El mercado del alquiler cae en picado

Ya no se alquila.

El mercado de la vivienda en España ha vuelto a encender todas las alarmas tras la publicación de los datos más recientes del Observatorio del Alquiler. En un intervalo de apenas 72 horas —comprendido entre el 28 y el 30 de septiembre de 2026—, la oferta de vivienda residencial en alquiler sufrió una retirada drástica de 4.290 inmuebles. Esta sangría repentina en pleno estallido de la nueva ola regulatoria evidencia la extrema sensibilidad con la que la oferta privada reacciona ante la intervención legislativa.

El catalizador de esta desaceleración súbita no es fortuito. La retirada masiva de inmuebles coincide de forma directa con la aprobación del último paquete de decretos regulatorios en materia de vivienda por parte del Gobierno. Con un marco legislativo que intensifica los topes a los precios, endurece las prórrogas forzosas de los contratos e incrementa las cargas procesales y fiscales sobre los propietarios, la reacción del mercado ha sido inmediata: cautela, paralización y fuga.

Del alquiler tradicional al refugio estacional

El fenómeno no implica necesariamente que 4.290 viviendas hayan quedado vacías de la noche a la mañana. La evidencia empírica de intervenciones legislativas anteriores demuestra que la regulación estricta del alquiler residencial provoca una transvase hacia modalidades no sometidas al mismo control.

• Alquiler de temporada y por habitaciones: Un porcentaje sustancial de propietarios está desplazando su oferta hacia el alquiler vacacional, el arrendamiento de temporada o el alquiler por habitaciones, figuras jurídicas que escapan a la limitación de rentas y ofrecen una mayor flexibilidad contractual.

• Venta directa: Ante la incertidumbre sobre la rentabilidad y la seguridad jurídica, la opción de desinversión cobra fuerza. Un sector significativo de pequeños tenedores prefiere colocar sus activos en el mercado de compraventa aprovechando la liquidez existente.

• Parálisis preventiva: Muchos arrendadores simplemente retiran sus anuncios a la espera de un análisis pormenorizado del texto legal o de eventuales modificaciones judiciales, paralizando la contratación a corto plazo.

Un desequilibrio estructural con efectos adversos

El principal damnificado de esta fuga de oferta no es otro que el inquilino. La premisa teórica de las regulaciones públicas busca abaratar el acceso a la vivienda; sin embargo, en mercados tensionados donde la demanda supera con creces a la oferta disponible, la reducción del parque de alquiler produce el efecto opuesto al deseado.

Al disminuir el número de pisos en el mercado, los filtros de selección por parte de los arrendadores se vuelven sustancialmente más estrictos. Los requisitos de solvencia, los avales adicionales y la exigencia de perfiles profesionales de bajo riesgo se disparan. Como consecuencia, las familias de rentas medias-bajas, los jóvenes y los colectivos en situación de vulnerabilidad quedan progresivamente excluidos del circuito formal del alquiler, desplazados por competidores con mayor respaldo económico.

Un escenario de incertidumbre prolongada

La pérdida acelerada de más de 4.000 viviendas en un periodo tan breve subraya el sesgo de desconfianza que impregna actualmente al sector inmobiliario español. La estabilidad contractual y la seguridad jurídica son los cimientos sobre los que se construye la confianza del arrendador privado, figura que representa la abrumadora mayoría del parque de alquiler en España.

Mientras las políticas públicas mantengan un enfoque centrado primordialmente en el control de precios y en el endurecimiento de condiciones a los propietarios —en lugar de impulsar de forma decidida la oferta pública y colaborar en el desarrollo de suelo urbanizable—, la tendencia a la fuga de inmuebles corre el riesgo de consolidarse. El desplome observado a finales de septiembre de 2026 podría ser solo la antesala de un ajuste aún mayor en la configuración del mercado inmobiliario nacional.

El país de propietarios: vivienda y poder en la España de Franco

Se edificaron más de cuatro millones de viviendas.

En 1957, al crearse el Ministerio de la Vivienda, su titular, José Luis Arrese, resumió el programa del régimen: construir un país «de propietarios y no de proletarios». Era una fórmula política tanto como urbanística. Entre la posguerra y 1975 se edificaron en España más de cuatro millones de viviendas, y el porcentaje de hogares propietarios pasó de en torno a la mitad en 1950 a cerca del 64 % en 1970 y a más del 70 % en 1981 (cifras aproximadas de los censos de población y vivienda). Es el origen de una anomalía europea que aún condiciona el debate habitacional.

De la reconstrucción a la escasez

La primera etapa fue la de la reconstrucción. Regiones Devastadas (1938) y el Instituto Nacional de la Vivienda (1939) atendieron los daños de la guerra, y la Obra Sindical del Hogar (1939) canalizó la vivienda para trabajadores. Pero los recursos eran escasos y la autarquía frenaba la construcción. Mientras tanto, el éxodo rural empujaba a cientos de miles de personas hacia Madrid, Barcelona o Bilbao, donde proliferaron el chabolismo y las colonias periféricas levantadas por los propios inmigrantes.

