Vietnam: el país ateo que construye 200 iglesias al año

Católicos vietnamitas

La Iglesia de Vietnam vive hoy un momento de expansión silenciosa pero profundamente significativa. Lejos de los focos mediáticos que suelen acompañar a otras latitudes, el catolicismo vietnamita crece con una vitalidad que desafía tópicos y previsiones.

Solo en 2025, la Iglesia local habrá levantado más de 200 templos, una cifra que no es solo arquitectónica, sino espiritual. Cada nueva iglesia es, en realidad, el reflejo de comunidades vivas, organizadas y comprometidas, capaces de sostener proyectos que en otras partes del mundo serían impensables.

Este dinamismo cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que los católicos representan aproximadamente el 7% de la población del país. En términos absolutos, se trata de una minoría; en términos cualitativos, de una presencia con un peso creciente en la vida social, educativa y cultural de Vietnam.

El caso vietnamita rompe así con la narrativa dominante sobre el declive religioso en el mundo contemporáneo. Mientras en Europa muchas iglesias cierran o se vacían, en Vietnam se construyen y se llenan. Y no solo eso: lo hacen en un contexto político que, aunque ha experimentado aperturas, sigue siendo vigilante respecto a las organizaciones religiosas.

Lejos de la confrontación, la Iglesia vietnamita ha optado por una estrategia de arraigo social: parroquias activas, vocaciones en aumento, fuerte implicación de los laicos y una notable presencia en ámbitos como la educación y la asistencia social. Todo ello configura un modelo de crecimiento orgánico, paciente y sostenido.

Quizá por eso su expansión resulta tan elocuente. No es fruto de campañas espectaculares ni de coyunturas pasajeras, sino de una fe que se transmite en lo cotidiano, en la familia, en la comunidad.

Vietnam se convierte así en un recordatorio incómodo para ciertas certezas occidentales: la religión no desaparece necesariamente con el progreso. A veces, simplemente cambia de geografía.

Trump contra todos

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Hay políticos que buscan consensos. Otros prefieren construir trincheras. Donald Trump pertenece, sin matices, a la segunda categoría. Su regreso al primer plano político no ha traído consigo una moderación del tono, sino todo lo contrario: una intensificación de su estrategia de confrontación total. Trump no pacta; combate. Y lo hace contra todos.

Contra sus rivales demócratas, a los que acusa de destruir el país desde dentro. Contra una parte significativa del Partido Republicano, al que considera tibio, traidor o directamente cómplice del "estado profundo". Contra los jueces que investigan sus causas judiciales, contra los fiscales que le imputan, contra los medios de comunicación que no le son favorables —es decir, casi todos—. Incluso contra aliados internacionales tradicionales, a los que reprocha aprovecharse de Estados Unidos.

En ese frente exterior, las tensiones no son menores. Su relación con líderes europeos como Giorgia Meloni ha oscilado entre la afinidad ideológica y la desconfianza estratégica: aliados en el discurso, pero no necesariamente en los intereses. Más llamativo aún ha sido su tono hacia la Iglesia católica. Sus críticas al Papa León XIV —en línea con sus anteriores choques con el Vaticano— reflejan hasta qué punto Trump no reconoce espacios neutrales: incluso una autoridad moral global es susceptible de convertirse en adversario si discrepa en cuestiones como la inmigración.

La política convertida en una batalla permanente tiene una ventaja evidente: moviliza. Trump entiende como pocos el lenguaje emocional de una parte del electorado que no busca matices, sino certezas; no quiere dudas, sino enemigos claros. En ese terreno, el expresidente se mueve con soltura. Su discurso no pretende convencer a todos, sino activar a los suyos.

Pero esta estrategia también tiene un coste. Gobernar no es lo mismo que agitar. La confrontación constante erosiona las instituciones, debilita los puentes y convierte cualquier intento de acuerdo en una señal de debilidad. La política deja de ser un espacio de negociación para transformarse en un campo de batalla donde el adversario no es alguien con quien discrepar, sino alguien a quien derrotar.

Estados Unidos ya vivió esa dinámica durante su primer mandato. Lo que ahora se plantea es si el país está dispuesto a profundizar aún más en esa lógica. Porque Trump no ha cambiado. Si acaso, ha afinado su instinto combativo. Su proyecto no pasa por integrar, sino por imponerse.

En un mundo cada vez más fragmentado, la tentación de los liderazgos fuertes y polarizadores crece. Trump no es una excepción; es, quizá, el ejemplo más acabado de una tendencia global. La pregunta ya no es si divide —eso es evidente—, sino si esa división es sostenible a largo plazo.

Trump contra todos. Y todos contra Trump. Una ecuación que, lejos de resolverse, amenaza con enquistarse. Y cuando la política se convierte en un combate perpetuo, rara vez hay verdaderos vencedores.

Se llevaron a Maduro, pero todo sigue igual. Incluso peor.

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La caída de un hombre no siempre implica el derrumbe de un sistema. A veces, ni siquiera lo resquebraja. Eso es lo que empieza a evidenciarse tras la detención de Nicolás Maduro: el problema de Venezuela nunca fue solo Maduro.

Porque mientras el foco mediático se concentraba en su captura —presentada como un golpe histórico—, el engranaje que sostuvo su poder sigue intacto. Las mismas estructuras, los mismos actores, los mismos intereses. Y, sobre todo, la misma lógica.

Los datos ayudan a desmontar el espejismo del cambio. Venezuela acumula una caída de más del 75% de su PIB desde 2013, una de las contracciones económicas más severas registradas en tiempos de paz. Aunque en los últimos años se ha producido una leve estabilización, el país sigue funcionando a una fracción de lo que fue su economía.

La inflación, que llegó a niveles hiperinflacionarios —superando el 130.000% en 2018—, continúa siendo crónicamente alta, erosionando salarios que en muchos casos no superan los 5 o 10 dólares mensuales en el sector público. La dolarización de facto ha aliviado ciertas transacciones, pero ha profundizado la desigualdad.

En el plano social, el éxodo habla por sí solo: más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, según organismos internacionales. Es la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina.

Y en lo político, poco o nada ha cambiado. Organizaciones de derechos humanos siguen denunciando la existencia de presos políticos, restricciones a la prensa y un sistema judicial sin independencia real. Las elecciones continúan bajo sospecha, sin garantías plenas de transparencia.

De hecho, tras la salida de Maduro, las figuras clave del aparato chavista —militares, altos cargos del partido, responsables de seguridad— permanecen en sus puestos. No ha habido depuración, ni reformas institucionales profundas, ni señales claras de transición.

Y ahí reside la clave. El chavismo nunca fue solo un líder, sino una estructura compleja de poder político, económico y militar. Cambiar la cabeza no cambia el cuerpo.

El error ha sido pensar que todo se resolvía con un nombre propio. Como si el problema fuera un hombre y no un modelo.

Pero la historia demuestra lo contrario: los sistemas autoritarios no caen con una detención, sino con una transformación profunda de las estructuras que los sostienen. Y eso, hoy por hoy, no ha ocurrido.

Por eso, la sensación que se extiende entre muchos venezolanos es amarga: se llevaron a Maduro, sí… pero nada ha cambiado. O peor aún: todo sigue igual. Incluso peor.

El socialismo, y no el embargo, ha empobrecido a Cuba

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Durante décadas, el relato oficial del régimen cubano —y de buena parte de la izquierda internacional— ha sido tan simple como eficaz: si Cuba es pobre, es por culpa del embargo estadounidense. Una explicación cómoda, casi automática, que evita preguntas incómodas y desplaza toda responsabilidad hacia el exterior. Pero los hechos, testarudos, apuntan en otra dirección.

