El desplome del voto por correo ante las elecciones generales del 29 de noviembre constituye una bofetada política a un Gobierno que debería garantizar la máxima confianza en los procedimientos electorales. 
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Las cifras son demoledoras: las solicitudes admitidas han pasado de 2,5 millones en 2023 a poco más de un millón, una caída del 59%. Los votos ya depositados retroceden todavía más, un 66%. No estamos ante una variación estadística menor, sino ante un desplome que obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿por qué tantos ciudadanos han dejado de confiar en el voto por correo?
Cuando casi seis de cada diez solicitudes desaparecen respecto a la convocatoria anterior, no basta con invocar razones circunstanciales ni despachar el asunto como una simple fluctuación electoral.
El problema es mucho más grave: la confianza en las reglas del juego democrático no puede depender de la buena voluntad de quienes gobiernan. El voto por correo debe ofrecer exactamente las mismas garantías de seguridad, transparencia y limpieza que el sufragio presencial. Y si una parte tan significativa del electorado ha dejado de utilizarlo, las autoridades tienen la obligación de explicar qué ha ocurrido y despejar cualquier sombra de duda.
No se trata de afirmar, sin pruebas, que haya existido fraude o manipulación. Se trata de exigir algo mucho más elemental: que el sistema electoral sea incuestionable y que quienes tienen la responsabilidad de administrarlo no permitan que la sospecha se convierta en una característica de nuestra democracia. La ausencia de pruebas de irregularidades no exime a las instituciones de su obligación de ofrecer garantías convincentes.
El Gobierno no puede pedir confianza mientras la credibilidad de su gestión se deteriora, ni pretender que los ciudadanos acepten sin preguntas un procedimiento cuya utilización ha sufrido un retroceso tan extraordinario. La transparencia no es una concesión política, sino una obligación democrática. Y cuanto mayores sean las dudas, mayor debe ser el esfuerzo por disiparlas.
Hay algo especialmente inquietante en estas cifras: millones de ciudadanos que antes recurrieron al voto postal han dejado de hacerlo. El dato no demuestra por sí solo las razones individuales de esa decisión, pero constituye una señal de alarma que nadie debería ignorar. Una democracia no puede permitirse que sus ciudadanos desconfíen de los mecanismos destinados a garantizar su participación.
El voto no es patrimonio del poder ni una herramienta al servicio de quien gobierna: pertenece exclusivamente a los ciudadanos. Y cualquier sombra sobre su limpieza debe ser despejada sin excusas, evasivas, ni contemplaciones.
Juan Julio Alfaya
viernes, 20 de noviembre de 2026
Los electores no se fían del voto por correo. Se desploma casi un 60% con respecto a los inscritos en 2023.
jueves, 19 de noviembre de 2026
El hombre que increpó a Jon Echeverría: «No me extraña que te pasen cosas, chaval».
«No me extraña que te pasen cosas, chaval». Hay frases que retratan a quien las pronuncia mucho mejor que cualquier discurso. La que un hombre mayor dirigió a Jon Echeverría, candidato del Partido Popular en Guipúzcoa, durante un mitin en Eibar, es una de ellas. No fue una discrepancia política, ni una discusión acalorada entre adversarios. Fue algo bastante más grave: el reproche convertido en intimidación y la diferencia ideológica utilizada como justificación de una amenaza.
Dentro de un círculo amarillo.
El episodio resulta especialmente inquietante por el escenario en el que se produce. Un candidato acude a un acto electoral para defender sus ideas y pedir el voto, y termina teniendo que escuchar cómo un individuo le llama «fascista» y le advierte, con una frase cargada de significado amenazante, que no debería extrañarse de las cosas que puedan sucederle. La democracia no puede acostumbrarse a semejantes escenas.
Según la información publicada por THE OBJECTIVE, el protagonista es un jubilado de Eibar cuya presencia ha sido habitual en mítines socialistas celebrados en la localidad y en otros puntos de Guipúzcoa. El diario no ha podido acreditar que esté afiliado al PSOE, aunque asegura haberlo identificado en actos del partido, incluso en espacios habitualmente reservados a militantes veteranos.
¿Qué clima político permite que alguien considere normal intimidar públicamente a un representante de un partido democrático por el simple hecho de defender sus posiciones?
En el País Vasco, esta pregunta tiene una dimensión particularmente dolorosa. Durante décadas, la amenaza, la señalización del adversario y la violencia política formaron parte de una realidad que condicionó la libertad de miles de ciudadanos. Hubo quienes tuvieron que vivir con escolta, quienes abandonaron sus pueblos y quienes aprendieron a medir sus palabras para no convertirse en objetivos. Por eso, cualquier gesto que recuerde aquella cultura de intimidación debería provocar una reacción inequívoca.
