<h1>El problema de Sánchez con Telegram</h1>

Pável Dúrov

Pável Dúrov, fundador y propietario de Telegram, se ha convertido en una figura incómoda para muchos gobiernos occidentales, pero en España su nombre ya no es solo el de un empresario tecnológico: para el entorno de Pedro Sánchez, Dúrov es directamente un enemigo político.

No es una exageración retórica. El presidente del Gobierno español ha señalado públicamente a Telegram como una plataforma problemática, acusándola de facilitar la desinformación, el extremismo y la falta de control institucional. Detrás de esas críticas hay un choque de fondo mucho más profundo: el modelo de libertad digital que defiende Dúrov frente a la creciente tentación de los gobiernos de vigilar, censurar y regular el discurso político en internet.

Pável Dúrov no es un empresario convencional. Exiliado de Rusia tras negarse a entregar datos de usuarios de VK (la red social que fundó antes de Telegram), ha construido su imagen pública sobre una idea central: la privacidad no es negociable y el Estado no debe controlar la comunicación entre ciudadanos.

Telegram nació precisamente como respuesta a la vigilancia masiva. Chats cifrados, ausencia de cooperación con gobiernos para entregar datos y resistencia a las presiones regulatorias han convertido a la plataforma en un espacio donde circula información que otros canales bloquean o silencian.

Eso la ha hecho popular entre periodistas, activistas y ciudadanos críticos, pero también profundamente molesta para el poder político.

En España, Telegram se ha consolidado como uno de los principales espacios de difusión de información política alternativa. Canales críticos con el Gobierno, periodistas incómodos, filtraciones y debates que no encuentran cabida en los grandes medios se mueven con libertad en la plataforma.

Para un Ejecutivo obsesionado con el control del relato público, esto es un problema. Pedro Sánchez ha insistido en la necesidad de "regular" las redes sociales y ha deslizado en varias ocasiones que plataformas como Telegram escapan a cualquier supervisión democrática. El mensaje es claro: demasiada libertad, demasiado poco control.

Dúrov, por su parte, no ha mostrado la más mínima intención de plegarse. Telegram no ha cambiado sus políticas para adaptarse a exigencias nacionales, ni ha ofrecido colaboración especial a gobiernos que buscan limitar contenidos políticos incómodos.

El choque entre Dúrov y Sánchez no es personal, sino ideológico. Representa dos visiones opuestas del mundo digital. Para el presidente español, la información debe ser regulada para proteger a la democracia. Para Dúrov, es precisamente esa regulación la que amenaza a la democracia.

Cuando el poder político decide qué es verdad, qué es desinformación y qué debe silenciarse, el riesgo de abuso es evidente. Telegram, con todos sus defectos, se ha convertido en un refugio frente a ese control, y eso explica la hostilidad que despierta en determinados gobiernos.

Pável Dúrov no es un santo ni Telegram está libre de problemas. Pero su negativa a someterse al poder político lo ha convertido en una figura clave del debate contemporáneo sobre libertad de expresión.

Que el presidente de España vea en el dueño de una aplicación de mensajería a un enemigo dice mucho más del Gobierno que del propio Dúrov. En una democracia sana, el problema no debería ser que exista un espacio donde el poder no manda, sino que cada vez queden menos.

Telegram no incomoda porque difunda odio o mentiras: incomoda porque no se puede controlar. Y ese, precisamente, es el mayor pecado para quienes creen que gobernar también implica decidir qué se puede decir y qué no.