Las encuestas ya no dejan margen para la duda: el PSOE se encamina en Aragón hacia uno de los peores resultados de su historia reciente. No se trata de una tendencia aislada ni de un sondeo concreto, sino de una coincidencia casi unánime entre estudios demoscópicos de distinto signo. El suelo electoral socialista se resquebraja y el aviso es serio.
El desgaste del partido en la comunidad viene de lejos, pero se ha acelerado en los últimos meses. La pérdida de conexión con el electorado aragonés es evidente, especialmente fuera de Zaragoza capital. En amplias zonas rurales y en las capitales de provincia, el PSOE ya no es percibido como una fuerza que defienda los intereses propios del territorio, sino como una sucursal cada vez más subordinada a las prioridades de Madrid.
A ello se suma el efecto arrastre del Gobierno central, que en Aragón está funcionando en negativo. Decisiones polémicas en materia de pactos, amnistía, política territorial o inmigración han generado un rechazo transversal que no distingue entre siglas nacionales y autonómicas. El votante castiga al PSOE en bloque, sin matices, y las encuestas reflejan ese hartazgo.
El liderazgo tampoco ayuda. La actual referencia socialista en Aragón no logra movilizar ni ilusionar. Falta discurso propio, falta perfil político y, sobre todo, falta credibilidad. Frente a una derecha más cohesionada y una oposición que ha sabido capitalizar el descontento, el PSOE aparece desdibujado, reactivo y sin proyecto reconocible para la comunidad.
Otro dato preocupante para los socialistas es la desmovilización de su electorado tradicional. Más que una fuga masiva hacia otros partidos, lo que detectan los sondeos es abstención. Antiguos votantes del PSOE optan por quedarse en casa, una señal clara de desencanto profundo y difícil de revertir en campaña.
Si las previsiones se cumplen, el PSOE podría quedar reducido a un papel marginal en las Cortes de Aragón, perdiendo influencia institucional y capacidad de marcar agenda. Sería un golpe no solo electoral, sino estratégico, que obligaría a una reflexión interna de calado sobre el rumbo del partido en la comunidad.
En política nada está escrito hasta que se cuentan los votos, pero cuando todas las encuestas coinciden, conviene escuchar el mensaje. Y el mensaje en Aragón es claro: el PSOE se enfrenta a un descalabro histórico del que no bastarán eslóganes ni apelaciones al miedo para salir indemne.
martes, 3 de febrero de 2026
Todas las encuestas auguran un descalabro histórico del PSOE en Aragón
lunes, 2 de febrero de 2026
Muchos usuarios desesperados abandonan Windows 11 y regresan a Windows 10
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Y volver, volver, volver... |
Un sistema que exige más de lo que ofrece
Uno de los principales motivos del abandono es la exigencia de hardware. Windows 11 dejó fuera a millones de equipos perfectamente funcionales al imponer requisitos como el TPM 2.0 o procesadores relativamente recientes. Para muchos usuarios, especialmente particulares y pequeñas empresas, la sensación ha sido clara: Microsoft fuerza la obsolescencia.
Quienes sí lograron instalarlo tampoco han quedado satisfechos. Problemas de rendimiento, consumo elevado de recursos y fallos tras actualizaciones acumulativas han sido una constante. En equipos modestos, Windows 11 no solo no mejora la experiencia, sino que la empeora.
El rediseño de la interfaz, uno de los grandes reclamos del sistema, se ha convertido en otro punto de fricción. La nueva barra de tareas, los menús simplificados y la eliminación de opciones clásicas han sido percibidos como un retroceso en control y eficiencia. Acciones que antes requerían uno o dos clics ahora exigen más pasos, algo especialmente molesto para usuarios avanzados y profesionales.
La sensación general es que Windows 11 prioriza lo visual sobre lo funcional, acercándose más a una lógica de sistema móvil que a un entorno de trabajo sólido.
A esto se suma un problema recurrente en el ecosistema Windows: actualizaciones problemáticas. Reinicios inesperados, errores críticos o incompatibilidades con software y periféricos siguen apareciendo. Para muchos usuarios, Windows 10 se percibe hoy como un sistema más estable, predecible y, sobre todo, confiable.
No es casualidad que incluso empresas que probaron Windows 11 hayan decidido retrasar su adopción o volver atrás.