No hace falta equiparar una amenaza verbal con el terrorismo de ETA para comprender que ambas realidades son incompatibles con una convivencia democrática. Precisamente porque se conoce el pasado, hay que impedir que reaparezcan sus mecanismos de exclusión y señalamiento.
También debería preocupar al PSOE. No porque esté demostrado que el hombre sea militante socialista, sino porque ningún partido puede permanecer indiferente cuando alguien identificado reiteradamente con sus actos políticos intimida a un adversario.
La democracia no consiste en tolerar únicamente a quienes piensan como nosotros. Consiste, sobre todo, en garantizar que quien piensa diferente pueda expresarse, reunirse y hacer campaña sin miedo.
Jon Echeverría no tiene que justificar su presencia en Eibar. Quien debe explicar sus palabras es el hombre que lo increpó. Y quienes aspiran a representar a los ciudadanos tienen la obligación de dejar claro que ninguna amenaza puede convertirse en una forma aceptable de hacer política.
Porque cuando el adversario deja de ser alguien a quien derrotar en las urnas y pasa a ser alguien a quien intimidar en la calle, lo que está en peligro no es una candidatura: es la propia democracia.
La amenaza de Eibar no es una anécdota electoral. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando el sectarismo pierde sus frenos. Y frente a ella solo cabe una respuesta: tolerancia cero. En democracia, las ideas se combaten con ideas y los adversarios se derrotan con votos. Todo lo demás es intimidación.
martes, 17 de noviembre de 2026
El PNV se asoma al abismo: los errores de un partido que permitió que Bildu le doblara
La pérdida de centralidad del Partido Nacionalista Vasco (PNV) frente a EH Bildu no es un accidente electoral ni el resultado de una coyuntura pasajera. Es la consecuencia de una transformación política y social en Euskadi que el nacionalismo tradicional no ha sabido interpretar a tiempo. Durante décadas, el PNV fue el referente indiscutible del soberanismo vasco, el partido que administraba el poder, articulaba las instituciones y ejercía de interlocutor privilegiado con Madrid. Hoy esa posición está cuestionada y su capacidad de representación parlamentaria atraviesa una situación delicada.
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¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha podido un partido con semejante trayectoria permitir que su principal adversario le dispute el liderazgo y llegue a duplicar su representación en el Congreso?
La primera explicación está en el desgaste de un modelo de poder. El PNV ha gobernado durante tantos años que, en determinados sectores de la sociedad vasca, ha terminado siendo identificado con el propio aparato institucional. La experiencia de gobierno, que durante mucho tiempo fue su principal activo, también ha generado inercias, dificultades para renovar el discurso y una imagen de partido demasiado acomodado en la gestión.
El segundo error ha sido subestimar el cambio generacional. El nacionalismo vasco ya no se transmite necesariamente de padres a hijos como sucedía en otras épocas. Las nuevas generaciones tienen otras prioridades: vivienda, empleo, salarios, servicios públicos y oportunidades. El PNV ha mantenido buena parte de su discurso tradicional, mientras Bildu ha conseguido conectar con esas preocupaciones y presentarse como una alternativa política capaz de hablar tanto de soberanía como de problemas cotidianos. El análisis de *El País* sobre la evolución de ambos partidos ya advertía de la desconexión jeltzale con los votantes jóvenes y de la creciente penetración de Bildu entre los electores de 30 a 40 años.
El tercer error ha sido confundir la capacidad de negociación en Madrid con el liderazgo político en Euskadi. El PNV ha construido buena parte de su influencia nacional sobre su condición de socio parlamentario indispensable. Esa estrategia le ha proporcionado capacidad de interlocución y resultados concretos, pero también lo ha expuesto al desgaste de los acuerdos con los distintos gobiernos españoles. Su relación con Pedro Sánchez, además, lo coloca en una posición incómoda: necesita conservar su perfil propio sin renunciar a la influencia que obtiene mediante sus pactos.
Bildu, entretanto, ha sabido aprovechar ese espacio. Ha trasladado al Congreso un discurso centrado en reivindicaciones sociales, pensiones, salarios y derechos laborales, al tiempo que ha ampliado su interlocución con sectores de la izquierda. Su evolución estratégica ha permitido que una parte del electorado que antes no contemplaba votar a la izquierda abertzale la considere hoy una opción política.
También hay un problema de organización y liderazgo. Las tensiones internas, las dificultades del relevo generacional y las heridas abiertas durante la renovación de la dirección han proyectado una imagen de incertidumbre. El cambio de Iñigo Urkullu por Imanol Pradales, después de tres mandatos, evidenció que la renovación no era solamente una cuestión de nombres, sino de recuperar una conexión electoral que se había debilitado.
