<h1>Ayuso rechaza las críticas por el ático institucional: «No tengo residencia oficial como sí tienen otros presidentes autonómicos»</h1>

Isabel Díaz Ayuso

La compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid para albergar temporalmente la actividad de la Presidencia durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos ha abierto una nueva batalla política entre el Gobierno regional y la oposición. Mientras PSOE y Más Madrid cuestionan el coste y la oportunidad de la operación, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que se está difundiendo una imagen completamente falsa de lo ocurrido y denuncia una «campaña de mala fe» para presentar el inmueble como un lujo personal sufragado con dinero público.

La controversia surgió tras conocerse que el Ejecutivo autonómico había adquirido un inmueble de grandes dimensiones en el distrito madrileño de Chamberí. Desde la oposición se insinuó que la vivienda serviría como residencia de la presidenta durante las obras en la sede del Gobierno regional. Ayuso respondió con contundencia.

«No es mi casa, no es mi residencia y no le han comprado una vivienda a Ayuso», afirmó, insistiendo en que el inmueble tendrá un uso exclusivamente institucional mientras duren las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, edificio que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Una sede histórica que necesita una rehabilitación integral

La Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol, es uno de los edificios más emblemáticos de Madrid y sede del Gobierno autonómico desde mediados de los años ochenta. Según la Comunidad de Madrid, diversos informes técnicos aconsejan acometer una reforma estructural de gran alcance para garantizar la conservación del edificio y permitir su adaptación a las necesidades actuales de funcionamiento.

Durante ese periodo será necesario trasladar parte de la actividad institucional a otra ubicación que permita mantener con normalidad el trabajo de la Presidencia y las reuniones oficiales.

Es en ese contexto donde el Gobierno regional justifica la adquisición del inmueble, que considera una solución operativa para garantizar la continuidad de la actividad institucional.

«Madrid no dispone de una residencia oficial»

Uno de los argumentos más repetidos por Ayuso ha sido recordar una diferencia que, a su juicio, apenas se menciona en el debate público: «No tengo residencia oficial como sí tienen otros presidentes autonómicos.»

Con esta afirmación quiso subrayar que la Comunidad de Madrid no dispone de una vivienda institucional destinada al presidente autonómico, como sí ocurre en algunas otras comunidades. Según la presidenta, presentar el ático como una residencia oficial constituye una interpretación interesada de los hechos.

El Ejecutivo madrileño sostiene que el inmueble no sustituye a la vivienda privada de Ayuso ni será utilizado como domicilio habitual, sino como espacio de representación y trabajo durante el tiempo que permanezca cerrada parcialmente la sede de la Puerta del Sol.

PSOE y Más Madrid han solicitado conocer con detalle el expediente de adquisición, los informes técnicos que avalan la compra y las razones por las que se optó por adquirir un inmueble en lugar de alquilar oficinas mientras duren las obras.

La oposición considera que una operación de este importe merece el máximo nivel de transparencia y control parlamentario, especialmente al tratarse de una adquisición realizada con fondos públicos.

Ayuso habla de una "campaña de desprestigio"

La presidenta madrileña sostiene, sin embargo, que el debate ha sido alimentado mediante informaciones que confunden deliberadamente una oficina institucional con una residencia privada.

A su juicio, se pretende instalar la idea de que la Comunidad de Madrid ha comprado una vivienda de lujo para uso personal de la presidenta, algo que rechaza categóricamente.

Las declaraciones de Ayuso se produjeron, además, en una jornada marcada por la gestión de varios incendios forestales, circunstancia que utilizó para lamentar que una cuestión administrativa hubiera eclipsado otros asuntos que considera de mayor importancia para los ciudadanos.

La polémica refleja una vez más cómo una decisión administrativa puede convertirse en un intenso enfrentamiento político. Para el Gobierno madrileño, la adquisición responde a una necesidad derivada de unas obras inevitables en la sede institucional. Para la oposición, en cambio, el Ejecutivo aún debe justificar con mayor claridad el coste de la operación y demostrar que era la alternativa más adecuada.

Probablemente el debate no se cerrará hasta que se conozca con detalle toda la documentación relativa a la compra. Mientras tanto, la discusión seguirá moviéndose entre dos interpretaciones opuestas: la de quienes consideran que se trata simplemente de una solución logística para mantener el funcionamiento de la Presidencia y la de quienes creen que la operación exige explicaciones mucho más exhaustivas.