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| Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez |
Esta reubicación procesal, según fuentes judiciales, provocará un retraso mínimo de ocho meses en el juicio, generando críticas y sospechas de una estrategia deliberada para dilatar o incluso descarrilar el proceso.
El caso se remonta a 2017, cuando la jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción Nº3 de Badajoz, abrió un juicio oral contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve cargos por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La acusación se centra en la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz, diseñada a medida para David Sánchez, lo que levantó sospechas de irregularidades.
Sin embargo, la reciente maniobra de Gallardo, que requirió la dimisión de una diputada autonómica y la renuncia de otros cuatro cargos socialistas para facilitar su acceso al escaño, ha cambiado el rumbo del proceso.
El aforamiento de Gallardo implica que la causa ya no será juzgada en la Audiencia Provincial de Badajoz, sino en el TSJEx, un tribunal que algunos sectores consideran más proclive a resoluciones favorables para los implicados. Este cambio de jurisdicción exige la designación de un nuevo instructor y la reordenación de las actuaciones procesales, lo que, según expertos, retrasará significativamente el desarrollo del juicio. Además, existe la posibilidad de que el TSJEx revise o incluso anule el auto de apertura de juicio emitido por la jueza Biedma, especialmente si se determina que Gallardo ya era aforado en el momento de su emisión, lo que añadiría más incertidumbre al proceso.
La maniobra ha generado un intenso debate sobre las intenciones del PSOE detrás de esta reestructuración política, pues se trata de una estrategia de Moncloa para ganar tiempo y evitar un juicio incómodo para el entorno del presidente del Gobierno.
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