El embargo de Estados Unidos existe desde los años sesenta, sí. Pero reducir la realidad económica cubana a ese factor es, como mínimo, una simplificación interesada. Otros países han sufrido sanciones, bloqueos o aislamiento internacional y, sin embargo, han logrado prosperar o, al menos, evitar el colapso estructural. La diferencia clave no está fuera, sino dentro.

La llegada de Fidel Castro al poder en 1959

Desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, Cuba adoptó un modelo socialista de planificación centralizada, eliminación de la propiedad privada y control absoluto del Estado sobre la economía. Se prometió igualdad, justicia social y prosperidad. Se obtuvo escasez, dependencia y represión.

El problema de fondo no es el embargo, sino la ineficiencia inherente al sistema. Cuando el Estado decide qué se produce, cuánto se produce y a qué precio se vende, desaparecen los incentivos. La productividad cae, la innovación se estanca y la corrupción encuentra terreno fértil. No es una teoría: es una constante histórica en todos los regímenes socialistas.

El apoyo de la Unión Soviética y Venezuela

Durante años, el régimen cubano sobrevivió gracias al subsidio externo. Primero fue la Unión Soviética, que sostuvo la economía isleña con miles de millones de dólares. Tras su colapso, llegó el turno de la Venezuela de Hugo Chávez, que envió petróleo a cambio de apoyo político y técnico. Cuando esas ayudas desaparecieron o se redujeron, la fragilidad estructural de Cuba quedó al descubierto.

Si el embargo fuera el factor determinante, cabría esperar que la apertura parcial de los últimos años —remesas, turismo, cierta flexibilización comercial— hubiese impulsado una mejora sustancial. No ha sido así. La economía sigue atrapada en un círculo vicioso de baja productividad, desabastecimiento y emigración masiva.

Además, conviene recordar que el embargo no impide a Cuba comerciar con la mayoría del mundo. La isla mantiene relaciones económicas con España, Canadá, China o Rusia, entre muchos otros. De hecho, Estados Unidos es uno de los principales proveedores de alimentos a Cuba bajo excepciones humanitarias. El bloqueo total es, sencillamente, un mito.

El bloqueo interno

El verdadero bloqueo es interno. Es el que impide a los cubanos emprender libremente, invertir, prosperar o decidir su futuro. Es el que obliga a depender del Estado para sobrevivir mientras ese mismo Estado demuestra una incapacidad crónica para generar riqueza.

Culpar al embargo es una coartada política. Permite al régimen justificar el fracaso sin asumir responsabilidades. Pero la evidencia es clara: el empobrecimiento de Cuba no es consecuencia inevitable de una presión externa, sino el resultado directo de un sistema económico fallido.

Porque cuando un país rico en recursos, con capital humano formado y una posición estratégica privilegiada permanece estancado durante más de seis décadas, la pregunta no es qué le han hecho desde fuera, sino qué se ha hecho a sí mismo desde dentro. 

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida

Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por la presunta comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La decisión, de enorme carga institucional, también alcanza a la exasesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

El magistrado considera que existen indicios suficientes para que los hechos sean enjuiciados, situando así el foco judicial en una trama que, según la investigación, habría utilizado posiciones de influencia para favorecer intereses particulares en el ámbito empresarial. La imputación de delitos tan graves como la malversación o la corrupción en los negocios eleva el listón de exigencia probatoria, pero también la relevancia política del caso.

En el auto, el juez perfila un escenario en el que las relaciones entre lo público y lo privado habrían desbordado los cauces legales. La figura del tráfico de influencias, eje de la acusación, apunta a un eventual aprovechamiento de la cercanía al poder para obtener ventajas indebidas, mientras que la apropiación indebida y la malversación sugieren un uso irregular de recursos que deberían haber estado sometidos a control estricto.

La inclusión de Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés en la propuesta de juicio refuerza la tesis de una actuación coordinada. No se trataría, según la instrucción, de hechos aislados, sino de una dinámica en la que confluyen intereses políticos, empresariales y personales. La Justicia tendrá ahora la última palabra sobre si estos indicios se traducen en responsabilidades penales.

Más allá del recorrido judicial, el caso proyecta una sombra inevitable sobre el Gobierno y, en particular, sobre el presidente Pedro Sánchez. La proximidad de la principal investigada al jefe del Ejecutivo convierte cualquier avance procesal en un asunto de primer orden político, con capacidad para erosionar la credibilidad institucional.

Conviene, sin embargo, recordar un principio básico del Estado de Derecho: la presunción de inocencia. La propuesta de juicio oral no implica culpabilidad, sino la existencia de indicios que deben ser contrastados en sede judicial, con todas las garantías. Será en ese escenario donde se determine si los hechos descritos constituyen delito o quedan en el terreno de las sospechas.

Entre tanto, la decisión del juez Peinado marca un punto de inflexión. De la instrucción se pasa al umbral del juicio, donde los relatos dejan paso a las pruebas y donde la política, inevitablemente, queda subordinada al veredicto de los tribunales. Porque en democracia, incluso en los casos más incómodos, es la Justicia la que tiene la última palabra.

Escribir es curativo, pero con ciertas condiciones

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Se ha repetido hasta la saciedad que escribir es terapéutico. Y lo es. Poner palabras al caos interior ordena, alivia, da sentido. La escritura funciona como un espejo que no engaña y como un refugio que no juzga. Pero conviene añadir un matiz que rara vez se menciona: no toda escritura cura. También puede intoxicar.

No es lo mismo escribir para comprender que escribir para ajustar cuentas. Cuando la pluma se convierte en arma, cuando el objetivo no es esclarecer si no herir, el efecto es el contrario al buscado. Se agrava el resentimiento, se enquista el rencor y se refuerza una versión deformada de la realidad en la que uno siempre tiene razón y el otro siempre es culpable. Esa escritura no sana; perpetúa la herida.

La primera condición, por tanto, es la honestidad. Escribir con la voluntad de entender qué nos pasa, no de demostrar que el mundo está equivocado. La segunda, la responsabilidad: asumir que lo que se escribe tiene consecuencias, aunque nadie más lo lea. Las palabras también modelan el pensamiento de quien las escribe.

Hay otra condición esencial: la distancia. Escribir en caliente puede ser necesario como desahogo inmediato, pero no conviene convertirlo en hábito. La emoción desbordada tiende a simplificar lo complejo y a exagerar lo accesorio. Dejar reposar lo vivido antes de narrarlo permite una mirada más justa y, en consecuencia, más sanadora.

La cuarta condición es la intimidad. No todo lo que se escribe debe publicarse. Existe una presión contemporánea por exhibirlo todo, por convertir la experiencia personal en espectáculo. Pero la escritura más útil suele ser la que se queda en el cajón, la que no busca aplauso ni validación externa. Escribir para uno mismo es un ejercicio de libertad; hacerlo para los demás puede convertirse en una forma de dependencia.

También importa el lenguaje. No es lo mismo describir un dolor que recrearse en él. La diferencia es sutil pero decisiva. La primera opción abre la puerta a la comprensión; la segunda, al victimismo. Nombrar lo que duele con precisión ayuda a delimitarlo, a hacerlo manejable. Exagerarlo lo vuelve infinito.

Y, por último, la intención. Escribir para avanzar, no para quedarse. La escritura que cura es la que empuja hacia adelante, la que permite cerrar capítulos, no la que obliga a releerlos una y otra vez con amargura renovada.

