando del 92,2% al 9,7%.

Una caída sostenida a lo largo de ocho meses

Los datos históricos de la encuestadora muestran que el deterioro no fue repentino, sino progresivo. La aprobación se situó en 82,9% en febrero, 74,5% en marzo, 47,1% en abril, 30,9% en mayo y 21,5% en julio, antes de tocar su nivel más bajo en agosto. En paralelo, la desaprobación pasó de 6,3% a 69,2% en el mismo período.

El sondeo fue realizado entre el 24 y el 31 de agosto, con una muestra que —según otro medio que cita la misma fuente— entrevistó a 1.129 personas y reportó un margen de error de ±2,92 puntos porcentuales.

El acuerdo petrolero como detonante

El hecho que más reciente parece haber agravado el rechazo es el pacto energético firmado entre Washington y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Según La Patilla, ese acuerdo permite a Estados Unidos controlar 65.000 millones de barriles, equivalentes al 21% de las reservas petrolíferas certificadas de Venezuela, algo que habría decepcionado a buena parte de la población.

Rubén Chirino, presidente de Meganálisis, explicó a la cadena colombiana NTN24 que la caída responde a la distancia entre las expectativas generadas tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero y los resultados concretos observados después. Según recoge elnacional.com, la encuestadora atribuyó el deterioro a la diferencia entre las expectativas de cambio generadas desde enero y los resultados percibidos durante los meses posteriores, señalando también los acercamientos retóricos y los acuerdos económicos con el gobierno interino, de base chavista.

Un dato ilustra el escepticismo que rodea las verdaderas motivaciones de Washington: la mayoría de los venezolanos duda del propósito humanitario de la captura de Maduro. El 70,1% consideró que Trump buscaba quedarse con el petróleo del país, mientras que solo el 8,9% respondió que pretendía liberar a los venezolanos. Además, el 69,2% de los consultados respondió que no confía en que Trump quiera "lo mejor para el pueblo venezolano".

El ascenso de Machado

Mientras la figura de Trump se hunde en la opinión pública venezolana, la de María Corina Machado —líder opositora, fundadora de Vente Venezuela y Premio Nobel de la Paz, actualmente en el exilio— sigue en ascenso. En un escenario electoral con varios candidatos, Machado se impondría con un 61,2% de los votos, muy por delante de Delcy Rodríguez, que apenas alcanzaría el 3,1%. En un enfrentamiento directo hipotético entre ambas, la diferencia es todavía más amplia: Machado obtendría 75,5% frente a 3,8% de Rodríguez.

El rechazo al chavismo como sistema también aparece con fuerza en el sondeo: el 88,4% de los venezolanos considera "muy urgente" que el chavismo abandone el poder.

Resumen

El retrato que dibuja Meganálisis es el de una sociedad venezolana crecientemente escéptica frente a Washington, y volcada, en cambio, hacia el liderazgo de Machado como alternativa frente a la continuidad del chavismo, ahora bajo la figura de Delcy Rodríguez.

Henri Parot sale de prisión: el Gobierno vasco le concede el tercer grado

Henri Parot. 39 asesinatos, incluidos 5 niños y niñas.

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, ha concedido el tercer grado penitenciario a Henri Parot, exdirigente de ETA condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de asesinato. La decisión, confirmada por fuentes del propio departamento, se basa en un informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión guipuzcoana de Zubieta, donde Parot cumple condena desde su ingreso en 1990. El nuevo régimen le permitirá salir del centro penitenciario en los próximos días, aunque la Fiscalía todavía puede estudiar el expediente y decidir si recurre la medida ante la Audiencia Nacional.

Un historial criminal extenso

Parot, nacido en 1958 en Argel en el seno de una familia franco-vasca, fue detenido en Sevilla en abril de 1990 tras un tiroteo con la policía. Acumuló condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda armada. Entre sus crímenes más recordados figura el atentado de 1987 contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron once personas, cinco de ellas niñas y niños, y en el que resultaron heridas otras 88. Su caso dio nombre, además, a la conocida como "doctrina Parot", la jurisprudencia que durante años impidió aplicar beneficios penitenciarios de forma retroactiva a presos de ETA condenados a penas muy largas, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la tumbó en 2013.

Una progresión penitenciaria gradual

El paso al tercer grado no ha sido repentino. Desde el año pasado, Parot disfrutaba ya de un régimen de semilibertad amparado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permitía salir de la cárcel de lunes a viernes para realizar tareas de voluntariado, con la obligación de regresar cada noche a dormir en el centro. También se benefició de un permiso penitenciario de seis días, avalado por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional en un auto fechado el 19 de junio de 2025. En esa resolución, el magistrado valoró que Parot había cumplido ya más de tres cuartas partes de su condena, que no registraba sanciones disciplinarias, que participaba en actividades programadas por la prisión y que el riesgo de fuga era muy bajo. El juez tuvo en cuenta también una carta en la que el etarra, entonces con 67 años y 35 de ellos en prisión, afirmaba rechazar "todas las violencias" y planteaba la necesidad de reconocer el sufrimiento causado por su pertenencia a ETA.