El giro de los años cincuenta

El cambio llegó con la Ley de Viviendas de Renta Limitada (1954), que amplió los beneficios fiscales y el crédito oficial a promotores privados, y con el Plan Nacional de la Vivienda (1955-1960). El Plan de Urgencia Social de Madrid (1957) y los poblados dirigidos, como Caño Roto, intentaron absorber el barraquismo. Después, el Plan de Estabilización de 1959 y el desarrollismo aceleraron el proceso: la vivienda protegida llegó a ser mayoritaria dentro de lo construido, y en los primeros setenta se terminaban cientos de miles de viviendas al año.

Por qué la propiedad

La apuesta por la propiedad respondía a varias razones a la vez:

- Ideológica. El propietario se suponía conservador y arraigado, poco inclinado a la agitación social. La propiedad era un dique contra el conflicto.
- Fiscal y financiera. El Estado carecía de capacidad para sostener un gran parque público en alquiler. Delegó en promotores privados, cajas de ahorros y crédito subsidiado, y trasladó el coste a las familias mediante entrada y cuotas.
- Un alquiler inviable. Las rentas congeladas y la prórroga forzosa de los contratos, herencia de la legislación de los años cuarenta, hundieron la rentabilidad del arrendamiento. Sin inversión en alquiler, la compra era la única vía real.
- Vínculo político. Acceder a una vivienda «protegida» era un favor del régimen, y la deuda hipotecaria disciplinaba a los hogares.

La Ley del Suelo de 1956 y la de Propiedad Horizontal de 1960 completaron el marco: la primera ordenó el crecimiento urbano, y la segunda facilitó la venta de pisos por separado y permitió financiar la vivienda en altura.

Un balance desigual

Los historiadores de la vivienda (Sambricio, Leal, Tafunell, entre otros) coinciden en los logros cuantitativos y en sus costes. Se alojó a una población urbana que crecía a ritmo vertiginoso, pero con frecuencia en barrios sin equipamientos, con materiales deficientes y un urbanismo dominado por la especulación del suelo. La calidad fue muy desigual, y las carencias de muchos polígonos obligaron a rehabilitaciones posteriores, desde la Ley de Medidas de Fomento de 1978 hasta la actualidad.

La herencia más duradera es estructural. España llegó a la democracia con un mercado de alquiler residual, una cultura de propiedad casi universal y un sistema hipotecario como puerta de entrada a la estabilidad económica. Ese modelo permitió a varias generaciones acumular patrimonio, pero dejó sin alternativa a quien no podía comprar, y estuvo en la base de la burbuja inmobiliaria de 1997-2008.

El rechazo a Sánchez alcanza máximos: supera en 14,5 puntos al de Trump

Aumenta el rechazo contra el felón.

Pedro Sánchez afronta el tramo final de la legislatura con la imagen más deteriorada de su etapa en La Moncloa. La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sitúa la aprobación de su gestión en el 26,8% y el rechazo en el 67,3%, lo que deja una brecha de impopularidad de 40,5 puntos.

De 25,6 a 40,5 puntos

La brecha, que mide la distancia entre quienes desaprueban y quienes aprueban al presidente, ha crecido de forma sostenida. En enero de 2023, seis meses antes de las elecciones del 23 de julio, aprobaba a Sánchez el 32,4% de los españoles y lo desaprobaba el 58%, es decir, una diferencia de 25,6 puntos. En menos de cuatro años, la diferencia ha aumentado casi quince puntos.

Dicho de forma sencilla: si entonces uno de cada tres españoles respaldaba su gestión, hoy lo hace uno de cada cuatro, y el rechazo roza los siete de cada diez ciudadanos.

La comparación con Trump

El dato que más ha circulado es el contraste con el presidente de Estados Unidos. Según el seguimiento semanal de The Economist, Trump tiene un 35% de aprobación frente a un 61% de rechazo, una brecha de 26 puntos. La de Sánchez la supera en 14,5.

Conviene, con todo, leer la comparación con cautela. Se trata de dos mediciones distintas, hechas por fuentes diferentes, con metodologías propias y en sistemas políticos muy distintos. La cifra sirve más como recurso ilustrativo que como equivalencia estricta entre ambos líderes.

Un desgaste en clave electoral

El sondeo no se limita a la valoración del presidente. Según la misma encuesta, el bloque que apoyó la investidura de Sánchez perdería escaños en unas nuevas elecciones, mientras que la suma de PP y Vox alcanzaría los 207 diputados. La cifra queda por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176.

