Ceuta: Una avalancha masiva de miles de migrantes desborda a las fuerzas de seguridad

Migrantes

El Supremo prohíbe las devoluciones en caliente de los inmigrantes que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla.

La ciudad autónoma de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. Durante los últimos días, centenares de personas de origen magrebí han alcanzado territorio español bordeando a nado el espigón de El Tarajal, mientras que al otro lado de la frontera, en la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos), miles de personas permanecen concentradas a la espera de intentar el mismo recorrido. 

Las imágenes de hombres, mujeres y menores lanzándose al mar han vuelto a recordar la grave crisis de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron en apenas unas horas. Sin embargo, las autoridades locales y los cuerpos de seguridad advierten de que la situación actual presenta un elemento nuevo: una reciente sentencia del Tribunal Supremo que modifica de forma importante el marco jurídico aplicable a quienes acceden a Ceuta o Melilla por mar. 

La sentencia del Supremo

El pasado 9 de julio el Tribunal Supremo fijó doctrina sobre una cuestión muy debatida durante años: las denominadas "devoluciones en caliente" no pueden aplicarse a los inmigrantes que llegan nadando desde Marruecos.

La resolución interpreta la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería y concluye que el rechazo inmediato únicamente es posible cuando la entrada irregular se produce superando los elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas de Ceuta y Melilla. El mar, sostiene el tribunal, no constituye un elemento de contención equivalente, por lo que quienes son interceptados en el agua deben ser sometidos al procedimiento ordinario de devolución, con todas las garantías legales previstas.

Ello implica, entre otras cuestiones, la identificación individual de cada persona, la apertura del correspondiente expediente administrativo y la posibilidad de asistencia letrada o de solicitar protección internacional cuando proceda. 

La nueva situación jurídica coincide con un fuerte incremento de las llegadas. Los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil denuncian que los agentes trabajan al límite de su capacidad y que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado. Reclaman refuerzos, más medios y una respuesta coordinada del Estado para evitar el colapso operativo.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado al Gobierno la declaración de una situación de emergencia nacional y el establecimiento de un mando único que coordine todos los recursos disponibles. La petición cuenta con un amplio respaldo institucional dentro de la ciudad autónoma, aunque el Ejecutivo central no ha aceptado, por el momento, esa medida.

La crisis vuelve a poner sobre la mesa un debate complejo en España y en la Unión Europea: cómo compatibilizar el control efectivo de las fronteras con el respeto a los derechos y garantías reconocidos por la legislación nacional e internacional.

La sentencia del Tribunal Supremo no impide las devoluciones de quienes entren irregularmente, pero sí establece que, cuando el acceso se produce por mar, esas actuaciones deben tramitarse mediante el procedimiento ordinario previsto en la Ley de Extranjería y no mediante el rechazo inmediato utilizado tradicionalmente en la frontera terrestre. 

Ayuso rechaza las críticas por el ático institucional: «No tengo residencia oficial como sí tienen otros presidentes autonómicos»

Isabel Díaz Ayuso

La compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid para albergar temporalmente la actividad de la Presidencia durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos ha abierto una nueva batalla política entre el Gobierno regional y la oposición. Mientras PSOE y Más Madrid cuestionan el coste y la oportunidad de la operación, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que se está difundiendo una imagen completamente falsa de lo ocurrido y denuncia una «campaña de mala fe» para presentar el inmueble como un lujo personal sufragado con dinero público.

La controversia surgió tras conocerse que el Ejecutivo autonómico había adquirido un inmueble de grandes dimensiones en el distrito madrileño de Chamberí. Desde la oposición se insinuó que la vivienda serviría como residencia de la presidenta durante las obras en la sede del Gobierno regional. Ayuso respondió con contundencia.

«No es mi casa, no es mi residencia y no le han comprado una vivienda a Ayuso», afirmó, insistiendo en que el inmueble tendrá un uso exclusivamente institucional mientras duren las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, edificio que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Una sede histórica que necesita una rehabilitación integral

La Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol, es uno de los edificios más emblemáticos de Madrid y sede del Gobierno autonómico desde mediados de los años ochenta. Según la Comunidad de Madrid, diversos informes técnicos aconsejan acometer una reforma estructural de gran alcance para garantizar la conservación del edificio y permitir su adaptación a las necesidades actuales de funcionamiento.

Durante ese periodo será necesario trasladar parte de la actividad institucional a otra ubicación que permita mantener con normalidad el trabajo de la Presidencia y las reuniones oficiales.