Rechazo frontal de las víctimas

La decisión ha generado una reacción inmediata del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha calificado de inaceptable que se conceda la semilibertad a un condenado por 39 asesinatos sin que haya mostrado, a su juicio, un arrepentimiento real, público y verificable. La asociación sostiene que la resolución se apoya de nuevo en escritos privados y fórmulas genéricas de condena de la violencia, sin que exista una ruptura clara e inequívoca con ETA y con el entorno que justificó sus crímenes. Covite ha llegado a calificar el tercer grado de "fraudulento" y ha denunciado que la política penitenciaria vasca viene beneficiando de forma progresiva a antiguos miembros de la organización terrorista sin exigirles ese compromiso explícito.

El caso de Parot se suma así a una serie de excarcelaciones y avances en el grado penitenciario de antiguos miembros de ETA que en los últimos años han reavivado el debate sobre los límites entre reinserción social y memoria de las víctimas, un debate que previsiblemente continuará abierto mientras la Fiscalía resuelve si recurre esta última decisión.

Antonio Balas asciende a coronel pero seguirá al frente de la UCO en las investigaciones que rozan el entorno de Sánchez

Coronal Antonio Balas Dávila 

El teniente coronel Antonio Balas Dávila ha ascendido a coronel de la Guardia Civil sin dejar, por el momento, el mando del departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO). El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicó el pasado viernes 4 de septiembre la orden de ascenso, firmada por la ministra Margarita Robles el 1 de septiembre, que resuelve así uno de los nudos administrativos más comentados de los últimos meses en el ámbito judicial-policial español.

La fórmula: comisión de servicio

El nuevo empleo de coronel obligaba, en principio, a un cambio de destino, ya que el puesto que Balas ocupa en la UCO corresponde habitualmente al escalafón de teniente coronel. Sin embargo, el Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil contempla una vía que permite compatibilizar el ascenso con la permanencia en el mismo puesto: la comisión de servicio. Según recoge la orden ministerial, Balas continuará en la unidad mediante una comisión de carácter no indemnizable, lo que implica que no conllevará dietas ni compensaciones económicas adicionales por el desempeño temporal del puesto.

La propia disposición fija los supuestos que pondrían fin a esta situación transitoria: que desaparezcan las causas que la motivaron, que se incorpore la persona adjudicataria de la vacante, que Balas obtenga otro destino, o que se cumpla el plazo máximo establecido reglamentariamente.

Una permanencia pedida por el juez del 'caso Koldo'

La continuidad de Balas en la UCO no ha sido una decisión unilateral del mando policial. Según ha trascendido, en julio el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno —instructor del caso Koldo— y la Fiscalía Anticorrupción trasladaron al jefe de la UCO la conveniencia de que Balas siguiera vinculado a la investigación aunque fuera ascendido, lo que en condiciones normales habría forzado su salida de la unidad. El propio coronel solicitó posteriormente la comisión de servicio que finalmente le ha sido concedida.

Investigaciones sensibles bajo su dirección

El ascenso de Balas cobra especial relevancia por el perfil de las causas que dirige desde la UCO. Su departamento ha elaborado los informes que sustentaron la investigación que derivó en la condena del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, así como la del expuesto fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Además, Balas ha encabezado pesquisas que afectan directamente al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —concretamente a su hermano y a su esposa—, y ha dirigido las investigaciones sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, señalada por intentar desestabilizar diversas causas judiciales.

Reacciones institucionales

Preguntado sobre si confiaba en Balas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó pronunciarse de forma específica sobre el coronel y respondió de manera genérica que confía en el conjunto de las unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin entrar a valorar el caso concreto.

Contexto

La decisión se produce en un momento de máxima exposición pública de la UCO, cuya actividad investigadora ha marcado buena parte de la agenda política y judicial española en los últimos meses. El propio Balas, según ha señalado el medio The Objective, llegó a verse en el punto de mira de determinadas actuaciones vinculadas a estas mismas causas, lo que añade un componente adicional de tensión al episodio de su ascenso y a la decisión de mantenerlo al frente de investigaciones que continúan abiertas y con notable repercusión política.

Claves de la guerra híbrida: la investigación de Ceuta reabre el debate

La guerra híbrida llega a Ceuta.

La guerra ya no siempre necesita soldados, tanques o misiles para desestabilizar a un Estado. Basta con desinformación, ciberataques, presión económica o el manejo deliberado de flujos migratorios. Es lo que expertos y organismos internacionales llaman "guerra híbrida": una confrontación en la que las fronteras entre seguridad, política y vida cotidiana se difuminan hasta hacerse casi invisibles.

