El hundimiento de Zapatero siembra el desconcierto en el electorado socialista

Zapate

Durante años, José Luis Rodríguez Zapatero fue uno de los grandes activos políticos del PSOE. Incluso después de abandonar La Moncloa, conservó una influencia notable dentro del partido, actuando como mediador internacional, consejero político y referente para amplios sectores del socialismo español. Esa imagen de dirigente respetado es la que hoy atraviesa su momento más delicado.

Las investigaciones judiciales relacionadas con el rescate de Plus Ultra y las declaraciones del empresario Julio Martínez han situado al expresidente en el centro de una tormenta política que no deja de crecer. En los últimos días, Martínez ha ratificado ante el juez que Zapatero desempeñó un papel relevante en las gestiones del rescate, mientras el Gobierno y la dirección del PSOE mantienen públicamente su respaldo y apelan a la presunción de inocencia. 

Conviene recordar un principio esencial de cualquier Estado de derecho: una imputación no equivale a una condena. Será la Justicia quien determine los hechos y las responsabilidades que puedan existir. Sin embargo, la política no funciona únicamente con sentencias judiciales. También depende de la confianza de los ciudadanos, y esa confianza puede deteriorarse mucho antes de que termine un procedimiento.

Ese es precisamente el problema que afronta hoy el PSOE.

Cada nueva información, cada comparecencia judicial y cada silencio alimentan una sensación de incertidumbre entre muchos votantes socialistas. No se trata únicamente de la posible responsabilidad penal de un expresidente. Lo que está en juego es la credibilidad de un proyecto político que ha presentado durante décadas la regeneración democrática como una de sus principales banderas.

El Gobierno ha optado por cerrar filas con Zapatero. La dirección socialista insiste en la presunción de inocencia y sostiene que el expresidente podrá demostrar que las acusaciones carecen de fundamento. Esa estrategia puede entenderse desde la lógica de la lealtad política, pero también entraña riesgos. Si la investigación judicial siguiera avanzando en una dirección desfavorable, el coste para el partido podría multiplicarse. 

La historia política española demuestra que los grandes partidos suelen sufrir más por la percepción de que intentan proteger a los suyos que por los propios procedimientos judiciales. Cuando la ciudadanía percibe que las explicaciones llegan tarde, son incompletas o se sustituyen por consignas, aparece el desconcierto. Y el desconcierto suele ser el primer paso hacia la pérdida de confianza.

Muchos votantes socialistas no saben hoy qué pensar. Algunos continúan convencidos de la inocencia de Zapatero. Otros prefieren esperar a que hablen los tribunales. Y no faltan quienes empiezan a preguntarse si el partido está pagando un precio demasiado alto por identificar su defensa con la de un dirigente concreto.

Ese clima de incertidumbre resulta especialmente delicado para un electorado que tradicionalmente ha exigido altos estándares éticos a sus representantes. La izquierda española ha construido buena parte de su discurso sobre la ejemplaridad en la vida pública. Cuando uno de sus referentes históricos queda envuelto en un proceso judicial de tanta repercusión, la contradicción entre el discurso y la realidad se convierte en un problema político de primer orden.

La política democrática necesita algo más que legalidad. Necesita confianza. Y la confianza exige transparencia, explicaciones convincentes y la disposición a asumir responsabilidades cuando corresponda.

Quizá la mayor dificultad para el PSOE no sea la evolución del procedimiento judicial, sino la erosión silenciosa que producen las dudas. Porque las dudas no movilizan; desaniman. No fortalecen la fidelidad electoral; la debilitan. Y cuando un partido pierde la confianza de quienes siempre le apoyaron, recuperar ese vínculo resulta mucho más difícil que conservarlo.

La Justicia tendrá la última palabra sobre los hechos. Los ciudadanos, como siempre ocurre en democracia, tendrán la última palabra sobre las consecuencias políticas.