Las cifras explican la dimensión del desafío. El sondeo de GAD3 publicado en noviembre para ABC atribuye a EH Bildu siete escaños en Euskadi frente a cuatro del PNV. Si se confirma esa proyección en las elecciones generales del 29 de noviembre, los jeltzales perderían su grupo parlamentario propio, que exige un mínimo de cinco diputados cuando no se alcanza el umbral de quince. No es un resultado consumado, sino un escenario demoscópico que revela la magnitud del problema.
Hay, además, una paradoja que el PNV debería analizar: sigue gobernando Euskadi gracias a su acuerdo con el Partido Socialista, pero su hegemonía electoral está cada vez más cuestionada. En las autonómicas de 2024 empató a 27 escaños con Bildu, aunque obtuvo más votos. La coalición abertzale había logrado su mejor resultado histórico.
El problema del PNV no es simplemente que Bildu crezca. Es que su adversario ha conseguido ocupar espacios políticos y sociales que durante décadas parecían reservados a los nacionalistas moderados.
El partido fundado en 1895 conserva una estructura institucional, una experiencia de gobierno y una tradición política que no desaparecen de un día para otro. Pero esos activos no garantizan por sí solos la fidelidad de los electores.
El PNV necesita preguntarse si todavía representa las aspiraciones de una sociedad vasca que ha cambiado profundamente. Porque perder un grupo parlamentario sería una consecuencia visible. La cuestión de fondo es mucho más importante: cómo ha pasado de ser el partido que marcaba el rumbo del nacionalismo vasco a tener que disputar a Bildu el liderazgo de ese espacio político.
Y esa es una crisis que no se resuelve cambiando de dirigentes, sino revisando un modelo político que ha dejado de conectar con una parte creciente de su electorado.
jueves, 12 de noviembre de 2026
El declive de los sindicatos en España
Hay una paradoja que debería hacer reflexionar a las grandes centrales sindicales españolas: mientras su implantación entre los trabajadores continúa siendo reducida, los recursos públicos que reciben no dejan de crecer. UGT y Comisiones Obreras (CCOO), las dos organizaciones mayoritarias, mantienen una importante presencia institucional y una considerable capacidad de interlocución con el Gobierno, pero cada vez tienen más dificultades para conectar con una parte de la población trabajadora.
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Los datos de la OCDE dibujan una realidad difícil de ignorar. La afiliación sindical en España se sitúa en torno al 12,5% de los asalariados, según los últimos registros comparables de 2023. Una cifra que contrasta con el 17,8% alcanzado en 2012 y que evidencia las dificultades de las organizaciones sindicales para ampliar su base social.
No se trata de un fenómeno exclusivamente español. El sindicalismo atraviesa una transformación profunda en buena parte de las economías desarrolladas. Sin embargo, en España existe un problema añadido: las organizaciones tradicionales parecen tener dificultades para adaptarse a un mercado laboral que ya no se parece al de hace treinta años.
La temporalidad, la rotación entre empresas, la proliferación de contratos de corta duración, el trabajo a tiempo parcial y las nuevas fórmulas de empleo han cambiado las relaciones laborales. Los trabajadores jóvenes, los empleados de pequeñas empresas y quienes encadenan diferentes puestos de trabajo no siempre encuentran en las estructuras sindicales tradicionales una respuesta cercana a sus necesidades.
El resultado es una brecha creciente entre las organizaciones que dicen representar a los trabajadores y una parte importante de quienes deberían sentirse representados.
Pero mientras la afiliación pierde terreno, la financiación pública sigue una trayectoria muy diferente. Las subvenciones estatales destinadas a actividades sindicales han pasado de 8,9 millones de euros en 2018 a 32 millones en 2026. Es decir, la dotación presupuestaria se ha multiplicado por más de tres. En 2025, CCOO recibió 12,2 millones y UGT otros 11,4 millones.
La cuestión no es si los sindicatos deben recibir recursos públicos para desarrollar su actividad. Su papel en la defensa de los derechos laborales y en la negociación colectiva es legítimo y necesario. El problema aparece cuando la financiación institucional crece sin que exista una correspondencia clara con el respaldo voluntario de los trabajadores.
¿No debería preocupar a las grandes centrales sindicales que su principal fuente de legitimidad social, la afiliación, no avance al mismo ritmo que su peso institucional? ¿No sería razonable exigir mayor transparencia y una evaluación rigurosa de los resultados obtenidos con el dinero de los contribuyentes?