Qué entienden los especialistas por guerra híbrida

La OTAN define las amenazas híbridas como una combinación de medios militares y no militares, encubiertos y abiertos, entre los que incluye la desinformación, los ciberataques y la presión económica. El concepto no es nuevo —se popularizó tras la anexión de Crimea en 2014— pero se ha vuelto más visible en los últimos años, a medida que países europeos, la OTAN y diversas agencias de seguridad advierten de su avance.

Estas tácticas operan en lo que los analistas denominan la "zona gris", un espacio intermedio entre la competencia ordinaria entre países y el conflicto armado abierto. Allí se combinan ciberataques contra infraestructuras críticas, campañas de desinformación, sabotajes a redes energéticas o cables submarinos, y —cada vez con más frecuencia— la manipulación de flujos migratorios y crisis humanitarias como instrumento de presión política. Uno de los rasgos que más preocupa a los gobiernos occidentales es la dificultad de atribución: determinar con certeza quién está detrás de una campaña puede llevar meses, lo que permite a los Estados agresores actuar bajo una negación plausible.

El caso Ceuta, bajo la lupa judicial

España vive ahora mismo un episodio que ilustra estas dinámicas. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación penal sobre la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando cerca de 80.000 personas cruzaron desde Marruecos hasta la ciudad autónoma, en un episodio que dejó más de 80 fallecidos.

La magistrada instructora, María Tardón, ha admitido a trámite varias querellas e investiga una posible organización criminal, un delito contra la paz o la independencia del Estado, y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros conectado con las muertes por homicidio imprudente. Según su auto, de 26 páginas, los hechos pudieron constituir una operación coordinada que trasciende una crisis migratoria convencional, presuntamente planificada en territorio extranjero.

Lo más relevante del caso es que la jueza vincula explícitamente lo ocurrido con las tácticas propias de la guerra híbrida. Su resolución sostiene que la entrada masiva pudo utilizarse como una herramienta de "guerra híbrida" o "zona gris", en la que un Estado emplea mecanismos no convencionales para presionar a otro sin recurrir a un conflicto armado formal, con el objetivo de alterar la vida y los derechos de los ciudadanos de toda una ciudad autónoma. El auto añade que las imágenes recopiladas por la Policía Nacional muestran una actitud de las fuerzas marroquíes que, a juicio de la magistrada, supera la simple permisividad, sin que se observara ningún intento serio de contener a la multitud en la frontera.

Un patrón que se repite en Europa

El caso de Ceuta no es un fenómeno aislado. En las últimas semanas, varios gobiernos europeos han denunciado episodios similares atribuidos a otros actores estatales. Alemania, por ejemplo, ha vinculado el despliegue de drones cargados de explosivos con un patrón ya conocido de operaciones híbridas que combinan tácticas militares y no militares para ejercer presión sin llegar a un conflicto abierto, mientras que países como Polonia, Dinamarca o Suecia han denunciado sabotajes, incursiones de drones y campañas de desinformación en su territorio.

Lo que distingue el episodio de Ceuta es que, por primera vez en España, un tribunal formula esta hipótesis con rango de investigación judicial, abriendo la puerta a que la instrumentalización migratoria se juzgue no como un problema de gestión fronteriza, sino como un presunto ataque a la integridad territorial del Estado. El desenlace de la causa podría sentar un precedente relevante sobre cómo el derecho penal español responde a este tipo de amenazas del siglo XXI.

Ley de Nietos: El Supremo pone orden en el voto de los nacionalizados por la «ley de nietos»

Ley de Nietos

La decisión adoptada este martes por el Tribunal Supremo introduce un elemento de enorme trascendencia en el debate sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado suspender cautelarmente los efectos electorales de la llamada «ley de nietos» para aquellos nacionalizados que no acrediten documentalmente la condición de exiliado de sus ascendientes. La medida afecta al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), tanto a determinadas inscripciones ya realizadas como a las nuevas altas.

Conviene precisar que no se ha retirado la nacionalidad española a estas personas. Lo que queda temporalmente condicionado es el ejercicio del derecho de sufragio en el extranjero. Quienes acrediten los requisitos establecidos por la ley podrán mantener su inscripción electoral. El Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera a los registros consulares la documentación necesaria para comprobar cada caso.

El origen de la controversia está en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Esta norma permitió optar a la nacionalidad a determinados descendientes de españoles nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual y hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. La propia ley contempla, además, otros supuestos específicos relacionados con mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio y con hijos mayores de edad de españoles que recuperaron la nacionalidad mediante determinadas normas anteriores. 

La cuestión jurídica reside, por tanto, en cómo se acreditó el exilio. La instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en octubre de 2022 estableció mecanismos para demostrar documentalmente esa condición, incluyendo certificaciones y otros documentos acreditativos.

