La Guardia Civil no nació con Franco: nació para proteger a España

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La Guardia Civil no fue creada por Francisco Franco. Esa afirmación, repetida muchas veces desde determinados sectores ideológicos, no resiste el más mínimo análisis histórico. La Guardia Civil nació en 1844, durante el reinado de Isabel II de España, y fue organizada por el II Duque de Ahumada, Francisco Javier Girón, con el objetivo de combatir la inseguridad, el bandolerismo y la violencia que dominaban buena parte de la España rural del siglo XIX.

España era entonces un país donde viajar por carretera suponía un riesgo constante. Los caminos estaban infestados de delincuentes, los robos eran frecuentes y el Estado apenas tenía presencia efectiva fuera de las grandes ciudades. La creación de la Guardia Civil respondió precisamente a la necesidad de construir una fuerza profesional, disciplinada y permanente capaz de garantizar el orden y proteger a los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Desde su nacimiento, la Guardia Civil se convirtió en una institución profundamente vinculada al servicio público, al sacrificio y al cumplimiento del deber. Durante casi dos siglos ha estado presente en pueblos, carreteras, montañas, costas y fronteras. Ha combatido el terrorismo de ETA, ha luchado contra el narcotráfico, ha participado en rescates, ha intervenido en catástrofes naturales y ha protegido a millones de ciudadanos muchas veces en condiciones extremadamente difíciles.

Por eso resulta tan injusto que algunos intenten reducir su historia al franquismo o utilizarla como arma política. La Guardia Civil existía mucho antes de la Guerra Civil y continuará existiendo mucho después de cualquier gobierno o ideología. Su historia pertenece a España, no a un partido político.

Una institución incómoda para cierta izquierda

Aun así, es evidente que parte de la izquierda española mantiene desde hace décadas una relación distante, cuando no abiertamente hostil, con las fuerzas de seguridad del Estado. En algunos sectores políticos y mediáticos existe una tendencia permanente a mirar con sospecha a cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Nacional, mientras se minimiza la gravedad de quienes atacan el orden público o desafían la legalidad.

Ese rechazo tiene raíces ideológicas y también históricas. Durante el franquismo, como ocurrió con prácticamente todas las instituciones del Estado, la Guardia Civil formó parte del aparato estatal de la dictadura. Pero utilizar ese hecho para desacreditar a toda la institución es una manipulación histórica evidente. Siguiendo esa lógica, habría que cuestionar también a la judicatura, a la administración pública o incluso a universidades que existían durante aquella época.

La realidad es que la Guardia Civil ha servido bajo monarquías, repúblicas, dictaduras y democracias. Ha sobrevivido a todos los cambios políticos precisamente porque su función no depende de ideologías, sino de una necesidad permanente de cualquier sociedad civilizada: la seguridad.

Sin embargo, muchos agentes y asociaciones profesionales llevan años denunciando que no reciben el respaldo político ni material necesario para desempeñar su trabajo. Y esas críticas se han intensificado especialmente en los últimos años, coincidiendo con el auge del narcotráfico en determinadas zonas de España.

El narcotráfico ya no es delincuencia común

Lo que ocurre en lugares como el Campo de Gibraltar o parte de la costa andaluza no puede seguir tratándose como simple delincuencia menor. Las redes de narcotráfico operan hoy con medios cada vez más sofisticados, grandes cantidades de dinero, embarcaciones de alta velocidad y una enorme capacidad logística. En algunos casos actúan con una impunidad alarmante.

Mientras tanto, muchos agentes denuncian falta de personal, patrulleras insuficientes, medios técnicos limitados y una presión constante sobre unas plantillas que llevan años reclamando refuerzos. Las tragedias sufridas por guardias civiles en operaciones contra el narcotráfico han puesto rostro humano a un problema que durante demasiado tiempo se intentó minimizar.

La sensación entre numerosos agentes es clara: el Estado exige resultados, pero no proporciona herramientas suficientes. Y eso genera frustración, indignación y una creciente percepción de abandono institucional.

Resulta especialmente llamativo que en un momento en que el crimen organizado internacional gana poder económico y capacidad de intimidación, la inversión en seguridad no parezca ocupar el lugar prioritario que debería tener. Porque cuando se debilita la autoridad del Estado frente a mafias violentas, quienes terminan pagando el precio son los ciudadanos normales.

El sacrificio silencioso de miles de agentes

Hay algo profundamente injusto en la manera en que muchas veces se habla de la Guardia Civil desde ciertos espacios políticos o mediáticos. Se olvida con demasiada facilidad que detrás del uniforme hay hombres y mujeres que trabajan en condiciones difíciles, con horarios duros, lejos de sus familias y asumiendo riesgos que la mayoría de la sociedad nunca tendrá que afrontar.

Cuando un guardia civil patrulla una carretera de madrugada, participa en un rescate en la montaña o intercepta una narcolancha en medio del mar, no está actuando en nombre de una ideología. Está cumpliendo con su deber. Y ese deber consiste en proteger vidas y defender la ley.

España ha cambiado enormemente desde 1844, pero la necesidad de instituciones sólidas sigue siendo la misma. Un país que no respalda a quienes garantizan su seguridad termina enviando un mensaje peligroso: que la autoridad legítima merece menos consideración que quienes desafían las normas.