Alberto Núñez Feijóo supera a Sánchez en popularidad y valoración, y el 45,2% de los españoles cree que será el próximo presidente del Gobierno. El dato pesa en un momento en que, según el propio diario, se espera que las generales se celebren en primavera.

Los factores del desgaste

La encuesta atribuye el deterioro a una legislatura marcada por la amnistía y por los casos de corrupción que han salpicado al entorno del presidente. Son dos asuntos que han dominado el debate público desde la investidura de 2023 y que han tensionado tanto a la oposición como a los socios parlamentarios del Gobierno.

Qué dicen y qué no dicen los datos

- La brecha entre aprobación y rechazo no equivale a intención de voto: un ciudadano puede desaprobar la gestión del presidente y aun así votar a su partido.

- Los estudios a seis meses de unas elecciones suelen moverse con rapidez, y la campaña puede alterar percepciones.

La serie de SocioMétrica lleva meses mostrando un debilitamiento continuado, y el propio Sánchez, según la encuesta, es uno de los líderes peor valorados incluso entre los votantes de su partido.

Con la cita electoral en el horizonte, el desafío del Gobierno pasa por revertir esa inercia. La oposición, por su parte, mide sus opciones con unas cifras que la sitúan en posición de ventaja, aunque la aritmética final dependerá de cómo evolucione el mapa de bloques en los próximos meses.

La crisis de la vivienda vuelve a la Puerta del Sol

Acampada en Sol.

Madrid vivió el sábado 26 de septiembre una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años en torno al derecho a la vivienda. La manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, terminó de forma espontánea en una acampada en la Puerta del Sol que muchos medios ya comparan con el origen del 15-M de 2011.

El detonante: un desahucio que se hizo símbolo

La protesta surgió a raíz de un desahucio ocurrido días antes en el distrito de Retiro, que generó una fuerte resistencia vecinal: más de 200 personas se concentraron frente al portal del inmueble e intentaron frenar a la comisión judicial sujetando las puertas de la escalera, lo que obligó a un amplio despliegue policial y retrasó varias horas la entrega de la notificación. El caso se convirtió rápidamente en símbolo de la crisis del alquiler en la capital y catalizó una respuesta ciudadana mucho más amplia.

Una marcha multitudinaria

La manifestación comenzó a las 18:30 horas en la Puerta del Sol y concluyó frente al Congreso de los Diputados. Las cifras de participación, como suele ocurrir en este tipo de convocatorias, varían mucho según la fuente: la Delegación del Gobierno calculó unas 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra hasta 300.000.

La acampada: ecos del 15-M

Al finalizar la marcha frente al Congreso, buena parte de los manifestantes regresó espontáneamente a Sol y decenas de personas comenzaron a montar tiendas de campaña en la plaza. Durante la noche del sábado al domingo, alrededor de un centenar de tiendas quedaron instaladas, y a la mañana siguiente decenas de ellas seguían en la plaza, entre carteles de protesta.

El paralelismo con el Movimiento 15-M no es casual: la acampada recuerda a la que tomó la misma plaza en 2011, en los últimos meses del Gobierno de Zapatero. El Sindicato de Inquilinas resumió su decisión en redes sociales con un lema contundente: "No aguantamos más".

Las exigencias del movimiento

Los acampados y organizadores han bautizado su principal exigencia como un nuevo decreto de vivienda, que el Gobierno podría aprobar este martes. Entre sus peticiones concretas destacan:

- Congelación de los precios del alquiler, para frenar la escalada de rentas en las grandes ciudades.
- Renovación automática de los contratos, convirtiéndolos de facto en indefinidos para dar estabilidad a los inquilinos.
- Freno a los desahucios de familias vulnerables, especialmente en casos de personas mayores o con discapacidad.
- La vivienda como derecho, no como negocio: el movimiento reclama un cambio de modelo que aleje el mercado del alquiler de la lógica puramente especulativa.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha señalado que tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el Ejecutivo central comparten responsabilidad en la actual crisis habitacional.

Qué puede pasar el martes

Toda la atención está puesta ahora en la posible aprobación del real decreto por parte del Gobierno central. Los colectivos organizadores han advertido de que la acampada continuará hasta entonces como forma de presión, y no han descartado extender la movilización a otras ciudades españolas si las medidas anunciadas se consideran insuficientes.

Por ahora, la Puerta del Sol —punto kilométrico cero de España y escenario histórico de otras protestas ciudadanas— vuelve a convertirse en el centro simbólico del debate sobre la vivienda en el país.

Marcha por la Dignidad: La sociedad civil española convoca una nueva marcha en Madrid en plena crisis política

España, sí, sanchismo, no.

Madrid vivirá este sábado 26 de septiembre su segunda gran movilización ciudadana del año. La plataforma Sociedad Civil Española (SCE), que aglutina a cerca de doscientas entidades según sus propios datos, ha convocado la "II Marcha por la Dignidad", continuación de la que en mayo reunió a decenas de miles de personas en la capital.