Escribir, sí, puede ser medicina. Pero como toda medicina, depende de la dosis y del uso. En manos de la honestidad, alivia. En manos del rencor, envenena. La diferencia no está en las palabras, sino en el propósito que las guía.

El pijo de izquierdas y el obrero de derechas: anatomía de una paradoja

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Durante décadas, la política occidental se explicaba con una claridad casi pedagógica: la izquierda representaba a los trabajadores; la derecha, a las élites económicas. Era un esquema sencillo, casi de manual. Sin embargo, basta hoy con pasear por cualquier capital europea o analizar resultados electorales recientes para comprobar que ese mapa ha saltado por los aires. El "pijo de izquierdas" y el "obrero de derechas" han dejado de ser caricaturas para convertirse en categorías sociológicas reconocibles.

La mutación no es casual. Tiene nombres y fechas. La llamada "tercera vía", impulsada por líderes como Tony Blair o Felipe González, marcó un giro decisivo: la izquierda dejó de centrarse exclusivamente en la redistribución económica para abrazar una agenda más amplia, donde los derechos civiles, el ecologismo o las identidades ocupaban un lugar central. El resultado fue una progresiva desconexión con parte de su base tradicional.

En paralelo, la globalización transformó el tejido productivo. Industrias enteras desaparecieron o se deslocalizaron, dejando tras de sí una sensación de abandono en amplias capas de la clase trabajadora. Ese malestar encontró nuevos intérpretes políticos. Líderes como Donald Trump o Marine Le Pen supieron leer esa frustración y traducirla en un discurso que apela a la protección, la identidad y la soberanía.

Así se produce la inversión: barrios obreros que votan opciones conservadoras o populistas, mientras distritos acomodados se convierten en bastiones del progresismo. El fenómeno no responde tanto a una incoherencia como a un cambio en las prioridades. Hoy, el voto no se decide únicamente en el bolsillo, sino también —y a menudo sobre todo— en el terreno cultural.

El pijo de izquierdas

El "pijo de izquierdas" no es ya una excepción pintoresca, sino el producto lógico de una izquierda que ha hecho de las causas simbólicas su bandera principal. Universidades, centros urbanos y profesiones cualificadas concentran un electorado que, sin sufrir apuros económicos, se identifica con valores progresistas. Es una izquierda de convicciones más que de necesidades.

El obrero de derechas

Frente a ella, el "obrero de derechas" encarna otra lógica: la de quien percibe que su modo de vida está amenazado. No vota necesariamente en contra de sus intereses materiales, como a menudo se afirma, sino en defensa de un marco que considera más estable y reconocible. Seguridad, empleo, identidad: tres palabras que pesan más que cualquier programa económico abstracto.

La desconfianza

A ello se suma un factor decisivo: la desconfianza. Para una parte creciente de la población, la izquierda institucional se ha convertido en una élite más, alejada de la realidad cotidiana. El lenguaje, las prioridades y hasta las preocupaciones parecen, a ojos de muchos, propias de una minoría urbana ilustrada. Y en política, la percepción cuenta tanto como los hechos.

El resultado

El resultado es un paisaje nuevo, donde las antiguas etiquetas se difuminan. Ya no basta con hablar de ricos y pobres para entender el voto. La fractura es ahora también cultural, territorial y emocional.

Quizá la verdadera pregunta no sea por qué hay tantos pijos de izquierdas y obreros de derechas, sino por qué seguimos intentando explicar el presente con categorías del pasado. Porque, como tantas veces en política, el problema no es la realidad: es el mapa con el que pretendemos interpretarla. 

"La broma infinita": ¿un libro complicado o una novela genial?

David Foster Wallace

En una época dominada por la inmediatez, donde la literatura compite con pantallas cada vez más adictivas, resulta casi provocador detenerse ante un libro como "La broma infinita". Publicada en 1996, esta novela de David Foster Wallace no solo desafía al lector: lo pone a prueba desde la primera página.

No es exagerado decir que estamos ante una de las obras más ambiciosas de la narrativa contemporánea. Con más de mil páginas y cerca de cuatrocientas notas al pie —algunas de varias páginas de extensión—, "La broma infinita" rompe con cualquier idea convencional de novela. Wallace construye un universo fragmentado, polifónico, en el que conviven una academia de tenis de élite, un centro de rehabilitación de adicciones y una distopía política donde los años han sido patrocinados por grandes corporaciones.

Porque sí, uno de los detalles más llamativos —y a la vez reveladores— del libro es su sátira del consumismo: en el mundo de Wallace, el calendario ha sido vendido a empresas, dando lugar a denominaciones como el "Año de la Hamburguesa Whopper" o el "Año de la Ropa Interior para Adultos Depend". Un recurso que, lejos de ser anecdótico, apunta directamente al corazón del mensaje de la novela: la colonización de la vida por el entretenimiento y el mercado.

El argumento, en apariencia disperso, gira en torno a una misteriosa película —la "broma infinita"— tan placentera que deja catatónicos a quienes la ven. A partir de ahí, Wallace despliega una reflexión profunda sobre la adicción, ya sea a las drogas, al éxito, al deporte o, de forma más inquietante, al propio ocio.

No es casual que el autor, que luchó durante años contra la depresión, retrate con tanta precisión la fragilidad de sus personajes. Hal Incandenza, joven prodigio del tenis incapaz de comunicarse emocionalmente, o Don Gately, exdrogadicto en rehabilitación, encarnan ese conflicto central entre lucidez y vacío que recorre toda la obra.

Pero si algo ha convertido a "La broma infinita" en un libro de culto no es solo su temática, sino su forma. Wallace exige un lector activo, dispuesto a reconstruir la historia a partir de fragmentos, a saltar entre capítulos y notas, a aceptar que no todo encaja de manera evidente. En este sentido, la novela se sitúa en la tradición de obras exigentes como "Ulises", aunque con una voz profundamente marcada por la cultura de finales del siglo XX.

La crítica, desde su publicación, ha oscilado entre la admiración y el desconcierto. Para algunos, se trata de una obra maestra que redefine los límites de la novela; para otros, de un ejercicio excesivo, brillante pero agotador. Sin embargo, incluso sus detractores reconocen la magnitud del intento.

Tres décadas después, la vigencia de "La broma infinita" resulta difícil de ignorar. En un mundo dominado por algoritmos, redes sociales y consumo constante de contenido, la idea de una sociedad atrapada en el placer inmediato ya no parece una exageración literaria, sino un diagnóstico inquietantemente preciso.

Quizá ahí resida la clave de su permanencia: en su capacidad para incomodar. Porque leer a Wallace no es solo enfrentarse a un libro complicado. Es, sobre todo, mirarse en el espejo de una cultura que, como la película que obsesiona a sus personajes, corre el riesgo de entretenerse hasta desaparecer. 

Comunismo no es democracia: son modelos incompatibles

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En el debate político contemporáneo, pocas confusiones resultan tan persistentes —y tan interesadas— como la equiparación entre comunismo y democracia. No se trata de una simple diferencia de matices: hablamos de modelos que, en su concepción y en su práctica histórica, responden a lógicas difícilmente conciliables.

La democracia liberal se sustenta en tres pilares básicos: libertades individuales, pluralismo político y separación de poderes. Es un sistema que reconoce al ciudadano como sujeto de derechos frente al Estado, protege la propiedad privada y garantiza elecciones libres con alternancia real. En esencia, limita el poder para evitar su abuso.

