<h1>La justicia española al borde de la huelga: jueces y fiscales contra las reformas del gobierno</h1>

La judicatura española está en pie de guerra. La Unión de Fiscales y Jueces (UFJ), junto a cinco de las siete principales asociaciones de jueces y fiscales, ha declarado una batalla frontal contra las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Estas medidas, lideradas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, son vistas como un ataque directo a la independencia judicial y al principio de separación de poderes. Con un paro simbólico convocado para el 11 de junio y la amenaza de una huelga indefinida, el conflicto amenaza con paralizar los tribunales y escalar a instancias europeas.

El descontento ha unido a cinco asociaciones —Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— en una acción conjunta sin precedentes. Estas organizaciones han convocado un paro de diez minutos el 11 de junio como advertencia inicial. Sin embargo, el movimiento no se detiene ahí. Si el Gobierno no da marcha atrás, los colectivos amenazan con una huelga indefinida, un hecho que podría paralizar el sistema judicial español.

Paralelamente, un grupo espontáneo de jueces y fiscales jóvenes, al margen de las asociaciones, ha emergido con un manifiesto que ya suma cientos de adhesiones. Este movimiento, que se autoproclama defensor del Estado de Derecho, considera la huelga como la "última defensa legítima" frente a lo que perciben como un asalto a la independencia judicial.

Además, las asociaciones planean elevar el conflicto al ámbito internacional. Han anunciado que enviarán informes al Parlamento Europeo, al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y a la Comisión de Venecia, argumentando que las reformas violan los estándares europeos de independencia judicial.

Esta semana, la UFJ y las asociaciones se reunirán con otros colectivos del ámbito judicial, como abogados, procuradores y letrados de la Administración de Justicia, para recabar más apoyos. La posibilidad de una huelga general en la justicia española, algo inédito en la historia reciente, se perfila como una amenaza real. De materializarse, podría tener un impacto devastador en el funcionamiento de los tribunales, afectando a miles de procesos judiciales.