Es en ese contexto donde el Gobierno regional justifica la adquisición del inmueble, que considera una solución operativa para garantizar la continuidad de la actividad institucional.

«Madrid no dispone de una residencia oficial»

Uno de los argumentos más repetidos por Ayuso ha sido recordar una diferencia que, a su juicio, apenas se menciona en el debate público: «No tengo residencia oficial como sí tienen otros presidentes autonómicos.»

Con esta afirmación quiso subrayar que la Comunidad de Madrid no dispone de una vivienda institucional destinada al presidente autonómico, como sí ocurre en algunas otras comunidades. Según la presidenta, presentar el ático como una residencia oficial constituye una interpretación interesada de los hechos.

El Ejecutivo madrileño sostiene que el inmueble no sustituye a la vivienda privada de Ayuso ni será utilizado como domicilio habitual, sino como espacio de representación y trabajo durante el tiempo que permanezca cerrada parcialmente la sede de la Puerta del Sol.

PSOE y Más Madrid han solicitado conocer con detalle el expediente de adquisición, los informes técnicos que avalan la compra y las razones por las que se optó por adquirir un inmueble en lugar de alquilar oficinas mientras duren las obras.

La oposición considera que una operación de este importe merece el máximo nivel de transparencia y control parlamentario, especialmente al tratarse de una adquisición realizada con fondos públicos.

Ayuso habla de una "campaña de desprestigio"

La presidenta madrileña sostiene, sin embargo, que el debate ha sido alimentado mediante informaciones que confunden deliberadamente una oficina institucional con una residencia privada.

A su juicio, se pretende instalar la idea de que la Comunidad de Madrid ha comprado una vivienda de lujo para uso personal de la presidenta, algo que rechaza categóricamente.

Las declaraciones de Ayuso se produjeron, además, en una jornada marcada por la gestión de varios incendios forestales, circunstancia que utilizó para lamentar que una cuestión administrativa hubiera eclipsado otros asuntos que considera de mayor importancia para los ciudadanos.

La polémica refleja una vez más cómo una decisión administrativa puede convertirse en un intenso enfrentamiento político. Para el Gobierno madrileño, la adquisición responde a una necesidad derivada de unas obras inevitables en la sede institucional. Para la oposición, en cambio, el Ejecutivo aún debe justificar con mayor claridad el coste de la operación y demostrar que era la alternativa más adecuada.

Probablemente el debate no se cerrará hasta que se conozca con detalle toda la documentación relativa a la compra. Mientras tanto, la discusión seguirá moviéndose entre dos interpretaciones opuestas: la de quienes consideran que se trata simplemente de una solución logística para mantener el funcionamiento de la Presidencia y la de quienes creen que la operación exige explicaciones mucho más exhaustivas.

García-Page rompe el silencio: «Ser militante no significa ser cómplice»

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a marcar distancias con la dirección del PSOE en uno de los momentos más delicados para el partido. Sus declaraciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero no solo reflejan una profunda inquietud personal, sino que evidencian que las dudas sobre el expresidente ya no proceden únicamente de la oposición o de los medios de comunicación, sino también de destacados dirigentes socialistas. 

En una entrevista concedida este miércoles a la Cadena SER, García-Page admitió que las explicaciones ofrecidas por Zapatero en las últimas semanas no le han convencido. «Tengo muchas dudas», afirmó, añadiendo que la incertidumbre es precisamente lo que más le preocupa.

El dirigente castellanomanchego recordó que conoció de cerca a Zapatero durante su etapa al frente del Gobierno y que siempre creyó que carecía de cualquier ambición económica. Precisamente por esa imagen previa, reconoció que las informaciones conocidas recientemente le resultan especialmente dolorosas. Sin embargo, dejó claro que la amistad o la militancia no pueden sustituir a un juicio crítico sobre los hechos. 

«No me convence su relato»

Una de las frases que más repercusión ha tenido fue su afirmación de que «no me ha convencido su relato». Page evitó realizar una condena anticipada y defendió que corresponde a la Justicia esclarecer lo ocurrido, pero insistió en que las explicaciones públicas dadas hasta ahora no han disipado sus dudas.

Según explicó, «lo peor es la duda». Si todo resultara falso, dijo, sentiría tranquilidad; si todo fuera cierto, la situación sería muy grave, pero también estaría clara. Lo verdaderamente inquietante, en su opinión, es la incertidumbre que rodea al caso. 