Recuperar el respeto institucional

La Guardia Civil no necesita propaganda política ni apropiaciones partidistas. Lo que necesita es respeto, medios adecuados y apoyo institucional firme. Necesita embarcaciones modernas, más efectivos, mejores recursos tecnológicos y una legislación que proteja verdaderamente a quienes se juegan la vida contra el crimen organizado.

También necesita algo igual de importante: reconocimiento social. Porque durante décadas ha sido una de las instituciones más valoradas por los españoles precisamente por su cercanía, su profesionalidad y su capacidad de servicio.

Conviene recordar una verdad simple que algunos parecen empeñados en ocultar: la Guardia Civil no nació para servir a una ideología, sino para proteger a España y a los españoles. Lo hizo en el siglo XIX, lo hizo frente al terrorismo y lo sigue haciendo hoy frente al narcotráfico y la delincuencia organizada.

Y mientras muchos hablan desde la comodidad de un despacho o un plató de televisión, siguen siendo miles de guardias civiles quienes patrullan carreteras, costas y fronteras para que el resto pueda vivir con seguridad.

El capitalismo, sin ser perfecto, es mejor que el socialismo

Socialismo del Siglo XXI

El capitalismo y el socialismo son sistemas económicos y políticos complejos, y ambos tienen ventajas y defectos. Sin embargo, muchos economistas e historiadores sostienen que el capitalismo, aun siendo imperfecto, ha producido mejores resultados generales en términos de prosperidad, innovación y libertad individual. Estas son algunas de las razones más citadas:

1. Genera más riqueza y crecimiento económico

Las economías capitalistas suelen crear más riqueza porque incentivan la inversión, el emprendimiento y la competencia. Cuando las personas pueden crear empresas, arriesgar su dinero y beneficiarse del éxito, aparecen más productos, servicios y empleos.

Países con economías mayoritariamente capitalistas como Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur o Singapur alcanzaron altos niveles de renta y desarrollo tecnológico en relativamente poco tiempo.

2. Incentiva la innovación

La competencia obliga a las empresas a mejorar continuamente. Muchas innovaciones modernas —internet comercial, teléfonos inteligentes, medicamentos avanzados, plataformas digitales o vehículos eléctricos— nacieron en economías de mercado donde existía la posibilidad de obtener beneficios.

3. Permite mayor libertad individual

En teoría, el capitalismo deja más decisiones en manos de los ciudadanos: qué estudiar, dónde trabajar, qué comprar o qué negocio crear. El socialismo más centralizado, especialmente en sus versiones históricas más duras, concentró mucho poder en el Estado.

En países comunistas del siglo XX como Unión Soviética o Cuba, el gobierno controlaba buena parte de la economía, los medios y las oportunidades laborales, limitando la libertad económica y, a menudo, también la política.

4. La historia económica favorece al capitalismo

Durante el siglo XX, muchos países socialistas sufrieron escasez, baja productividad y estancamiento económico. La caída de la Caída del Muro de Berlín simbolizó para muchos el fracaso del modelo soviético.

Mientras tanto, países que introdujeron reformas de mercado —como China desde finales de los años 70— experimentaron un crecimiento enorme tras abrir parcialmente su economía al capitalismo.

5. Reduce la pobreza más rápido

Según organismos internacionales, cientos de millones de personas salieron de la pobreza extrema gracias al crecimiento económico impulsado por mercados abiertos, comercio internacional e industrialización.

Aunque el capitalismo genera desigualdad, también suele aumentar el nivel de vida general. Incluso personas con ingresos modestos en economías capitalistas suelen tener acceso a bienes y servicios que antes eran considerados lujos.

Las críticas al capitalismo también son reales

Decir que el capitalismo funciona mejor no significa que sea perfecto. Sus críticos señalan problemas importantes:

• Desigualdad económica creciente.
• Grandes corporaciones con demasiado poder.
• Crisis financieras periódicas.
• Explotación laboral en algunos sectores.
• Dificultades para acceder a vivienda o sanidad en ciertos países.
• Daños medioambientales derivados de la búsqueda de beneficios.

Por eso, muchos países europeos aplican modelos mixtos: economía capitalista con regulaciones, impuestos y servicios públicos fuertes. Ejemplos como Suecia, Noruega o Dinamarca combinan mercado libre con amplios sistemas de bienestar social.

Conclusión

La defensa más habitual del capitalismo no es que sea moralmente perfecto, sino que, comparado con los experimentos socialistas centralizados del siglo XX, ha demostrado mayor capacidad para crear riqueza, innovación y oportunidades individuales.

Muchos analistas resumen la diferencia así: el capitalismo distribuye de manera imperfecta la prosperidad; el socialismo histórico, en muchos casos, terminó distribuyendo la escasez.

La izquierda y su sumisión al islam

Talibanes en un vehículo por las calles de Kabul.

El término «islamo-izquierdismo» nació en Francia hace aproximadamente un cuarto de siglo para describir un fenómeno político y cultural cada vez más visible: la convergencia entre sectores de la izquierda radical y movimientos islamistas en espacios universitarios, mediáticos y culturales. Para sus críticos, esta alianza representa una contradicción profunda, ya que une a corrientes ideológicas aparentemente incompatibles bajo una agenda común de oposición a Occidente, al cristianismo cultural y a la democracia liberal.