El Supremo ha puesto ahora el foco precisamente en esa exigencia. La controversia surge porque la aplicación administrativa de la norma permitió en determinados casos presumir la condición de exiliado por el periodo histórico en que se produjo la salida de España, sin exigir una acreditación individual equivalente a la prevista inicialmente. Los recurrentes —Vox e Iustitia Europa— sostuvieron que esta interpretación podía producir un crecimiento irregular del censo electoral. El tribunal ha considerado necesario adoptar medidas cautelares mientras resuelve el fondo del litigio.

La decisión tiene una evidente dimensión política, pero no debería confundirse con una sentencia definitiva. El Supremo todavía no ha resuelto el fondo del asunto.  Se trata de una medida cautelar destinada a evitar que una eventual irregularidad en la composición del censo produzca efectos irreversibles antes de que exista una resolución definitiva. El propio Gobierno ha mostrado su desacuerdo y ha confiado en que el tribunal pueda pronunciarse antes de las próximas elecciones generales. 

Y aquí aparece la cuestión esencial: el derecho al voto no puede depender de una interpretación administrativa que vaya más allá de lo que establece una ley orgánica o de sus requisitos esenciales. Si el legislador condicionó determinados supuestos de adquisición de la nacionalidad a la existencia de un exilio por causas concretas, parece razonable que exista un mecanismo para comprobar que esas condiciones concurren cuando de ello depende también la incorporación al censo electoral.

Pero tampoco sería aceptable convertir esa comprobación en una carrera de obstáculos burocráticos para españoles cuya nacionalidad ha sido reconocida legalmente. La solución debe encontrarse en un procedimiento claro, uniforme y garantista.

El asunto revela, en definitiva, una de las consecuencias de utilizar las reglas electorales como prolongación de la batalla política. El censo debe ser una institución sometida a la ley, no a las conveniencias de ningún partido. El Supremo ha intervenido cautelarmente para exigir esa seguridad jurídica. 

Ahora corresponde esperar la sentencia definitiva y, mientras tanto, garantizar que ningún español que cumpla los requisitos legales sea privado injustificadamente de su derecho al voto.

¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?

¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?

Hay preguntas que molestan precisamente porque nadie parece dispuesto a responderlas. Una de ellas es ésta: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?

No afirmo que exista una deuda económica, un pacto secreto o una contraprestación clandestina. No hay pruebas públicas suficientes para sostener semejante acusación. Pero sí existe una sucesión de hechos que permite formular una pregunta política perfectamente legítima: ¿por qué Pedro Sánchez ha asumido ante Marruecos unos riesgos y unos costes que difícilmente habría aceptado frente a otros países?

La relación con Rabat es importante para España. Eso nadie lo discute. Marruecos es vecino, socio comercial y pieza fundamental en asuntos como la inmigración y la lucha contra el terrorismo. Pero precisamente por eso resulta preocupante que una relación necesaria pueda acabar transformándose en una relación asimétrica.

1. El giro histórico sobre el Sáhara Occidental

El episodio más significativo fue el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022. España pasó de mantener una posición tradicional de equilibrio a respaldar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara. El cambio fue brusco y apenas explicado a la opinión pública. Sánchez sacrificó una política exterior mantenida durante décadas para recuperar la relación con Rabat.

¿Y qué recibió España a cambio? Una normalización de las relaciones y una cooperación marroquí más estrecha, especialmente en materia migratoria. Es legítimo preguntarse si aquello fue una decisión soberana de política exterior o si España estaba pagando el precio de una dependencia previamente adquirida.

2. El espionaje con el programa Pegasus

Después llegó Pegasus. Los teléfonos del propio Pedro Sánchez y de varios miembros de su Gobierno fueron infectados con el sofisticado programa de espionaje. Investigaciones periodísticas señalaron a Marruecos como principal sospechoso, aunque las responsabilidades concretas no han quedado establecidas judicialmente de manera definitiva. Y, sin embargo, aquel gravísimo episodio no desembocó en una crisis política duradera con Rabat.

Resulta difícil no advertir la contradicción: un país que aparece señalado como posible responsable del espionaje al presidente del Gobierno español termina convertido poco después en socio privilegiado de España.

3. La invasión de Ceuta

Las ciudades autónomas son territorio español. No son una cuestión académica ni una disputa geográfica susceptible de ser aparcada cuando conviene. Cuando Marruecos ejerce presión sobre Ceuta mediante la frontera, España debería responder con la firmeza propia de un Estado que protege su soberanía.

Pero la conducta de Sánchez ha sido llamativamente prudente con Rabat. Demasiado prudente, dirán algunos.

La cuestión se vuelve todavía más inquietante cuando se observa que Marruecos ha demostrado en repetidas ocasiones que la presión migratoria puede convertirse en una formidable herramienta política. Las entradas masivas en Ceuta de 2021 constituyeron una advertencia extraordinariamente seria. Y la crisis actual vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de España.

Un Estado no puede externalizar indefinidamente el control de sus fronteras y después sorprenderse de que quien controla el grifo tenga capacidad para abrirlo o cerrarlo.