«Ser militante no significa ser cómplice»

La frase más contundente de la entrevista fue, probablemente, la que resume toda su posición política: «Ser militante no significa ser cómplice.»

Con estas palabras, García-Page rechazó la idea de cerrar filas automáticamente con cualquier dirigente del partido simplemente por compartir militancia. A su juicio, negar las dudas que suscitan las informaciones conocidas supondría caer en un «fanatismo» o un «sectarismo de partido» incompatible con una actitud responsable. 

El mensaje tiene una evidente carga política. En un momento en que algunos dirigentes socialistas han optado por respaldar públicamente a Zapatero, Page reivindica el derecho —e incluso el deber— de mantener una posición crítica mientras los hechos son investigados.

Un consejo para el expresidente

Lejos de limitarse a expresar dudas, el presidente castellano-manchego ofreció también un consejo al expresidente del Gobierno: abandonar la batalla mediática y concentrar todos sus esfuerzos en la estrategia judicial.

A su juicio, cuando existen investigaciones y acusaciones de tanta gravedad, resulta prácticamente imposible convencer a la opinión pública mediante entrevistas o comparecencias. La prioridad, sostuvo, debe ser defenderse ante los tribunales, donde finalmente se determinarán las responsabilidades que puedan existir. 

Un síntoma del momento que vive el PSOE

Las palabras de Emiliano García-Page tienen una relevancia que trasciende el caso concreto de Zapatero. Reflejan la existencia de un debate interno sobre cómo debe reaccionar el PSOE cuando uno de sus referentes históricos se ve envuelto en informaciones controvertidas.

Su mensaje es sencillo, pero políticamente significativo: la lealtad a un partido no obliga a renunciar al espíritu crítico. Al contrario, sostiene que una organización democrática solo preserva su credibilidad cuando es capaz de distinguir entre la solidaridad personal y la exigencia de responsabilidades.

Con su afirmación de que «ser militante no significa ser cómplice», García-Page ha fijado una posición que probablemente seguirá alimentando el debate interno del socialismo español mientras continúen las investigaciones y se esclarezcan los hechos. 

Zapatero, políticamente acabado

ZP

Diversas informaciones publicadas en los últimos días sostienen que Zapatero ha reconocido en conversaciones con personas de su máxima confianza que se siente «políticamente acabado». No sería una confesión menor. Quien durante años ejerció como consejero discreto, mediador internacional y figura de referencia dentro del socialismo afrontaría ahora la posibilidad de haber perdido el prestigio que le permitía influir en la vida política española. 

El deterioro de su imagen no responde únicamente a las investigaciones judiciales que le afectan. En política, la percepción suele ser tan importante como los procedimientos. La acumulación de informaciones sobre el caso Plus Ultra, las declaraciones de antiguos colaboradores y las dudas surgidas en torno a su patrimonio han erosionado gravemente la credibilidad de quien durante años hizo de la ética pública una de sus principales banderas.

Lo más significativo es que el desgaste ya no procede únicamente de la oposición. También han aparecido voces críticas dentro del espacio de la izquierda. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, llegó a afirmar públicamente que se sentía «sumamente defraudado» por las explicaciones ofrecidas por el expresidente, reclamando además mayores controles sobre las actividades privadas de los antiguos jefes del Ejecutivo. 

En el PSOE la situación resulta especialmente delicada. Romper con Zapatero supondría cuestionar una parte importante de la historia reciente del partido. Mantenerle como símbolo, en cambio, implica asumir el coste político que generan las investigaciones y las noticias que aparecen casi a diario. Ese difícil equilibrio explica el nerviosismo que distintas crónicas describen en el seno de la organización socialista. 

Durante mucho tiempo, Zapatero fue presentado como el rostro amable de la socialdemocracia española: el impulsor de importantes reformas sociales, un político dialogante y un referente para buena parte del progresismo. Incluso hoy siguen existiendo dirigentes e intelectuales que expresan públicamente su admiración por él, prueba de que conserva apoyos en determinados sectores. 

Pero la autoridad moral es un patrimonio especialmente frágil. Puede construirse durante décadas y desmoronarse en cuestión de semanas. Cuando un dirigente basa buena parte de su prestigio en la ejemplaridad, cualquier sospecha sobre su conducta tiene un efecto devastador, incluso antes de que concluyan los procesos judiciales.