Pese a tener fecha de caducidad oficial en 2025, Windows 10 vive una segunda juventud. Es conocido, estable, compatible con casi todo y suficientemente maduro. Frente a la incertidumbre de Windows 11, volver a Windows 10 se ha convertido en una decisión pragmática, no nostálgica.
Un aviso para Microsoft
El mensaje de los usuarios es claro: la innovación no puede imponerse a costa de la usabilidad ni del rendimiento. Si Windows 11 quiere dejar de ser percibido como un experimento forzado, Microsoft tendrá que escuchar más y corregir menos.
Porque cuando un sistema operativo empuja a sus propios usuarios a mirar atrás, el problema no está en la resistencia al cambio, sino en el cambio mismo.
Errores graves de la Constitución Española de 1978
La Constitución de 1978 fue un instrumento clave para cerrar la Transición y garantizar la convivencia democrática tras cuatro décadas de dictadura. Ese mérito histórico es indiscutible. Sin embargo, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto errores de diseño, ambigüedades interesadas y cesiones políticas que hoy generan graves disfunciones institucionales, territoriales y democráticas. No se trata de negar su valor fundacional, sino de señalar con claridad sus fallos más relevantes.
1. Ambigüedad deliberada del modelo territorial
El llamado Estado de las Autonomías es probablemente el mayor error estructural de la Constitución.
El texto no define claramente si España es un Estado unitario descentralizado, federal o confederal, dejando esa cuestión abierta por razones políticas coyunturales. El resultado ha sido:
• Un sistema asimétrico e incoherente.
• Competencias mal delimitadas y en constante conflicto.
• Una deriva centrífuga que ha alimentado el nacionalismo identitario.
La Constitución abrió la puerta a la descentralización sin establecer límites claros ni mecanismos eficaces de reversión, permitiendo una transferencia constante de poder sin control ni evaluación.
2. El concepto confuso de "nacionalidades"
El artículo 2 introduce una distinción artificial entre nación, nacionalidades y regiones que carece de rigor jurídico y político.
Esta ambigüedad:
• Ha sido explotada por el nacionalismo para erosionar la idea de soberanía común.
• Ha generado una jerarquización simbólica entre ciudadanos.
• Ha servido de base para discursos secesionistas sin necesidad de reformar la Constitución.
Fue una concesión política para contentar a determinados territorios, pero se ha convertido en una bomba de relojería conceptual.
3. Un Senado inútil como cámara territorial
El Senado es, en la práctica, una cámara redundante, ineficaz y carente de poder real.
• No cumple funciones territoriales efectivas.
• No actúa como órgano de cohesión del Estado.
• Funciona como un "cementerio legislativo" sin influencia decisiva.
El error no es solo político, sino constitucional: se creó una cámara territorial sin dotarla de competencias territoriales reales.
4. Politización del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial
La Constitución no blindó adecuadamente la independencia del poder judicial, permitiendo su colonización por los partidos.
Consecuencias evidentes:
• El Tribunal Constitucional se percibe como un órgano politizado.
• El Consejo General del Poder Judicial responde a cuotas partidistas.
• La confianza ciudadana en la Justicia se erosiona de forma persistente.
Este fallo no es únicamente de desarrollo legal, sino de diseño constitucional, al no prever cortafuegos eficaces frente a la partitocracia.
5. Excesiva rigidez del sistema de reforma constitucional
La Constitución es demasiado rígida para una democracia madura, especialmente en sus artículos nucleares.
• Reformar aspectos esenciales exige mayorías casi inalcanzables.
• Se bloquean reformas necesarias y se fuerza la reinterpretación interesada del texto.
• Se fomenta el inmovilismo o el uso abusivo de atajos legales.
Paradójicamente, esta rigidez no ha protegido la Constitución, sino que la ha debilitado.
6. Falta de mecanismos eficaces de defensa del orden constitucional
El texto constitucional confía en exceso en la lealtad institucional, algo que la realidad ha desmentido.
• El artículo 155 se aplicó tarde y de forma improvisada.
• No existen mecanismos preventivos claros ante desafíos graves al orden constitucional.
• El Estado carece de herramientas bien definidas para defenderse sin recurrir a soluciones de emergencia.
Se diseñó una Constitución para un escenario de consenso perpetuo, no para conflictos de alta intensidad política.
7. Débil control del poder ejecutivo
La Constitución no establece contrapesos suficientemente robustos frente al Gobierno, especialmente cuando este controla la mayoría parlamentaria.
