<h1>Pedro Sánchez y su cruzada contra el Estado de Derecho</h1>

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha convertido su mandato en una cruzada contra el Estado de Derecho, desmontando con descaro los pilares de la democracia española: la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la integridad de las instituciones. Sus maniobras, envueltas en un cinismo que se disfraza de progresismo, no son errores puntuales, sino un asalto calculado para perpetuarse en el poder a costa de la justicia y la unidad nacional. Este artículo expone, sin concesiones, cómo Sánchez está dinamitando el orden constitucional.

La amnistía: Un insulto a la justicia

La Ley de Amnistía de 2024 es un escándalo sin precedentes, un pacto vergonzoso con los separatistas catalanes que pisotea el principio de igualdad ante la ley. Diseñada para absolver a los responsables del procés —delitos de sedición y malversación incluidos—, esta ley no busca la reconciliación, sino comprar los votos de ERC y Junts para mantener a Sánchez en La Moncloa. Es un ataque directo a la independencia judicial, que convierte a los tribunales en títeres de acuerdos políticos. Juristas y asociaciones como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial han denunciado esta aberración, que legitima la impunidad y humilla a los españoles que creen en la justicia. La demora del Tribunal Constitucional en pronunciarse es solo una prueba más de la parálisis institucional que Sánchez explota con maestría.

El Poder Judicial bajo asedio

Sánchez no se detiene en la amnistía; su obsesión por controlar el Poder Judicial es alarmante. La propuesta de cercenar la acusación popular, un derecho ciudadano clave, es un intento descarado de proteger a su entorno, como Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, o su hermano, salpicado por presuntas irregularidades. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto con intentos de manipular su composición, revela un plan para someter a los jueces al capricho del Ejecutivo. Las filtraciones desde la Fiscalía a Moncloa, según investigaciones de la UCO, confirman lo evidente: Sánchez quiere una justicia a su medida, donde los leales estén blindados y los disidentes, silenciados.

Pactos con traidores: La traición a España

Los acuerdos con ERC y Junts son una puñalada a la unidad nacional. Condonar 17.101 millones de euros de deuda catalana y ceder competencias estratégicas no es diálogo, es rendición ante quienes buscan destruir España. Sánchez ha convertido a los enemigos de la Constitución en socios privilegiados, premiando su deslealtad con prebendas que castigan a las regiones leales. Este mercadeo político no solo fractura la igualdad entre españoles, sino que envía un mensaje tóxico: desafiar al Estado sale gratis, siempre que sirva para apuntalar el sillón de Sánchez.

Corrupción: El hedor de la podredumbre

El entorno de Sánchez apesta a corrupción. El caso Koldo, las investigaciones sobre Begoña Gómez y las sospechas sobre el hermano del presidente son solo la punta del iceberg. Las filtraciones de mensajes entre Sánchez y José Luis Ábalos, junto con las acusaciones de manipulación de la Fiscalía, pintan un cuadro de abuso de poder descarado. Este gobierno no solo tolera la corrupción, sino que la protege, utilizando las instituciones como escudos para sus allegados. Cada escándalo es una bofetada a la confianza de los españoles en sus instituciones.

Un dictador con máscara de demócrata

Sánchez se envuelve en la bandera del progresismo mientras actúa como un autócrata. El abuso de decretos-leyes, que burlan al Parlamento, y el control férreo sobre RTVE evidencian su desprecio por la separación de poderes y la libertad de prensa. Su discurso victimista, acusando a la oposición de un "golpe blando", es una cortina de humo para desviar la atención de sus tropelías. Sánchez no dialoga, impone; no gobierna, manipula. Su retórica polarizadora ha convertido a España en un campo de batalla donde el Estado de Derecho es la principal víctima.

Conclusión: Un peligro para la democracia

Pedro Sánchez no es un simple político oportunista; es un peligro para la democracia española. Su amnistía, su asedio al Poder Judicial, sus pactos con el separatismo y su tolerancia a la corrupción son piezas de un plan deliberado para desmantelar el Estado de Derecho. Cada decisión suya es un paso hacia la concentración de poder, un ataque a la justicia y una traición a los españoles. Si las instituciones, desde el Tribunal Constitucional hasta la ciudadanía, no frenan este despropósito, el legado de Sánchez será una España fracturada, con una democracia en ruinas.