UGT y CCOO concentran buena parte de estas ayudas gracias a su representatividad electoral. Sin embargo, obtener delegados en las elecciones sindicales no equivale necesariamente a contar con una amplia afiliación. Son dos indicadores diferentes que conviene no confundir.
Hay, además, una particularidad del modelo español: la negociación colectiva tiene una cobertura extraordinariamente elevada, superior al 90% según los datos comparables de la OCDE. Esto significa que muchos trabajadores se benefician de convenios negociados por sindicatos a los que ni siquiera pertenecen. Es una conquista del sistema laboral, pero también plantea un desafío: ¿qué incentivos tiene un trabajador para pagar una cuota sindical cuando puede beneficiarse de buena parte de sus resultados sin estar afiliado?
El sindicalismo español necesita revisar sus prioridades, sus estructuras y sus mecanismos de financiación. No basta con ocupar mesas de negociación, participar en actos institucionales y mantener una interlocución privilegiada con el poder político. Hace falta recuperar la confianza de quienes trabajan, especialmente de los jóvenes y de quienes viven sometidos a la incertidumbre laboral.
Un sindicato no debería medir su fortaleza únicamente por el dinero que recibe de las administraciones, los delegados que obtiene o las reuniones a las que es convocado. Debería medirla, sobre todo, por el número de trabajadores que deciden voluntariamente afiliarse, pagar una cuota y confiarle la defensa de sus intereses.
Porque el verdadero problema del sindicalismo español no es solamente que haya perdido capacidad de penetración entre los trabajadores. Es que corre el riesgo de consolidar un modelo en el que su fortaleza institucional avance por un camino distinto al de su implantación social.
Y ninguna subvención, por elevada que sea, puede sustituir indefinidamente la confianza de los trabajadores.
lunes, 9 de noviembre de 2026
Bukele contra las pandillas en Haití: la seguridad no puede esperar
Hay momentos en los que la retórica diplomática deja de servir para ocultar el fracaso de las instituciones. Haití atraviesa uno de ellos. Durante años, las bandas criminales han convertido amplias zonas del país en territorios bajo su dominio, imponiendo el terror mediante asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual. Mientras tanto, la población vive atrapada entre la impotencia de un Estado prácticamente desbordado y una comunidad internacional incapaz de ofrecer una solución duradera.
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En este escenario aparece Nayib Bukele, un presidente que ha convertido la lucha contra las pandillas en la principal seña de identidad de su política de seguridad. El secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños, ocurrido el 18 de octubre, provocó su reacción y puso en marcha una operación para localizarlos y combatir a las organizaciones responsables. San Salvador amplió considerablemente su presencia militar en territorio haitiano, en el marco de una intervención internacional que ha ido adquiriendo una dimensión cada vez mayor.
La estrategia recuerda inevitablemente al modelo aplicado en El Salvador, donde el Gobierno consiguió reducir drásticamente la violencia homicida mediante un régimen de excepción y detenciones masivas. Aquel resultado, sin embargo, no está exento de controversias por las denuncias de detenciones arbitrarias, vulneraciones de derechos y falta de garantías judiciales. Trasladar esa experiencia a Haití plantea desafíos todavía mayores.
Pero hay una pregunta que los críticos de Bukele deberían responder: ¿qué alternativa concreta proponen para liberar a los haitianos del sometimiento de las pandillas? ¿Más declaraciones de preocupación? ¿Nuevas condenas institucionales? ¿Otra misión internacional que prometa resultados mientras los criminales continúan controlando barrios, carreteras y comunidades enteras?
La muerte de Mathias Sainthil, jefe de la banda Boston, tras una operación con drones en Cité Soleil, constituye uno de los golpes más recientes contra las estructuras criminales. No supone, por sí sola, la derrota de las pandillas, pero demuestra que sus dirigentes ya no pueden dar por descontada su impunidad.
El debate no debería reducirse a una falsa disyuntiva entre seguridad y derechos humanos. Los derechos de los haitianos también incluyen vivir sin miedo, acudir a sus trabajos, proteger a sus familias y circular libremente por su país. Una política internacional que solo mide los riesgos de la intervención, pero no el sufrimiento provocado por la inacción, termina ofreciendo una protección incompleta.
Eso tampoco significa conceder un cheque en blanco a las operaciones militares. La fuerza necesita objetivos definidos, supervisión, protección de los civiles y mecanismos de rendición de cuentas. Y, sobre todo, debe acompañarse de instituciones judiciales capaces de impedir que las redes criminales vuelvan a ocupar el espacio recuperado.
Haití necesita algo más que discursos. Necesita recuperar el territorio, reconstruir el Estado y devolver la libertad a sus ciudadanos. La gran incógnita es si esta ofensiva conseguirá transformar los éxitos militares inmediatos en una seguridad sostenible.