• El decreto-ley se ha normalizado como forma ordinaria de legislar.
• El Parlamento pierde centralidad y capacidad de control.
• El Ejecutivo concentra poder sin fiscalización efectiva.
Este desequilibrio se ha agravado con el tiempo, pero tiene su raíz en el diseño constitucional.
8. La Constitución como instrumento para legitimar la monarquía sin referéndum
La Constitución de 1978 cerró en falso el debate sobre la forma del Estado, utilizando el propio texto constitucional para legitimar la monarquía sin que los ciudadanos pudieran pronunciarse explícitamente sobre ella.
El pueblo español nunca votó entre monarquía y república. Lo que se sometió a referéndum fue un paquete cerrado: Constitución completa o bloqueo político. La Jefatura del Estado venía incorporada de origen, heredada directamente del franquismo mediante la Ley de Sucesión de 1947 y la designación de Juan Carlos I por parte de Franco.
Este diseño tuvo consecuencias de calado:
• Se sustrajo a la soberanía popular una decisión fundamental.
• Se blindó la monarquía mediante una legitimación indirecta y condicionada.
• Cualquier cuestionamiento posterior quedó etiquetado como "anticonstitucional", pese a no haber existido mandato expreso.
La monarquía quedó así protegida por la Constitución, pero no emanada de un proceso constituyente plenamente libre. El resultado es un déficit de legitimidad de origen que persiste y se agrava con el paso del tiempo.
Además, la extrema rigidez del procedimiento de reforma en lo relativo a la Corona convierte este problema en prácticamente irreparable por vías democráticas, alimentando la desafección institucional.
Conclusión
La Constitución de 1978 fue una solución eficaz para su tiempo, pero no fue concebida para perdurar sin reformas profundas. Sus errores no son meramente técnicos: afectan al modelo de Estado, a la igualdad entre ciudadanos, a la separación de poderes y a la legitimidad institucional.
Defender la Constitución no es sacralizarla. Una democracia madura revisa, corrige y refuerza sus fundamentos. Lo contrario no es estabilidad: es decadencia.
domingo, 1 de febrero de 2026
Cortesía parlamentaria: los políticos que aún guardan las formas y los que han hecho del insulto su estrategia
La política española atraviesa desde hace años una degradación evidente del tono y de las formas. El Parlamento, que debería ser el espacio del debate sereno y del contraste de ideas, se ha convertido con frecuencia en un escenario de confrontación personal, descalificaciones gruesas y espectáculo pensado más para el titular o el vídeo viral que para la construcción de acuerdos. Sin embargo, no todo está perdido: aún hay dirigentes en activo que mantienen un mínimo de cortesía parlamentaria, frente a otros que han normalizado la agresividad verbal como herramienta política.
Aitor Esteban
Quienes todavía respetan las formas
En un contexto de polarización extrema, algunos políticos destacan precisamente por lo contrario: un tono moderado, respeto al adversario y una voluntad clara de argumentar más que de provocar.
Aitor Esteban (PNV)
Aitor Esteban (PNV) es un ejemplo clásico de cortesía parlamentaria. Sus intervenciones, medidas y técnicas, reflejan una cultura política más institucional, donde el desacuerdo no exige humillar al contrario. No es casualidad que sea respetado incluso por diputados de formaciones rivales.
Margarita Robles (PSOE)
En el ámbito socialista, Margarita Robles suele mantener un tono sobrio y contenido, incluso en debates sensibles. Su estilo contrasta con la crispación general y recuerda una forma más clásica de entender la política.
Alberto Núñez Feijóo (PP)
En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al menos en sede parlamentaria, ha intentado proyectar una imagen más institucional, evitando en general el insulto directo y apostando por un lenguaje menos bronco, aunque no siempre lo logre en un contexto tan contaminado.
El auge de la agresividad y el insulto
En el extremo opuesto se sitúan aquellos dirigentes que han convertido la confrontación agresiva en su principal seña de identidad. Para ellos, la política es un combate permanente en el que el adversario no es un rival legítimo, sino un enemigo al que desacreditar.
Gabriel Rufián (ERC)
Gabriel Rufián es probablemente el ejemplo más evidente. Sus intervenciones suelen estar diseñadas para generar impacto mediático, con un uso constante de la ironía hiriente, el desprecio personal y el insulto más o menos velado. El aplauso fácil en redes sociales parece primar sobre la calidad del debate.