Conversaciones con Franco – Capítulo 15 – Fe católica de Franco y servicio a la República anticatólica

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Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, usted fue ascendido a general de brigada en febrero de 1926, con solo treinta y tres años, convirtiéndose en el general más joven de Europa tras su actuación en la Guerra del Rif. Cuando se proclamó la Segunda República, en abril de 1931, ya llevaba cinco años con ese empleo y era uno de los oficiales de mayor prestigio del Ejército español. En 1935 fue nombrado Jefe del Estado Mayor Central, el cargo militar más importante del país.

Sin embargo, muchos historiadores sostienen que durante aquellos años usted aceptó servir con absoluta normalidad a un régimen que impulsaba una política laicista y que mantenía una relación cada vez más hostil con la Iglesia. Paul Preston, por ejemplo, afirma que su catolicismo público solo adquirió verdadera intensidad durante la Guerra Civil, cuando el conflicto fue presentado como una cruzada religiosa. Stanley Payne, por el contrario, lo describe entonces como un militar pragmático, disciplinado y poco dado a exhibir sus convicciones religiosas.

Visto desde hoy, resulta inevitable preguntarse si existe una contradicción entre el Franco que sirvió lealmente a la República entre 1931 y 1936 y el Franco que, después del alzamiento, se presentó como defensor de la España católica.

¿Era usted ya un católico convencido que subordinó sus creencias al deber militar, o su fe fue evolucionando al ritmo de los acontecimientos?

Franco: Comprendo que esa duda pueda surgir, porque muchos confunden la discreción con la ausencia de convicciones. No todos los hombres viven la fe del mismo modo. Hay quienes la exhiben y quienes la guardan para su conciencia. Yo nunca fui hombre de exteriorizar sentimientos, ni religiosos ni de ninguna otra clase. Mi carácter era reservado, y así permaneció toda mi vida.

Cuando se proclamó la República, mi deber como militar no consistía en decidir qué forma de gobierno prefería España, sino en servir a la nación bajo la autoridad legalmente constituida. Los soldados no juran fidelidad a una ideología, sino a España. Mientras el Estado mantuvo una apariencia de legalidad y el Ejército conservó su función esencial, entendí que mi obligación era obedecer.

Otra cuestión muy distinta es que compartiera las políticas anticlericales que comenzaron a desarrollarse. Nunca las compartí. Me produjeron una profunda preocupación, como también me inquietaban el desorden creciente, la violencia política y el deterioro de la autoridad del Estado. Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta levantarse en armas. Un militar responsable no recurre a la insurrección porque un gobierno apruebe leyes que considera equivocadas.

Se ha dicho que mi catolicismo nació durante la Guerra Civil. No es cierto. Lo que ocurrió fue que la persecución religiosa hizo visible una realidad que muchos prefirieron ignorar. Miles de sacerdotes, religiosos y seglares fueron asesinados únicamente por profesar su fe. Ante semejante tragedia, era imposible que la dimensión religiosa permaneciera en un segundo plano.

¿Influyó mi esposa en mi vida espiritual? Naturalmente. Carmen era una mujer profundamente creyente y su ejemplo reforzó muchas de mis convicciones. Pero atribuirle mi fe sería una simplificación. La religión formaba parte de mi educación, de mi familia y de la España en la que crecí.

Algunos historiadores me presentan como un calculador que utilizó la religión por conveniencia política. No me sorprende. Cada generación interpreta el pasado desde sus propias ideas. Sin embargo, quienes convivieron conmigo sabían que jamás fui un hombre dado a los gestos teatrales. Mi forma de vivir la religión fue siempre sobria y poco exhibicionista.

La verdadera cuestión no es si yo rezaba más o menos antes de 1936. La cuestión es otra: ¿qué debía hacer un militar cuando veía que el Estado dejaba de garantizar el orden, la seguridad y la libertad religiosa de millones de españoles? Esa fue la pregunta que terminó imponiéndose sobre todas las demás. Y esa pregunta, más que mi vida privada, es la que explica las decisiones que tomé a partir de julio de 1936.

Zapatero: Las joyas que aparecieron en su caja fuerte se metieron solas, sin ayuda de nadie

Jesusito de mi vida, eres niño como yo...

José Luis Rodríguez Zapatero asegura que las joyas halladas en su caja fuerte «no tenían ni uso ni destino, ni afán patrimonial. Estaban ahí y nada más».

