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El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, fundamenta su solicitud en una exposición razonada de entre 32 y 34 folios, en la que detalla "indicios razonables, sólidos y cualificados" contra Bolaños. Según Peinado, el actual ministro, que en 2018 ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia, habría participado en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, quien presuntamente realizó labores privadas para esta última utilizando recursos públicos. Estas actividades incluían gestiones relacionadas con la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, lo que podría constituir un delito de malversación.
Además, el juez cuestiona la veracidad de la declaración que Bolaños ofreció como testigo el 16 de abril de 2025. En ella, el ministro afirmó no conocer detalles sobre la contratación de Álvarez, una versión que Peinado considera contradictoria con las pruebas recabadas, abriendo la puerta a un posible delito de falso testimonio.
Dado el aforamiento de Bolaños como miembro del Gobierno, el juez Peinado no tiene competencia para imputarlo directamente, por lo que ha trasladado el caso al Tribunal Supremo, que ahora deberá decidir si inicia una investigación formal. En su exposición, el magistrado también ha planteado la posibilidad de ordenar un registro en La Moncloa para obtener documentación relevante, aunque descarta esta medida por el momento, considerándola desproporcionada, y deja la decisión en manos del alto tribunal.
El caso Begoña Gómez, que ya incluye acusaciones contra la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha generado un fuerte debate político. Desde el entorno de Bolaños se defiende su inocencia, calificando la solicitud del juez como un intento de desgastar al Gobierno de Sánchez. Fuentes cercanas al ministro han señalado que las acusaciones carecen de fundamento sólido y forman parte de una estrategia para presionar al Ejecutivo en un contexto de alta tensión política.
La resolución del Tribunal Supremo será clave para determinar el rumbo de esta investigación, que podría tener importantes implicaciones tanto judiciales como políticas. Mientras tanto, el caso sigue alimentando la polarización en España, con el Gobierno y la oposición enfrentados por las ramificaciones de esta causa judicial.
Por el momento, ni el Supremo ni el Ministerio de Justicia han emitido declaraciones oficiales sobre la solicitud de Peinado. La atención se centra ahora en el alto tribunal, cuya decisión marcará el próximo paso en este complejo entramado judicial.
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