Porque derrotar a los cabecillas es apenas el principio. El verdadero desafío consiste en conseguir que las pandillas nunca vuelvan a gobernar Haití.
miércoles, 4 de noviembre de 2026
Puente dimite y deja a Sánchez sin su fiel escudero
La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y su renuncia a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre suponen mucho más que la salida de un miembro del Gobierno. Pedro Sánchez pierde a uno de sus principales defensores políticos, al hombre al que había confiado buena parte de la batalla contra la oposición y que había convertido las redes sociales en una prolongación de la confrontación parlamentaria.
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Puente se marcha después de dos tragedias ferroviarias de enorme gravedad en menos de un año: Adamuz, con 46 fallecidos, y Urda, con 69. Su explicación es que un ministro de Transportes no puede permanecer en el cargo después de dos accidentes de semejante magnitud. Una decisión que presenta como un ejercicio de dignidad y responsabilidad política. Pero llega después de días de declaraciones en las que había descartado abandonar el Ministerio y había defendido su continuidad.
La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora?
Durante su etapa al frente de Transportes, Puente cultivó una imagen pública que parecía importar tanto como su propia gestión. En lugar de limitarse a explicar inversiones, infraestructuras, mantenimiento ferroviario o problemas de movilidad, protagonizó innumerables enfrentamientos en X. Los insultos, las descalificaciones y las respuestas agresivas a adversarios políticos y ciudadanos terminaron convirtiéndose en una de sus señas de identidad.
Un ministro no está para ganar discusiones en Twitter. Está para gestionar un departamento que afecta diariamente a millones de ciudadanos.
Un ministro no está para ganar discusiones en Twitter. Está para gestionar un departamento que afecta diariamente a millones de ciudadanos. Y Transportes no es precisamente una cartera menor: de ella dependen la seguridad ferroviaria, las carreteras, las infraestructuras y buena parte de la movilidad del país.
También queda pendiente el debate sobre la politización de las empresas públicas. Diversas informaciones periodísticas han señalado la presencia de antiguos cargos, candidatos y personas vinculadas al PSOE en puestos de responsabilidad de Renfe y Adif. Puente ha defendido la preparación de los nombrados, pero la cuestión merece explicaciones transparentes: ¿se han elegido los perfiles más adecuados para dirigir estructuras estratégicas o ha pesado demasiado la proximidad política?
La profesionalización de los organismos públicos no puede ser una cuestión secundaria. En el ferrocarril, la experiencia, el conocimiento técnico y la capacidad de gestión tienen consecuencias directas sobre la seguridad de los viajeros.
Y aquí aparece el problema de fondo para Pedro Sánchez. Puente no era un ministro cualquiera. Era uno de sus escuderos más fieles, uno de los dirigentes encargados de responder a Feijóo, confrontar con la oposición y defender al presidente incluso en los momentos más complicados. Su agresividad verbal le proporcionaba al Gobierno un combatiente permanente.
Ahora ese combatiente abandona el Ejecutivo y tampoco estará en las listas electorales del 29-N. Sánchez pierde una de sus voces más reconocibles precisamente cuando necesita defender su gestión ante los ciudadanos y dar explicaciones sobre la situación del transporte ferroviario.
La dimisión no puede convertirse en un punto final. Tampoco puede servir para cerrar en falso las responsabilidades políticas, administrativas y organizativas que puedan derivarse de las tragedias ferroviarias. La investigación debe esclarecer qué ocurrió, qué falló y quién tenía la obligación de evitarlo.
Puente se va, pero quedan demasiadas preguntas. Queda por examinar su gestión, los nombramientos en las empresas públicas, el estado de las infraestructuras y la cultura de confrontación que convirtió su actividad en las redes sociales en un espectáculo permanente.
Durante demasiado tiempo, el ruido político ocupó el espacio que debía corresponder a la gestión. Ahora, cuando el ruido se apaga, llega el momento de exigir respuestas.
Y Pedro Sánchez tendrá que afrontar el 29-N sin uno de sus principales escudos políticos. La dimisión de su ministro no borra el balance de su departamento ni las responsabilidades de todo un Gobierno.
lunes, 2 de noviembre de 2026
Urda empieza a pasar factura a Sánchez
El accidente ferroviario de Urda amenaza con convertirse en algo más que una tragedia humana: puede ser también un punto de inflexión político para Pedro Sánchez. La primera encuesta publicada tras el siniestro dibuja un panorama inquietante para el PSOE: pierde 450.000 votos, cae por debajo del 25 % de intención de voto y se hunde por debajo de los 100 escaños en el Congreso. Mientras los socialistas retroceden, Alberto Núñez Feijóo recupera la senda ascendente y se acerca a una mayoría holgada con Vox. El desgaste del Gobierno empieza a adquirir dimensiones electorales difíciles de disimular.