Óscar Puente (PSOE)
En el PSOE, Óscar Puente ha destacado especialmente por su estilo bronco y confrontativo, tanto en redes sociales como en el debate político. El ataque personal y la ridiculización del adversario forman parte habitual de su repertorio, contribuyendo a normalizar una política más agresiva.
Santiago Abascal (Vox)
Desde Vox, figuras como Santiago Abascal ha hecho de la descalificación global —"gobierno ilegítimo", "enemigos de España", "traidores"— una constante, elevando el tono hasta límites que dificultan cualquier diálogo real.
Tampoco faltan ejemplos en el PP, donde algunos portavoces autonómicos y nacionales han optado por mimetizarse con la dureza del adversario, abandonando la moderación para no parecer "débiles" ante un electorado cada vez más polarizado.
Una cuestión de calidad democrática
La diferencia entre unos y otros no es solo de estilo, sino de concepción de la democracia. La cortesía parlamentaria no implica tibieza ni renuncia a las ideas propias; significa entender que el adversario político no es un enemigo moral, y que el respeto a las formas protege a las instituciones.
Cuando el insulto se convierte en norma, el Parlamento se vacía de contenido y la política se reduce a un espectáculo de trincheras. Identificar y valorar a quienes aún mantienen las formas no es un ejercicio nostálgico, sino una defensa básica de la calidad democrática. Porque cuando desaparece la cortesía, lo siguiente que suele desaparecer es el debate.
Vox alcanza el 20% en intención de voto: consecuencias y reacciones en el tablero político
El crecimiento de Vox hasta el 20% en intención de voto marca un punto de inflexión en la política española. No se trata solo de un avance electoral significativo, sino de una señal clara de que una parte relevante del electorado está buscando respuestas fuera de los marcos tradicionales. Este porcentaje consolida a Vox como tercera fuerza nacional —y en algunos escenarios, decisiva— y obliga al resto de partidos a reaccionar, reajustar discursos y replantear estrategias.
Un síntoma más que una sorpresa
El ascenso de Vox no surge de la nada. Se alimenta de una combinación de factores: el desgaste del Gobierno, la percepción de desorden en materias como la inmigración o la seguridad, el hartazgo con la polarización permanente y una creciente desconfianza hacia las instituciones. Para muchos votantes, Vox se ha convertido en un canal de protesta, pero también en una opción que ofrece mensajes claros —aunque controvertidos— en un contexto de incertidumbre.
Este 20% no implica necesariamente una mayoría social para sus propuestas, pero sí refleja que su discurso conecta con una franja cada vez más amplia del electorado, especialmente en momentos de crisis económica, tensión territorial y fatiga política.
La reacción del PP: entre la distancia y la dependencia
El Partido Popular se enfrenta a un dilema incómodo. Por un lado, intenta presentarse como una alternativa de gobierno "moderada" y solvente; por otro, sabe que sin Vox tendrá serias dificultades para alcanzar mayorías suficientes. El crecimiento de Vox presiona al PP desde la derecha y limita su margen de maniobra: cualquier intento de girar al centro puede suponer fugas de votos, mientras que un acercamiento excesivo puede alejar a electores más moderados.
En este contexto, el PP oscila entre marcar distancias públicas y mantener puentes discretos, consciente de que el mapa político que se dibuja hace casi inevitable algún tipo de entendimiento postelectoral.
El PSOE y la estrategia del miedo
Desde el PSOE, la subida de Vox es utilizada como argumento movilizador. El mensaje es claro: el avance de la extrema derecha justificaría un voto de "contención democrática" en torno al bloque progresista. Sin embargo, esta estrategia tiene límites. Alertar de Vox sin abordar los problemas que explican su crecimiento —desafección, inseguridad, sensación de falta de control— corre el riesgo de reforzar precisamente aquello que se pretende frenar.
Además, la insistencia en el "voto útil" puede movilizar a los propios, pero también consolidar a Vox como el gran antagonista del sistema, un papel que le resulta electoralmente rentable.
La izquierda fragmentada y a la defensiva
Sumar y el resto de fuerzas a la izquierda del PSOE afrontan el ascenso de Vox con preocupación, pero también con dificultades para articular una respuesta eficaz. Su discurso, centrado en alertar del retroceso en derechos, no siempre logra conectar con sectores populares que hoy se sienten más interpelados por mensajes de orden, identidad o soberanía.
