En el caso de España, el debate no es nuevo. Ya ocurrió en 2005 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se regularizó a más de 500.000 personas. Aquella medida aumentó la afiliación a la Seguridad Social y redujo la economía sumergida a corto plazo. Ese es el principal argumento a favor: personas que ya están trabajando pasan a cotizar, pagar impuestos y consumir formalmente.
Pero el efecto no se agota ahí.
En el plano económico, una regularización masiva amplía la oferta laboral en sectores de baja cualificación (hostelería, agricultura, construcción, cuidados). Esto puede aliviar déficits de mano de obra y contribuir a sostener el sistema de pensiones en una sociedad envejecida como la española.
Sin embargo, también puede ejercer presión a la baja sobre salarios en determinados sectores y aumentar la competencia por servicios públicos —sanidad, educación, vivienda— especialmente en barrios vulnerables. Cuando la vivienda ya es el principal problema del país, cualquier incremento rápido de demanda tensiona aún más el mercado.
En el plano político, la regularización tiene un efecto llamada potencial. No necesariamente inmediato, pero sí simbólico: si el mensaje percibido es que quien entra y permanece acaba regularizado, el incentivo a la migración irregular aumenta. Esto no depende solo de España, sino del marco europeo.
En la Unión Europea, las decisiones nacionales tienen impacto transfronterizo, porque el espacio Schengen permite la movilidad posterior. Por eso países como Francia, Alemania o Italia observan con atención cualquier proceso español.
A nivel europeo, el problema es estructural. La UE necesita inmigración por razones demográficas: baja natalidad y envejecimiento acelerado. Pero al mismo tiempo enfrenta una creciente desconfianza social hacia los procesos migratorios desordenados.
Cuando la gestión no es percibida como controlada, se alimentan fuerzas políticas antiinmigración y se polariza el debate. Lo que para unos es una medida humanitaria, para otros es un síntoma de pérdida de soberanía y de control de fronteras.
Hay también un factor clave: la integración. Regularizar no es integrar. La integración exige empleo estable, aprendizaje del idioma, respeto al marco legal y cohesión social. Sin políticas activas y recursos suficientes, la regularización puede convertirse en mera legalización administrativa sin verdadera incorporación social.
Por otro lado, también conviene señalar que la economía española tiene una dependencia real de la inmigración. Sectores enteros funcionarían con dificultad sin trabajadores extranjeros. Negar esa realidad es tan simplista como ignorar los costes de una regularización masiva mal planificada.
En resumen, los efectos dependen del diseño y del contexto:
– Si se acompaña de control fronterizo efectivo, coordinación europea e integración real, puede aliviar tensiones laborales y fiscales.
– Si se percibe como improvisada, unilateral o electoralista, puede aumentar la polarización y la presión sobre servicios públicos.
España no decide en el vacío. En una Europa envejecida, la cuestión no es si habrá inmigración, sino cómo se gestiona. Y ahí está la verdadera discusión: orden frente a desorden, planificación frente a impulso político.
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