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Una encuesta no es una sentencia, pero sí una señal. Y la que recibe Moncloa resulta especialmente preocupante porque llega en un momento en el que la gestión de las infraestructuras ferroviarias, la seguridad de los pasajeros y las responsabilidades políticas vuelven al centro del debate público. Cuando una tragedia sacude la confianza de los ciudadanos, las explicaciones oficiales dejan de ser suficientes: la sociedad exige respuestas, transparencia y responsables.
El problema de Sánchez es que su Gobierno no puede refugiarse eternamente en la propaganda ni convertir cada crisis en una batalla contra la oposición. La seguridad ferroviaria no entiende de argumentarios, y el dolor de las víctimas no se neutraliza con declaraciones calculadas. Si existían advertencias sobre deficiencias, falta de personal o riesgos operativos, los ciudadanos tienen derecho a saber qué se hizo para corregirlas y quién debe responder por las decisiones adoptadas.
La responsabilidad política no equivale a atribuir culpabilidades penales antes de que concluya una investigación. Significa algo mucho más elemental: asumir las consecuencias de una gestión, ofrecer explicaciones convincentes y actuar en consecuencia. Precisamente eso es lo que el Ejecutivo tendrá dificultades para hacer si la percepción pública se instala en la idea de que las prioridades de Moncloa están más relacionadas con la supervivencia parlamentaria que con la resolución de los problemas cotidianos.
El PSOE, además, afronta una crisis de credibilidad que va mucho más allá de Urda. El desgaste acumulado, la polarización permanente y la sensación de agotamiento de un proyecto político pueden estar erosionando una base electoral que hasta ahora resistía las turbulencias. Perder 450.000 votos no sería un simple accidente estadístico: sería otra advertencia de que una parte del electorado socialista empieza a buscar alternativas o, sencillamente, a quedarse en casa.
En el otro lado, Feijóo encuentra una oportunidad para recuperar la iniciativa. La posibilidad de sumar una mayoría holgada con Vox refuerza la perspectiva de un cambio político, aunque también plantea al PP el desafío de construir una alternativa sólida, creíble y capaz de gobernar sin convertir cada discrepancia en una crisis. No basta con que Sánchez pierda; la oposición debe demostrar que está preparada para sustituirlo.
La caída por debajo de los 100 diputados tiene, además, un poderoso efecto simbólico. Sitúa al PSOE ante la posibilidad de dejar de ser el eje de cualquier mayoría y convertirse en una fuerza incapaz de condicionar por sí sola el rumbo político del país.
Sánchez todavía puede intentar resistir. Es su especialidad. Pero resistir no es gobernar, y sobrevivir parlamentariamente no equivale a conservar la confianza ciudadana.
Urda no decidirá por sí sola unas elecciones. Sin embargo, si la tragedia termina consolidando la percepción de un Gobierno incapaz de garantizar seguridad, asumir responsabilidades y ofrecer respuestas, sus consecuencias políticas pueden prolongarse mucho más que la conmoción inicial.
El verdadero problema de Sánchez no es haber perdido 450.000 votos en una encuesta. Es que cada vez resulta más difícil convencer a los españoles de que merece conservar los que todavía le quedan.
sábado, 31 de octubre de 2026
«Papá, no vengas en tren»
En 1973, Renfe lanzó una campaña publicitaria que acabaría formando parte de la memoria sentimental de varias generaciones de españoles. «Papá, ven en tren», suplicaban unos niños que esperaban la llegada de su padre. El mensaje era sencillo y poderoso: el ferrocarril era un medio de transporte seguro, fiable y cómodo para regresar a casa. Más de medio siglo después, aquel eslogan ha sufrido una metamorfosis que retrata como pocas la crisis de confianza que atraviesa el sistema ferroviario español. Hoy, el mensaje podría ser exactamente el contrario: «Papá, no vengas en tren».
Eran otros tiempos...
No es una ocurrencia publicitaria ni una broma inocente de las redes sociales. Es la expresión de una inquietud ciudadana que ha ido creciendo a medida que los accidentes, los descarrilamientos y las incidencias en las infraestructuras ferroviarias han erosionado la imagen de un transporte que debería ser sinónimo de seguridad. Especialmente preocupante resulta el deterioro de la confianza en la alta velocidad, presentada durante años como uno de los grandes éxitos tecnológicos de España.