Es una explicación sorprendente. Solo le falta añadir que las joyas entraron ellas solas en la caja fuerte, sin ayuda de nadie. O que ya venían incluidas cuando compró la caja, como quien adquiere un electrodoméstico con accesorios de regalo.

Hay frases que, en lugar de aclarar los hechos, los vuelven aún más inverosímiles. Decir que unas joyas de gran valor «estaban ahí y nada más» equivale a convertir un objeto que exige un origen, un propietario y una finalidad en un simple elemento decorativo, como si hubiera aparecido por generación espontánea.

La política española lleva demasiado tiempo acostumbrándonos a explicaciones de este tipo. El dinero aparece sin dueño, los favores sin beneficiarios, las reuniones sin contenido y las joyas sin historia. Todo sucede, pero nadie sabe cómo ni por qué.

Quizá el verdadero problema no sea la explicación en sí, sino la confianza con la que se ofrece. Porque parece partir de una premisa inquietante: que los ciudadanos aceptarán cualquier relato, por absurdo que resulte, siempre que se pronuncie con suficiente solemnidad.

La realidad, sin embargo, tiene una mala costumbre: hacer preguntas. Y las preguntas siguen ahí, aunque algunos pretendan que las respuestas también «estaban ahí y nada más».

Conversaciones con Franco – Capítulo 14 – La nostalgia del franquismo entre los jóvenes

Franco

Esta serie es una obra de ficción. Las respuestas atribuidas a Francisco Franco son recreaciones literarias basadas en su personalidad pública, sus discursos y el contexto histórico, y no corresponden a declaraciones reales.

Yo: Mi general, en España está ocurriendo algo que desconcierta a sociólogos, historiadores y analistas políticos. Cada vez son más los estudios que detectan entre una parte de la juventud una cierta nostalgia del franquismo o, al menos, una visión mucho menos crítica de aquella época. Resulta paradójico sentir nostalgia de un tiempo que nunca se ha vivido. La nostalgia suele pertenecer a la memoria; aquí, en cambio, parece pertenecer a la imaginación.

Yo viví una parte importante de su régimen y, sin embargo, no siento nostalgia de él. Tampoco creo que un fenómeno histórico de semejante magnitud pueda repetirse. Pero sí debo reconocer una cosa: la evolución de la izquierda española me ha obligado a revisar muchos de mis propios prejuicios. No me ha llevado a idealizar el franquismo, pero sí a preguntarme hasta qué punto el relato que durante décadas se ha construido sobre usted ha estado condicionado por la propaganda, el sectarismo o la necesidad política de convertirle en el símbolo absoluto de todos los males de España.

Sin embargo, aunque la inmensa mayoría de los jóvenes continúa respaldando el sistema democrático, las encuestas muestran un fenómeno inquietante: entre un 18 % y un 19 % de los jóvenes de entre 18 y 26 años califican los años de su régimen como "buenos" o "muy buenos", y alrededor de una cuarta parte de los hombres de la Generación Z considera que, en determinadas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible a una democracia.

Los especialistas suelen señalar tres causas principales.

La primera es la frustración económica. La dificultad para acceder a una vivienda, la precariedad laboral y la sensación de que el esfuerzo ya no garantiza un futuro hacen que muchos idealicen un pasado resumido en consignas como "había pleno empleo", "un obrero podía comprarse una casa" o "existía orden y seguridad". No buscan tanto volver al franquismo como escapar de un presente que les decepciona.

La segunda es el impacto de las redes sociales, donde el cuestionamiento del consenso democrático se presenta con frecuencia como un gesto de rebeldía frente a lo políticamente correcto. En ese universo digital, los matices desaparecen y las soluciones simples resultan mucho más seductoras que las explicaciones complejas.

La tercera es el preocupante desconocimiento de la historia reciente. Diversos estudios revelan que muchos estudiantes terminan la enseñanza secundaria con enormes lagunas sobre la España del siglo XX. Quien desconoce las restricciones de las libertades, la censura o los aspectos más duros de cualquier régimen político es mucho más vulnerable a los relatos idealizados que circulan por Internet.