Aquí aparece la verdadera paradoja del sanchismo: cuanto más indispensable parece hacerse Marruecos para la política española, menor parece ser la capacidad del Gobierno para reprocharle determinadas conductas.

Eso no es diplomacia equilibrada. Puede terminar pareciéndose peligrosamente a una dependencia.

Y la dependencia tiene un precio: obliga a medir cada palabra, cada protesta y cada respuesta. El socio sabe que tiene poder sobre nosotros y nosotros sabemos que enfrentarnos a él puede tener consecuencias.

Por eso la pregunta inicial debe mantenerse: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos?

Quizá la respuesta sea nada. Quizá no exista ninguna deuda. Quizá todo pueda explicarse por el pragmatismo de un Gobierno que considera imprescindible la colaboración de Rabat.

Pero entonces Sánchez tiene una obligación elemental: explicar por qué España ha cambiado su posición sobre el Sáhara, por qué ha tratado con tanta cautela los episodios de espionaje, por qué Rabat parece disponer de un margen de presión extraordinariamente amplio sobre Ceuta y por qué la defensa de los intereses españoles parece detenerse tantas veces ante las puertas de Marruecos.

La política exterior no puede basarse en sospechas. Pero tampoco puede exigir a los ciudadanos que renuncien a hacer preguntas.

Y ésta es una pregunta legítima. Porque una cosa es tener un buen vecino. Otra muy distinta es tener un vecino que sabe que dependes de él. Y peor todavía sería que ese vecino hubiera descubierto que puede presionar a España sin que el Gobierno español se atreva a responderle con toda la firmeza que exigiría la defensa de los intereses nacionales.

Eso es lo que Pedro Sánchez debería aclarar. No qué le debe el PSOE a Marruecos. Sino qué está dispuesto a concederle España para conservar su favor.

¿Qué le pasa a Pedro Sánchez?

¿Qué te pasa Pedro? ¿Te ha vuelto la regla?

Hay algo más preocupante que una crisis política: la pérdida del instinto para comprender cuándo un país necesita ver a su presidente al frente. La pregunta que formula Berna González Harbour en El País—«¿Qué le pasa a Pedro Sánchez?»— no es retórica. Resume la extrañeza ante un comportamiento que contrasta con la imagen de un presidente que, en otras crisis, había hecho precisamente de la resistencia y de la presencia permanente una de sus principales armas políticas.

La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto esa diferencia. No se trata de discutir si un presidente tiene derecho a vacaciones. Naturalmente que lo tiene. El problema aparece cuando las circunstancias excepcionales exigen algo más que el cumplimiento ordinario de una agenda. Más de 70.000 personas entraron en Ceuta durante la crisis de finales de julio y, semanas después, seguían acumulándose problemas humanitarios, policiales y administrativos. En ese contexto, la imagen de Sánchez alejado de la primera línea resultó políticamente demoledora.

El liderazgo, sobre todo en momentos de incertidumbre, tiene una dimensión simbólica que no puede sustituirse por videoconferencias, comunicados ministeriales o reuniones de coordinación. Un presidente puede delegar funciones; lo que no puede delegar es la responsabilidad política última. Y eso es precisamente lo que muchos ciudadanos han echado en falta durante esta crisis.

Lo sorprendente es que no parece el mismo Pedro Sánchez de otras emergencias. Durante la pandemia, la guerra de Ucrania o la erupción de La Palma, el presidente entendió que debía ocupar físicamente el centro de la escena. Podía ser criticado por sus decisiones, pero transmitía la sensación de estar gobernando. En Ceuta, en cambio, esa percepción se ha debilitado. La propia González Harbour señala ese contraste entre el Sánchez que se crecía ante los grandes desafíos y el presidente que este verano apareció tarde, políticamente aislado y sin reconocer errores.

Hay además un elemento que no debería despreciarse: el desgaste. Un presidente sometido durante meses a una creciente presión política y judicial, con investigaciones que afectan a personas de su entorno y con un Gobierno obligado a defenderse continuamente de acusaciones de corrupción, puede terminar perdiendo capacidad de reacción. No significa que esas circunstancias expliquen por sí solas su comportamiento, pero sí pueden contribuir a comprender una cierta fatiga política.

Sin embargo, comprender no equivale a justificar.

Porque precisamente cuando un Gobierno está acosado por las dificultades es cuando más necesita demostrar serenidad, autoridad y capacidad de mando. Si la crisis de Ceuta ha revelado carencias materiales —desde recursos policiales y judiciales hasta instalaciones para atender a los inmigrantes—, también ha revelado una carencia política: la dificultad del Ejecutivo para ofrecer una respuesta que sea percibida como firme, coordinada y suficiente.

Y aquí aparece el verdadero peligro para Sánchez. Las crisis no se juzgan únicamente por su origen. Se juzgan por la respuesta del poder. Una frontera puede sufrir una presión extraordinaria; lo que los ciudadanos esperan es comprobar que el Estado conserva el control, que sus instituciones funcionan y que quienes gobiernan están donde deben estar.