La Justicia será quien determine las posibles responsabilidades penales de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa es una cuestión que corresponde exclusivamente a los tribunales. Sin embargo, el juicio político ya está teniendo lugar. Y ese juicio se libra cada día en la opinión pública, en los medios de comunicación y dentro de su propio espacio político.

Si realmente ha confesado sentirse «políticamente acabado», quizá no esté describiendo solo su situación personal. Estaría reconociendo que el poder más difícil de recuperar no es el institucional, sino la confianza. Porque un dirigente puede perder unas elecciones y volver años después. Lo verdaderamente complicado es reconstruir la autoridad moral una vez que se ha quebrado.

La inversión extranjera en España ha caído a la mitad con Sánchez de presidente

Pedro

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, la inversión extranjera directa ha mostrado un comportamiento mucho más débil que en etapas anteriores. Según diversos análisis basados en los datos del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, España ha dejado de captar alrededor de 26.400 millones de euros de capital internacional en los últimos siete años, lo que supone una reducción cercana al 50 % respecto a los niveles previos. 

Conviene aclarar que la inversión extranjera fluctúa cada año por operaciones empresariales de gran tamaño. Sin embargo, cuando la tendencia se prolonga durante varios ejercicios, deja de ser una simple oscilación estadística para convertirse en un indicador económico relevante.

¿Por qué importa?

La inversión extranjera no consiste únicamente en movimientos financieros. Detrás de ella suelen encontrarse nuevas fábricas, centros logísticos, laboratorios de investigación, oficinas tecnológicas y miles de puestos de trabajo.

Cuando una multinacional decide instalarse en España, no solo aporta capital. También introduce tecnología, conocimiento, proveedores y oportunidades para empresas nacionales. Si ese dinero termina marchándose a otros países, España pierde competitividad y posibilidades de crecimiento.

Las razones que señalan los analistas

No existe una única explicación, pero numerosos informes empresariales y económicos apuntan a varios factores:

• La inseguridad regulatoria y los frecuentes cambios normativos.
• La elevada presión fiscal sobre empresas e inversores.
• La incertidumbre política derivada de la fragmentación parlamentaria.
• El aumento de los costes laborales y burocráticos.
• Un entorno internacional cada vez más competitivo, donde muchos países ofrecen mejores incentivos para atraer inversión. 

Es evidente que algunos de estos factores también afectan a otros países europeos. Sin embargo, las empresas internacionales comparan continuamente dónde resulta más atractivo invertir.

Un dato que merece reflexión

Más allá del debate político, la cuestión esencial es sencilla: cuando disminuye la inversión extranjera, disminuyen también las oportunidades de crear riqueza y empleo.

Los inversores no votan en las elecciones españolas. Tampoco participan en los debates parlamentarios. Simplemente observan el panorama económico, comparan países y llevan su dinero allí donde consideran que existen más seguridad jurídica, estabilidad y perspectivas de rentabilidad.

Y esa es quizá la lección más importante. La confianza tarda muchos años en construirse, pero puede empezar a perderse mucho antes de que las estadísticas lo reflejen plenamente.

Zapatero aterrado con la tasación de sus joyas: el valor podría dispararse hasta los diez millones de euros

Zapajoyas

La investigación sobre las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero acaba de entrar en una nueva fase. Si la primera tasación, realizada por la histórica joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español, situó el valor del conjunto en torno a 1,3 millones de euros, la Fiscalía Anticorrupción considera que esa cifra podría estar muy lejos del valor real de mercado.

Por ese motivo ha solicitado al juez José Luis Calama un informe pericial ampliatorio que determine no solo la antigüedad de las piezas, sino también su auténtico precio en el mercado internacional. La razón es sencilla: la primera valoración se habría realizado tomando como referencia el valor de reposición de los metales y piedras preciosas, sin incorporar el trabajo de joyería, el diseño, la exclusividad de determinadas piezas ni el margen comercial habitual.

Si esa hipótesis se confirma, el incremento podría ser espectacular.

Diversos expertos del sector joyero ya habían advertido hace meses de que algunas de las piezas descritas en el inventario judicial pertenecen a una categoría extraordinariamente exclusiva. Solo un collar con catorce zafiros en talla pera podría alcanzar cifras millonarias si las gemas fueran de calidad excepcional. Según estas valoraciones, una colección semejante podría situarse muy por encima del millón inicialmente calculado y acercarse, en el escenario más favorable para las piezas, a varios millones de euros.