Los españoles habíamos asumido que viajar en AVE significaba llegar puntuales, reducir distancias y disfrutar de un servicio moderno y seguro. El tren de alta velocidad era motivo de orgullo nacional, una demostración de capacidad técnica y una alternativa competitiva al avión y al automóvil. Sin embargo, cuando los accidentes se suceden y las incidencias se convierten en una fuente constante de incertidumbre, aquella confianza comienza a resquebrajarse.
El problema no consiste únicamente en los minutos perdidos, las averías o los retrasos. El problema es el temor que aparece cuando un ciudadano se pregunta si puede confiar su vida a un sistema que debería ofrecerle las máximas garantías. Porque el viajero puede comprender una incidencia excepcional, pero difícilmente aceptará que la inseguridad y la falta de información se conviertan en parte habitual de su experiencia.
Tampoco basta con invocar la modernidad de la red o exhibir cifras de inversión. Los kilómetros de alta velocidad no sirven de consuelo cuando los usuarios dudan de la conservación de las vías, de los sistemas de señalización o de la capacidad de respuesta ante una emergencia. La seguridad ferroviaria no se mide por la longitud de las líneas inauguradas, sino por la eficacia con que se mantienen, supervisan y gestionan.
La seguridad ferroviaria no se mide por la longitud de las líneas inauguradas, sino por la eficacia con que se mantienen, supervisan y gestionan.
Y aquí aparece la responsabilidad política. Los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones, transparencia y responsabilidades cuando se producen accidentes graves. No necesitan campañas de imagen ni declaraciones destinadas a minimizar el problema. Necesitan saber qué ha fallado, por qué ha ocurrido y qué medidas concretas impedirán que vuelva a suceder.
Recuperar la confianza exige inversiones bien ejecutadas, mantenimiento riguroso, personal suficiente y una investigación independiente de cada accidente. También requiere que las autoridades dejen de tratar las críticas como ataques políticos y entiendan que la seguridad de los viajeros está por encima de cualquier estrategia de comunicación.
En 1973, los niños invitaban a su padre a regresar en tren. Hoy, demasiadas familias pueden sentir la tentación de pedirle que elija otro medio de transporte. Ese cambio de eslogan debería avergonzar a quienes tienen la obligación de garantizar un ferrocarril seguro.
Porque ningún país puede presumir de alta velocidad si sus ciudadanos viajan con miedo. Y ningún Gobierno debería conformarse con que los trenes circulen: su obligación es conseguir que los españoles vuelvan a confiar en ellos.
El incierto futuro de Óscar Puente
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La absoluta insensibilidad del ministro tuitero. |
Puente se ha convertido en mucho más que el responsable de los ferrocarriles españoles. Es el ministro que ha hecho de las redes sociales un instrumento de combate político, que confunde con demasiada frecuencia la contundencia con la insolencia y que ha terminado por personalizar los problemas de un servicio público esencial. Su estilo bronco, sus enfrentamientos con periodistas y adversarios y su permanente disposición a responder a cualquier crítica con una nueva provocación han alimentado una imagen que ahora amenaza con volverse contra el propio Gobierno.
El problema, sin embargo, va mucho más allá de los tuits. Cuando la seguridad ferroviaria, el mantenimiento de las infraestructuras y las condiciones de trabajo de los profesionales están bajo escrutinio, el ministro no puede refugiarse en la propaganda ni convertir cada pregunta incómoda en una batalla partidista.
La ciudadanía no necesita un polemista en el Ministerio de Transportes, sino un gestor capaz de ofrecer explicaciones, asumir responsabilidades y garantizar que los trenes circulen con las máximas condiciones de seguridad.
Sánchez no se atreve a echarlo, pero mantenerlo puede salirle todavía más caro. Destituir a Puente significaría reconocer que la gestión política de Transportes ha fracasado y abriría la puerta a nuevas preguntas sobre las responsabilidades del Gobierno. Además, el presidente tendría que explicar por qué mantiene en el cargo a quien considera adecuado para dirigir una cartera tan delicada y por qué ha dejado de serlo precisamente ahora.
Pero conservarlo tampoco es una decisión inocua. Con la cita electoral del 29-N en el horizonte, cada polémica puede convertirse en munición para sus adversarios. La oposición no necesita construir un relato especialmente complejo: le basta con presentar a Puente como el símbolo de un Gobierno que responde con arrogancia cuando se le exigen responsabilidades. Cuanto más se aferre Sánchez a su ministro, más difícil le resultará separar su propia imagen de la de este.
Queda la posibilidad de dejarlo caer. Es, probablemente, la alternativa más cómoda para un presidente acostumbrado a ganar tiempo. Consistiría en reducir su exposición pública, trasladar las explicaciones más comprometidas a otros responsables y esperar a que una nueva crisis permita justificar su relevo. También podría encomendarle una misión política distinta, presentando el movimiento como una reorganización del Ejecutivo y no como una destitución encubierta.