Recorrido y horario

La concentración comenzará a las 10:00 horas en la plaza de Cibeles y avanzará por la calle de Alcalá, Gran Vía y la calle de la Princesa hasta llegar al Arco de la Victoria, en la zona de Moncloa, con llegada prevista en torno a las 13:30 horas. Allí, se leerá un manifiesto y se interpretará el Himno Nacional. El recorrido completo ronda los 5,2 kilómetros, que los organizadores plantean hacer a paso lento para facilitar la participación.

Las reivindicaciones: Ceuta, elecciones y la "Ley de Nietos"

La convocatoria se enmarca en la crisis registrada en Ceuta a finales de julio, cuando se produjo una entrada masiva de migrantes desde Marruecos, un episodio que ha provocado un intenso enfrentamiento político entre el Gobierno, el Partido Popular y Vox. SCE presenta su protesta como una defensa de la unidad y la integridad territorial de España, calificando lo ocurrido en las ciudades autónomas de "invasión".

Junto a la cuestión migratoria, los convocantes incorporan otras demandas: denunciar lo que llaman el "fraude electoral" de la conocida como Ley de Nietos y reclamar protección para los jueces y el dinero público, además de exigir elecciones generales antes del 15 de noviembre.

Respaldo político y social

A diferencia de una manifestación partidista clásica, SCE insiste en que la marcha está abierta a asociaciones, agrupaciones, partidos y ciudadanos de toda ideología. En la práctica, sin embargo, quienes se han sumado públicamente pertenecen sobre todo al espacio de centroderecha y derecha: el Partido Popular, a través de su secretario general Miguel Tellado, anunció que apoyará la manifestación, calificando la situación de España como un "gobierno peligroso para la democracia", y medios afines a estas posiciones anticipan también la presencia de Vox y otras formaciones próximas.

Un país polarizado

Esta marcha no puede leerse fuera del contexto de fuerte polarización que atraviesa la política española desde hace meses, con un Gobierno de coalición desgastado, una oposición que reclama sistemáticamente elecciones anticipadas y un debate migratorio especialmente sensible tras los sucesos de Ceuta. El manifiesto que se leerá al final del recorrido, con expresiones como advertir de que España está "manejada por los que la odian", refleja el tono combativo característico de este tipo de convocatorias impulsadas por sectores críticos con el Ejecutivo; se trata de la valoración de los organizadores, no de un hecho verificado, y previsiblemente será contestada por otros sectores políticos y sociales que defienden la legitimidad del Gobierno actual y cuestionan tanto el diagnóstico como el lenguaje empleado.

Conviene recordar, además, que la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, así como la citada "Ley de Nietos" —relativa a la nacionalidad de los descendientes de españoles—, son objeto de interpretaciones y valoraciones jurídicas y políticas enfrentadas, por lo que las calificaciones de "invasión" o "fraude electoral" corresponden al punto de vista de los convocantes y no a una descripción neutral de los hechos.

En cualquier caso, la marcha del 26 de septiembre se perfila como una nueva muestra de la capacidad de movilización de la sociedad civil organizada en España y como un termómetro más del pulso político entre el Gobierno y su oposición social y parlamentaria, en un momento en que ambas partes disputan el relato sobre quién representa realmente a "los españoles".

Niños ricos con profesores, niños pobres con pantallas

Pantallas para niños pobres, profesores para niños ricos.

La nueva brecha educativa de la era de la inteligencia artificial

En Silicon Valley, directivos de empresas como Google envían a sus hijos a escuelas "de baja tecnología", sin pantallas, donde se enseña con tiza y manualidades. Mientras tanto, los sistemas públicos avanzan hacia una educación cada vez más mediada por inteligencia artificial, barata y escalable, especialmente donde faltan docentes y recursos. El contraste ha dado lugar a una advertencia repetida en varios informes internacionales: la atención de un maestro humano corre el riesgo de convertirse en un privilegio en lugar de un derecho.

Lo que dicen los organismos internacionales

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo plantea que la educación mediada por máquinas podría convertirse en el estándar para los estudiantes de menores ingresos, mientras los entornos privilegiados siguen apostando por docentes, diálogo y pensamiento crítico. Un dirigente sindical citado por el Foro Económico Mundial advirtió que la IA podría dejar a los niños sin recursos "sentados en salas con un chatbot" mientras las familias con medios conservan el trato humano. El Banco Mundial añade otro riesgo: en muchos países de ingreso medio los docentes tienen menos formación digital que sus alumnos, lo que puede derivar en un uso no supervisado de estas herramientas.

