El repentino interés de Begoña Gómez por la OTAN

Pedri y Begoñi, enamoradísimos.

La petición de Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado para abandonar temporalmente España ha abierto un debate que trasciende el ámbito estrictamente judicial. No se discute únicamente si procede autorizar el viaje, sino también el argumento empleado para justificarlo.

La esposa del presidente sostiene que desea acompañar a Pedro Sánchez a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara antes de desplazarse a Londres para asistir a la graduación de su hija. Nadie puede cuestionar el componente familiar de este último compromiso. Sin embargo, resulta legítimo preguntarse por el verdadero peso que tiene la asistencia a la reunión atlántica en esa solicitud.

Durante los ocho años de presidencia de Sánchez, España ha participado en numerosas cumbres de la OTAN. Begoña Gómez solo asistió a dos celebradas en el extranjero: Londres, en 2019, y Vilna, en 2023. La celebrada en Madrid en 2022 constituye un caso distinto, ya que España era el país anfitrión y la presencia institucional de la familia del presidente formaba parte del protocolo.

Ese historial convierte en llamativo que ahora la asistencia a una cumbre aparezca presentada como una necesidad institucional inaplazable. Si durante la inmensa mayoría de estos encuentros internacionales su presencia no fue considerada imprescindible, resulta razonable preguntarse qué ha cambiado.

La respuesta más evidente parece encontrarse en el propio itinerario solicitado. El viaje no concluiría en Ankara, sino en Londres, donde la esposa del presidente pretende asistir a la graduación de su hija. Es un objetivo perfectamente comprensible desde el punto de vista personal. Precisamente por ello, quizá habría resultado más transparente reconocer que ese constituye el principal motivo del desplazamiento, en lugar de revestirlo de un carácter institucional que, a la vista de los precedentes, resulta discutible.

La cuestión tampoco puede separarse del contexto judicial. Begoña Gómez se encuentra sometida a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional salvo autorización expresa del juez. En estas circunstancias, cualquier petición excepcional será examinada con un escrutinio mucho mayor que el aplicado a un ciudadano sin procedimientos pendientes.

Eso no significa que el permiso deba ser denegado automáticamente. Los jueces están precisamente para ponderar derechos, riesgos y garantías. Pero la solidez de las razones alegadas también forma parte de esa valoración.

Las instituciones se fortalecen cuando actúan con naturalidad y transparencia. Si el objetivo principal del viaje es un acontecimiento familiar, probablemente esa explicación bastaría por sí sola. Cuando se intenta reforzar la petición apelando a una relevancia institucional que los antecedentes no parecen confirmar, se alimentan dudas que podrían haberse evitado.