No resulta extraño, por tanto, que Zapatero haya cuestionado desde el primer momento la tasación oficial y anunciara que presentará una pericial alternativa. También ha insistido en que las joyas eran un "regalo de cortesía personal" recibido hace muchos años y que nunca tuvieron una finalidad patrimonial, una explicación que hasta ahora no ha ido acompañada de documentación que acredite su procedencia ni de una identificación del país o de las personas que realizaron esos obsequios.

El problema para el expresidente no reside únicamente en el valor económico.

Cuanto mayor sea la valoración definitiva, mayor será la importancia jurídica de acreditar el origen de las piezas, la fecha en que fueron recibidas y el tratamiento fiscal que debieron tener en su momento. Precisamente por ello la Fiscalía quiere conocer cuándo fueron fabricadas y cuál sería hoy su valor real de mercado, datos que podrían resultar determinantes para la investigación.

Desde el punto de vista político, el caso presenta además una evidente contradicción. Fue durante el Gobierno de Zapatero cuando se reforzó el Código de Buen Gobierno que establece que los altos cargos deben rechazar regalos que puedan comprometer su independencia o excedan los usos de cortesía institucional. La defensa basada precisamente en que las joyas fueron una "cortesía personal" ha abierto un intenso debate sobre la coherencia entre aquel código ético y la conducta que ahora describe el propio expresidente.

La Justicia será quien determine finalmente si existe o no responsabilidad penal o fiscal. Mientras tanto, la nueva tasación puede convertirse en una de las pruebas más relevantes de toda la investigación. Si el valor definitivo se aproxima a las estimaciones más elevadas manejadas por algunos especialistas, el debate dejará de girar únicamente sobre la existencia de unas joyas y pasará a centrarse en una pregunta mucho más incómoda: ¿cómo pudo permanecer durante tantos años sin una explicación convincente un patrimonio de semejante magnitud?

El hundimiento de Zapatero siembra el desconcierto en el electorado socialista

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Durante años, José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los grandes activos políticos del PSOE. Incluso después de abandonar La Moncloa, conservó una influencia notable dentro del partido, actuando como mediador internacional, consejero político y referente para amplios sectores del socialismo español. Esa imagen de dirigente respetado es la que hoy atraviesa su momento más delicado.

Las investigaciones judiciales relacionadas con el rescate de Plus Ultra y las declaraciones del empresario Julio Martínez han situado al expresidente en el centro de una tormenta política que no deja de crecer. En los últimos días, Martínez ha ratificado ante el juez que Zapatero desempeñó un papel relevante en las gestiones del rescate, mientras el Gobierno y la dirección del PSOE mantienen públicamente su respaldo y apelan a la presunción de inocencia. 

Conviene recordar un principio esencial de cualquier Estado de derecho: una imputación no equivale a una condena. Será la Justicia quien determine los hechos y las responsabilidades que puedan existir. Sin embargo, la política no funciona únicamente con sentencias judiciales. También depende de la confianza de los ciudadanos, y esa confianza puede deteriorarse mucho antes de que termine un procedimiento.

Ese es precisamente el problema que afronta hoy el PSOE.

Cada nueva información, cada comparecencia judicial y cada silencio alimentan una sensación de incertidumbre entre muchos votantes socialistas. No se trata únicamente de la posible responsabilidad penal de un expresidente. Lo que está en juego es la credibilidad de un proyecto político que ha presentado durante décadas la regeneración democrática como una de sus principales banderas.

El Gobierno ha optado por cerrar filas con Zapatero. La dirección socialista insiste en la presunción de inocencia y sostiene que el expresidente podrá demostrar que las acusaciones carecen de fundamento. Esa estrategia puede entenderse desde la lógica de la lealtad política, pero también entraña riesgos. Si la investigación judicial siguiera avanzando en una dirección desfavorable, el coste para el partido podría multiplicarse. 

La historia política española demuestra que los grandes partidos suelen sufrir más por la percepción de que intentan proteger a los suyos que por los propios procedimientos judiciales. Cuando la ciudadanía percibe que las explicaciones llegan tarde, son incompletas o se sustituyen por consignas, aparece el desconcierto. Y el desconcierto suele ser el primer paso hacia la pérdida de confianza.

Muchos votantes socialistas no saben hoy qué pensar. Algunos continúan convencidos de la inocencia de Zapatero. Otros prefieren esperar a que hablen los tribunales. Y no faltan quienes empiezan a preguntarse si el partido está pagando un precio demasiado alto por identificar su defensa con la de un dirigente concreto.