El propio Sánchez ha defendido ante el Congreso que no existen pruebas concluyentes sobre una implicación directa del Gobierno marroquí y ha anunciado medidas para reforzar la frontera y mejorar la gestión migratoria. Pero esas explicaciones llegan después de semanas en las que la percepción de desorden y abandono ha adquirido una fuerza propia.

Quizá esa sea la pregunta verdaderamente incómoda: ¿qué le ha ocurrido al Sánchez que convirtió la resistencia en su principal virtud política?

Tal vez no sea simplemente cansancio. Tal vez sea el desgaste inevitable de un poder que lleva demasiado tiempo sobreviviendo a sus propias crisis. Pero un presidente puede permitirse muchas cosas. Lo que difícilmente puede permitirse es que, cuando llega la tormenta, los ciudadanos tengan la impresión de que en La Moncloa han colgado el cartel de «cerrado por vacaciones».

Porque las vacaciones terminan. Las crisis, en cambio, dejan memoria. Y Ceuta puede acabar siendo uno de esos episodios por los que se juzgue no solamente la capacidad de Sánchez para gobernar, sino su voluntad de hacerlo cuando gobernar resultaba más difícil.

El resentimiento, una enfermedad de la política española

Thomas Sowell

«El resentido percibe la felicidad del prójimo, la prosperidad del prójimo, la belleza o inteligencia del prójimo –o incluso su simple 'mediano pasar'– como una afrenta que alimenta un deseo perpetuo e indiscriminado de venganza» (Juan Manuel de Prada). 

La definición de Juan Manuel de Prada apunta a una de las pasiones más destructivas del ser humano: el resentimiento. No es exactamente envidia, aunque pueda contenerla. Es algo más profundo: la incapacidad de soportar que otro posea aquello que uno cree merecer o que, simplemente, le recuerda lo que no tiene.

El resentido no necesita ser pobre para resentirse, ni el objeto de su resentimiento tiene que ser rico. Basta con que perciba en el otro una felicidad que él considera injusta. El problema aparece cuando esa pasión privada abandona la conciencia individual y se convierte en categoría política.

Y aquí es donde la reflexión de De Prada adquiere una inquietante actualidad española.

España vive una época de extraordinaria polarización afectiva. Los estudios sociológicos recientes muestran que esa polarización no se limita a las diferencias ideológicas: puede llegar a convertir al adversario político en alguien emocionalmente rechazable. Un trabajo publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas advierte incluso de que los niveles crecientes de polarización afectiva pueden asociarse con una mayor tolerancia hacia alternativas políticas menos democráticas.

El fenómeno puede observarse en nuestra conversación pública. Con demasiada frecuencia ya no se discute sobre cómo mejorar la vida de los ciudadanos, sino sobre quién tiene derecho a disfrutarla. El éxito del otro se interpreta como privilegio; la prosperidad, como sospecha; la discrepancia, como traición. Y así aparece una política que necesita permanentemente fabricar culpables.

El resentido necesita un enemigo.

Puede ser el rico, el empresario, el propietario de una vivienda, el que cobra una determinada pensión, el que vota a otro partido, el que vive en una comunidad autónoma distinta, el inmigrante, el funcionario, el juez, el periodista o incluso el ciudadano que simplemente discrepa. La lista puede crecer indefinidamente porque el resentimiento nunca queda satisfecho: cuando desaparece un enemigo, necesita encontrar otro.

Pero sería demasiado sencillo convertir esta reflexión en una acusación contra una sola ideología. El resentimiento no tiene carnet político. Puede instalarse en la izquierda cuando transforma cualquier diferencia económica en una lucha moral entre buenos y malos; pero también en la derecha cuando convierte el éxito ajeno, la diferencia cultural o la llegada de nuevos ciudadanos en motivo permanente de agravio. La enfermedad es humana antes que ideológica.

Lo verdaderamente preocupante es que determinados discursos políticos descubran que resulta más fácil movilizar el resentimiento que cultivar la responsabilidad.

Decirle a un ciudadano que su vecino ha prosperado porque él ha sido perjudicado resulta mucho más eficaz electoralmente que explicarle la complejidad de una economía. Decirle que sus problemas tienen un culpable perfectamente identificable resulta más cómodo que reconocer que muchos de ellos obedecen a causas estructurales y que solucionarlos exige tiempo, esfuerzo y acuerdos.

España conoce hoy problemas reales: la dificultad de acceso a la vivienda, las desigualdades de renta, la incertidumbre laboral, el envejecimiento de la población y las diferencias territoriales. El INE mantiene indicadores específicos sobre salarios, ingresos, pobreza y carencia material que muestran que no todo bienestar estadístico se distribuye de manera uniforme.