En países como Francia y España, el concepto ha sido utilizado para señalar la actitud de determinados sectores de la izquierda woke hacia el islam político. Según esta visión, parte de la izquierda contemporánea ha dejado de considerar al islamismo como una amenaza reaccionaria y lo percibe, en cambio, como un aliado estratégico frente a lo que denomina «hegemonía occidental», capitalismo global o valores tradicionales europeos.

La búsqueda de apoyo electoral

Uno de los factores que explican esta aproximación sería el interés electoral. En numerosos países europeos, las comunidades inmigrantes musulmanas han adquirido un peso demográfico y político creciente. Parte de la izquierda habría optado por construir alianzas con esos sectores, evitando críticas al islamismo por temor a perder apoyo político o ser acusada de racismo e islamofobia.

Esta estrategia ha llevado a situaciones paradójicas. Movimientos que históricamente defendieron el feminismo, la igualdad sexual o la laicidad terminan relativizando prácticas o discursos incompatibles con esos principios cuando provienen de grupos islamistas. La segregación de la mujer, la presión religiosa o ciertas expresiones de antisemitismo son minimizadas o justificadas bajo el argumento del respeto multicultural.

Enemigos comunes

La convergencia también se sostiene en la existencia de adversarios compartidos. Tanto la izquierda radical como los movimientos islamistas suelen coincidir en su rechazo al cristianismo como base cultural de Europa, a Israel, al capitalismo y al modelo liberal occidental.

En el ámbito internacional, esta coincidencia se ha traducido en campañas comunes contra el sionismo, el imperialismo estadounidense o las instituciones occidentales. Para los críticos del islamo-izquierdismo, esta unión no responde a una verdadera afinidad ideológica, sino a una alianza táctica basada en el principio de que «el enemigo de mi enemigo es mi amigo».

El colectivismo como punto de encuentro

Otro elemento señalado es el colectivismo compartido. Tanto ciertas corrientes de izquierda radical como el islamismo político subordinan al individuo frente a la comunidad. En un caso, la identidad colectiva se define por raza, género o grupo social; en el otro, por la Ummah, la comunidad islámica mundial.

Desde esta perspectiva, ambas corrientes desconfían del individualismo liberal y de la idea occidental de libertad personal. El ciudadano deja de ser visto como sujeto autónomo y pasa a integrarse en bloques identitarios o religiosos con intereses colectivos superiores.

Una alianza llena de contradicciones

Los detractores de esta convergencia consideran que la izquierda actúa como «tonto útil» del islamismo político. Argumentan que, en nombre del multiculturalismo y de la corrección política, se ignoran aspectos profundamente incompatibles con los valores progresistas clásicos, como el machismo religioso, la persecución de minorías sexuales o el antisemitismo presente en sectores islamistas.

La contradicción se hace especialmente visible cuando activistas feministas, defensores de derechos LGBT o movimientos laicistas apoyan organizaciones vinculadas a ideologías religiosas conservadoras que, en otros contextos, combatirían abiertamente.

El debate abierto en Europa

En Francia, donde el término surgió con fuerza, el debate ha alcanzado dimensiones nacionales debido al impacto del terrorismo islamista, la radicalización en barrios periféricos y la tensión entre multiculturalismo y republicanismo secular. En España y otros países europeos, el fenómeno también ha generado fuertes divisiones intelectuales y políticas.

Para unos, el islamo-izquierdismo es una realidad ideológica que amenaza la cohesión cultural europea. Para otros, el término es una etiqueta polémica utilizada para desacreditar a la izquierda y exagerar vínculos con el extremismo islámico.

Lo cierto es que el debate refleja una transformación profunda de la política occidental: el desplazamiento desde las viejas luchas de clase hacia conflictos identitarios, culturales y religiosos que redefinen las alianzas tradicionales y cuestionan el futuro del modelo liberal europeo. 

Sánchez y Marlaska se ausentan del funeral de los guardias civiles en Huelva

Funeral de los guardias civiles fallecidos en Huelva.

La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva ha provocado una intensa controversia política, mediática y social. Lo que en principio podía interpretarse como una cuestión de agenda institucional terminó convirtiéndose en un símbolo de la creciente distancia entre el Ejecutivo y amplios sectores de las fuerzas de seguridad, especialmente en un momento de enorme sensibilidad por la lucha contra el narcotráfico en el sur de España.

Los dos agentes murieron en circunstancias que han reabierto el debate sobre la falta de medios, la presión del narcotráfico y el abandono que denuncian desde hace años asociaciones de la Guardia Civil. El funeral, celebrado en un ambiente de profunda emoción y gran presencia ciudadana, adquirió rápidamente una dimensión política. 

La ausencia de Sánchez y Marlaska fue interpretada por muchos asistentes y por buena parte de la oposición como un gesto de desafección institucional hacia los agentes fallecidos y hacia el cuerpo en general.