Ese clima de incertidumbre resulta especialmente delicado para un electorado que tradicionalmente ha exigido altos estándares éticos a sus representantes. La izquierda española ha construido buena parte de su discurso sobre la ejemplaridad en la vida pública. Cuando uno de sus referentes históricos queda envuelto en un proceso judicial de tanta repercusión, la contradicción entre el discurso y la realidad se convierte en un problema político de primer orden.

La política democrática necesita algo más que legalidad. Necesita confianza. Y la confianza exige transparencia, explicaciones convincentes y la disposición a asumir responsabilidades cuando corresponda.

Quizá la mayor dificultad para el PSOE no sea la evolución del procedimiento judicial, sino la erosión silenciosa que producen las dudas. Porque las dudas no movilizan; desaniman. No fortalecen la fidelidad electoral; la debilitan. Y cuando un partido pierde la confianza de quienes siempre le apoyaron, recuperar ese vínculo resulta mucho más difícil que conservarlo.

La Justicia tendrá la última palabra sobre los hechos. Los ciudadanos, como siempre ocurre en democracia, tendrán la última palabra sobre las consecuencias políticas.

Conversaciones con Franco – Capítulo 15 – Fe católica de Franco y servicio a la República anticatólica

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Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, usted fue ascendido a general de brigada en febrero de 1926, con solo treinta y tres años, convirtiéndose en el general más joven de Europa tras su actuación en la Guerra del Rif. Cuando se proclamó la Segunda República, en abril de 1931, ya llevaba cinco años con ese empleo y era uno de los oficiales de mayor prestigio del Ejército español. En 1935 fue nombrado Jefe del Estado Mayor Central, el cargo militar más importante del país.

Sin embargo, muchos historiadores sostienen que durante aquellos años usted aceptó servir con absoluta normalidad a un régimen que impulsaba una política laicista y que mantenía una relación cada vez más hostil con la Iglesia. Paul Preston, por ejemplo, afirma que su catolicismo público solo adquirió verdadera intensidad durante la Guerra Civil, cuando el conflicto fue presentado como una cruzada religiosa. Stanley Payne, por el contrario, lo describe entonces como un militar pragmático, disciplinado y poco dado a exhibir sus convicciones religiosas.

Visto desde hoy, resulta inevitable preguntarse si existe una contradicción entre el Franco que sirvió lealmente a la República entre 1931 y 1936 y el Franco que, después del alzamiento, se presentó como defensor de la España católica.

¿Era usted ya un católico convencido que subordinó sus creencias al deber militar, o su fe fue evolucionando al ritmo de los acontecimientos?

Franco: Comprendo que esa duda pueda surgir, porque muchos confunden la discreción con la ausencia de convicciones. No todos los hombres viven la fe del mismo modo. Hay quienes la exhiben y quienes la guardan para su conciencia. Yo nunca fui hombre de exteriorizar sentimientos, ni religiosos ni de ninguna otra clase. Mi carácter era reservado, y así permaneció toda mi vida.

Cuando se proclamó la República, mi deber como militar no consistía en decidir qué forma de gobierno prefería España, sino en servir a la nación bajo la autoridad legalmente constituida. Los soldados no juran fidelidad a una ideología, sino a España. Mientras el Estado mantuvo una apariencia de legalidad y el Ejército conservó su función esencial, entendí que mi obligación era obedecer.

Otra cuestión muy distinta es que compartiera las políticas anticlericales que comenzaron a desarrollarse. Nunca las compartí. Me produjeron una profunda preocupación, como también me inquietaban el desorden creciente, la violencia política y el deterioro de la autoridad del Estado. Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta levantarse en armas. Un militar responsable no recurre a la insurrección porque un gobierno apruebe leyes que considera equivocadas.

Se ha dicho que mi catolicismo nació durante la Guerra Civil. No es cierto. Lo que ocurrió fue que la persecución religiosa hizo visible una realidad que muchos prefirieron ignorar. Miles de sacerdotes, religiosos y seglares fueron asesinados únicamente por profesar su fe. Ante semejante tragedia, era imposible que la dimensión religiosa permaneciera en un segundo plano.

¿Influyó mi esposa en mi vida espiritual? Naturalmente. Carmen era una mujer profundamente creyente y su ejemplo reforzó muchas de mis convicciones. Pero atribuirle mi fe sería una simplificación. La religión formaba parte de mi educación, de mi familia y de la España en la que crecí.