En el fondo, este fenómeno parece decir más sobre el presente que sobre el pasado. Cuando casi siete de cada diez jóvenes manifiestan una profunda insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, algunos terminan buscando respuestas en épocas que apenas conocen. El pasado deja entonces de ser historia para convertirse en refugio imaginario.

Mi padre salió de la pobreza y alcanzó una estabilidad económica que siempre atribuyó al orden que, según él, trajo su régimen tras el caos de la Segunda República. Yo pude estudiar en uno de los mejores colegios de mi ciudad, fui a la universidad, leí mucho pese a la censura, escribí bastante —aunque publiqué poco—, formé una familia, tuve una vivienda propia y disfruté del privilegio de criar a tres hijos a los que quiero profundamente, aunque hoy apenas me hagan caso.

Mi general, ¿cómo interpreta usted que tantos jóvenes, que nunca vivieron su régimen, parezcan contemplarlo con más curiosidad e incluso con menos rechazo que quienes sí lo conocieron? ¿Es un juicio sobre su gobierno o, sobre todo, una severa condena del fracaso de la España actual?

Franco: La historia tiene una costumbre que desespera a los ideólogos: termina desobedeciendo sus consignas. Cuando un régimen necesita recordar todos los días que fue el vencedor moral de la historia, es porque empieza a sospechar que ha dejado de convencer.

No creo que esos jóvenes sientan nostalgia de mi gobierno. Nadie puede añorar lo que no ha vivido. Lo que sienten es decepción con el presente. Y cuando el presente decepciona, el pasado comienza a contemplarse con otros ojos.

Durante décadas bastó con pronunciar mi nombre para cerrar cualquier debate. Era suficiente llamarle a uno franquista para descalificarlo sin necesidad de responder a sus argumentos. Mientras España prosperaba, ese método funcionó. Pero cuando los jóvenes descubren que, pese a tantos años de democracia, les cuesta independizarse, formar una familia o encontrar un horizonte estable, empiezan a hacer preguntas que antes nadie se atrevía a formular.

No buscan necesariamente la verdad sobre mi régimen. Buscan una explicación de por qué su vida parece más difícil que la de sus padres o sus abuelos.

Cometen, sin embargo, un error si creen que todos los problemas tienen soluciones autoritarias. Ningún gobierno, por fuerte que sea, puede sustituir el esfuerzo, la responsabilidad o el sentido moral de una nación. El orden sin justicia degenera; la libertad sin orden también.

Me habla usted de adoctrinamiento. Todo poder intenta escribir su propio relato. Eso ocurrió antes de mi gobierno, durante él y después de él. Lo verdaderamente importante no es qué versión enseñe el Estado, sino que existan ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. Una sociedad que solo admite una interpretación del pasado acaba perdiendo también la libertad de interpretar el presente.

No me preocupa que la historia me absuelva ni que me condene. Eso pertenece a los historiadores. Me preocuparía mucho más que España perdiera la capacidad de debatir serenamente sobre su propia historia. Cuando una nación convierte el pasado en un dogma, deja de aprender de él.

Si algunos jóvenes me observan hoy con menos prejuicios que sus mayores, no es porque yo haya cambiado. Soy el mismo hombre que murió en 1975. Lo que ha cambiado es la España desde la que me contemplan. Y, a veces, un presente mal gobernado se convierte en el mejor propagandista de un pasado que creían definitivamente enterrado.

No obstante, les diría una cosa a esos jóvenes: no idealicen ninguna época, tampoco la mía. Todos los tiempos tienen sus luces y sus sombras. Gobernar consiste en elegir entre males imperfectos, no en construir paraísos. Si de verdad quieren servir a España, estudien la historia completa, sin mitos y sin odios. Solo así evitarán repetir los errores de quienes creyeron que la propaganda podía sustituir a la verdad. 

Zapatero, además de delincuente, es un mal padre

Un mal padre.