El comunismo, por el contrario, parte de una premisa distinta: la subordinación del individuo al proyecto colectivo. En su formulación clásica, aspira a una sociedad sin clases ni propiedad privada, lo que implica necesariamente la centralización de los medios de producción en manos del Estado. Ese proceso, lejos de diluir el poder, lo concentra. Y donde el poder se concentra sin contrapesos, la libertad retrocede.

La teoría ya apuntaba en esa dirección. La llamada "dictadura del proletariado" no es una metáfora amable, sino la fase de control político absoluto necesaria —según el pensamiento marxista— para imponer el nuevo orden. La pluralidad política, en ese esquema, no es un valor, sino un obstáculo.

La experiencia histórica confirma esa deriva. Regímenes inspirados en el comunismo han mantenido estructuras de partido único, limitando o eliminando la oposición política. En el caso de Cuba, por ejemplo, aunque existen mecanismos electorales, el poder real permanece concentrado en el Partido Comunista, y las libertades políticas están restringidas. Las elecciones, en estos contextos, no funcionan como instrumentos de alternancia, sino como mecanismos de legitimación.

Algo similar ha ocurrido en otros modelos de inspiración socialista en América Latina. En Venezuela, el progresivo debilitamiento de la independencia judicial y la acumulación de poder en el Ejecutivo han erosionado los equilibrios propios de una democracia representativa. El resultado es un sistema donde las formas electorales subsisten, pero el fondo democrático se desvanece.

Que existan urnas no implica que exista democracia. Los regímenes autoritarios también votan. La diferencia está en si el ciudadano puede elegir libremente entre alternativas reales, si puede criticar sin miedo y si el poder puede ser sustituido sin coerción. Cuando esas condiciones desaparecen, lo que queda es una democracia de apariencia.

Desde la propia tradición comunista, además, la democracia liberal ha sido frecuentemente considerada una "máscara burguesa", una herramienta al servicio del capitalismo. Esta visión no busca perfeccionar la democracia, sino superarla. Y en ese intento, suele vaciarla de contenido.

Por eso, afirmar que comunismo y democracia son equivalentes no es una imprecisión inocente, sino una confusión conceptual profunda. La democracia limita el poder; el comunismo histórico lo ha concentrado. La primera protege al individuo; el segundo lo subordina al colectivo.

La historia, con sus luces y sus sombras, ofrece un veredicto claro: cuando el poder no admite competencia, deja de ser democrático, aunque conserve su nombre.

Las mujeres de Pablo Picasso: ¿fue un maltratador?

Pablo Picasso

Pocas biografías resultan tan deslumbrantes —y tan incómodas— como la de Pablo Picasso. Padre del cubismo, autor de obras universales como el Guernica, icono absoluto del arte contemporáneo. Y, al mismo tiempo, protagonista de una vida íntima marcada por relaciones tormentosas con las mujeres que le acompañaron.

La leyenda del genio ha tendido durante décadas a eclipsar esa otra historia. Hoy, sin embargo, la pregunta se formula sin rodeos: ¿fue Picasso un maltratador?

La respuesta exige matices, pero también honestidad.

Desde sus primeros años en París, Picasso mostró una personalidad absorbente, celosa y profundamente posesiva. Fernande Olivier, su primera gran compañera, dejó escrito el retrato de un hombre que alternaba la fascinación con el control. No era una excepción, sino el patrón.

Con Olga Khokhlova, su matrimonio oficial, la convivencia derivó en una guerra doméstica de reproches, infidelidades y desprecio mutuo. Pero sería en sus relaciones posteriores donde ese desequilibrio alcanzaría su forma más cruda.

La historia con Marie-Thérèse Walter resulta especialmente perturbadora a ojos actuales: ella, adolescente; él, un artista consagrado que doblaba su edad. La relación, iniciada en secreto, evidencia una asimetría de poder difícil de ignorar.

Después llegó Dora Maar, intelectual brillante, a la que Picasso convirtió en símbolo pictórico del sufrimiento. Sus célebres mujeres que lloran no solo nacen de la guerra o del dolor colectivo, sino también de una intimidad desgarrada.

Quizá la voz más reveladora sea la de Françoise Gilot, una de las pocas que logró abandonarle. Su testimonio describe a un hombre manipulador, emocionalmente cruel, incapaz de concebir a la mujer fuera de su órbita de dominio.

Y, al final, Jacqueline Roque, guardiana de sus últimos años, figura silenciosa de una relación marcada por el aislamiento. Su suicidio tras la muerte del pintor añade un epílogo sombrío a esta cadena de vínculos destructivos.

No hay constancia judicial de que Picasso ejerciera violencia física sistemática. Pero reducir el maltrato a la agresión visible sería, hoy, una simplificación interesada. Los testimonios coinciden en señalar un patrón de humillación, dependencia emocional y control que encaja con lo que actualmente se reconoce como abuso psicológico.

El propio Picasso dejó frases que hoy resultan difíciles de defender. "Para mí solo hay dos tipos de mujeres: diosas y felpudos". No es una boutade de artista excéntrico; es la síntesis de una cosmovisión.

¿Debe juzgarse a Picasso con los criterios del siglo XXI? Es el argumento habitual para amortiguar el veredicto. Pero conviene recordar que el sufrimiento de sus parejas no pertenece a ninguna moda moral: fue real entonces y lo sigue siendo ahora.

El dilema, en el fondo, es otro. ¿Puede separarse la obra del artista? ¿Puede admirarse el Guernica sin mirar a la biografía de quien lo pintó?

Tal vez la respuesta no consista en absolver ni en condenar sin matices, sino en aceptar la incomodidad. Pablo Picasso fue, a la vez, un revolucionario del arte y un hombre que hizo daño a quienes más cerca tuvo.

Y reconocer ambas cosas —sin excusas y sin simplificaciones— es, probablemente, la única forma adulta de enfrentarse a su legado.

Cada español paga hoy 10 euros más al día en impuestos que antes de la llegada de Sánchez

Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda

Por encima de consignas y eslóganes, hay cifras que retratan con crudeza la realidad económica de un país. Una de ellas es especialmente reveladora: cada español soporta hoy, de media, unos 10 euros más al día en impuestos que antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa en 2018. Traducido a términos anuales, supone varios miles de euros adicionales por contribuyente, un incremento que no puede despacharse como una simple actualización fiscal.

El dato refleja un fenómeno acumulativo. No se trata de una única subida tributaria, sino de una sucesión de cambios normativos, incrementos indirectos y ajustes fiscales que, en conjunto, han elevado la presión fiscal hasta niveles históricamente altos en España. IRPF, cotizaciones sociales, impuestos especiales, tasas medioambientales o gravámenes a determinados sectores han ido configurando un escenario donde el Estado recauda más… y el ciudadano dispone de menos.

El Gobierno ha defendido esta política apelando a la "justicia fiscal" y a la necesidad de sostener el gasto público, especialmente tras la pandemia. Sin embargo, la realidad cotidiana de millones de hogares cuenta otra historia: la de una renta disponible que se reduce en un contexto de inflación persistente y encarecimiento del coste de la vida. Porque el impacto fiscal no se mide solo en porcentajes, sino en capacidad real de llegar a fin de mes.

Además, este aumento de la carga tributaria no ha venido acompañado de una mejora proporcional en la eficiencia del gasto público. España sigue arrastrando problemas estructurales —déficit, deuda elevada, paro estructural— que cuestionan la eficacia de una recaudación creciente. En otras palabras: se paga más, pero no necesariamente se obtiene más.

El argumento oficial insiste en que "pagan más los que más tienen". No obstante, el incremento de ingresos del Estado muestra que el esfuerzo se ha generalizado. La llamada "progresividad fiscal" convive con una realidad en la que las clases medias —columna vertebral del sistema— asumen una parte creciente del peso tributario, ya sea de forma directa o indirecta.