Algunos historiadores me presentan como un calculador que utilizó la religión por conveniencia política. No me sorprende. Cada generación interpreta el pasado desde sus propias ideas. Sin embargo, quienes convivieron conmigo sabían que jamás fui un hombre dado a los gestos teatrales. Mi forma de vivir la religión fue siempre sobria y poco exhibicionista.

La verdadera cuestión no es si yo rezaba más o menos antes de 1936. La cuestión es otra: ¿qué debía hacer un militar cuando veía que el Estado dejaba de garantizar el orden, la seguridad y la libertad religiosa de millones de españoles? Esa fue la pregunta que terminó imponiéndose sobre todas las demás. Y esa pregunta, más que mi vida privada, es la que explica las decisiones que tomé a partir de julio de 1936.

Zapatero: Las joyas que aparecieron en su caja fuerte se metieron solas, sin ayuda de nadie

Jesusito de mi vida, eres niño como yo...

José Luis Rodríguez Zapatero asegura que las joyas halladas en su caja fuerte «no tenían ni uso ni destino, ni afán patrimonial. Estaban ahí y nada más».

Es una explicación sorprendente. Solo le falta añadir que las joyas entraron ellas solas en la caja fuerte, sin ayuda de nadie. O que ya venían incluidas cuando compró la caja, como quien adquiere un electrodoméstico con accesorios de regalo.

Hay frases que, en lugar de aclarar los hechos, los vuelven aún más inverosímiles. Decir que unas joyas de gran valor «estaban ahí y nada más» equivale a convertir un objeto que exige un origen, un propietario y una finalidad en un simple elemento decorativo, como si hubiera aparecido por generación espontánea.

La política española lleva demasiado tiempo acostumbrándonos a explicaciones de este tipo. El dinero aparece sin dueño, los favores sin beneficiarios, las reuniones sin contenido y las joyas sin historia. Todo sucede, pero nadie sabe cómo ni por qué.

Quizá el verdadero problema no sea la explicación en sí, sino la confianza con la que se ofrece. Porque parece partir de una premisa inquietante: que los ciudadanos aceptarán cualquier relato, por absurdo que resulte, siempre que se pronuncie con suficiente solemnidad.

La realidad, sin embargo, tiene una mala costumbre: hacer preguntas. Y las preguntas siguen ahí, aunque algunos pretendan que las respuestas también «estaban ahí y nada más».

Conversaciones con Franco – Capítulo 14 – La nostalgia del franquismo entre los jóvenes

Franco

Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, en España está ocurriendo algo que desconcierta a sociólogos, historiadores y analistas políticos. Cada vez son más los estudios que detectan entre una parte de la juventud una cierta nostalgia del franquismo o, al menos, una visión mucho menos crítica de aquella época. Resulta paradójico sentir nostalgia de un tiempo que nunca se ha vivido. La nostalgia suele pertenecer a la memoria; aquí, en cambio, parece pertenecer a la imaginación.

Yo viví una parte importante de su régimen y, sin embargo, no siento nostalgia de él. Tampoco creo que un fenómeno histórico de semejante magnitud pueda repetirse. Pero sí debo reconocer una cosa: la evolución de la izquierda española me ha obligado a revisar muchos de mis propios prejuicios. No me ha llevado a idealizar el franquismo, pero sí a preguntarme hasta qué punto el relato que durante décadas se ha construido sobre usted ha estado condicionado por la propaganda, el sectarismo o la necesidad política de convertirle en el símbolo absoluto de todos los males de España.

Sin embargo, aunque la inmensa mayoría de los jóvenes continúa respaldando el sistema democrático, las encuestas muestran un fenómeno inquietante: entre un 18 % y un 19 % de los jóvenes de entre 18 y 26 años califican los años de su régimen como "buenos" o "muy buenos", y alrededor de una cuarta parte de los hombres de la Generación Z considera que, en determinadas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible a una democracia.

Los especialistas suelen señalar tres causas principales.

La primera es la frustración económica. La dificultad para acceder a una vivienda, la precariedad laboral y la sensación de que el esfuerzo ya no garantiza un futuro hacen que muchos idealicen un pasado resumido en consignas como "había pleno empleo", "un obrero podía comprarse una casa" o "existía orden y seguridad". No buscan tanto volver al franquismo como escapar de un presente que les decepciona.