En España existe una tradición política y emocional muy marcada respecto a los funerales de miembros de las fuerzas de seguridad asesinados o fallecidos en acto de servicio. La asistencia de las máximas autoridades se interpreta como un reconocimiento del sacrificio realizado y como un respaldo moral al cuerpo. Precisamente por ello, la decisión de no acudir tuvo un impacto político inmediato. Desde distintos sectores se habló de "plantón", mientras que algunos asistentes expresaron su indignación con abucheos y críticas dirigidas al Ejecutivo. 

Las mafias del narcotráfico operan con medios cada vez más sofisticados y violentos, mientras los agentes continúan trabajando con recursos limitados y en condiciones difíciles.

Desde hace años, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles denuncian que las mafias del narcotráfico operan con medios cada vez más sofisticados y violentos, mientras los agentes continúan trabajando con recursos limitados y en condiciones difíciles. La muerte de agentes en servicio suele provocar una reacción emocional muy intensa porque conecta directamente con la percepción de deterioro de la autoridad del Estado frente al crimen organizado.

En ese contexto, la ausencia de Sánchez y Marlaska no fue interpretada únicamente como una cuestión protocolaria. Para muchos ciudadanos se convirtió en un símbolo político. Surgió entonces la pregunta inevitable: ¿evitaron acudir por miedo a una reacción hostil? Lo cierto es que el clima social era extremadamente tenso y ya existían antecedentes recientes de protestas y rechazo público hacia miembros del Ejecutivo en actos relacionados con fuerzas de seguridad o víctimas. La posibilidad de imágenes de abucheos al presidente o al ministro durante un funeral multitudinario habría tenido un enorme coste mediático.

La imagen transmitida fue la de un Gobierno distante en un momento de duelo nacional para amplios sectores de la sociedad. Y en un país donde los símbolos tienen gran importancia política, eso suele tener consecuencias.

El episodio también refleja una fractura cultural y política más profunda. Parte de la izquierda española mantiene una relación históricamente compleja con los cuerpos de seguridad del Estado, mientras que la derecha ha convertido el respaldo a policías y guardias civiles en una bandera política muy visible. Esa polarización provoca que cualquier gesto relacionado con las fuerzas de seguridad sea inmediatamente interpretado en clave ideológica.

Por ello, más allá del funeral concreto, la polémica ha terminado alimentando un debate mucho mayor: el de la relación del Gobierno con las instituciones del Estado, la percepción de inseguridad y el sentimiento de abandono que denuncian muchos agentes destinados en zonas especialmente conflictivas. 

La ausencia de Sánchez y Marlaska ha servido así como catalizador de un malestar previo que ya existía y que probablemente seguirá presente en el debate político español durante mucho tiempo.

El experimento socialista de Zohran Mamdani y el futuro de Nueva York

Zohran Mamdani

La victoria de Zohran Mamdani y el avance de una agenda socialista en Nueva York no representan un simple giro ideológico local: simbolizan una transformación profunda en la relación entre poder público, economía urbana y libertad individual. Bajo el atractivo envoltorio de justicia social, vivienda asequible y redistribución, se abre paso un modelo que, lejos de corregir desigualdades estructurales, amenaza con acelerar el deterioro fiscal, la fuga de capital y la erosión de la competitividad de la ciudad más emblemática de Estados Unidos.

Nueva York ha sido históricamente una capital global porque supo combinar dinamismo financiero, seguridad jurídica, innovación empresarial y diversidad social. Wall Street, Silicon Valley East, Broadway, inmigración productiva y emprendimiento: esa mezcla singular convirtió a la ciudad en una maquinaria económica sin parangón. Pero cuando desde el poder municipal se impulsa una visión donde el mercado es sospechoso, el éxito privado se penaliza y el gasto público se expande como solución universal, esa maquinaria empieza a fallar.

El problema central del socialismo urbano contemporáneo no reside en sus intenciones declaradas, sino en sus consecuencias previsibles. 

El control agresivo de alquileres, el aumento de la presión fiscal sobre empresas y grandes patrimonios, la expansión burocrática y los subsidios estructurales producen, a mediano plazo, un resultado invariable: menos inversión, menor oferta de vivienda y una carga fiscal insostenible sobre quienes sostienen la base económica. La historia de las grandes ciudades ya ofrece advertencias elocuentes: cuando gobernar significa repartir más de lo que se produce, el déficit no tarda en sustituir al progreso.

Nueva York afronta ya desafíos severos: criminalidad, crisis migratoria, presión creciente sobre los servicios públicos, deuda acumulada y un éxodo sostenido de contribuyentes de altos ingresos hacia estados con menor carga tributaria, como Florida o Texas. Apostar por políticas de corte socialista más agresivas en ese contexto no es una apuesta valiente: es una apuesta imprudente. Puede convertir a la ciudad en un laboratorio ideológico donde el simbolismo político pese más que la sostenibilidad económica.

Los defensores de Mamdani argumentarán que sus propuestas buscan equilibrar una ciudad profundamente desigual, y no les falta razón al señalar problemas reales. El costo de vida, la vivienda inaccesible y la exclusión social son crisis genuinas que merecen respuestas serias. El error no está en el diagnóstico: está en el remedio. Confundir ambos es políticamente tentador y económicamente peligroso. 

Castigar la creación de riqueza no elimina la pobreza; en demasiados casos, simplemente redistribuye la precariedad.