La "subida fiscal silenciosa"

A ello se suma un factor menos visible pero igual de determinante: la inflación. Cuando los precios suben, también lo hace la recaudación, incluso sin modificar los tipos impositivos. Es lo que algunos expertos denominan "subida fiscal silenciosa". El contribuyente paga más sin que medie una reforma explícita, erosionando aún más su poder adquisitivo.

El resultado es un cambio profundo en la relación entre el ciudadano y el Estado. Si antes el debate giraba en torno a cuánto debía pagarse, ahora se centra en cuánto más se está pagando sin una percepción clara de mejora en los servicios. Esa brecha entre esfuerzo fiscal y retorno percibido alimenta el descontento y reabre una discusión clásica: la del tamaño y la eficiencia del sector público.

En definitiva, los 10 euros diarios adicionales no son solo una cifra; son el síntoma de un modelo fiscal en expansión que plantea interrogantes de fondo. ¿Es sostenible este nivel de presión? ¿Está justificado por los resultados? ¿Y hasta qué punto puede seguir aumentando sin afectar al crecimiento y al bienestar?

Preguntas que, más allá de la retórica política, siguen esperando respuestas convincentes.

Dickens contra Marx: la revolución de la conciencia frente a la revolución de las ideas

Dickens y Marx

En el imaginario colectivo, la palabra "revolución" suele ir acompañada de barricadas, manifiestos y cambios abruptos de régimen. Bajo ese prisma, el nombre de Karl Marx emerge como referencia inevitable. Sin embargo, existe otra forma de revolución —más silenciosa, más profunda y, en ocasiones, más eficaz— que no se libra en las calles ni en los parlamentos, sino en la conciencia moral de una sociedad. Ahí es donde la figura de Charles Dickens adquiere una dimensión inesperadamente transformadora.

Mientras Marx diseccionaba el capitalismo con precisión quirúrgica en El Capital, Dickens lo retrataba con carne, hueso y lágrimas en novelas como Oliver Twist o Tiempos difíciles. Uno analizaba estructuras; el otro mostraba rostros. Y en esa diferencia reside una clave fundamental para entender por qué, en cierto sentido, Dickens fue más revolucionario que Marx.

La Inglaterra victoriana que Dickens describió no era una abstracción teórica, sino un paisaje humano desgarrador: niños explotados, familias hacinadas, trabajadores reducidos a piezas de una maquinaria industrial implacable. Su talento no consistía solo en denunciar, sino en lograr que quienes jamás habían pisado un barrio miserable sintieran esa miseria como propia. La burguesía lectora, cómoda en sus salones, se vio interpelada por historias que ya no podían ignorar.

Ese impacto tuvo consecuencias tangibles. Las novelas de Dickens contribuyeron a generar una presión social que desembocó en reformas concretas: mejoras en la educación, restricciones al trabajo infantil y una mayor sensibilidad hacia las condiciones laborales. No fue una revolución política, pero sí una transformación real del tejido social. Una revolución sin barricadas.

Marx, por su parte, ofreció una explicación total del sistema capitalista basada en la lucha de clases. Su pensamiento, poderoso y sistemático, no buscaba reformar, sino sustituir el orden existente. Sin embargo, su influencia en vida fue limitada. Sus textos eran densos, complejos y dirigidos a una minoría intelectual. Solo décadas después, y a través de procesos históricos como la Revolución Rusa, sus ideas adquirieron una dimensión política global.

La diferencia no es menor. Dickens actuó directamente sobre la sensibilidad de su tiempo; Marx lo hizo sobre el pensamiento del futuro. El primero apeló a la empatía; el segundo, al conflicto. Dickens confiaba en que una sociedad que viera el sufrimiento no podría permanecer indiferente. Marx sostenía que el conflicto era inevitable y que solo una ruptura radical podría acabar con la injusticia.

Cabe preguntarse, entonces, qué tipo de revolución resulta más efectiva. La historia ofrece respuestas ambiguas. Las revoluciones inspiradas en Marx transformaron sistemas políticos enteros, pero a menudo a un alto coste humano. Dickens, en cambio, no propuso utopías ni modelos alternativos; se limitó a mostrar la realidad con una fuerza moral que obligó a cambiarla.

Tal vez ahí resida su mayor radicalidad. No en la promesa de un mundo nuevo, sino en la capacidad de hacer insoportable el mundo existente. Porque cambiar leyes es importante, pero cambiar conciencias —como hizo Dickens— es, en última instancia, lo que hace posibles todos los demás cambios.

En tiempos donde el debate público oscila entre el dato frío y el relato emocional, la lección de Dickens conserva una vigencia indiscutible: no hay transformación duradera sin una previa revolución moral. Y en ese terreno, silencioso pero decisivo, el novelista inglés logró lo que muchos teóricos apenas pudieron esbozar.

Dato mata relato: cuando la realidad se impone al discurso

Índice de Miseria de Bloomberg

En una época marcada por la sobreabundancia de información, la inmediatez y la emocionalidad del debate público, ha emergido una expresión que condensa una aspiración casi ilustrada: "dato mata relato". No es solo un lema, sino una declaración de principios frente a la posverdad, ese terreno resbaladizo donde las percepciones, los prejuicios y las narrativas ideológicas tienden a imponerse sobre los hechos verificables.

La frase, popularizada en redes sociales y tertulias políticas, apela a una idea tan antigua como el propio pensamiento científico: la realidad es contrastable, medible y, en última instancia, superior a cualquier interpretación interesada. Sin embargo, su uso frecuente también revela una batalla más profunda: la pugna entre la objetividad y el relato.

"La economía va como una moto", aunque vaya mal.

Basta observar el ámbito económico para comprender su alcance. Los discursos oficiales suelen apoyarse en indicadores favorables para sostener que "la economía va bien". Pero cuando los datos reflejan una pérdida de poder adquisitivo, un aumento del desempleo o una inflación persistente, el optimismo retórico se desmorona. El dato, frío e incontestable, rompe el espejismo del relato.

La ingenuidad inversa

Pero conviene no caer en una ingenuidad inversa. El dato, por sí solo, no es infalible ni neutral en su presentación. Puede ser seleccionado de forma interesada, interpretado sin contexto o utilizado para construir un relato alternativo igualmente sesgado. No hay dato sin interpretación, ni estadística sin marco explicativo. La diferencia radica en la honestidad intelectual con la que se maneja.

Una exigencia ética

Por ello, más que un arma arrojadiza, "dato mata relato" debería entenderse como una exigencia ética. No se trata únicamente de oponer cifras a discursos, sino de construir narrativas fundamentadas en hechos completos, verificables y contextualizados. Porque el problema no es que existan relatos, sino que estos se emancipen de la realidad.

En última instancia, el verdadero desafío de nuestro tiempo no es elegir entre datos o relatos, sino lograr que ambos converjan. Que el relato no sea una distorsión interesada, sino una explicación fiel de los hechos. Y que el dato no sea una cifra aislada, sino el cimiento sobre el que se edifica una verdad compartida.

El feminismo tóxico y la fractura entre hombres y mujeres

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En las últimas décadas, el debate en torno al feminismo ha experimentado una transformación profunda, no exenta de tensiones. Lo que en sus orígenes fue un movimiento orientado a la conquista de derechos fundamentales se ha diversificado en múltiples corrientes, algunas de las cuales, lejos de promover la concordia, parecen alimentar una creciente brecha entre hombres y mujeres.