La segunda es el impacto de las redes sociales, donde el cuestionamiento del consenso democrático se presenta con frecuencia como un gesto de rebeldía frente a lo políticamente correcto. En ese universo digital, los matices desaparecen y las soluciones simples resultan mucho más seductoras que las explicaciones complejas.

La tercera es el preocupante desconocimiento de la historia reciente. Diversos estudios revelan que muchos estudiantes terminan la enseñanza secundaria con enormes lagunas sobre la España del siglo XX. Quien desconoce las restricciones de las libertades, la censura o los aspectos más duros de cualquier régimen político es mucho más vulnerable a los relatos idealizados que circulan por Internet.

En el fondo, este fenómeno parece decir más sobre el presente que sobre el pasado. Cuando casi siete de cada diez jóvenes manifiestan una profunda insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, algunos terminan buscando respuestas en épocas que apenas conocen. El pasado deja entonces de ser historia para convertirse en refugio imaginario.

Mi padre salió de la pobreza y alcanzó una estabilidad económica que siempre atribuyó al orden que, según él, trajo su régimen tras el caos de la Segunda República. Yo pude estudiar en uno de los mejores colegios de mi ciudad, fui a la universidad, leí mucho pese a la censura, escribí bastante —aunque publiqué poco—, formé una familia, tuve una vivienda propia y disfruté del privilegio de criar a tres hijos a los que quiero profundamente, aunque hoy apenas me hagan caso.

Mi general, ¿cómo interpreta usted que tantos jóvenes, que nunca vivieron su régimen, parezcan contemplarlo con más curiosidad e incluso con menos rechazo que quienes sí lo conocieron? ¿Es un juicio sobre su gobierno o, sobre todo, una severa condena del fracaso de la España actual?

Franco: La historia tiene una costumbre que desespera a los ideólogos: termina desobedeciendo sus consignas. Cuando un régimen necesita recordar todos los días que fue el vencedor moral de la historia, es porque empieza a sospechar que ha dejado de convencer.

No creo que esos jóvenes sientan nostalgia de mi gobierno. Nadie puede añorar lo que no ha vivido. Lo que sienten es decepción con el presente. Y cuando el presente decepciona, el pasado comienza a contemplarse con otros ojos.

Durante décadas bastó con pronunciar mi nombre para cerrar cualquier debate. Era suficiente llamarle a uno franquista para descalificarlo sin necesidad de responder a sus argumentos. Mientras España prosperaba, ese método funcionó. Pero cuando los jóvenes descubren que, pese a tantos años de democracia, les cuesta independizarse, formar una familia o encontrar un horizonte estable, empiezan a hacer preguntas que antes nadie se atrevía a formular.

No buscan necesariamente la verdad sobre mi régimen. Buscan una explicación de por qué su vida parece más difícil que la de sus padres o sus abuelos.

Cometen, sin embargo, un error si creen que todos los problemas tienen soluciones autoritarias. Ningún gobierno, por fuerte que sea, puede sustituir el esfuerzo, la responsabilidad o el sentido moral de una nación. El orden sin justicia degenera; la libertad sin orden también.

Me habla usted de adoctrinamiento. Todo poder intenta escribir su propio relato. Eso ocurrió antes de mi gobierno, durante él y después de él. Lo verdaderamente importante no es qué versión enseñe el Estado, sino que existan ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. Una sociedad que solo admite una interpretación del pasado acaba perdiendo también la libertad de interpretar el presente.

No me preocupa que la historia me absuelva ni que me condene. Eso pertenece a los historiadores. Me preocuparía mucho más que España perdiera la capacidad de debatir serenamente sobre su propia historia. Cuando una nación convierte el pasado en un dogma, deja de aprender de él.

Si algunos jóvenes me observan hoy con menos prejuicios que sus mayores, no es porque yo haya cambiado. Soy el mismo hombre que murió en 1975. Lo que ha cambiado es la España desde la que me contemplan. Y, a veces, un presente mal gobernado se convierte en el mejor propagandista de un pasado que creían definitivamente enterrado.

No obstante, les diría una cosa a esos jóvenes: no idealicen ninguna época, tampoco la mía. Todos los tiempos tienen sus luces y sus sombras. Gobernar consiste en elegir entre males imperfectos, no en construir paraísos. Si de verdad quieren servir a España, estudien la historia completa, sin mitos y sin odios. Solo así evitarán repetir los errores de quienes creyeron que la propaganda podía sustituir a la verdad.