Una brecha que ya existía

El debate se apoya en una tendencia previa a la IA generativa: según una investigación de The New York Times, el llamado "efecto Flynn" (el avance sostenido en alfabetización y razonamiento) se ha frenado y retrocede con más fuerza entre los sectores pobres. La especialista Maryanne Wolf señala que los niños de familias con menos de 35.000 dólares anuales pasan, en promedio, dos horas más al día frente a pantallas que los de familias acomodadas, con impacto en memoria y lenguaje. A esto se suma una desigualdad estructural anterior: según Oxfam, un niño pobre tiene siete veces menos probabilidades de terminar la secundaria que uno rico en países en desarrollo.

¿Hay salida?

Ningún informe pide rechazar la tecnología en bloque. El Banco Mundial insiste en que, bien usada, la IA puede personalizar el aprendizaje y potenciar al docente, siempre que haya conectividad, infraestructura y formación digital suficiente para el profesorado. El riesgo no está en la herramienta, sino en el uso diferenciado: sustituir al maestro solo donde no hay dinero para pagar uno.

Zapatero y las joyas de Arabia Saudí: cronología de una explicación que no convence al juez

Ser socialista es tener poco y dar mucho.

El hallazgo en la caja fuerte

El origen del caso se remonta al registro que la Policía Nacional practicó el 19 de mayo en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede del PSOE. Los agentes de la UDEF hallaron joyas y relojes en una caja fuerte del despacho, además de 286.000 euros en la casa de un presunto testaferro, en el marco del caso Plus Ultra. La diligencia se enmarca en la investigación judicial que atribuye a Zapatero el liderazgo de una presunta red dedicada a la intermediación y el tráfico de influencias, principalmente en favor de la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros durante la pandemia.

La caja fuerte, que la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, se negó en un primer momento a abrir, terminó abriéndose ante la amenaza de reventarla, y en ese momento ella explicó que su contenido formaba parte de una herencia y de regalos. En su interior aparecieron collares, pendientes, pulseras y relojes de marcas de lujo como Omega, Longines o Pierre Balmain. Junto a las joyas se intervinieron también dos discos duros y numerosas carpetas con documentación sobre empresas, contratos, facturas y varias agendas del expresidente correspondientes al periodo 2019-2025.

La tasación y la pieza separada

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó una tasación preliminar de las joyas, encargada a una joyería bajo juramento y documentada por la propia UDEF, con el fin de determinar su naturaleza, autenticidad, valor económico de reposición, fabricante y fecha aproximada de fabricación. El resultado situó el conjunto más valioso —rubíes, esmeraldas y zafiros— en una cifra elevada: la tasación lo cifró en 1,3 millones de euros, una valoración que Zapatero no acepta.

Ante esos hallazgos, el juez abrió una pieza separada específica para investigar el origen de las alhajas.

El ultimátum del juez y la respuesta de Zapatero

El pasado 21 de septiembre, Calama concedió a la defensa de Zapatero —ejercida por el abogado Víctor Moreno Catena— un plazo de tres días para aportar toda la documentación disponible sobre las joyas, y encargó además un nuevo informe pericial sobre las piedras preciosas. En el mismo auto, el magistrado citó como investigadas a las hijas del expresidente para el próximo 30 de noviembre.

Cuando el plazo estaba a punto de expirar, Zapatero remitió su respuesta. En un escrito al juez informó de que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí realizado en 2007, que aceptó por "deferencia", y pidió que fuera el propio juzgado quien reclamara cooperación internacional a ese país para acreditarlo. Según el escrito, se trataría de un regalo "estrictamente personal" del monarca saudí, entregado durante la visita oficial de este a España.

Concretamente, la defensa sostiene que las piezas proceden del rey Abdalá bin Abdulaziz y datan de 2007. Se trataría, según esa versión, de un obsequio recibido hace casi dos décadas con motivo de la visita oficial del monarca saudí a España.

Gestiones sin respuesta ante Arabia Saudí

El propio escrito detalla los intentos —infructuosos— de obtener un respaldo documental saudí. Según el documento, Zapatero contactó con la Corte Real saudí el 16 de junio y de nuevo el 12 de agosto para intentar obtener alguna confirmación sobre el supuesto regalo, sin que hasta la fecha su defensa señale haber recibido respuesta.

Ante esa falta de documentación propia, la defensa no ha aportado pruebas que acrediten directamente el origen saudí de las joyas y plantea que sea la propia investigación judicial la que recabe esa información, solicitando que se tramite una comisión rogatoria a Arabia Saudí si el juez considera insuficiente la explicación.

Un relato que no convence

La respuesta judicial y de análisis jurídico independiente ha sido escéptica. El magistrado Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, ha cuestionado que el escrito de Zapatero sirva para exculparle, señalando que más allá de sus manifestaciones no aporta documentación que acredite el origen de un regalo del rey Abdalá. Portillo subrayó que el hecho de que las joyas estuvieran en poder de Zapatero sin un origen acreditado constituye, a su juicio, un indicio relevante, y remarcó que corresponde al propio expresidente —el primer interesado en que se archive la instrucción— acreditar documentalmente esa procedencia. Consideró insuficiente respaldar la versión con una simple noticia sobre la visita de Abdalá a España, señalando que eso no acredita que las joyas fueran efectivamente entregadas.

