<h1>Las principales asociaciones de la Guardia Civil denuncian una campaña del PSOE para desmantelar la UCO y frenar sus investigaciones</h1>

Las principales asociaciones de la Guardia Civil —Jucil, AUGC y APC— han estallado contra lo que denuncian como una operación orquestada desde el PSOE para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y torpedear sus investigaciones sobre casos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez. En el centro de esta tormenta está el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, señalado como objetivo principal de una campaña que busca neutralizar los informes que la unidad remite a los tribunales.

El escándalo estalló tras la filtración de un audio publicado por El Confidencial, en el que Leire Díez, conocida como "la fontanera" del PSOE, habría ofrecido un ascenso al comandante Rubén Villalba a cambio de fabricar pruebas contra Balas y la UCO, incluyendo acusaciones falsas de escuchas ilegales y vínculos con prostíbulos. El objetivo, según Jucil, es claro: desmantelar la credibilidad de la UCO para frenar investigaciones sensibles como el caso Koldo, que implica a José Luis Ábalos, o las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez.

Las asociaciones apuntan directamente al PSOE y a figuras como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a quienes acusan de liderar una purga sistemática contra mandos incómodos. Jucil ha recordado el cese de Manuel Sánchez Corbí en 2018, destituido por "pérdida de confianza" tras revelar la falta de fondos para la UCO, como un precedente de esta estrategia. Más recientemente, Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo, ha señalado a González como partícipe en los esfuerzos para "destruir" a la UCO.

AUGC, por su parte, ha condenado las "graves declaraciones" contra Balas y la UCO, exigiendo que cese cualquier intromisión política en una unidad de élite que ha demostrado su rigor en la lucha contra la corrupción. APC y Jucil han cerrado filas en un comunicado conjunto, advirtiendo que "atacar a la UCO es atacar a toda la Guardia Civil". La incomodidad en la unidad crece, según Vozpópuli, ante las presiones políticas que obstaculizan su trabajo.

El PSOE, con  Pedro Sánchez y Santos Cerdán en el punto de mira según el empresario imputado Javier Pérez Dolset, se ha desvinculado de las acusaciones, mientras el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, exige una investigación exhaustiva. Sin embargo, las asociaciones no dan tregua: "No permitiremos que se desmantele la UCO", sentencia Jucil, prometiendo defender la independencia de la Guardia Civil frente a lo que califican como un ataque directo del poder político.