<h1>Belarra insulta a Juan Roig como "ser despreciable"</h1>

Belarra y Juan Roig

Belarra, actual líder de Podemos, ha vuelto a optar por el insulto como herramienta política. Esta vez el destinatario ha sido Juan Roig, presidente de Mercadona, al que ha calificado como "ser despreciable".

El episodio no es aislado ni casual. Forma parte de una estrategia discursiva muy reconocible en la izquierda más fanatizada: convertir al empresario exitoso en antagonista moral. 

Para determinados sectores del espacio morado, ser emprendedor y rico constituye poco menos que un pecado imperdonabe. El beneficio empresarial no es interpretado como consecuencia de una actividad económica que genera empleo y riqueza, sino como prueba automática de explotación.

Juan Roig no es un empresario cualquiera. Dirige una de las compañías que más empleo estable crea en España y que ha consolidado un modelo logístico y de distribución estudiado en escuelas de negocio. 

Se podrá discrepar de su visión económica o de sus declaraciones públicas, pero reducir su figura a un insulto grueso revela más sobre quien lo pronuncia que sobre el aludido.

En el caso de Belarra, el recurso al insulto parece cumplir otra función: llamar la atención. Podemos atraviesa una fase de clara irrelevancia parlamentaria y mediática tras su ruptura con Yolanda Díaz y el desgaste acumulado desde su salida del Gobierno. 

En un ecosistema político saturado, el tono bronco garantiza titulares rápidos y viralidad en redes sociales. La descalificación sustituye al argumento porque es más rentable en términos de visibilidad.

El problema es que esta forma de hacer política empobrece el debate público. Cuando se demoniza al empresario por el hecho de serlo, se transmite un mensaje inquietante a quienes arriesgan capital, crean empresas o aspiran a prosperar. 

Se instala la sospecha permanente sobre la iniciativa privada y se alimenta una narrativa de confrontación social que poco ayuda a resolver los problemas reales del país.

La crítica a los grandes empresarios es legítima; el señalamiento personal y el insulto, no. En democracia, la discrepancia se sostiene con datos, propuestas y argumentos, no con descalificaciones ad hominem. 

Si el objetivo es reconstruir un proyecto político sólido, quizá el camino no pase por convertir a cada empresario de éxito en enemigo público, sino por ofrecer alternativas creíbles y viables.

Los españoles no queremos "paraísos socialistas" que acaban en la pobreza extrema del 90% de los ciudadanos, como Cuba y Venezuela.