Lo que queda pendiente

El caso sigue abierto en varios frentes simultáneos:

- Verificación internacional: queda por ver si el juez Calama accede a tramitar la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por la defensa, un trámite que depende de la cooperación de un país que hasta ahora no ha respondido a los contactos directos de Zapatero.

- Nueva pericial: sigue en marcha el informe pericial adicional sobre las piedras preciosas encargado por el juez.

- Citación de las hijas: las hijas del expresidente están convocadas como investigadas para el 30 de noviembre.

- El resto del ajuar: el escrito de Zapatero también atribuye el resto de los objetos intervenidos —no solo el conjunto de rubíes, esmeraldas y zafiros— a herencias y recuerdos familiares, una versión que igualmente carece hasta ahora de respaldo documental.

El episodio se inserta en la instrucción más amplia del caso Plus Ultra, y la ausencia de un "acuse de recibo" o certificado saudí formal deja, por ahora, la explicación del expresidente sostenida únicamente en su propio testimonio.

Los extranjeros protagonizan el 74% de las detenciones por delitos sexuales en el País Vasco, según datos de la Ertzaintza

74%

Los datos

Según las estadísticas publicadas por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, con datos de la Ertzaintza correspondientes al primer semestre de 2026, de los 5.050 detenidos durante ese periodo, 2.963 eran extranjeros, el 58,7% del total. La proporción se dispara en determinados delitos: de las 107 detenciones por delitos contra la libertad sexual, 79 correspondieron a personas nacidas fuera de España, el 74%. Los nacidos en el extranjero también representaron el 73,3% de los homicidios y el 61,3% de las lesiones.

Dentro del colectivo extranjero destaca el peso de los nacidos en el Magreb, que aunque representan en torno al 1,8% de la población vasca, concentran el 37% de las detenciones por homicidio, el 24% de las relacionadas con agresiones sexuales y el 66% de los robos con violencia.

Para contextualizar estas cifras, la población nacida en el extranjero en el País Vasco supone el 10,2% del total según la última actualización del Instituto Vasco de Estadística (Eustat).

Origen del cambio: de la opacidad a la desagregación

Hasta hace poco más de un año, la Ertzaintza no desglosaba oficialmente sus estadísticas de criminalidad por lugar de nacimiento. El cambio se produjo en octubre de 2025, cuando el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco comenzó a informar en sus notas de prensa de la procedencia geográfica de los detenidos, y se consolidó en noviembre de ese año con la publicación de su primer informe que incluye la nacionalidad o procedencia geográfica de los detenidos e investigados, correspondiente a los primeros nueve meses de 2025.

Este giro estadístico llegó, como recoge la noticia, tras una intensa presión política del PP y Vox en el Parlamento vasco. De hecho, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), reconoció que el cambio siguió a una "tremenda presión" de esos partidos. Con esta iniciativa, la Ertzaintza se convirtió en la única policía de España que clasifica en un informe oficial a los delincuentes por su lugar de nacimiento.

La controversia institucional

La decisión no ha sido pacífica. El Defensor del Pueblo vasco, abrió una actuación de oficio para indagar en las razones del cambio, recordando que en 2011 ese mismo organismo había recomendado justamente lo contrario: evitar este dato porque podría ser discriminatorio. Es un antecedente relevante, porque sitúa la actual publicación de datos en medio de un debate no resuelto sobre si este tipo de desagregación aporta transparencia útil o alimenta estigmatización de colectivos enteros por delitos cometidos por una minoría de sus miembros.

Un debate más amplio

Esta publicación de datos se enmarca en un debate político y social más amplio sobre inmigración y seguridad que atraviesa varios países europeos. Quienes defienden la desagregación por nacionalidad —principalmente PP y Vox— la presentan como un ejercicio de transparencia necesario para el diseño de políticas públicas. Quienes la cuestionan —como el propio Defensor del Pueblo Vasco— advierten del riesgo de que estos datos, descontextualizados, refuercen estigmas hacia comunidades enteras a partir de la conducta de una minoría, sin que se acompañen sistemáticamente de los matices metodológicos correspondientes.