Hay noticias que trascienden el ámbito judicial y penetran en un terreno mucho más íntimo: el de la responsabilidad moral. La última revelación de Julio Martínez, según la cual las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero habrían seguido cobrando durante tres años a través de la empresa Whathefav sin prestar ya los servicios inicialmente contratados, no solo plantea interrogantes legales que deberán ser esclarecidos por los tribunales. Plantea, sobre todo, una pregunta humana: ¿qué padre coloca a sus hijas en una situación así? 

Un buen padre no utiliza a sus hijos como escudo, ni como intermediarios, ni como receptores de dinero cuya justificación pueda acabar siendo cuestionada. 

Un buen padre procura que sus hijos construyan su prestigio con esfuerzo propio, que puedan mirar a los demás a los ojos sin depender del apellido que llevan ni de la influencia de quien se lo dio.

El mayor patrimonio que puede dejar un padre no es una cuenta corriente ni una empresa. Es un nombre limpio. Una reputación que no obligue a los hijos a pasar por juzgados ni a explicar ante nadie por qué cobraban o dejaban de cobrar. Ese patrimonio moral vale infinitamente más que cualquier transferencia bancaria.

Naturalmente, toda persona investigada tiene derecho a la presunción de inocencia, y serán los jueces quienes determinen qué ocurrió realmente y si existió o no responsabilidad penal. Pero la responsabilidad ética sigue otro camino. Hay conductas que, aun siendo legales, son profundamente equivocadas. Y si además terminan bajo el foco de una investigación judicial, el daño familiar resulta todavía mayor. 

Siempre he pensado que la primera obligación de un padre consiste en proteger a sus hijos, incluso de uno mismo. Especialmente cuando se ocupa una posición de poder o de influencia. Porque el poder es pasajero; las consecuencias para la familia pueden durar toda la vida.

Cuando un hijo alcanza una meta gracias a su trabajo, el padre siente un orgullo legítimo. Cuando la sospecha es que el mérito ha sido sustituido por la cercanía al poder, ese orgullo se transforma en una pesada carga. Nadie merece heredar ese peso.

No conozco mayor acto de amor paterno que enseñar a un hijo a caminar solo, aunque tropiece. Lo contrario —abrirle puertas que nunca debieron abrirse o convertirlo en parte de un entramado que luego termina siendo investigado— no es un privilegio. Es una forma de hipotecar su futuro.

Los padres estamos para transmitir valores, no para comprometer el porvenir de nuestros hijos. Porque el dinero se gasta. La influencia desaparece. Pero la dignidad, cuando se pierde, cuesta generaciones recuperarla.

Zapatero, hundido: Julio Martínez Martínez ha decidido colaborar sin reservas con la Justicia

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José Luis Rodríguez Zapatero atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria pública. Durante años ha negado cualquier participación impropia en los negocios y relaciones que distintos medios han vinculado a su entorno con el régimen venezolano. Sin embargo, el escenario ha cambiado de manera radical.

Si las informaciones conocidas en los últimos días se confirman judicialmente, el auténtico terremoto no procede de la oposición política ni de las investigaciones periodísticas, sino de quien habría sido una de las personas de su máxima confianza: Julio Martínez Martínez, conocido como "Julito".

La decisión de colaborar con la Justicia supone un cambio de enorme trascendencia. Cuando alguien que ha estado dentro de un entramado decide hablar, el problema ya no consiste únicamente en la documentación que pueda existir, sino en la capacidad de explicar el contexto, las conversaciones, las decisiones y los nombres. Es entonces cuando los muros de contención empiezan a resquebrajarse.

Durante mucho tiempo, Zapatero ha cultivado una imagen de mediador internacional, especialmente en relación con Venezuela. Sus defensores presentan esa actividad como un ejercicio de diplomacia; sus críticos sostienen que fue mucho más que eso y que existieron intereses económicos y políticos difíciles de justificar. Será la Justicia quien deba determinar dónde termina la actividad política legítima y dónde comienza una eventual responsabilidad penal.

Lo verdaderamente significativo es que el supuesto cortafuegos construido para proteger determinadas actuaciones parece haber dejado de funcionar. Ninguna estrategia de comunicación puede resistir indefinidamente cuando quienes conocen los hechos desde dentro deciden contar su versión.

