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Contexto histórico
La relación entre Haití y la República Dominicana ha estado marcada por conflictos desde el siglo XIX. Durante la ocupación haitiana de Santo Domingo (1822-1844) bajo Jean-Pierre Boyer, las políticas de redistribución de tierras y la pesada indemnización impuesta por Francia (150 millones de francos oro, equivalentes a unos 21.000 millones de dólares actuales) generaron una crisis económica que afectó a ambas naciones, alimentando resentimientos en la población dominicana por la supresión de su cultura y la carga fiscal. Este período consolidó el sentimiento antihaitiano, conocido como antihaitianismo, que se intensificó durante la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961). Trujillo ordenó la Masacre del Perejil en 1937, donde se estima que entre 17,000 y 35,000 haitianos y dominicanos negros fueron asesinados cerca de la frontera, un evento que dejó una huella imborrable en las relaciones bilaterales.
Migración y discriminación
La pobreza extrema y la inestabilidad en Haití han impulsado una migración masiva hacia la República Dominicana, cuya economía es diez veces mayor. Se estima que en los últimos años, especialmente tras el terremoto de 2010 y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, miles de haitianos han cruzado la frontera en busca de mejores condiciones de vida. En 2023, la ONU reportó que 362,000 personas estaban desplazadas en Haití, y muchos intentaron llegar a la República Dominicana, particularmente a través de Dajabón. Esta migración ha generado tensiones sociales, alimentadas por el antihaitianismo y políticas discriminatorias. Por ejemplo, la sentencia TC 168-13 de 2013 despojó retroactivamente de la nacionalidad dominicana a personas de ascendencia haitiana nacidas entre 1929 y 2010, dejando a miles en situación de apatridia. Esta medida fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 por violar derechos humanos.
La migración también ha llevado a deportaciones masivas. En 2023, la República Dominicana expulsó a casi 250,000 haitianos, y en octubre de 2024, el gobierno anunció planes para deportar hasta 10,000 migrantes por semana, una política criticada por el ministro de Relaciones Exteriores de Haití como una afrenta a la dignidad humana. Estas deportaciones, a menudo acompañadas de abusos, han generado protestas y han sido calificadas como violaciones al derecho internacional por organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional. Los migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana enfrentan discriminación estructural, con dificultades para obtener documentos legales, acceder a educación, salud o asistencia social, y en algunos casos, son objeto de redadas en hospitales.
Seguridad y control fronterizo
La escalada de violencia de pandillas en Haití, que controlan el 80% de Puerto Príncipe, ha incrementado los temores en la República Dominicana de un "desborde" de la crisis. Desde el asesinato de Moïse, el gobierno dominicano, bajo el presidente Luis Abinader, ha reforzado la seguridad fronteriza, invirtiendo 120 millones de dólares en un muro de 190 km a lo largo de los 391 km de frontera. Este muro, comparado con el propuesto por Donald Trump en la frontera entre EE.UU. y México, busca frenar la migración ilegal y el contrabando, pero ha sido criticado por su impacto económico en comunidades fronterizas que dependen del comercio binacional. En 2023, el cierre total de la frontera durante varias semanas, en respuesta a la construcción de un canal haitiano en el río Masacre, afectó el comercio informal valuado en 430 millones de dólares anuales, con pérdidas estimadas de 21 millones para los agricultores dominicanos.
El conflicto por el canal del río Masacre, que Haití ve como vital para la irrigación de 7,400 acres en la llanura de Maribaroux, ha intensificado las tensiones diplomáticas. La República Dominicana argumenta que el canal viola el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929, que regula el uso equitativo de las aguas compartidas. El cierre de fronteras, acompañado de un despliegue militar en Dajabón y la suspensión de visas para haitianos, fue calificado como una medida "unilateral" y "drástica" por Haití y analistas internacionales, quienes advierten que agrava la crisis humanitaria en Haití al limitar el acceso a alimentos y medicinas.
Impacto económico y humanitario
El comercio transfronterizo, especialmente en mercados como Dajabón, es una línea de vida para muchas comunidades haitianas y dominicanas. En 2017, el comercio informal entre ambos países alcanzó los 430 millones de dólares, con más de 330 millones en exportaciones dominicanas a Haití. Sin embargo, los cierres fronterizos, como los de 2023, han causado escasez de alimentos en Haití (huevos, pollo, harina) y pérdidas económicas para los productores dominicanos. Además, la crisis haitiana ha generado temores de inseguridad alimentaria, con casi un millón de haitianos al borde de la hambruna, lo que aumenta la presión migratoria sobre la República Dominicana.
La respuesta dominicana, que incluye un fuerte despliegue militar y policial en la frontera, refleja preocupaciones de seguridad nacional. Autoridades como el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, han justificado estas medidas por el riesgo de que pandilleros haitianos, especialmente tras fugas masivas de prisiones en 2023, intenten cruzar la frontera. Sin embargo, las restricciones han limitado el acceso de haitianos a mercados dominicanos para adquirir alimentos y medicinas, agravando la crisis humanitaria.
Implicaciones políticas y sociales
La crisis haitiana ha influido en la política dominicana, alimentando un discurso ultranacionalista, especialmente durante las elecciones de mayo de 2024. El presidente Abinader, reelegido en 2024, ha capitalizado el sentimiento antihaitiano, promoviendo el muro fronterizo y las deportaciones masivas como medidas para "proteger" al país del "caos haitiano". Este discurso ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que acusan al gobierno de fomentar la xenofobia y violar los derechos de los migrantes. Además, posts en X han señalado controversias recientes, como la aprobación de una sentencia constitucional en 2025 para otorgar ciudadanía a miles de haitianos, lo que generó protestas y acusaciones de colapso migratorio en la República Dominicana.
Impacto en la relación bilateral y regional
Las tensiones entre ambos países tienen implicaciones más amplias para la región. La estabilidad del Caribe es crucial para los intereses de Estados Unidos en materia de comercio, seguridad e inmigración. Las crisis en Haití y las políticas dominicanas de deportación han generado flujos migratorios hacia EE.UU., aumentando la presión sobre las políticas migratorias estadounidenses. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha propuesto mediación para resolver disputas como la del río Masacre, pero las soluciones han sido limitadas por la falta de cooperación bilateral.
Conclusión
La crisis haitiana representa uno de los mayores desafíos externos para la República Dominicana. Si bien existen legítimas preocupaciones sobre la seguridad, la soberanía y la presión sobre los recursos nacionales, también se plantea un dilema ético y humanitario. La solución requiere un equilibrio entre la firmeza migratoria y el respeto a los derechos humanos, junto con una mayor implicación de la comunidad internacional en la estabilización de Haití.
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