El Parlamento Europeo señala a Sánchez como responsable en la invasión de Ceuta y plantea sanciones a Marruecos

Ursula Gertrud von der Leyen

El pleno de Estrasburgo no ha votado sobre un hecho menor. El Gobierno español estimó en unas 72.000 las personas que accedieron irregularmente a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Fue el episodio más grave en la frontera hispano-marroquí desde la crisis de 2021, y la mayoría de esas personas regresó a Marruecos en los días siguientes. La magnitud de las cifras cambió con las horas: Interior habló el 31 de julio de unas 50.000 entradas y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra a 60.000. Diez días antes, las cifras que manejaba Vivas eran de unas 2.000 personas, según recogió Maldita.es. La ciudad tiene unos 84.000 habitantes, de modo que el flujo de una sola noche fue comparable a casi toda su población. En 2021, la crisis anterior había supuesto más de 8.000 entradas en dos días.

Lo que aprobó la Eurocámara

El jueves 17 de septiembre, el pleno aprobó una resolución no vinculante por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. El texto lo impulsó el Partido Popular Europeo, junto a ECR y Patriots, tras fracasar la búsqueda de un texto común con los socialistas. Las fuentes discrepan en el apoyo de Renew: algunas medios lo cuentan entre los respaldos y otros hablan solo de PPE y derechas. Lo que sí consta es que se rompió el consenso habitual entre las grandes familias europeístas.

El contenido se puede resumir en tres bloques:

- Sobre el Gobierno español. La resolución sostiene que Ceuta fue «invadida» y que el Ejecutivo disponía de advertencias previas de la inteligencia y de las autoridades locales. Sitúa la regularización extraordinaria entre los factores que pudieron contribuir a la llegada masiva, y respalda una carta de 22 líderes europeos que ya advertía de ese posible efecto de atracción. También pide a la Comisión que evalúe el impacto de los movimientos secundarios y el funcionamiento de Schengen.

- Sobre Marruecos. Condena los cruces masivos y califica la instrumentalización de la migración como posible «herramienta de guerra híbrida». Declara inaceptable cualquier declaración que cuestione la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Propone, además, condicionar el acceso preferente al mercado comunitario y a la financiación europea a una cooperación efectiva en fronteras, lucha contra el tráfico y readmisiones.

- Sobre el marco europeo. Reclama reforzar las fronteras exteriores, acelerar los retornos y aplicar con urgencia el Pacto de Migración y Asilo.

«Sanciones»: conviene precisar

Los titulares hablan de sanciones a Marruecos, pero el texto es más cauto. La Eurocámara rechazó las propuestas más duras, como suspender de inmediato las ayudas o el Acuerdo de Asociación con Rabat. Lo aprobado es un mecanismo de condicionalidad, y por sí solo el Parlamento no puede romper el marco bilateral con Marruecos. La presión recae sobre la Comisión, que es la que debe decidir si actúa.

El discurso de von der Leyen

El día anterior, en el debate sobre el Estado de la Unión, von der Leyen proclamó ante el pleno que la frontera de Ceuta es europea porque Ceuta es España. El mensaje funcionó como respaldo simbólico, pero tuvo límites. Según infoLibre, la presidenta usó la crisis para justificar un endurecimiento de la política migratoria comunitaria, sin culpar a Marruecos directamente, y anunció un nuevo marco de respuesta ante llegadas masivas. La contención de la Comisión con Rabat contrasta con la dureza de la Cámara. La distancia refleja la lógica habitual: el Parlamento puede permitirse la contundencia política, mientras que la Comisión y el Consejo gestionan una relación estratégica con un socio clave en migración, energía y comercio.

Los puntos discutibles

1. El «efecto llamada». Es el argumento central contra el Gobierno y el más debatido. La regularización se aprobó en abril y recibió 1.174.978 solicitudes hasta el cierre del plazo, el 30 de junio, más del doble de los 500.000 beneficiarios previstos. Pero el decreto solo alcanza a quienes estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditan al menos cinco meses de residencia. Quien entró después no puede acogerse. El Ejecutivo defiende que no hay efecto llamada cuando existen una fecha de corte y un plazo cerrado. Los críticos responden que el efecto no depende de lo que diga el decreto, sino de lo que perciban quienes están al otro lado de la frontera. La evidencia disponible no permite zanjar la cuestión. Que la regularización no beneficie legalmente a los recién llegados no demuestra que no influyera en la percepción, y la coincidencia temporal tampoco prueba la causalidad.

2. Las advertencias previas. La resolución sostiene que hubo avisos. Sin embargo, la Guardia Civil entregó a la jueza María Tardón un informe según el cual las comunicaciones recibidas no permitían anticipar la magnitud de las llegadas. Habrá que esperar a la investigación judicial para saber cuál de las dos versiones se sostiene.

3. La palabra «invasión». El término es políticamente cargado. Ya lo empleó Vivas en 2021, y ahora lo incorpora el texto de la Cámara. El Plural señala que el PPE pactó con la ultraderecha. Los socialistas, por su parte, se negaron a un texto contundente contra Marruecos y apenas lo mencionaron una vez en su propuesta alternativa. Cada bloque defiende, con razón o sin ella, que el otro instrumentaliza la crisis. Las fuentes que cubren el asunto se dividen con claridad según su línea editorial, por lo que conviene contrastar siempre con el texto de la resolución.