La experiencia internacional es inequívoca: cuando las grandes ciudades pierden atractivo para la inversión, el talento y el capital no desaparecen, se trasladan. Y con ellos se marchan empleos, recaudación fiscal y oportunidades. Una ciudad no colapsa únicamente por números rojos en sus cuentas; colapsa cuando deja de ser un lugar donde merece la pena construir futuro.

La paradoja mayor del socialismo neoyorquino es que, en nombre de proteger a los más vulnerables, puede terminar erosionando el ecosistema económico que hace posible financiar servicios, infraestructuras y programas sociales. Sin crecimiento, la redistribución se convierte en una disputa por recursos que se reducen.

Nueva York necesita políticas responsables que amplíen oportunidades sin destruir incentivos. El riesgo no es solo presupuestario: es civilizatorio. Sustituir la cultura del esfuerzo por la dependencia estructural, y la prosperidad competitiva por la administración política de la escasez, es una regresión que ningún presupuesto puede disimular indefinidamente.

Si la ciudad que durante un siglo simbolizó el capitalismo democrático abraza sin contrapesos una ingeniería de alto gasto y baja productividad, el resultado difícilmente será una utopía progresista. Será, en cambio, una advertencia histórica: incluso los gigantes pueden caer cuando confunden la riqueza acumulada con un recurso inagotable.

La decadencia de "El País" denunciada ahora por su primer director, Juan Luis Cebrián

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La decadencia de El País no tiene una fecha única, pero muchos analistas sitúan el inicio de su pérdida de influencia y de identidad durante los últimos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, bajo Pedro Sánchez, cuando el periódico pasó de ser visto como un gran diario de referencia socialdemócrata a ser acusado —por antiguos directivos y parte de sus lectores— de alinearse excesivamente con el poder político.

El propio Juan Luis Cebrián, fundador y alma histórica del diario, ha dejado entrever en diversas entrevistas y artículos su decepción con la evolución del periódico y del grupo PRISA. En una entrevista reciente por el 50 aniversario de El País, reconoció que su relación actual con el diario es "muy amarga". 

La ruptura se hizo pública especialmente tras las críticas de Cebrián a Pedro Sánchez y los pactos con el independentismo catalán. Poco después, PRISA lo apartó como presidente de honor. Medios internacionales interpretaron aquello como una señal del nuevo alineamiento político del grupo.

Muchos periodistas veteranos consideran que el gran punto de inflexión fue la crisis financiera de 2008, durante el final de la era Zapatero, cuando PRISA quedó muy endeudada y empezó a vender activos y reducir plantilla. A partir de ahí, el periódico perdió parte de la independencia y del músculo periodístico que había tenido en la Transición.

En bolsa, la situación refleja esa erosión. Las acciones de PRISA cotizan hoy alrededor de 0,30 € por acción, muy lejos de los niveles históricos del grupo. El precio reciente se mueve entre 0,302 € y 0,305 €, con mínimos anuales cercanos a 0,293 €.

Hubo una época en que PRISA era uno de los grandes imperios mediáticos europeos, con:

• El País,
• la SER,
• Santillana,
• Canal+,
• y presencia fuerte en Latinoamérica.

Hoy el mercado valora todo el grupo en apenas unos cientos de millones de euros, una cifra impensable hace dos décadas.

Para muchos antiguos lectores, el problema no es solo económico. Es editorial: consideran que El País perdió la pluralidad, la independencia crítica y la calidad intelectual que lo convirtieron en símbolo del periodismo español durante la Transición y los años 80 y 90.

Presentación de la primera parte de "Hablar con Jesús"

Violencia en Haití: un país bajo el control de las pandillas

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La crisis de violencia en Haití se ha convertido en uno de los conflictos urbanos y humanitarios más graves del hemisferio occidental. 

El balance presentado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), con al menos 1,642 muertos y 745 heridos durante el primer trimestre de 2026, refleja no solo la intensidad de los enfrentamientos armados, sino también el colapso progresivo del Estado haitiano y de sus instituciones básicas.

Un país bajo el control de las pandillas

En amplias zonas de Puerto Príncipe y sus alrededores, el poder real ya no lo ejerce el Estado, sino coaliciones de grupos armados. Muchas de estas bandas surgieron originalmente como organizaciones locales vinculadas a políticos, empresarios o redes criminales, pero con el tiempo evolucionaron hacia estructuras paramilitares que hoy controlan barrios enteros, carreteras, puertos clandestinos y corredores comerciales.

Entre las federaciones criminales más conocidas destaca la alianza “G9”, vinculada al ex policía Jimmy Chérizier, conocido como “Barbecue”, una de las figuras más influyentes y temidas del panorama haitiano actual. Su discurso mezcla retórica revolucionaria, nacionalismo y control armado territorial, mientras múltiples organismos internacionales lo acusan de masacres, ejecuciones y ataques contra civiles.

Las pandillas utilizan tácticas de guerra urbana:

• Bloqueo de carreteras.
• Incendio de viviendas.
• Extorsión sistemática.
• Secuestros masivos.
• Violaciones y violencia sexual.
• Reclutamiento forzado de menores.
• Ataques coordinados contra comisarías y prisiones.

