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Un concepto en disputa: ¿amnistía o autoamnistía?
El término "autoamnistía" no es nuevo en el vocabulario político europeo, pero su aparición en el contexto español ha encendido todas las alarmas.
La Comisión Europea ha dejado claro que una amnistía impulsada por un poder ejecutivo en beneficio directo o indirecto de sus propios aliados políticos puede chocar frontalmente con el principio de separación de poderes, piedra angular del Estado de derecho.
La ley, promovida por el Gobierno como condición clave para lograr la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de 2023, afecta a políticos y activistas independentistas, muchos de ellos involucrados en el procés catalán. Para Bruselas, esta circunstancia plantea un evidente conflicto de intereses.
El filtro de la UE: más que un formalismo
Aunque el Tribunal Constitucional ha dado luz verde a la medida desde el punto de vista del derecho español, la legislación nacional no está por encima del derecho europeo. Las instituciones de la Unión disponen de varios instrumentos para reaccionar:
• Cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE): jueces españoles pueden consultar al TJUE sobre la compatibilidad de la amnistía con el derecho comunitario, especialmente si se considera que vulnera principios como la igualdad ante la ley o la tutela judicial efectiva.
• Procedimiento de infracción: la Comisión Europea puede iniciar este proceso si concluye que la ley de amnistía incumple los tratados europeos, como ya ha hecho con Polonia y Hungría por reformas judiciales consideradas iliberales.
• Evaluación dentro del Mecanismo del Estado de Derecho: cada año, la Comisión publica un informe sobre el respeto al Estado de derecho en todos los Estados miembros. España podría verse señalada negativamente si se percibe una deriva preocupante.
Un precedente peligroso para Europa
Más allá del caso español, lo que realmente preocupa en Bruselas es el precedente que esta ley podría sentar. Si se normaliza que un gobierno, en virtud de acuerdos políticos, borre de un plumazo delitos ligados a la integridad territorial y al orden constitucional, se abre la puerta a futuras manipulaciones legales por parte de ejecutivos con menos escrúpulos democráticos.
Esta inquietud se enmarca en un contexto más amplio: la defensa de los valores fundacionales de la UE frente a tendencias populistas, nacionalistas o autoritarias. En este sentido, la Comisión está obligada no solo a actuar con firmeza, sino también a enviar un mensaje claro: la pertenencia a la UE implica límites que ningún gobierno puede traspasar impunemente.
Conclusión
La validación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional no es el final del camino, sino apenas una etapa. El verdadero examen —más técnico y menos político— se dará en el terreno europeo. Y allí, las preguntas serán más incómodas y las respuestas, más vinculantes. Si Bruselas concluye que España ha vulnerado los principios del Estado de derecho, las consecuencias podrían ir mucho más allá del debate interno. Y entonces, la "autoamnistía" podría convertirse en un boomerang político de largo alcance.
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