<h1>El presidente de Plus Ultra implica a Zapatero en las gestiones para el rescate de la aerolínea</h1>

Rodríguez Zapatero

Toda investigación judicial tiene un momento decisivo: aquel en el que dejan de hablar los adversarios políticos y empiezan a hablar quienes participaron directamente en los hechos. Eso es lo que parece estar ocurriendo en el caso del rescate de Plus Ultra.

Los escritos presentados ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por dos altos directivos de la compañía constituyen un giro de enorme relevancia. Según esas declaraciones, José Luis Rodríguez Zapatero no habría sido un simple observador ajeno a la operación, sino una persona implicada en las gestiones que desembocaron en la concesión de los 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ambos directivos afirman que el expresidente se ofreció a ayudar, puso a un colaborador de su confianza al frente de las gestiones y que se abonaron comisiones equivalentes al 1 % del importe del rescate a sociedades vinculadas con ese intermediario. 

Naturalmente, una declaración judicial no equivale a una condena. Corresponde a los jueces comprobar la veracidad de esas afirmaciones y determinar si existieron o no delitos. La presunción de inocencia sigue siendo un principio irrenunciable en un Estado de Derecho.

Sin embargo, tampoco puede ignorarse el alcance político de estas revelaciones. Cuando son los propios protagonistas quienes contradicen la versión mantenida durante años, el problema deja de ser exclusivamente judicial y pasa a ser también de credibilidad. La defensa pública de Zapatero se apoyaba en negar cualquier intervención relevante. Si quienes dirigían la empresa sostienen ahora exactamente lo contrario, esa defensa queda seriamente erosionada. 

El caso resulta especialmente delicado porque el rescate de Plus Ultra fue, desde el principio, una de las decisiones más controvertidas adoptadas durante la pandemia. Muchos ciudadanos se preguntaron cómo una aerolínea con una presencia tan reducida en el mercado español podía ser considerada "estratégica" y recibir una ayuda millonaria mientras miles de pequeñas y medianas empresas desaparecían sin recibir un trato semejante. Aquellas dudas, lejos de disiparse, parecen haberse intensificado con las nuevas declaraciones.

Más allá del desenlace judicial, hay una cuestión de fondo que afecta a la salud institucional. Los expresidentes del Gobierno conservan una enorme capacidad de influencia. Esa influencia puede ponerse al servicio del interés general o convertirse en un instrumento para favorecer intereses particulares. Cuando se difumina la frontera entre ambas cosas, la confianza de los ciudadanos en las instituciones comienza a deteriorarse.

La justicia tiene ahora la palabra. Será ella quien determine si las acusaciones encuentran respaldo en pruebas suficientes. Pero, políticamente, el caso ha entrado en una nueva fase. Ya no son únicamente informes policiales o denuncias de la oposición. Son personas que participaron en la operación quienes sitúan a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de las gestiones.