<h1>Moncloa contrata un nuevo servicio de maquillaje para Sánchez tras las críticas sobre su imagen</h1>

Pedro Sánchez

Según publicó el diario digital VozPópuli, La Moncloa ha contratado un nuevo servicio de maquillaje para el presidente tras las críticas recibidas por su aspecto en algunas comparecencias públicas y apariciones televisivas.

No se trata de un gasto aislado. Desde la llegada de Sánchez al Palacio de la Moncloa en 2018, el gasto acumulado en contratos de peluquería y maquillaje supera los 247.000 euros, según el recuento de adjudicaciones publicadas en los últimos años. Una cifra que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del gasto en imagen institucional y la prioridad que se otorga a determinados servicios en un contexto económico complejo.

La cuestión no es menor. En política contemporánea, la imagen es mensaje. La televisión, las redes sociales y los formatos digitales han convertido la estética en una herramienta de comunicación estratégica. El encuadre, la iluminación, el vestuario y el maquillaje forman parte del relato. Ningún gran líder internacional descuida ese aspecto. Sin embargo, cuando el gasto procede de fondos públicos, la discusión deja de ser estética para convertirse en política.

Las críticas no se centran únicamente en la existencia del servicio —habitual en muchos gobiernos— sino en la cuantía acumulada y en el momento elegido para renovar o ampliar contratos. En un país donde la vivienda, la inflación y los salarios preocupan a amplias capas de la población, este tipo de adjudicaciones alimenta la percepción de desconexión entre la élite política y la realidad cotidiana.

Desde el Ejecutivo, la defensa habitual es que se trata de contratos administrativos ordinarios, sujetos a los procedimientos legales, y que la proyección institucional del presidente exige un mínimo estándar técnico en cada intervención pública. En otras palabras: la imagen forma parte de la función.

El debate, en el fondo, trasciende el maquillaje. Plantea una pregunta más amplia sobre el uso de recursos públicos, la transparencia en los contratos menores y la sensibilidad política ante el contexto social. 

Porque en tiempos de dificultad económica, cada euro invertido en estética puede convertirse en un símbolo. Y en política, los símbolos pesan tanto como las cifras.