La política enseña una lección que rara vez falla: los grandes escándalos no suelen derrumbarse por las acusaciones externas, sino por las confesiones internas. Los adversarios pueden sospechar; quien estuvo sentado en la mesa puede explicar cómo se desarrollaron realmente los acontecimientos.

Si la colaboración anunciada aporta información sólida y verificable, Zapatero podría enfrentarse no solo a un enorme desgaste reputacional, sino a una revisión completa de uno de los capítulos más controvertidos de su trayectoria pública.

Hay momentos en que un imperio de silencios se derrumba con una sola declaración. Si ese momento ha llegado, no serán los discursos quienes determinen el desenlace, sino los hechos, las pruebas y las resoluciones judiciales.

Porque la verdad tiene una costumbre incómoda: puede demorarse durante años, pero cuando encuentra una voz dispuesta a contarla resulta extraordinariamente difícil volver a encerrarla.

El presidente de Plus Ultra implica a Zapatero en las gestiones para el rescate de la aerolínea

Rodríguez Zapatero

Toda investigación judicial tiene un momento decisivo: aquel en el que dejan de hablar los adversarios políticos y empiezan a hablar quienes participaron directamente en los hechos. Eso es lo que parece estar ocurriendo en el caso del rescate de Plus Ultra.

Los escritos presentados ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por dos altos directivos de la compañía constituyen un giro de enorme relevancia. Según esas declaraciones, José Luis Rodríguez Zapatero no habría sido un simple observador ajeno a la operación, sino una persona implicada en las gestiones que desembocaron en la concesión de los 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ambos directivos afirman que el expresidente se ofreció a ayudar, puso a un colaborador de su confianza al frente de las gestiones y que se abonaron comisiones equivalentes al 1 % del importe del rescate a sociedades vinculadas con ese intermediario. 

Naturalmente, una declaración judicial no equivale a una condena. Corresponde a los jueces comprobar la veracidad de esas afirmaciones y determinar si existieron o no delitos. La presunción de inocencia sigue siendo un principio irrenunciable en un Estado de Derecho.

Sin embargo, tampoco puede ignorarse el alcance político de estas revelaciones. Cuando son los propios protagonistas quienes contradicen la versión mantenida durante años, el problema deja de ser exclusivamente judicial y pasa a ser también de credibilidad. La defensa pública de Zapatero se apoyaba en negar cualquier intervención relevante. Si quienes dirigían la empresa sostienen ahora exactamente lo contrario, esa defensa queda seriamente erosionada. 

El caso resulta especialmente delicado porque el rescate de Plus Ultra fue, desde el principio, una de las decisiones más controvertidas adoptadas durante la pandemia. Muchos ciudadanos se preguntaron cómo una aerolínea con una presencia tan reducida en el mercado español podía ser considerada "estratégica" y recibir una ayuda millonaria mientras miles de pequeñas y medianas empresas desaparecían sin recibir un trato semejante. Aquellas dudas, lejos de disiparse, parecen haberse intensificado con las nuevas declaraciones.

Más allá del desenlace judicial, hay una cuestión de fondo que afecta a la salud institucional. Los expresidentes del Gobierno conservan una enorme capacidad de influencia. Esa influencia puede ponerse al servicio del interés general o convertirse en un instrumento para favorecer intereses particulares. Cuando se difumina la frontera entre ambas cosas, la confianza de los ciudadanos en las instituciones comienza a deteriorarse.

La justicia tiene ahora la palabra. Será ella quien determine si las acusaciones encuentran respaldo en pruebas suficientes. Pero, políticamente, el caso ha entrado en una nueva fase. Ya no son únicamente informes policiales o denuncias de la oposición. Son personas que participaron en la operación quienes sitúan a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de las gestiones.

El PSOE bueno nunca ha existido

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Existe una leyenda muy útil para la izquierda española: la de un PSOE originariamente noble, democrático y conciliador que habría degenerado con el paso de los años. Es una leyenda cómoda porque permite separar un supuesto pasado ejemplar de un presente discutible. El problema es que la historia no la sostiene.

El fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, dejó muy claro desde el primer momento cuál era su concepción de la política. No entendía al adversario como alguien a quien convencer, sino como alguien a quien derrotar por cualquier medio. Su intervención en el Congreso el 7 de julio de 1910 constituye uno de los documentos más reveladores de la historia parlamentaria española. Refiriéndose a Antonio Maura, declaró que, si era necesario impedir su regreso al poder, «debemos llegar hasta el atentado personal». Aquellas palabras quedaron recogidas en el Diario de Sesiones y el presidente de la Cámara intentó, sin éxito, que las retirara. No lo hizo. 

No era un desliz. Era una declaración de principios.

Cuando el fundador de un partido legitima públicamente la violencia contra un adversario político, deja de hablar como un parlamentario y comienza a hacerlo como un revolucionario. La democracia reconoce la legitimidad del adversario; la revolución solo reconoce la legitimidad de su derrota o de su eliminación.

Dos semanas después, Antonio Maura sufrió un atentado del que sobrevivió. Nadie puede afirmar que Pablo Iglesias ordenara aquel ataque. Sería una acusación que la historia no permite sostener. Pero tampoco puede ignorarse que quien había legitimado el "atentado personal" jamás rectificó sus palabras ni condenó el intento de asesinato. 

Por eso sorprende escuchar, todavía hoy, que existió un "PSOE bueno". ¿En qué momento exactamente? ¿Cuando su fundador justificaba el asesinato político como último recurso? ¿Cuando concebía la lucha política como un enfrentamiento existencial entre enemigos irreconciliables?

Los partidos evolucionan. Cambian sus dirigentes, sus programas y hasta sus votantes. Pero también conservan una memoria moral. Los orígenes importan porque revelan la cultura política sobre la que fueron construidos. Y en el caso del PSOE, esa cultura nació impregnada de marxismo revolucionario, de lucha de clases y de una retórica que, cuando lo consideró necesario, cruzó la frontera que separa la confrontación política de la violencia.

No, el problema del PSOE no comenzó ayer. No empezó con Felipe González, ni con Zapatero, ni con Pedro Sánchez. El problema estaba escrito desde el prólogo. Su fundador ya había señalado el camino. Los demás, con mayor o menor intensidad, no hicieron más que recorrerlo.

Cómo mueren las democracias

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Las democracias rara vez mueren hoy al estruendo de los tanques o bajo el golpe seco de un pronunciamiento militar. Ese era el método del siglo XX. En el siglo XXI, su agonía suele ser más lenta, más silenciosa y, precisamente por eso, más difícil de percibir. No desaparecen de un día para otro; se vacían desde dentro mientras conservan la apariencia de normalidad.

El proceso suele comenzar con el debilitamiento de los contrapesos institucionales. El poder ejecutivo deja de considerar a los demás poderes del Estado como garantes de la libertad y empieza a verlos como obstáculos. Los jueces independientes se convierten en enemigos, la prensa crítica en adversaria política y la oposición en un estorbo que debe ser neutralizado, no convencido.

Después llega el control del relato. Quien domina el lenguaje acaba condicionando la percepción de la realidad. Las palabras cambian de significado. La propaganda sustituye al debate. La mentira repetida hasta el cansancio aspira a convertirse en verdad oficial. Los ciudadanos dejan de discutir sobre los hechos para discutir sobre versiones interesadas de los hechos.

Otro síntoma preocupante es la colonización de las instituciones. Los nombramientos dejan de obedecer al mérito para responder a la lealtad política. Las administraciones públicas pierden autonomía y pasan a depender cada vez más del partido gobernante. Cuando el Estado deja de servir a todos para servir a unos pocos, la democracia comienza a deteriorarse.

También resulta decisivo el desprecio por las reglas del juego. Las leyes ya no se consideran un límite para el poder, sino un instrumento al servicio del poder. Se modifican cuando estorban, se interpretan de manera interesada o simplemente se incumplen cuando resulta conveniente. La legalidad deja de ser un principio y se convierte en una herramienta.

En ese contexto, la polarización extrema desempeña un papel esencial. Una sociedad dividida en bloques irreconciliables facilita que muchos ciudadanos justifiquen cualquier abuso con tal de que beneficie a los suyos. El adversario deja de ser un rival legítimo para convertirse en un enemigo al que todo vale derrotar.