En algunos barrios, la población vive literalmente atrapada entre facciones rivales.

El derrumbe institucional

La violencia no puede entenderse sin el vacío político que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. El magnicidio profundizó una crisis que ya venía desarrollándose desde hacía años:

• Corrupción estructural.
• Debilitamiento judicial.
• Desconfianza hacia la policía.
• Pobreza extrema.
• Falta de elecciones funcionales.
• Dependencia económica internacional.

Tras la muerte de Moïse, Haití quedó prácticamente sin liderazgo político legítimo ni instituciones plenamente operativas. Muchos haitianos consideran que el Estado desapareció en numerosas zonas urbanas.

La Policía Nacional Haitiana, aunque sigue combatiendo, está ampliamente superada en armamento, número y capacidad logística. Numerosos agentes han muerto o abandonado sus puestos, mientras algunas comisarías han sido tomadas o incendiadas.

Puerto Príncipe: una capital fragmentada

La capital haitiana se encuentra parcialmente fragmentada en zonas de influencia armada. Algunos distritos funcionan como auténticos enclaves controlados por pandillas donde:

• El transporte público depende de permisos criminales.
• Los comerciantes pagan “impuestos” ilegales.
• Los hospitales reducen actividades por inseguridad.
• Las escuelas permanecen cerradas.
• La población evita circular después del anochecer.

Barrios estratégicos han sido escenario de auténticas batallas urbanas con armas automáticas y fusiles de alto calibre.

La violencia también ha provocado desplazamientos masivos. Miles de familias abandonan sus hogares y se refugian en escuelas, iglesias o campamentos improvisados sin acceso adecuado a agua potable, saneamiento ni asistencia médica.

Crisis humanitaria

La inseguridad se ha transformado rápidamente en una crisis humanitaria de gran escala. Organismos internacionales alertan sobre:

• Hambre severa.
• Desnutrición infantil.
• Colapso sanitario.
• Epidemias potenciales.
• Falta de combustible.
• Escasez de alimentos básicos.

La inflación y la destrucción económica han hecho que productos esenciales sean inaccesibles para gran parte de la población.

Además, los convoyes humanitarios son frecuentemente atacados o saqueados. En varias ocasiones, organizaciones internacionales han debido suspender temporalmente operaciones por motivos de seguridad.

Violencia sexual y ataques contra menores

Uno de los aspectos más alarmantes del conflicto haitiano es el uso sistemático de la violencia sexual como instrumento de terror y control territorial. La ONU y organizaciones de derechos humanos documentan casos de:

• Violaciones colectivas.
• Secuestro de mujeres.
• Explotación sexual.
• Ataques contra menores.

Muchos niños también son reclutados por pandillas como vigilantes, mensajeros o combatientes.

La intervención internacional

Ante el deterioro extremo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una misión multinacional de apoyo liderada por Kenia para asistir a la Policía Nacional haitiana.

Sin embargo, la operación enfrenta enormes dificultades:

• Insuficiencia de efectivos.
• Falta de financiación.
• Problemas logísticos.
• Desconfianza de parte de la población.
• Riesgo de repetir errores de intervenciones pasadas.

Muchos haitianos recuerdan con resentimiento anteriores misiones internacionales, especialmente la misión de estabilización de la ONU desplegada tras el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, acusada posteriormente de abusos y de introducir el cólera en el país.

El papel de Estados Unidos y República Dominicana

Estados Unidos sigue siendo uno de los actores más influyentes en la política haitiana, tanto por razones migratorias como de seguridad regional. Washington teme que el colapso total de Haití provoque:

• Nuevas olas migratorias.
• Expansión del narcotráfico.
• Mayor inestabilidad regional.

Por su parte, República Dominicana vive la crisis con enorme preocupación debido a la frontera compartida con Haití. El gobierno dominicano ha reforzado:

• La vigilancia fronteriza.
• Las deportaciones.
• La construcción del muro fronterizo.
• Los controles militares.

El tema haitiano se ha convertido además en uno de los asuntos políticos más sensibles dentro de la sociedad dominicana.

Una crisis histórica y estructural

Aunque la violencia actual parece extrema, muchos analistas consideran que es el resultado acumulado de décadas de fragilidad estatal, pobreza y desastres políticos.

Haití arrastra problemas históricos profundos:

• Consecuencias económicas del aislamiento internacional tras su independencia.
• Dictaduras como la de François Duvalier y Jean-Claude Duvalier.
• Golpes de Estado.
• Corrupción.
• Dependencia de ayuda exterior.
• Terremotos y catástrofes naturales.

El terremoto de 2010 destruyó gran parte de la infraestructura del país y aceleró el debilitamiento institucional.

Un futuro incierto

Actualmente no existe consenso claro sobre cómo estabilizar Haití. Algunos sectores reclaman:

• Un gobierno de transición fuerte.
• Elecciones supervisadas internacionalmente.
• Reformas policiales profundas.
• Desarme de las pandillas.
• Grandes inversiones económicas.

Otros creen que ninguna solución será viable mientras persistan la pobreza extrema y la ausencia de instituciones funcionales.

La ONU advierte que, sin una intervención efectiva y sostenida, la violencia podría seguir aumentando durante 2026 y provocar un deterioro aún mayor de la situación humanitaria y política del país.