Precisamente por eso hay que distinguir entre la legítima indignación ante una injusticia y el resentimiento. La indignación quiere corregir una injusticia. El resentimiento quiere que alguien pague por nuestra frustración. La primera puede construir una sociedad más justa. El segundo termina destruyéndola.

El resentimiento político tiene además una característica especialmente peligrosa: necesita que el ciudadano permanezca enfadado. Un ciudadano reconciliado con su vida, capaz de reconocer los méritos de otro y de aceptar que no todas las diferencias son injusticias, es mucho más difícil de manipular.

Por eso nuestra época necesita recuperar una virtud casi olvidada: la magnanimidad. Saber alegrarse de que al otro le vaya bien. Reconocer el talento ajeno sin sentir humillación. Admitir que alguien puede pensar de manera diferente sin ser nuestro enemigo. Aceptar que la vida nunca será perfectamente igualitaria y que igualdad ante la ley no significa igualdad absoluta de resultados.
Quizá uno de los síntomas más graves de nuestra crisis política sea precisamente que hemos comenzado a contemplar la felicidad ajena como una provocación.

Cuando eso ocurre, la política deja de aspirar al bien común y empieza a administrar agravios. Y una sociedad gobernada por el agravio acaba descubriendo que el resentimiento, una vez puesto en marcha, no distingue entre vencedores y vencidos. Termina devorándolos a todos.

España necesita justicia, desde luego. Pero necesita también algo más difícil: aprender de nuevo a no odiar al que vive un poco mejor que nosotros. Porque una democracia no puede sobrevivir mucho tiempo si cada ciudadano contempla al vecino como una afrenta.

El PSOE empieza a salvarse de Sánchez

Se te están acabando las mentiras y la chulería.

Hay momentos en la vida de un partido en los que la disciplina deja paso al instinto de supervivencia. Y todo indica que el PSOE se aproxima a uno de ellos. El debate ya no parece centrarse exclusivamente en cuánto tiempo puede permanecer Pedro Sánchez en La Moncloa, sino en cuánto tiempo puede el socialismo seguir identificándose políticamente con un presidente cuyo desgaste empieza a afectar a sus propias estructuras territoriales.

La tesis de Iván Libreros, en Vozpópuli, apunta precisamente a ese cambio de clima: el PSOE habría comenzado a asumir que Sánchez entra en una fase de ocaso y que, ante un eventual final de legislatura, cada cual empieza a preparar su propia salida.

El episodio de Ceuta ha actuado como acelerador. La crisis no se limita ya a la magnitud de la entrada irregular de personas durante los días 30 y 31 de julio. Se ha convertido en un problema político de primer orden por las dudas sobre la información previa, la actuación de las instituciones y la coordinación del Estado. La propia Audiencia Nacional investiga los hechos y el Gobierno ha tenido que afrontar la controversia sobre los informes policiales y del CNI.

Sánchez respondió en el Congreso reivindicando que los agentes hicieron lo correcto y defendiendo que ninguno de los informes disponibles había anticipado la magnitud de lo ocurrido. Pero una cosa es la explicación institucional y otra, muy diferente, la percepción política. Cuando un Gobierno tiene que dedicar buena parte de su energía a demostrar que no sabía lo que estaba sucediendo, el problema ya no es únicamente administrativo: es de credibilidad.

Y ahí aparece la segunda grieta: los ayuntamientos. El malestar territorial es especialmente incómodo para un partido que históricamente ha encontrado en sus alcaldes y estructuras locales una de sus principales fuentes de poder electoral. La convocatoria de movilizaciones en apoyo de Ceuta ha colocado a numerosos dirigentes socialistas ante una disyuntiva incómoda: obedecer a Ferraz o escuchar a sus propios ciudadanos. RTVE informó de que el PSOE pidió a sus dirigentes territoriales que no participaran en esas concentraciones.

La tercera grieta está dentro del propio Gobierno. La posición cada vez más singular de Margarita Robles resulta significativa. Su distanciamiento público respecto de determinadas posiciones de Sánchez, particularmente en relación con la crisis de Ceuta, revela que la unanimidad ministerial es menos sólida de lo que pretende transmitir La Moncloa.

El problema, por tanto, no es que exista todavía una conspiración organizada para sustituir a Sánchez. No hace falta. Lo verdaderamente peligroso para un líder es que empiecen a desaparecer los incentivos para defenderlo.

Mientras Sánchez conserva el poder, muchos socialistas seguirán a su lado. Pero cuando los cargos territoriales empiezan a calcular qué coste electoral tiene defender cada decisión de La Moncloa, cuando los ministros empiezan a marcar distancias y cuando el debate sobre el futuro deja de ser tabú, aparece el fenómeno que podríamos llamar «sálvese quien pueda».

No significa necesariamente una ruptura inmediata. Significa algo quizá más importante: el comienzo de la pérdida de confianza en el futuro.

Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia. Ha sobrevivido a crisis que habrían derribado a otros presidentes. Pero resistir no es lo mismo que gobernar con autoridad. Un Gobierno puede prolongar su existencia parlamentaria y, al mismo tiempo, encontrarse políticamente agotado.

El PSOE debería preguntarse si su futuro electoral pasa por seguir defendiendo hasta el último día todas las decisiones de Sánchez o por empezar a reconstruir una identidad propia. 

Porque cuando un partido empieza a pensar más en lo que ocurrirá después de su líder que en cómo reforzarlo ahora, el ocaso deja de ser una hipótesis periodística y empieza a convertirse en una posibilidad política.

Y quizá ese sea el verdadero problema de Sánchez: no que sus adversarios hayan encontrado finalmente la manera de derribarlo, sino que algunos de los suyos estén empezando a prepararse para sobrevivirle. 

Zapatero morirá matando

Zapatero

Hay frases que, más que describir una situación, revelan el miedo que produce. «Zapatero morirá matando» es una de ellas. Según la información de Ketty Garat publicada en ABC, fuentes policiales y gubernamentales interpretan la crisis provocada por los informes sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta como algo más que una discrepancia administrativa: detrás podría existir un movimiento de poder relacionado con el antiguo aparato del zapaterismo.

La cuestión es de una gravedad extraordinaria. El informe policial remitido a la Audiencia Nacional habría descrito una planificación previa de la llegada masiva a Ceuta y señalado la intervención de agentes marroquíes en la conducción de los flujos migratorios. Esa conclusión entra en contradicción con la posición mantenida por el Gobierno respecto de Marruecos y explica buena parte del terremoto político que se ha producido en Interior.

Pero lo verdaderamente inquietante no es solamente lo que dice el informe. Es la pugna por saber quién lo conocía, quién decidió no comunicarlo y con qué finalidad.

En el centro de esa controversia aparece Francisco Pardo, director general de la Policía. Las fuentes citadas por ABC cuestionan que el ministro Fernando Grande-Marlaska no tuviera conocimiento del contenido del documento y ven en esa circunstancia una batalla de poder dentro del Ministerio del Interior. Pardo, por su parte, sostiene que la jueza María Tardón había restringido la difusión del informe. La disputa, por tanto, no es menor: afecta directamente a la cadena de mando de la Policía.

Y es aquí donde aparece Zapatero.

No porque exista, al menos por ahora, una prueba pública de que el expresidente haya ordenado la elaboración o la ocultación del informe. No conviene convertir las sospechas de determinadas fuentes en hechos probados. La cuestión es otra: la posibilidad de que siga existiendo una red de influencia construida durante sus años de Gobierno y que esa estructura conserve capacidad para intervenir en las grandes batallas internas del socialismo.

El asunto adquiere todavía mayor trascendencia por el deterioro de la relación entre Sánchez y quien durante años fue uno de sus principales apoyos políticos. Según las informaciones publicadas, el distanciamiento entre ambos habría aumentado precisamente cuando la situación judicial de Zapatero se ha complicado. En ese contexto, cualquier enfrentamiento dentro de Interior puede adquirir una lectura política mucho más profunda.

El problema para Sánchez es que el zapaterismo no es solamente un recuerdo. Es una cultura política, una generación de dirigentes y una determinada concepción del poder. Muchos de quienes llegaron a puestos relevantes durante aquellos años continúan teniendo influencia. 

Si las acusaciones recogidas por ABC fueran confirmadas, estaríamos ante algo mucho más serio que una discrepancia burocrática: sería la demostración de que existen centros de poder dentro del Estado capaces de actuar con una autonomía preocupante respecto del Gobierno de turno.

Y ahí reside el verdadero peligro para Sánchez.

El presidente ha construido buena parte de su autoridad sobre una premisa sencilla: el control político del Gobierno sobre sus estructuras. Si Interior, la Policía y la política exterior comienzan a aparecer como territorios disputados entre diferentes familias socialistas, la autoridad presidencial queda inevitablemente debilitada.

Ceuta ha abierto una grieta inesperada. Una crisis migratoria que el Gobierno pretendía administrar políticamente ha terminado convirtiéndose en una batalla sobre la verdad de lo sucedido, sobre la actuación de Marruecos y sobre quién controla la información que llega a los tribunales.

Y ahora aparece una segunda batalla: la sucesión del poder dentro del propio socialismo.

Quizá por eso la frase resulta tan inquietante. «Zapatero morirá matando» no significa necesariamente que el expresidente esté detrás de cada movimiento. Significa algo políticamente más sutil: que, si se siente abandonado por quienes durante años fueron sus aliados, todavía conserva resortes suficientes para hacer mucho daño.

Sánchez debería tomar nota. Porque los gobiernos suelen temer más a sus enemigos cuando los tienen enfrente. Pero los verdaderamente peligrosos son, a veces, quienes conocen desde dentro todas las puertas de la casa.