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España, con una historia marcada por vaivenes entre monarquía y república, sigue siendo escenario de un debate latente sobre su forma de Estado. La monarquía parlamentaria, instaurada en la Constitución de 1978, goza de apoyo, pero también enfrenta cuestionamientos. ¿Por qué nunca se celebró un referéndum específico para elegir entre monarquía y república? ¿Por qué el rey goza de inviolabilidad y ausencia de responsabilidad? Este artículo aborda estas preguntas desde una perspectiva histórica y política.
Un pasado de rupturas y restauraciones
La monarquía ha sido la forma de gobierno dominante en España durante siglos, con los Borbones como protagonistas desde el siglo XVIII. Sin embargo, el país experimentó dos repúblicas: la breve y caótica Primera República (1873-1874) y la Segunda República (1931-1939), que terminó con la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Tras la muerte de Franco en 1975, la monarquía fue restaurada con Juan Carlos I, designado por el dictador como sucesor. La Constitución de 1978, aprobada por un abrumador 87,78% en referéndum, consolidó la monarquía parlamentaria como pilar del nuevo sistema democrático.
La ausencia de un referéndum
¿Por qué no se preguntó directamente a los españoles si preferían monarquía o república? La respuesta radica en el contexto de la Transición (1975-1978), un periodo delicado tras 40 años de dictadura. España estaba profundamente dividida entre sectores franquistas, conservadores, socialistas, comunistas y regionalistas. Un referéndum sobre la forma de Estado habría sido polarizante y podría haber desestabilizado el frágil proceso hacia la democracia.
El consenso político fue fundamental. Los principales partidos —UCD, PSOE, PCE y AP— aceptaron la monarquía como símbolo de continuidad y estabilidad. Juan Carlos I, además, ganó legitimidad por su papel en la Transición, especialmente al frenar el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981. La aprobación de la Constitución de 1978, que incluye la monarquía en su artículo 1.3, se interpretó como un respaldo implícito a esta forma de Estado, aunque no se votara específicamente sobre ella.
Otro factor fue la debilidad de las fuerzas republicanas. Durante la Transición, partidos como el PCE priorizaron la consolidación de la democracia sobre la defensa de una república, en aras de la reconciliación nacional. Así, el referéndum nunca se materializó, y la monarquía se afianzó como un compromiso pragmático.
La inviolabilidad del rey
El artículo 56.3 de la Constitución establece que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Esta disposición, común en monarquías parlamentarias, responde a varias razones:
Rol simbólico: En una monarquía parlamentaria, el rey no ejerce poder ejecutivo. Sus actos requieren el refrendo del Gobierno o el Parlamento (artículo 64), por lo que su irresponsabilidad jurídica refleja que no toma decisiones políticas autónomas.
Tradición monárquica: La inviolabilidad protege a la Corona como institución, evitando que el monarca sea objeto de demandas o procesos que cuestionen su legitimidad.
Estabilidad institucional: Durante la Transición, esta prerrogativa fue un guiño a sectores conservadores y franquistas, garantizando la aceptación de la monarquía en un contexto de cambio.
Sin embargo, esta inviolabilidad ha generado críticas, especialmente tras los escándalos de Juan Carlos I. Las investigaciones por presunta corrupción y su marcha a Abu Dhabi en 2020 avivaron el debate sobre la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en la Corona.
El debate actual
El reinado de Felipe VI, iniciado en 2014, ha buscado modernizar la institución con medidas como la publicación de las cuentas de la Casa Real o la renuncia a la herencia de su padre. Sin embargo, el debate monarquía-república persiste. Quienes abogan por un referéndum, argumentan que la monarquía fue una imposición de la Transición y no una elección libre. Por su parte, encuestas recientes del CIS muestran que la monarquía aún cuenta con un apoyo significativo, aunque menor que en décadas pasadas.
La inviolabilidad sigue siendo un punto de fricción. En un contexto de creciente demanda de rendición de cuentas, muchos cuestionan que el rey esté exento de responsabilidad jurídica, especialmente tras los escándalos de Juan Carlos I. No obstante, cualquier cambio en la forma de Estado o en las prerrogativas del rey requeriría una reforma constitucional, un proceso complejo que exige mayorías parlamentarias amplias y, en algunos casos, un referéndum.
Un futuro incierto
La monarquía parlamentaria española, nacida del consenso de la Transición, ha sido un pilar de estabilidad, pero no está exenta de críticas. La ausencia de un referéndum sobre la forma de Estado y la inviolabilidad del rey reflejan las prioridades de una época marcada por la reconciliación, pero hoy son objeto de escrutinio en una sociedad que demanda mayor participación y transparencia. El debate monarquía-república, aunque no dominante, sigue vivo. ¿Llegará el día en que los españoles podamos decidir directamente la forma de Estado? Imaginar una república presidida por personajes como Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo no hace más que aumentar la incertidumbre.
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