Évole es al periodismo lo que García Ortiz a la Justicia

Jordi Évole y Álvaro García Ortiz

Hay entrevistas que buscan esclarecer hechos y otras que parecen concebidas para blanquear responsabilidades. La reciente conversación de Jordi Évole con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha provocado precisamente esa sensación en una parte de la opinión pública: la de estar ante un ejercicio de complicidad ideológica más que ante una labor periodística de fiscalización.

El problema no reside únicamente en el tono amable o en la ausencia de preguntas incómodas. El verdadero conflicto aparece cuando un periodista parece situarse frontalmente contra resoluciones del Tribunal Supremo de España, sugiriendo que las decisiones judiciales obedecen más a intereses políticos que a criterios jurídicos. En ese momento deja de ejercer como observador crítico para convertirse en actor político.

La figura de García Ortiz ya venía envuelta en una intensa controversia institucional. Su permanencia en el cargo tras decisiones cuestionadas por amplios sectores jurídicos había abierto un debate profundo sobre la independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno. El hecho de que el fiscal general del Estado dependa jerárquicamente del Ejecutivo no es nuevo; lo inquietante es la percepción creciente de que determinadas actuaciones responden más a afinidades políticas que al interés general.

En ese contexto, la entrevista de Évole no fue interpretada como un intento de arrojar luz sobre las tensiones entre poder político y poder judicial, sino como un ejercicio de validación narrativa. No se trató de confrontar al entrevistado con las críticas, las resoluciones judiciales o las contradicciones de su gestión, sino de ofrecerle un espacio cómodo desde el que construir un relato de victimización institucional.

El periodismo pierde su función democrática cuando sustituye la búsqueda de la verdad por la defensa emocional de una causa. Un entrevistador no está obligado a ser neutral —la neutralidad absoluta probablemente no exista—, pero sí debería mantener distancia crítica frente al poder, especialmente cuando ese poder afecta al funcionamiento de la Justicia. Y esa distancia pareció desaparecer.

Resulta significativo que parte de la reacción social no haya girado tanto en torno a García Ortiz como alrededor del propio Évole. Durante años, el periodista construyó una imagen pública asociada a la irreverencia y a la capacidad de incomodar al poder. Sin embargo, para muchos espectadores, hoy representa exactamente lo contrario: un modelo de periodismo ideologizado que cuestiona determinadas sentencias judiciales dependiendo de quién resulte afectado por ellas.

La crítica, por tanto, no apunta únicamente a una entrevista concreta, sino a una tendencia más amplia dentro del ecosistema mediático español: la conversión de ciertos comunicadores en legitimadores culturales de un bloque político. Cuando eso ocurre, la frontera entre información, activismo y propaganda se vuelve cada vez más difusa.

Y ahí emerge la comparación que algunos formulan con crudeza: si García Ortiz simboliza para sus detractores una Justicia percibida como alineada con el poder político, Évole representaría un periodismo que ya no vigila al poder, sino que lo acompaña. Una democracia sana necesita jueces independientes, pero también periodistas incómodos. Cuando ambos espacios se contaminan por afinidades ideológicas, la confianza pública se erosiona rápidamente.

La cuestión de fondo no es si un periodista puede tener opiniones. Por supuesto que puede. La cuestión es si el periodismo sigue dispuesto a confrontar al poder incluso cuando ese poder coincide con sus propias convicciones. Ahí es donde se mide realmente la credibilidad.

Las grietas de la Constitución Española por donde se cuelan desigualdades y privilegios personales y territoriales

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La Constitución española de 1978 nació como un pacto histórico. Después de cuarenta años de dictadura, el texto constitucional logró algo extraordinario: integrar sensibilidades políticas enfrentadas, consolidar libertades y construir un marco democrático estable. Durante décadas, esa arquitectura fue presentada casi como un objeto sagrado, intocable, símbolo de reconciliación nacional y garantía de convivencia.

Sin embargo, ninguna constitución es perfecta. Todas contienen contradicciones, ambigüedades y zonas grises. La española no es una excepción. Bajo sus principios de igualdad, justicia y soberanía popular sobreviven mecanismos que, en la práctica, permiten que ciertas desigualdades y privilegios se perpetúen. No siempre de forma escandalosa o visible, pero sí estructural.

El problema no reside únicamente en el texto, sino también en cómo se interpreta, quién se beneficia de sus silencios y qué poderes quedan protegidos frente al escrutinio ciudadano.

La monarquía: una excepción hereditaria en una democracia

Uno de los ejemplos más evidentes es la propia institución monárquica. La Constitución proclama que “los españoles son iguales ante la ley”, pero simultáneamente establece una jefatura del Estado hereditaria. Es decir, el cargo más alto del país no se obtiene por mérito, elección o capacidad, sino por nacimiento.

La contradicción no es menor. En una democracia moderna, la igualdad política debería excluir cualquier privilegio de sangre. Sin embargo, la Corona permanece blindada no solo simbólicamente, sino también jurídicamente.

Durante años, la inviolabilidad del rey fue interpretada de manera expansiva, convirtiéndose casi en una inmunidad absoluta. Los escándalos vinculados a Juan Carlos I mostraron hasta qué punto esa protección constitucional podía convertirse en una barrera frente a la rendición de cuentas.