El feminismo clásico —o feminismo igualitario— nació con un objetivo claro: garantizar la igualdad ante la ley y abrir las puertas de la educación, el trabajo y la participación política a las mujeres. Fue una lucha legítima y necesaria que permitió superar discriminaciones evidentes y avanzar hacia sociedades más justas. Aquellas primeras olas no buscaban enfrentar a los sexos, sino derribar barreras injustas que limitaban el desarrollo individual.

Sin embargo, en tiempos recientes ha cobrado protagonismo lo que algunos analistas denominan "feminismo tóxico". Se trata de una corriente que, en lugar de centrarse en la igualdad de oportunidades, pone el acento en una narrativa de confrontación permanente. Bajo este enfoque, los hombres dejan de ser individuos para convertirse en un colectivo homogéneo al que se atribuyen culpas estructurales, mientras que la mujer es presentada, de forma casi inmutable, como víctima de un sistema opresivo.

Este planteamiento, lejos de contribuir al entendimiento mutuo, introduce un elemento de desconfianza en las relaciones personales. Cuando el discurso se construye sobre la base del agravio colectivo, el diálogo se vuelve más difícil y la cooperación entre sexos, más frágil. La convivencia, que requiere reconocimiento mutuo y responsabilidad compartida, se resiente ante mensajes que simplifican la realidad en términos de opresores y oprimidos.

Además, ciertas propuestas asociadas a estas corrientes —como políticas de cuotas rígidas o medidas de ingeniería social— son percibidas por algunos sectores como intentos de sustituir una desigualdad por otra. En lugar de aspirar a la neutralidad de las reglas, introducen criterios que pueden derivar en privilegios unilaterales y alimentar un sentimiento de agravio inverso.

El feminismo igualitario, por el contrario, insiste en la necesidad de mantener el principio de equidad como eje central. Esto implica reconocer que la igualdad no se alcanza enfrentando a unos contra otros, sino garantizando que las normas sean justas para todos. Supone también aceptar que hombres y mujeres comparten desafíos comunes y que la cooperación, y no la confrontación, es el camino más eficaz para resolverlos.

El riesgo de las derivas más radicales no es únicamente teórico. En la vida cotidiana, el deterioro del clima entre hombres y mujeres puede traducirse en relaciones más tensas, en una menor disposición al entendimiento y en una creciente desconfianza que afecta tanto al ámbito personal como al profesional.

Conviene, por tanto, recuperar el espíritu original de aquel feminismo que aspiraba a sumar, no a dividir. La igualdad real no puede construirse sobre el resentimiento, sino sobre el respeto recíproco. Solo desde esa base será posible avanzar hacia una sociedad en la que hombres y mujeres no se perciban como adversarios, sino como aliados en la tarea común de vivir mejor.

Vivir como si Dios no existiera no te hace más feliz

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Europa, tantas veces presentada como el laboratorio más avanzado de la secularización, comienza a ofrecer signos inesperados de repliegue espiritual. Lejos de confirmar el relato de una sociedad definitivamente desligada de la fe, los datos recientes apuntan a una realidad más compleja: una búsqueda renovada de sentido, especialmente entre los más jóvenes.

En Francia, durante 2025 se registraron más de 10.000 bautismos de adultos, lo que supone un incremento del 45% respecto al año anterior. El dato resulta aún más significativo si se observa su composición: el 42% de los catecúmenos tiene entre 18 y 25 años. No se trata, por tanto, de un fenómeno residual ni generacionalmente agotado, sino de una inquietud viva en quienes han crecido en contextos profundamente secularizados.

La tendencia no es exclusiva del país galo. En Bélgica se ha confirmado un aumento del 30% en solicitudes de bautismo adulto para 2026, mientras que en Países Bajos el crecimiento rozó el 40% en 2024. En España, casos concretos como el de Zaragoza —con un incremento del 164%— reflejan que este despertar no es un fenómeno aislado ni meramente anecdótico.

¿Qué explica este giro? Los propios datos ofrecen pistas reveladoras. El 82% de quienes se bautizan en la edad adulta tiene entre 18 y 40 años, y un 40% reconoce haber llegado a la fe tras atravesar una crisis personal o existencial. En muchos casos, no es la tradición la que empuja, sino la necesidad: la búsqueda de un sentido que ni el bienestar material ni la autonomía individual han logrado satisfacer plenamente.

Incluso acontecimientos simbólicos han desempeñado un papel inesperado. El incendio de Catedral de Notre-Dame en 2019, más allá de su impacto patrimonial, actuó como detonante espiritual para muchos. La imagen de una Europa que veía arder uno de sus símbolos más reconocibles removió conciencias y despertó preguntas que parecían dormidas.

Durante décadas, se ha sostenido que la emancipación de lo religioso conduciría a sociedades más libres y, en consecuencia, más felices. Sin embargo, la experiencia contemporánea sugiere que la eliminación de la dimensión trascendente no ha resuelto las grandes inquietudes humanas: el sufrimiento, la muerte, el sentido de la vida o la necesidad de pertenencia.

Vivir como si Dios no existiera puede ofrecer, en apariencia, una libertad sin límites. Pero también deja al individuo solo frente a preguntas que no admiten respuestas fáciles. Y cuando llegan las crisis —personales, sociales o culturales— esa ausencia se hace más evidente.

Europa no está volviendo masivamente a la fe, pero sí está dejando de darla por definitivamente superada. En ese matiz, aparentemente pequeño, se esconde un cambio profundo: el reconocimiento de que el progreso material no basta y de que, tal vez, la felicidad no se construye ignorando la dimensión espiritual, sino integrándola.

Jésica Rodríguez: "Mandé el CV a Ábalos, hice una entrevista breve y nunca fui a trabajar".

José Luis Ábalos y Jésica Rodríguez

La política española vuelve a enfrentarse a uno de esos episodios que, sin necesidad de grandes artificios, erosionan la confianza pública. La declaración de Jésica Rodríguez, quien ha reconocido que envió su currículum a José Luis Ábalos, realizó una breve entrevista y, sin embargo, nunca llegó a incorporarse a su puesto de trabajo, abre interrogantes incómodos sobre los mecanismos de contratación en la esfera pública.

«Mandé el CV a Ábalos, hice una entrevista breve y nunca fui a trabajar». 

La frase, tan simple como contundente, resume un caso que apunta directamente a una práctica que los ciudadanos perciben como demasiado habitual: la opacidad en los procesos de selección y la sospecha de que algunos empleos dependen más de contactos que de méritos.

El relato de Rodríguez no es el de un acceso irregular consolidado —no llegó siquiera a desempeñar función alguna—, pero sí el de un procedimiento difícil de encajar en los estándares exigibles a la administración. ¿Cómo es posible que una candidatura llegue a ese punto sin que exista, posteriormente, ni rastro de actividad laboral? 

El contexto en el que se produce esta revelación no es menor. La figura de Ábalos, ya de por sí rodeada en los últimos tiempos de polémicas, vuelve a situarse en el centro del debate público. Aunque no exista, por el momento, prueba concluyente de irregularidad penal, el episodio alimenta una percepción política que resulta especialmente dañina: la de una gestión donde las fronteras entre lo público y lo personal se difuminan peligrosamente.

Más allá de las responsabilidades individuales, el caso refleja un problema estructural. En España, los sistemas de acceso a determinados puestos vinculados a la administración —especialmente aquellos de carácter eventual o de confianza— continúan siendo terreno fértil para la discrecionalidad. Y donde hay discrecionalidad sin control suficiente, surge inevitablemente la sospecha.

