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El proceso suele comenzar con el debilitamiento de los contrapesos institucionales. El poder ejecutivo deja de considerar a los demás poderes del Estado como garantes de la libertad y empieza a verlos como obstáculos. Los jueces independientes se convierten en enemigos, la prensa crítica en adversaria política y la oposición en un estorbo que debe ser neutralizado, no convencido.
Después llega el control del relato. Quien domina el lenguaje acaba condicionando la percepción de la realidad. Las palabras cambian de significado. La propaganda sustituye al debate. La mentira repetida hasta el cansancio aspira a convertirse en verdad oficial. Los ciudadanos dejan de discutir sobre los hechos para discutir sobre versiones interesadas de los hechos.
Otro síntoma preocupante es la colonización de las instituciones. Los nombramientos dejan de obedecer al mérito para responder a la lealtad política. Las administraciones públicas pierden autonomía y pasan a depender cada vez más del partido gobernante. Cuando el Estado deja de servir a todos para servir a unos pocos, la democracia comienza a deteriorarse.
También resulta decisivo el desprecio por las reglas del juego. Las leyes ya no se consideran un límite para el poder, sino un instrumento al servicio del poder. Se modifican cuando estorban, se interpretan de manera interesada o simplemente se incumplen cuando resulta conveniente. La legalidad deja de ser un principio y se convierte en una herramienta.
En ese contexto, la polarización extrema desempeña un papel esencial. Una sociedad dividida en bloques irreconciliables facilita que muchos ciudadanos justifiquen cualquier abuso con tal de que beneficie a los suyos. El adversario deja de ser un rival legítimo para convertirse en un enemigo al que todo vale derrotar.
Pero ninguna democracia muere únicamente por culpa de quienes gobiernan. También muere cuando los ciudadanos renuncian a ejercer su responsabilidad. Cuando la indiferencia sustituye a la vigilancia. Cuando la comodidad pesa más que la libertad. Cuando se acepta que los principios son negociables si el resultado favorece nuestras preferencias políticas.
La historia demuestra que recuperar una democracia deteriorada resulta mucho más difícil que conservar una sana. Las libertades perdidas rara vez regresan con facilidad. Por eso, la mejor defensa de una democracia no consiste en confiar ciegamente en los gobernantes, sino en fortalecer unas instituciones independientes, exigir transparencia, respetar el Estado de derecho y cultivar una ciudadanía crítica.
Las democracias no suelen morir de un infarto. Mueren de una enfermedad degenerativa. Cada pequeño abuso parece soportable; cada excepción parece justificada; cada cesión parece provisional. Hasta que un día los ciudadanos descubren que aquello que daban por seguro —su libertad— ya no depende de ellos, sino de la voluntad del poder.
Y entonces comprenden que las democracias no desaparecen cuando dejan de celebrarse elecciones. Desaparecen cuando las elecciones dejan de ser suficientes para garantizar la libertad.







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