La cuestión no es únicamente monárquica; es también democrática. ¿Puede un sistema proclamarse plenamente igualitario mientras reserva privilegios legales y simbólicos a una familia concreta?

El Senado: una cámara territorial que apenas representa territorios

La Constitución define el Senado como cámara de representación territorial. En la práctica, nunca ha cumplido realmente esa función. Su sistema de elección reproduce mayorías políticas más que pluralidad territorial, y sus competencias son limitadas frente al Congreso.

El resultado es una institución costosa, con escasa influencia real y frecuentemente utilizada como refugio político para dirigentes de partido. Una anomalía constitucional que sobrevive más por inercias partidistas que por utilidad democrática.

La incapacidad del Senado para canalizar adecuadamente las tensiones territoriales ha contribuido, además, a agravar conflictos como el catalán. España es un Estado descentralizado, pero carece de un verdadero mecanismo federal de integración política.

La ley electoral y el valor desigual del voto

Formalmente, cada ciudadano dispone de un voto. Pero no todos los votos valen lo mismo.

El sistema electoral derivado de la Constitución y desarrollado posteriormente favorece a determinadas provincias poco pobladas y penaliza a otras más urbanas y densamente habitadas. También beneficia a los grandes partidos y castiga a fuerzas pequeñas de ámbito estatal.

Un voto en provincias rurales puede tener mucho más peso parlamentario que uno emitido en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Esa distorsión fue diseñada originalmente para garantizar estabilidad durante la Transición, pero décadas después sigue alterando la proporcionalidad democrática.

El sistema no es fraudulento, pero sí desigual. Y esa desigualdad influye directamente en la representación política, en la formación de gobiernos y en el reparto del poder.

Derechos sociales: promesas sin blindaje real

La Constitución reconoce el derecho a la vivienda, al trabajo y a una protección social digna. Sobre el papel, España aparece como un Estado social avanzado. Pero muchos de esos derechos no son verdaderamente exigibles ante los tribunales.

Ahí reside una de las mayores brechas del sistema constitucional: algunos derechos fundamentales tienen protección reforzada, mientras otros quedan relegados a principios orientadores de la política económica y social.

En la práctica, esto significa que un ciudadano puede defender judicialmente ciertos derechos civiles con mucha más facilidad que derechos relacionados con la vivienda o la precariedad económica.

La crisis financiera de 2008 evidenció brutalmente esa contradicción. Mientras millones de personas sufrían desahucios, desempleo y recortes, la prioridad constitucional parecía centrarse en garantizar estabilidad presupuestaria y compromisos financieros.

La reforma exprés del artículo 135 en 2011 —acordada por los grandes partidos bajo presión europea— dejó una huella profunda: para muchos ciudadanos, la Constitución demostró ser más rápida protegiendo a los acreedores que a las familias vulnerables.

El poder judicial y las élites institucionales

La Constitución establece la independencia judicial como garantía democrática esencial. Sin embargo, la politización de los órganos de gobierno judicial ha erosionado esa percepción.

El Consejo General del Poder Judicial lleva años convertido en campo de batalla partidista. Los grandes partidos negocian cuotas, vetos y equilibrios de poder alrededor de instituciones que deberían inspirar neutralidad.

A ello se suma un fenómeno menos visible: la reproducción de élites jurídicas y administrativas procedentes de sectores sociales privilegiados. El acceso a las altas oposiciones continúa muy condicionado por factores económicos y familiares. Preparar durante años una oposición sin ingresos estables sigue siendo un lujo inaccesible para muchos.

La meritocracia existe, pero no parte desde la misma línea de salida.

La descentralización y las asimetrías históricas

El Estado autonómico permitió modernizar España y reconocer parte de su diversidad territorial. Pero también consolidó desigualdades complejas.

Algunas comunidades disfrutan de sistemas fiscales singulares, como el concierto económico vasco y navarro, mientras otras dependen mucho más de mecanismos redistributivos generales. El debate sobre la financiación autonómica se ha convertido en una fuente permanente de tensiones políticas.

La Constitución dejó muchos aspectos deliberadamente ambiguos para facilitar el consenso en 1978. Esa ambigüedad permitió avanzar entonces, pero hoy genera conflictos recurrentes sobre competencias, financiación e identidad nacional.

Una Constitución sólida, pero envejecida

La paradoja española es que la Constitución ha sido extraordinariamente resistente y, al mismo tiempo, sorprendentemente rígida. Apenas se ha reformado, pese a que la sociedad española ha cambiado radicalmente desde 1978.

España ya no es el país de la Transición. Las generaciones actuales han crecido en democracia, viven otras precariedades y reclaman formas distintas de representación y transparencia.

El problema aparece cuando la Constitución deja de verse como una herramienta reformable y pasa a tratarse como un símbolo intocable. Porque las democracias no se debilitan solo cuando se destruyen sus instituciones; también cuando esas instituciones se vuelven incapaces de corregir sus propias desigualdades.

Las grietas constitucionales no implican necesariamente un fracaso del sistema. Pero ignorarlas sí puede acabar convirtiéndose en uno.