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El núcleo del conflicto no está en la existencia de la ley aprobada por las Cortes Generales en 2022, sino en la interpretación que posteriormente realizó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, entonces dirigida por Sofía Puente. Sus críticos sostienen que una instrucción interna habría ido más allá de aclarar el procedimiento administrativo y habría modificado de hecho el alcance de una norma aprobada por el Parlamento.
La acusación: una instrucción que habría cambiado el espíritu de la norma
Según los sectores que han recurrido la medida, la ley aprobada originalmente estaba orientada principalmente a los descendientes de españoles que sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos o de creencias. La instrucción posterior habría permitido una interpretación más amplia, al considerar también otros supuestos de pérdida de nacionalidad o emigración, sin exigir siempre la acreditación de un exilio político.
Los críticos consideran que ese cambio no podía realizarse mediante una simple instrucción administrativa, porque una norma de rango inferior no puede modificar una ley aprobada por el poder legislativo. De ahí que algunos sectores hayan planteado la posible nulidad de dicha instrucción.
Los funcionarios dan la voz de alarma
La organización sindical CSIF ha pedido a la Junta Electoral Central que analice las consecuencias electorales derivadas de las nuevas nacionalidades concedidas al amparo de esta interpretación. Su argumento es que la ampliación del número de españoles residentes en el extranjero puede tener efectos sobre el censo electoral de residentes ausentes (CERA).
Este planteamiento abre un debate delicado: por un lado, el derecho legítimo de los descendientes de españoles a recuperar la nacionalidad de sus antepasados; por otro, la cuestión jurídica de si los procedimientos utilizados respetaron estrictamente los límites establecidos por el legislador.
¿Puede anularse la «ley de nietos»?
Conviene distinguir dos conceptos. La ley aprobada por las Cortes no queda anulada automáticamente por cuestionarse una instrucción administrativa. Para que una norma con rango de ley desaparezca sería necesaria una decisión del Tribunal Constitucional o una modificación legislativa aprobada por el Parlamento.
Lo que sí podría ocurrir, si los tribunales consideran que la instrucción excedió sus competencias, es que se declare su nulidad y se revisen las concesiones de nacionalidad realizadas bajo esa interpretación. Esa es precisamente la batalla jurídica que han planteado sus detractores.
Un conflicto con profundas implicaciones políticas
La controversia refleja una discusión más amplia sobre los límites entre la reparación histórica y la seguridad jurídica. Sus defensores sostienen que la ampliación facilita que descendientes de españoles recuperen una nacionalidad que consideran vinculada a su origen familiar. Sus críticos responden que una política de esta trascendencia debe decidirse mediante una ley clara debatida y aprobada por las Cortes, no mediante una interpretación administrativa posterior.
El futuro de la medida dependerá ahora de los tribunales y de la interpretación que hagan sobre una cuestión esencial en un Estado de derecho: si una administración puede ampliar mediante una instrucción el alcance de una ley aprobada por el Parlamento o si, por el contrario, esa ampliación constituye una modificación encubierta de la voluntad legislativa.
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