El inconveniente es que estas maniobras tienen fecha de caducidad. Si la gestión ferroviaria sigue acumulando problemas, cambiar al ministro sin corregir las deficiencias estructurales solo servirá para aplazar el siguiente conflicto. Y si Puente continúa protagonizando enfrentamientos públicos, su presencia seguirá condicionando la agenda gubernamental.
La cuestión de fondo es si Sánchez está dispuesto a anteponer el interés general a la supervivencia de su equipo. Un ministro no puede convertirse en un escudo humano para proteger al presidente, ni su destitución puede utilizarse como una operación cosmética para salvar una campaña electoral.
El futuro de Óscar Puente depende, en última instancia, de una decisión que Sánchez lleva demasiado tiempo intentando esquivar: asumir el coste de actuar o exponerse al precio de no hacerlo. Porque, en política, a veces el problema no es echar a un ministro. Es esperar tanto que, cuando finalmente se hace, ya resulta demasiado tarde.
viernes, 30 de octubre de 2026
Adif al límite: cuando la seguridad ferroviaria depende de trabajadores desbordados
El accidente de Urda vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo puede sostenerse la seguridad ferroviaria sobre una plantilla que denuncia trabajar por encima de sus posibilidades? 
Controlador de Adif.
Los controladores de circulación de Adif han alzado la voz para advertir de una realidad que no puede despacharse con explicaciones burocráticas: falta personal, hay puestos sin cubrir y la sobrecarga laboral se ha convertido en una amenaza que exige respuestas inmediatas.
«Trabajamos a más del 100 % de nuestra capacidad». La frase debería hacer saltar todas las alarmas en un sector donde un error puede tener consecuencias irreparables. No hablamos de una oficina en la que una tarea pendiente se resuelve al día siguiente. Hablamos de profesionales que gestionan la circulación de trenes y de cuya concentración, capacidad de reacción y toma de decisiones dependen miles de vidas.
El Sindicato de Circulación Ferroviaria lleva meses reclamando más efectivos en los puestos de mando. Sus advertencias merecen ser escuchadas, no solo por responsabilidad hacia los trabajadores, sino también por respeto a los viajeros. Cuando quienes conocen desde dentro el funcionamiento del sistema alertan de que los recursos humanos son insuficientes, cualquier Gobierno responsable debería actuar antes de que ocurra una tragedia.
Lo preocupante es que estas denuncias coinciden con otro dato de enorme gravedad: el Gobierno admitió tres riesgos de seguridad en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla antes del choque. Esa circunstancia obliga a esclarecer qué se sabía, qué medidas se adoptaron y por qué las advertencias no se tradujeron, si correspondía, en actuaciones preventivas suficientes. La seguridad ferroviaria no puede gestionarse a golpe de accidente ni convertirse en una sucesión de explicaciones posteriores.
Conviene, además, evitar una trampa habitual: reducir cualquier investigación a la búsqueda de un culpable individual. Si se producen errores, hay que determinar qué ocurrió y quién tenía responsabilidades concretas. Pero también es imprescindible examinar las condiciones en las que trabajan los profesionales, la dotación de las plantillas, los turnos, los protocolos y los mecanismos de prevención. Investigar una posible negligencia sin analizar el contexto organizativo sería quedarse a mitad de camino.
La responsabilidad política tampoco puede diluirse entre informes técnicos y declaraciones tranquilizadoras. Los responsables públicos deben explicar qué medidas conocían, qué decisiones tomaron y qué recursos destinaron a garantizar el funcionamiento seguro de la red. Si hubo advertencias desatendidas, los ciudadanos tienen derecho a conocerlo. Y si existen déficits de personal que comprometen la capacidad operativa, corregirlos no admite demoras.
España necesita un ferrocarril moderno, fiable y seguro, no una red que presuma de inversiones mientras sus trabajadores denuncian que apenas pueden asumir la carga de trabajo.
La alta velocidad no se mide únicamente en kilómetros de vía ni en minutos ahorrados. Se mide, sobre todo, en la confianza de quienes suben a un tren convencidos de que el sistema funciona con todas las garantías.
Los controladores han lanzado la advertencia. Ahora corresponde a Adif y al Gobierno responder con hechos, reforzar las plantillas y revisar cualquier deficiencia que pueda poner en peligro la circulación. Porque cuando la seguridad depende de trabajadores desbordados, mirar hacia otro lado deja de ser una opción. Y esperar al próximo accidente para reaccionar sería una irresponsabilidad imperdonable.