La fragmentación y las luchas internas debilitan su capacidad para contrarrestar un fenómeno que no es solo ideológico, sino también emocional y cultural.
Un cambio de ciclo
Que Vox alcance el 20% en intención de voto no garantiza un resultado final idéntico, pero sí confirma un cambio de ciclo. El sistema de partidos se vuelve más áspero, más polarizado y más dependiente de equilibrios inestables. Ignorar las causas profundas de este ascenso sería un error; reducirlo a una anomalía pasajera, también.
La pregunta ya no es si Vox influirá en la política española, sino hasta qué punto lo hará y cómo condicionará las decisiones del resto. Porque, a partir de ahora, ningún partido puede permitirse actuar como si ese 20% no existiera.
La alta velocidad genera más desconfianza que el tren convencional
Durante años, el tren de alta velocidad fue presentado como uno de los grandes símbolos del progreso en España: rapidez, modernidad y seguridad. Sin embargo, esa imagen comienza a resquebrajarse. Según los últimos datos, cuatro de cada diez españoles consideran que el AVE es poco o nada seguro, una cifra que marca un punto de inflexión preocupante. Por primera vez, la alta velocidad genera más desconfianza que el tren convencional, y también que medios tradicionalmente percibidos como más arriesgados, como el autobús o incluso el coche.
El dato no es menor. La seguridad no es un valor añadido en el transporte público: es su pilar fundamental. Cuando una parte tan significativa de la población empieza a dudar de ella, algo se ha hecho mal. No se trata solo de percepción, sino de una acumulación de señales: incidencias técnicas cada vez más frecuentes, retrasos prolongados, trenes detenidos durante horas y una gestión de crisis que, en demasiadas ocasiones, ha sido lenta, opaca o directamente inexistente.
La alta velocidad española ha crecido mucho en kilómetros, pero no necesariamente en confianza. La expansión acelerada de la red, a veces guiada más por criterios políticos que técnicos, ha tensionado el sistema. A ello se suma el deterioro del mantenimiento, la falta de inversión en infraestructuras clave y una evidente dificultad para responder con eficacia cuando algo falla. El resultado es un servicio que ya no transmite control ni fiabilidad, justo lo contrario de lo que debería ofrecer.
Que el AVE sea percibido como menos seguro que el tren convencional es especialmente revelador. El usuario parece intuir que lo "de siempre", aunque más lento, es también más robusto y predecible. Y que la alta velocidad, pese a su tecnología, se ha vuelto frágil: demasiado dependiente de sistemas complejos que, cuando fallan, dejan al viajero indefenso.
Más inquietante aún es que el coche y el autobús, medios con mayor siniestralidad objetiva, inspiren hoy más confianza. Esto demuestra que la seguridad no se mide solo en estadísticas, sino también en sensación de control, información y respuesta ante los problemas. Y ahí el tren de alta velocidad está suspendiendo.
Recuperar la confianza no pasa por campañas publicitarias ni por negar la evidencia. Exige inversiones serias, mantenimiento riguroso, transparencia informativa y responsabilidad política. La alta velocidad puede seguir siendo una gran herramienta de cohesión y movilidad, pero solo si vuelve a cumplir lo más básico: que el ciudadano sienta que subirse a un tren no es un acto de fe, sino una decisión segura.
sábado, 31 de enero de 2026
El Helicoide: de centro de tortura a polideportivo
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El Helicoide, centro de tortura y muerte |
Convertir un centro de tortura en un espacio deportivo puede sonar a reconciliación, pero sin verdad ni justicia corre el riesgo de convertirse en simple blanqueamiento simbólico. Las víctimas no reclaman cemento nuevo, sino reconocimiento, responsabilidades y garantías de no repetición.
En este contexto, también resulta revelador el lenguaje. Cuando Felipe VI se refirió a los presos políticos venezolanos como "retenidos", muchos vieron en esa palabra una forma diplomática —y preocupante— de describir lo que múltiples organismos internacionales han documentado como detenciones arbitrarias y tratos inhumanos.
Cambiar el uso de El Helicoide no basta si antes no se asume lo ocurrido entre sus muros. Sin memoria, cualquier polideportivo corre el riesgo de construirse sobre el silencio. Y el silencio, en Venezuela, siempre ha sido cómplice.