4. La opacidad de las cifras. A comienzos de septiembre, se criticaba que Interior seguía sin incluir en su estadística oficial las entradas del 30 y 31 de julio, pese a que el propio Gobierno estima unas 72.000. Esta discrepancia, sea o no deliberada, alimenta la desconfianza en ambos lados.

Conclusión

La resolución no es una sentencia. Como resumen algunos análisis, es una resolución política no vinculante que cuestiona decisiones concretas del Gobierno, especialmente la regularización, pero no absuelve a Rabat. Su peso real es político: consolida una mayoría de derechas en un asunto sensible, deja al Gobierno de Sánchez en una posición incómoda ante sus socios europeos y coloca a la Comisión ante la pregunta de si convertirá la condicionalidad en política efectiva con Marruecos. Falta ver qué hace Bruselas con el mandato y qué establece la investigación judicial sobre lo ocurrido en julio.

Europa deja a Sánchez solo en su defensa de Marruecos

Pedri

El Parlamento Europeo aprobó este jueves en Estrasburgo, por 339 votos a favor y 225 en contra, una resolución impulsada por el Partido Popular Europeo que responsabiliza a las autoridades marroquíes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y reclama a Rabat que asuma su parte de responsabilidad en el control fronterizo. El texto salió adelante pese al intento de boicot de los socialistas europeos, con el PSOE español a la cabeza, y contó con el respaldo decisivo de los grupos Patriots y ECR, además de una parte de Renew.

La crisis que motiva la resolución se remonta al 30 y 31 de julio, cuando unas 80.000 personas cruzaron la frontera de forma irregular y más de 150 perdieron la vida. El documento aprobado recoge que las autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia habían transmitido "reiteradas advertencias" al Gobierno de España, según informes confidenciales divulgados el 9 de septiembre, y que la presión fronteriza venía acumulándose desde antes de la entrada masiva. También constata que la Asamblea de Ceuta pidió por unanimidad cerrar la frontera, declarar la emergencia nacional, convocar el Consejo de Seguridad Nacional y desplegar las Fuerzas Armadas.

El respaldo a la resolución llegó apenas doce horas después de que la Eurocámara aprobara, en su informe sobre guerra híbrida, una enmienda que califica lo ocurrido en Ceuta como "invasión", "ataque" y "acto de guerra híbrida", en contra de la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, que lo considera una cuestión migratoria y humanitaria. El texto final incorpora, además, una frase que ha marcado el debate: "toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio", en la misma línea que había trasladado días antes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La negociación de la propuesta la encabezaron los eurodiputados populares Esteban González Pons y Dolors Montserrat, quien durante el debate previo a la votación fue especialmente dura con el Ejecutivo: "La Policía le advirtió. Los servicios de inteligencia enviaron informes. Sánchez lo sabía y se fue de vacaciones durante 25 días", afirmó. El eurodiputado neerlandés Jeroen Lenaers sumó críticas a la política migratoria general del Gobierno, señalando que Sánchez "pidió solidaridad después de resistirse a las herramientas comunes necesarias para prevenir crisis e inició una regularización masiva pese a que no había acuerdo sobre ello en Europa".

Frente a esa ofensiva, el PSOE y el conjunto del grupo Socialistas y Demócratas se negaron hasta el final a negociar cualquier texto que señalara directamente a Marruecos. La presidenta del S&D, la española Iratxe García, rechazó de plano respaldar la resolución del PPE y había acusado semanas antes a los populares de llevar "más de un mes utilizando Ceuta con el único objetivo de atacar al Gobierno español". En la votación final se alinearon con el PSOE, La Izquierda, el grueso de los Verdes y otra parte de los liberales, con el argumento de que el término "invasión" solo sirve para alimentar la xenofobia y que la resolución era, en el fondo, un ataque político disfrazado de respuesta migratoria.

Más allá del componente simbólico, el texto tiene una derivada práctica: abre la puerta a fiscalizar los fondos europeos que Bruselas destina a Rabat, lo que de acuerdo con varios análisis otorga a la Comisión una mayoría política para condicionar los desembolsos a Marruecos, socio migratorio clave de España. La resolución llega, además, tras que el propio comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, señalara esta semana que la prioridad debe ser devolver "rápidamente" a Marruecos a todos los migrantes que cruzaron irregularmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El resultado deja al Gobierno español en una posición incómoda: aislado en la Eurocámara frente a una mayoría que incluye a su propio socio de coalición europeo, el PPE, y a formaciones de derecha y ultraderecha, en un episodio que ha reabierto la pugna interna dentro de la mayoría centrista que sostiene a von der Leyen.