La reacción política no se ha hecho esperar, aunque, como suele ocurrir, se ha dividido en líneas previsibles. Mientras la oposición exige explicaciones detalladas, desde el entorno del exministro se minimiza el asunto, encuadrándolo en una anécdota sin mayor recorrido. Sin embargo, lo que para unos es irrelevante, para muchos ciudadanos constituye un síntoma de un problema más profundo.

Porque el verdadero daño no reside únicamente en los hechos concretos, sino en la reiteración de un patrón. Cada episodio similar refuerza la idea de que el acceso al empleo público —o vinculado a él— no siempre responde a criterios de igualdad, mérito y capacidad. Y esa percepción, aunque a veces no esté plenamente justificada, termina siendo tan corrosiva como una irregularidad probada.

En tiempos de desafección política, declaraciones como la de Jésica Rodríguez actúan como catalizadores del malestar social. No hacen falta grandes escándalos para deteriorar la confianza; basta con pequeñas grietas que, acumuladas, acaban resquebrajando el edificio institucional.

La cuestión, por tanto, no es solo qué ocurrió en este caso concreto, sino qué mecanismos existen —o deberían existir— para evitar que situaciones así puedan repetirse. Transparencia, controles efectivos y rendición de cuentas no son eslóganes, sino condiciones indispensables para preservar la credibilidad de lo público. Pues esa credibilidad, una vez perdida, no se recupera con facilidad.

Inmigración: un permiso de residencia expedido por España habilita exclusivamente para vivir y trabajar en España

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La política migratoria vuelve a situarse en el centro del debate europeo, no tanto por su dimensión humanitaria —siempre presente— como por sus implicaciones prácticas en el delicado equilibrio entre Estados miembros. 

España, uno de los principales puntos de entrada al continente, afronta una realidad que trasciende sus propias fronteras: los inmigrantes regularizados en su territorio no adquieren, por ese solo hecho, carta blanca para establecerse en cualquier país de la Unión Europea.

Conviene recordar un principio básico, a menudo ignorado en el debate público: un permiso de residencia expedido por España habilita exclusivamente para vivir y trabajar en España. No se trata de un pasaporte europeo ni de una autorización generalizada para circular y asentarse libremente en otros Estados miembros. La libre circulación dentro del espacio Schengen no equivale, en modo alguno, a la libertad de establecimiento.

Así, cuando un inmigrante regularizado en España decide trasladarse, por ejemplo, a Francia, Alemania u otro país comunitario con la intención de fijar allí su residencia, se activa un mecanismo jurídico claro: podrá ser devuelto a territorio español. No se trata de una sanción arbitraria, sino de la aplicación de normas comunes destinadas a evitar desequilibrios entre socios europeos.

El trasfondo de esta cuestión es tan evidente como incómodo. Cada Estado miembro es soberano para conceder permisos de residencia conforme a sus propias políticas, pero esa soberanía no puede ejercerse ignorando sus efectos colaterales. 

Si un país regulariza de manera masiva sin mecanismos de control eficaces, el impacto no se limita a su territorio; puede proyectarse sobre el conjunto de la Unión.

De ahí que Bruselas insista, cada vez con mayor claridad, en la necesidad de corresponsabilidad. No basta con gestionar la inmigración de puertas adentro: es imprescindible hacerlo teniendo en cuenta las consecuencias para los vecinos. La Unión Europea, en este sentido, no es solo un espacio de derechos compartidos, sino también de obligaciones recíprocas.

España se encuentra en una posición particularmente delicada. Como frontera sur de Europa, soporta una presión migratoria constante que exige respuestas ágiles y, en muchos casos, generosas. Pero esa generosidad debe ir acompañada de rigor. Regularizar implica integrar, y también asumir la responsabilidad sobre quienes reciben ese estatus legal.

Europa no es un mosaico de políticas inconexas, sino un entramado donde las decisiones nacionales tienen repercusión continental. Permitir que un permiso de residencia se convierta, de facto, en una vía indirecta para establecerse en cualquier punto de la Unión supondría abrir una grieta en el sistema común.

En última instancia, el reto no reside únicamente en controlar los flujos migratorios, sino en armonizar criterios sin renunciar a la soberanía de los Estados. Un equilibrio complejo, sí, pero imprescindible para preservar tanto la cohesión interna como la credibilidad del proyecto europeo.

Porque, en materia migratoria, lo que está en juego no es solo la gestión de fronteras, sino la propia arquitectura de la Unión. Y esa, conviene no olvidarlo, se sostiene sobre un principio tan sencillo como exigente: la responsabilidad compartida.

De Maquiavelo a Pedro Sánchez: poder, pragmatismo y relato

Nicolás Maquiavelo y Pedro Sánchez

Pocas figuras han sido tan invocadas —y tan malinterpretadas— como Nicolás Maquiavelo. Convertido en sinónimo de cinismo político, su obra —particularmente El príncipe— ha servido durante siglos como manual de cabecera, o de acusación, para quienes ejercen el poder sin complejos. En la España contemporánea, no son pocos los que han querido ver en Pedro Sánchez una encarnación moderna de ese maquiavelismo pragmático. Pero, ¿hasta qué punto es justa la comparación?

El poder como fin y como medio

Maquiavelo escribió en un contexto de inestabilidad crónica, con ciudades-estado italianas en permanente conflicto. Su obsesión era clara: la conservación del poder como condición indispensable para garantizar el orden. El gobernante debía ser, ante todo, eficaz. Si para ello debía recurrir al engaño o a la dureza, no solo era lícito, sino necesario.

Sánchez, en un entorno democrático consolidado, opera bajo reglas muy distintas. Sin embargo, sus críticos señalan que comparte con el florentino una notable flexibilidad estratégica. Desde la moción de censura que lo llevó al poder hasta sus pactos parlamentarios con fuerzas ideológicamente dispares, el presidente ha demostrado una capacidad camaleónica que, para unos, es pura supervivencia política; para otros, una falta de principios.

Virtù y fortuna en clave contemporánea

Maquiavelo hablaba de la virtù como la habilidad del líder para moldear la realidad a su favor, y de la fortuna como el conjunto de circunstancias que escapan a su control. El buen gobernante debía dominar la primera y saber aprovechar la segunda.

En este sentido, Sánchez ha sabido capitalizar momentos de debilidad ajena —la fragmentación de la derecha, las crisis internas de sus adversarios— y convertirlos en oportunidades. Su resistencia política, tantas veces dada por amortizada, parece responder a esa combinación de cálculo y oportunidad que tanto admiraba el pensador italiano.

La moral, ¿un obstáculo o un instrumento?

Una de las mayores controversias en torno a Maquiavelo es su aparente desprecio por la moral tradicional en política. El fin —la estabilidad del Estado— justificaba los medios. Esta idea, simplificada hasta el extremo, ha alimentado la imagen de un pensamiento amoral.

En el caso de Sánchez, el debate se traslada al terreno del relato. El presidente no ha renunciado al lenguaje moral; al contrario, lo utiliza con frecuencia. La diferencia radica en que sus decisiones políticas —especialmente en materia de alianzas— han sido vistas por algunos como contradictorias con ese discurso. Aquí emerge una divergencia clave: mientras Maquiavelo separa con crudeza moral y política, Sánchez parece intentar reconciliarlas, aunque no siempre con éxito.

El papel del pueblo

Para Maquiavelo, el pueblo era un actor fundamental, pero no necesariamente virtuoso. Su apoyo era imprescindible, aunque volátil. De ahí la importancia de controlar la percepción y evitar el odio.

