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¿Qué es lo peor que hizo? |
1. Negar durante demasiado tiempo la gravedad de la crisis económica
Probablemente sea el mayor error de su Gobierno. En junio de 2008, cuando la economía española ya sufría los efectos del estallido inmobiliario y de la crisis financiera internacional, Zapatero afirmó que hablar de crisis era "opinable".
En septiembre insistía en hablar de "estancamiento", mientras el deterioro económico se aceleraba. Aunque posteriormente reconoció que se había equivocado al considerar que se trataba de una desaceleración y no de una crisis, el retraso tuvo un coste político y económico considerable.
El problema no fue que Zapatero no pudiera prever la dimensión mundial del desastre. Nadie podía hacerlo con precisión. El problema fue no reconocer con suficiente rapidez las debilidades específicas españolas, especialmente la dependencia de la construcción y del crédito inmobiliario. En 2007, incluso el Gobierno reclamaba a bancos y cajas que mantuvieran el crédito al sector inmobiliario.
2. El histórico recorte social de mayo de 2010
El giro de mayo de 2010 fue otro de los momentos decisivos. Presionado por los mercados y por la Unión Europea, Zapatero abandonó buena parte de su política expansiva y anunció un severo paquete de austeridad.
Se redujo aproximadamente un 5% el salario de los empleados públicos, se congelaron las pensiones para 2011, se eliminó el llamado cheque-bebé y se recortó la inversión pública. El paquete pretendía ahorrar unos 15.000 millones de euros.
El propio Gobierno reconocería oficialmente que España había perdido más de dos millones de empleos en dos años y que el paro se aproximaba al 20%.
La paradoja fue demoledora: el presidente que durante años había rechazado la palabra "crisis" terminó aplicando uno de los mayores ajustes sociales de la democracia.
3. La reforma exprés del artículo 135
En agosto de 2011, a pocos meses de abandonar el poder, Zapatero pactó con el PP una reforma constitucional que introdujo la estabilidad presupuestaria como principio constitucional y estableció la prioridad del pago de la deuda pública.
La reforma fue legal y constitucionalmente válida, pero su procedimiento provocó una enorme controversia. Se tramitó por vía de urgencia y lectura única, sin referéndum, rompiendo con la tradición de consenso asociada a la Constitución de 1978.
Es, posiblemente, la decisión institucional más trascendente de Zapatero: modificó la propia Constitución para limitar el déficit de las Administraciones Públicas.
4. La Memoria Histórica y la polarización
A mi modo de ver, uno de los errores políticos más graves de Zapatero fue convertir la memoria de la Guerra Civil y del franquismo en una cuestión central de la política española. La Ley de Memoria Histórica de 2007 pretendía reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Su propósito reparador podía ser legítimo. El problema estuvo en las consecuencias políticas de convertir aquel pasado en materia de confrontación partidista.
La Transición había construido, con todas sus imperfecciones, un principio que resultó esencial para la convivencia: no utilizar la Guerra Civil como arma contra el adversario. El espíritu del pacto constitucional de 1978 descansaba, precisamente, en la voluntad de que vencedores y vencidos, izquierdas y derechas, renunciaran a ajustar cuentas con el pasado para construir juntos un futuro democrático.
Zapatero alteró ese equilibrio. La memoria dejó de ser solamente una cuestión de reparación individual y pasó a ocupar un espacio creciente en el debate político. La consecuencia, según sus críticos, fue la recuperación de un lenguaje y unas categorías que parecían pertenecer a otra época: las dos Españas, los vencedores y los vencidos, la izquierda heredera de unas víctimas y la derecha presentada como depositaria de determinadas responsabilidades históricas.
El resultado fue una nueva utilización política del pasado. La Guerra Civil, que durante décadas había sido una tragedia que muchos españoles habían decidido recordar con prudencia o incluso silenciar para evitar repetirla, regresó al debate público con una intensidad desconocida desde la Transición.
No significa esto que las víctimas debieran ser olvidadas. Al contrario: una democracia puede y debe honrar a quienes sufrieron persecución, violencia o muerte. La cuestión es otra: si la reparación de las víctimas exige necesariamente reabrir las heridas del pasado.
La tesis crítica contra Zapatero sostiene que no fue necesario hacerlo. España podía recuperar cadáveres de fosas, identificar desaparecidos, reconocer injusticias y dignificar a las víctimas sin convertir la Guerra Civil en un instrumento de división contemporánea.
Por eso, más que afirmar que la Ley de Memoria Histórica "provocó" por sí sola la polarización española, resulta más preciso sostener que contribuyó a resucitar un conflicto de memorias que la cultura política de la Transición había procurado mantener fuera de la lucha partidista.
En ese sentido, el problema no fue recordar. El problema fue cómo se recordó y para qué se utilizó políticamente ese recuerdo.
Y ahí se encuentra una de las críticas más severas que pueden hacerse al zapaterismo: haber contribuido, deliberadamente o no, a que la Guerra Civil dejara de ser solamente una tragedia histórica para convertirse nuevamente en una frontera política entre españoles.
El guerracivilismo no desaparece cuando se dejan de mencionar sus nombres. Desaparece cuando una sociedad decide que ninguna generación tiene derecho a heredar el odio de la anterior. Ese fue, precisamente, uno de los grandes logros de la Transición. Y para sus críticos, uno de los legados más discutibles de Zapatero fue haber puesto aquel consenso en cuestión.
5. La negociación con ETA
Zapatero intentó conseguir el final dialogado de ETA. En junio de 2006 anunció su disposición a abordar un final dialogado del terrorismo bajo las condiciones aprobadas por el Parlamento.
El proceso terminó abruptamente con el atentado de la T-4 de Barajas del 30 de diciembre de 2006, que mató a dos personas. Zapatero suspendió entonces las iniciativas de diálogo.
Fue una apuesta arriesgada, pero sería injusto presentar el episodio como una concesión unilateral a ETA: el Gobierno había establecido como condición el abandono de la violencia y, después de Barajas, rompió el proceso.
El veredicto
Si hubiera que escoger un solo error, elegiría la gestión de la crisis económica. No porque Zapatero provocara la crisis internacional, sino porque tardó demasiado en reconocer su gravedad y en actuar sobre las debilidades estructurales españolas. El resultado fue una combinación devastadora de destrucción de empleo, déficit, endeudamiento y posterior austeridad.
La reforma del artículo 135 ocupa el segundo lugar por su trascendencia institucional. La Memoria Histórica y el proceso con ETA fueron decisiones mucho más controvertidas políticamente que económicamente, y su valoración depende en gran medida de la posición ideológica desde la que se contemplen.
Y hay un último elemento que pertenece ya al Zapatero posterior a La Moncloa. Su actividad como mediador en Venezuela y su relación con determinados actores empresariales han vuelto a colocar su nombre en el debate político. En 2026 permanece bajo investigación judicial en el caso Plus Ultra; el procedimiento examina, entre otras cuestiones, el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea. Zapatero niega haber mediado en el rescate y sostiene que su actuación fue legal.
Por tanto, el juicio histórico sobre Zapatero todavía no está cerrado. Pero su mayor fracaso presidencial probablemente no fue una ley concreta ni una negociación: fue no comprender a tiempo que la España que había gobernado durante los años de prosperidad estaba entrando en una crisis que exigía decisiones mucho antes de que los mercados obligaran a tomarlas.
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