La regularización de Sánchez será un coladero: el inmigrante quedará "limpio" si en un mes no llegan los antecedentes penales
La nueva regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez nace envuelta en un discurso humanitario, pero esconde una grieta difícil de ignorar: la fragilidad de sus controles. 
Según el propio diseño del proceso, si en el plazo aproximado de un mes no se reciben los antecedentes penales del país de origen del solicitante, este quedará automáticamente "limpio" a efectos administrativos en España. No porque se haya comprobado su historial, sino porque no ha llegado la información. Y esa diferencia no es menor.
El problema no es la regularización en sí. España ha recurrido a procesos similares en el pasado y nadie discute que una inmigración ordenada, legal y con derechos es preferible a la marginalidad y la economía sumergida. El problema es cómo se hace. Y en este caso, todo apunta a que el sistema está diseñado más para acelerar cifras que para garantizar controles mínimos.
La clave está en los antecedentes penales. El Gobierno sostiene que solo podrán regularizarse quienes no tengan causas pendientes ni condenas graves. Sobre el papel suena razonable. En la práctica, sin embargo, el mecanismo depende de la capacidad —y voluntad— de países terceros para remitir documentación en tiempo y forma. Muchos de esos países carecen de registros digitalizados, otros arrastran una burocracia lenta y algunos ni siquiera colaboran de manera efectiva con las autoridades españolas. El resultado es evidente: el silencio administrativo juega a favor del solicitante.
Si el certificado no llega en el plazo previsto, no se interpreta como una alerta, sino como una ausencia de antecedentes. Es decir, el sistema convierte la falta de información en una presunción de limpieza. No porque se haya verificado nada, sino porque el reloj ha corrido más rápido que la realidad. En términos de seguridad jurídica y de control migratorio, es un auténtico coladero.
Esta lógica resulta difícil de explicar a cualquier ciudadano que tenga que presentar certificados, empadronamientos o documentos fiscales bajo amenaza de sanción si se retrasa un solo día. Para el Estado, el incumplimiento del plazo por parte del ciudadano suele ser un problema; cuando el incumplimiento procede de una administración extranjera, se convierte mágicamente en una ventaja para el solicitante.
El Gobierno insiste en que no hay riesgo, que los casos problemáticos serán residuales. Pero no aporta datos que respalden esa confianza. Tampoco explica por qué no se opta por una solución más prudente: suspender la resolución hasta recibir la documentación o, al menos, establecer mecanismos de verificación adicionales cuando los antecedentes no llegan. La prisa, una vez más, parece pesar más que la cautela.
Esta regularización, además, lanza un mensaje peligroso. No solo hacia dentro, donde se alimenta la sensación de agravio comparativo y de improvisación permanente, sino también hacia fuera. Si se extiende la idea de que basta con aguantar un mes para quedar regularizado sin comprobaciones efectivas, el "efecto llamada" es casi automático. No por maldad, sino por puro cálculo racional.
Conviene insistir en algo esencial: criticar este modelo no es criminalizar al inmigrante. Es exigir al Estado que haga su trabajo. La inmensa mayoría de quienes llegan a España lo hacen para trabajar y vivir en paz. Precisamente por ellos, por su integración y por la convivencia, los controles deben ser claros, transparentes y creíbles. Un sistema laxo no protege al inmigrante honesto; lo expone a la sospecha permanente.
La regularización de Sánchez no falla por ser ambiciosa, sino por ser ingenua o, peor aún, deliberadamente permisiva. Convertir la falta de información en un certificado de buena conducta no es política migratoria: es una renuncia al control. Y cuando el Estado renuncia a controlar, el precio siempre lo pagan los mismos.
viernes, 30 de enero de 2026
Pilar Alegría empeorará el resultado de Gallardo en Extremadura
Los sondeos internos del PSOE no son alentadores para la dirección federal. Según estos datos, una eventual apuesta por perfiles del núcleo duro del Gobierno, como el de Pilar Alegría —candidata en Aragón—, no mejoraría los resultados del partido en Extremadura y podría incluso empeorar los obtenidos por Miguel Ángel Gallardo en las últimas autonómicas.
Pilar Alegría
El problema no es Alegría en sí, sino la estrategia. Los estudios internos reflejan que el electorado aragonés, al que va dirigida su candidatura, es especialmente sensible al desgaste del Gobierno central y penaliza los liderazgos excesivamente alineados con la dirección federal. Esta percepción acaba teniendo efectos colaterales en comunidades, como Aragón, donde el PSOE arrastra ya una clara pérdida de apoyo.
