<h1>El sueldazo de Yolanda Díaz: multiplica por seis el salario mínimo + piso pagado en la Castellana</h1>

Yolanda Díaz

El salario de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asciende a 104.631,16 euros brutos anuales. Una cifra que, en términos estrictamente aritméticos, multiplica por seis el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que su propio ministerio ha defendido y elevado en los últimos años. La comparación no es casual: es política.

Díaz, líder de Sumar y heredera del espacio que en su día ocupó Podemos, forma parte de un Gobierno que hizo del discurso contra los privilegios de "la casta" uno de sus ejes fundacionales. Podemos, en sus orígenes, impuso a sus cargos públicos un límite salarial que vinculaba sus sueldos a varias veces el SMI, destinando el excedente a fines sociales o al propio partido. Aquella medida era tanto simbólica como identitaria: marcar distancia con la política profesionalizada y bien remunerada.

Hoy, la realidad es distinta. Los 104.631,16 euros que percibe Díaz corresponden al sueldo fijado para su rango dentro del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. No es una cantidad excepcional dentro del Consejo de Ministros; está en línea con lo que cobran otros vicepresidentes y ministros. Además, como miembro del Gobierno, dispone de residencia oficial cuando la agenda lo requiere, lo que incluye alojamiento en dependencias estatales en Madrid, en la zona del Paseo de la Castellana, uno de los ejes más cotizados de la capital.

El debate, por tanto, no es legal sino político. ¿Puede una dirigente que ha hecho bandera de la redistribución y de la contención salarial institucional percibir un sueldo seis veces superior al mínimo legal? 

Resulta escandalosa la contradicción entre el discurso fundacional de la izquierda alternativa y la normalización de sueldos que, aunque legales, quedan lejos del ideal igualitarista que proclamaron.

Cuando la política se construye sobre la denuncia de los privilegios, cualquier distancia entre discurso y práctica se amplifica. Y en tiempos de polarización y desconfianza institucional, la coherencia se convierte en un activo escaso y valioso.

El salario de la vicepresidenta no es ilegal ni oculto. Pero sí es un espejo incómodo para quienes prometieron cambiar las reglas del juego y hoy juegan con las reglas de siempre.