En una democracia mediática como la actual, Sánchez ha hecho del control del relato una de sus principales armas. La comunicación política, la gestión de la imagen y la construcción de marcos interpretativos son hoy el equivalente moderno de aquellas recomendaciones maquiavélicas sobre la apariencia del poder.

Similitudes y distancias

La comparación entre Maquiavelo y Sánchez es, en última instancia, más literaria que exacta. Ambos comparten una visión pragmática del poder, una notable capacidad de adaptación y una atención constante al equilibrio de fuerzas. Pero difieren en lo esencial: uno teorizaba sobre el poder en un mundo sin contrapesos democráticos; el otro lo ejerce bajo el escrutinio permanente de instituciones, medios y ciudadanos.

Quizá la lección más vigente de Maquiavelo no sea la caricatura del político sin escrúpulos, sino su advertencia sobre la naturaleza cambiante del poder. En ese terreno, Sánchez ha demostrado moverse con soltura. La pregunta, como siempre, no es solo cómo se llega al poder, sino qué se hace con él y a qué precio.

Crímenes y errores de la izquierda: el fin no justifica los medios

Antonio Caño fue director de El País

La historia política del último siglo ofrece un catálogo suficientemente elocuente como para desconfiar de cualquier proyecto que, en nombre de la redención colectiva, pretenda erigirse en verdad absoluta. 

La izquierda —al menos en sus versiones más dogmáticas— ha incurrido demasiadas veces en ese pecado original: la convicción de que el fin justifica los medios. Y cuando ese fin es una sociedad perfecta, los medios suelen ser, por desgracia, cualquier cosa.

El siglo XX dejó ejemplos difíciles de ignorar. La Unión Soviética de Joseph Stalin convirtió la promesa de igualdad en una maquinaria de terror, con purgas, campos de trabajo y millones de víctimas. En China, Mao Zedong impulsó el Gran Salto Adelante, una ingeniería social que desembocó en una de las mayores hambrunas de la historia. Y en Camboya, Pol Pot llevó la lógica revolucionaria hasta el delirio genocida.

No son anomalías aisladas, como a menudo se pretende. Son la consecuencia de un mismo patrón: la concentración de poder en manos de una élite que se arroga la representación del pueblo y elimina cualquier disidencia en nombre de ese mismo pueblo. La libertad, en ese esquema, deja de ser un derecho para convertirse en un obstáculo.

Pero no hace falta llegar a los extremos totalitarios para identificar errores de fondo. Allí donde la izquierda ha gobernado con vocación intervencionista, la tentación de sustituir al mercado por el decreto ha generado con frecuencia economías rígidas, burocracias hipertrofiadas y una alarmante desconexión entre esfuerzo y recompensa. La igualdad impuesta desde arriba, lejos de elevar a todos, ha tendido a igualar por abajo.

A ello se suma un elemento menos tangible, pero no menos decisivo: el utopismo. La idea de que el ser humano puede ser moldeado hasta ajustarse a un ideal preconcebido ha chocado, una y otra vez, con la realidad de la naturaleza humana. El resultado no ha sido la sociedad perfecta, sino el desencanto o, en el peor de los casos, la coerción.

Ahora bien, sería intelectualmente deshonesto ignorar que bajo el amplio paraguas de la izquierda han florecido también modelos muy distintos. La socialdemocracia europea, especialmente en países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, ha demostrado que es posible combinar economía de mercado con un sólido Estado del bienestar sin sacrificar las libertades individuales.

La cuestión, por tanto, no es tanto la etiqueta como sus límites. Cuando la izquierda renuncia al pluralismo, al equilibrio de poderes y a la economía abierta, su deriva tiende a ser totalitaria. Cuando acepta esas reglas, se convierte en un actor más dentro de la democracia liberal.

Quizá ahí resida la clave. No en declarar inviable a la izquierda en bloque, sino en reconocer que sus versiones más radicales han fracasado con estrépito precisamente allí donde se sintieron más seguras de sí mismas. 

Elecciones en Andalucía: Montero llevaría al PSOE a su peor resultado histórico

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La sombra del declive se cierne sobre el socialismo andaluz. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, firmaría el peor resultado de la historia del partido en la comunidad que durante décadas fue su bastión más sólido.

Los sondeos más recientes dibujan un panorama desolador para los socialistas: pérdida de voto estructural, incapacidad para movilizar a su electorado tradicional y una transferencia constante de apoyos hacia otras opciones o, directamente, hacia la abstención. Andalucía, donde el PSOE gobernó de forma ininterrumpida durante casi 40 años, se ha convertido en el símbolo más evidente de su desgaste territorial.

Mientras tanto, el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla consolidaría su hegemonía con una cómoda mayoría, afianzando una tendencia que ya quedó patente en los comicios de 2022. Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, los analistas apuntan a un cambio profundo en el mapa político andaluz, donde el centro-derecha ha logrado ocupar espacios tradicionalmente vinculados al socialismo.

La figura de Montero, estrechamente ligada al Gobierno de Pedro Sánchez, tampoco parece ayudar a revertir la tendencia. Su perfil nacional, más identificado con la gestión en Madrid que con la realidad andaluza, genera dudas incluso dentro del propio electorado progresista. A ello se suma la percepción de que el PSOE carece de un proyecto claro para la comunidad, más allá de la oposición frontal al Ejecutivo autonómico.

Por otro lado, Vox mantendría una presencia relevante, aunque lejos de sus expectativas iniciales, mientras que el espacio a la izquierda del PSOE continúa fragmentado, incapaz de articular una alternativa sólida que permita recomponer el bloque progresista.

El mensaje que emana de las encuestas es inequívoco: los ciudadanos demandan estabilidad, gestión y soluciones concretas frente al ruido político. En ese terreno, el PSOE andaluz sigue sin encontrar su lugar.

Si se confirman estas previsiones, el resultado no solo supondría un revés electoral, sino un golpe simbólico de gran calado. Andalucía dejaría de ser definitivamente el corazón electoral del socialismo español, marcando un antes y un después en la historia del partido.

Falleció Fernando Franco, cronista de la vida social, cultural y humana de la ciudad de Vigo

Fernando Franco en el Monte del Castro

La ciudad que narró durante décadas pierde hoy una de sus voces más reconocibles. El periodista Fernando Franco ha fallecido en Salamanca a los 75 años, tras una larga lucha contra una grave enfermedad, dejando tras de sí un legado inseparable de la memoria reciente de Vigo.

Nacido en 1951 en el corazón del Casco Vello, Franco hizo de la palabra escrita una forma de retratar el pulso diario de su ciudad. Su nombre quedó indisolublemente ligado al Faro de Vigo, cabecera en la que desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional y desde la que se convirtió en cronista privilegiado de la vida social, cultural y humana de la urbe gallega.

Fue a partir de los años ochenta cuando su firma comenzó a adquirir un peso singular. Sus columnas, a medio camino entre la observación costumbrista y la crónica urbana, lograron conectar con varias generaciones de lectores que encontraban en ellas un espejo fiel —y a menudo irónico— de la vida cotidiana viguesa.

Franco no solo informaba: interpretaba. Supo captar como pocos el carácter de una ciudad en constante transformación, dando voz a sus calles, a sus gentes y a sus pequeñas historias, esas que rara vez ocupan titulares pero que construyen la identidad de un lugar.

Con su desaparición, Vigo pierde algo más que a un periodista: pierde a uno de sus narradores más íntimos. Su legado, sin embargo, permanecerá en hemerotecas y en la memoria de quienes, durante años, encontraron en sus textos una forma de reconocerse.