Pero ninguna democracia muere únicamente por culpa de quienes gobiernan. También muere cuando los ciudadanos renuncian a ejercer su responsabilidad. Cuando la indiferencia sustituye a la vigilancia. Cuando la comodidad pesa más que la libertad. Cuando se acepta que los principios son negociables si el resultado favorece nuestras preferencias políticas.

La historia demuestra que recuperar una democracia deteriorada resulta mucho más difícil que conservar una sana. Las libertades perdidas rara vez regresan con facilidad. Por eso, la mejor defensa de una democracia no consiste en confiar ciegamente en los gobernantes, sino en fortalecer unas instituciones independientes, exigir transparencia, respetar el Estado de derecho y cultivar una ciudadanía crítica.

Las democracias no suelen morir de un infarto. Mueren de una enfermedad degenerativa. Cada pequeño abuso parece soportable; cada excepción parece justificada; cada cesión parece provisional. Hasta que un día los ciudadanos descubren que aquello que daban por seguro —su libertad— ya no depende de ellos, sino de la voluntad del poder.

Y entonces comprenden que las democracias no desaparecen cuando dejan de celebrarse elecciones. Desaparecen cuando las elecciones dejan de ser suficientes para garantizar la libertad.

La izquierda que desapareció de mi memoria

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Pedro Sánchez y su padrino político, José Luis Rodríguez Zapatero, han conseguido algo que nunca imaginé: borrar de mi memoria cualquier resto de simpatía hacia la izquierda. Por ello, paradójicamente, casi tendría que darles las gracias.

Nunca he votado al PSOE. Nunca. Ni siquiera en los años de mayor entusiasmo socialista. Mi imagen de aquellos primeros socialistas de la Transición era la de muchos advenedizos que comenzaron a aparecer en las manifestaciones cuando Franco ya había muerto y la Policía Armada, los conocidos "grises", tenía órdenes de contenerse. Ya no había porrazos ni aquellas pelotas de goma que dolían una barbaridad. El riesgo había desaparecido y, con él, surgieron muchos héroes tardíos.

En 1982, cuando Felipe González obtuvo una histórica mayoría absoluta, yo vivía en Granada. Recuerdo perfectamente el ambiente de aquellos años. Se hablaba sin rubor de la cultura del pelotazo, del dinero fácil y del ascenso meteórico de una nueva clase de triunfadores. Si por la calle te cruzabas con un hombre joven, impecablemente trajeado, con un maletín que parecía rebosar de documentos y dinero, casi instintivamente pensabas: "Ese debe de ser socialista". Era un estereotipo, sin duda, pero reflejaba el clima que muchos percibíamos entonces.

Granada tenía además una alcaldesa socialista cuya actitud hacia el cristianismo me produjo siempre un profundo rechazo. No era únicamente una cuestión política; era la sensación de que determinadas convicciones religiosas eran contempladas con desprecio, como si pertenecer a ellas fuera un signo de atraso.

En muchos pueblos ocurría algo parecido con las listas del paro. Quien controlaba su elaboración controlaba buena parte de las lealtades políticas. Para demasiadas personas, aquel poder administrativo terminaba siendo el principal argumento para votar al PSOE. No afirmo que fuera la única razón de todos los votantes, pero sí fue una realidad que vi de cerca y que me impresionó profundamente.

Con el paso de los años, lejos de mejorar esa percepción, la evolución del socialismo español la ha ido agravando. La deriva moral y política que, a mi juicio, representan Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez ha terminado por hacer desaparecer cualquier posibilidad de identificación con una izquierda que, en otros tiempos, al menos pretendía defender determinados ideales.

No escribo estas líneas para convencer a nadie. Son simplemente el testimonio de una memoria personal. Cada generación conserva sus propios recuerdos y cada ciudadano extrae de ellos sus propias conclusiones. Estas son las mías.

La memoria no suele borrar los nombres; borra las ilusiones. Y la mía hace ya muchos años que dejó de asociar la palabra «izquierda» con esperanza para asociarla con desencanto.