Los sondeos también advierten de la desconexión entre la agenda nacional y los problemas territoriales, así como del impacto del desgaste del Ejecutivo. En Ferraz crece el temor de que este tipo de apuestas consolide el retroceso electoral del PSOE y refuerce al PP en comunidades donde el socialismo fue durante décadas hegemónico.
jueves, 29 de enero de 2026
España: ¿en qué consiste y a quién beneficia el nuevo plan del Gobierno para regularizar a medio millón de migrantes?
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Un puesto de comida venezolana en Madrid |
¿En qué consiste el plan de regularización?
El plan se articula a través de una reforma del Reglamento de Extranjería, con el objetivo de facilitar el acceso a permisos legales a personas extranjeras que ya se encuentran en España y que cumplen determinados requisitos. No se trata de una regularización automática ni indiscriminada, sino de un conjunto de vías administrativas más flexibles para salir de la situación de irregularidad.
Entre los principales cambios destacan:
• Reducción de los plazos de permanencia exigidos para acceder al arraigo, una de las figuras legales más habituales para regularizar la situación administrativa.
• Ampliación de las modalidades de arraigo, incorporando supuestos vinculados a la formación o al empleo en sectores con alta demanda de mano de obra.
• Facilitación del acceso al trabajo legal, permitiendo compatibilizar permisos de residencia con contratos laborales desde fases más tempranas.
• Simplificación de trámites administrativos, con el objetivo de reducir la burocracia y los tiempos de espera.
Según las estimaciones del Ejecutivo, estas medidas podrían beneficiar, de forma progresiva, a unas 500.000 personas en un plazo de varios años.
¿A quién va dirigido?
El plan está orientado principalmente a migrantes que ya viven en España, muchos de ellos desde hace años, pero que se encuentran en situación administrativa irregular. En su mayoría, se trata de personas que trabajan en la economía informal o que tienen dificultades para regularizarse debido a los requisitos anteriores, considerados por el Gobierno como excesivamente restrictivos.
También se verían beneficiados jóvenes extranjeros que han pasado por el sistema educativo español o personas que puedan acreditar una oferta de formación o empleo en sectores específicos, como la agricultura, la hostelería, los cuidados o la construcción.
Es importante subrayar que la medida no está pensada para incentivar nuevas llegadas, sino para dar una respuesta legal a una población que ya forma parte del tejido social y económico del país.
¿Qué objetivos persigue el Gobierno?
El Ejecutivo justifica el plan sobre varios ejes. En primer lugar, el envejecimiento de la población y la falta de mano de obra en determinados sectores hacen que España necesite incorporar trabajadores al mercado laboral. Regularizar a personas que ya están en el país se presenta como una forma rápida y eficaz de cubrir estas vacantes.
En segundo lugar, el Gobierno señala la necesidad de reducir la economía sumergida, ya que la irregularidad administrativa favorece situaciones de explotación laboral y dificulta el control fiscal y de las condiciones de trabajo.
Por último, se apela a un enfoque de gestión ordenada de la migración, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, que promueven vías legales y seguras frente a la irregularidad prolongada.
¿A quién beneficia el plan?
Desde el punto de vista individual, los principales beneficiarios serían las personas migrantes que logren regularizar su situación, al acceder a derechos básicos como el trabajo legal, la cotización a la Seguridad Social o una mayor estabilidad jurídica.
Desde una perspectiva económica, el plan podría beneficiar a sectores productivos con escasez de trabajadores, así como al propio Estado, mediante un aumento de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales.
En el plano social, algunos expertos señalan que la regularización puede contribuir a una mayor integración y cohesión, al reducir la marginalidad asociada a la irregularidad prolongada.
Un debate abierto
A pesar de su carácter técnico, el plan ha abierto un debate sobre el modelo migratorio, la capacidad de los servicios públicos y la necesidad de combinar políticas de acogida con mecanismos de control y planificación. Mientras unos destacan su pragmatismo, otros advierten de la importancia de acompañar estas medidas de una gestión eficaz y transparente.
En cualquier caso, el nuevo plan de regularización se perfila como una de las iniciativas más relevantes en materia migratoria de los últimos años, con efectos que se irán evaluando a medio y largo plazo.