<h1>Tragedia de Adamuz: cuando el Estado pretende sustituir el duelo de las familias</h1>

 La tragedia de Adamuz dejó algo más que una herida abierta en una pequeña localidad cordobesa. Dejó al descubierto, una vez más, la distancia creciente entre un poder político que pretende dirigirlo todo y unas familias que solo piden respeto para llorar a los suyos como siempre lo han hecho.

En Adamuz, el dolor no fue abstracto ni estadístico. Tuvo nombres, rostros y silencio. Un silencio roto no solo por la pérdida, sino por la incomodidad ante la intención del Gobierno de encuadrar el duelo en un funeral laico de Estado que muchas familias rechazaron abiertamente.

En Adamuz, como en tantos pueblos de España, la muerte no se concibe sin oración, sin misa, sin la esperanza cristiana que durante generaciones ha acompañado a las familias en los momentos más duros. No se trata de ideología ni de política, sino de identidad, de cultura y de consuelo.

Pretender que ese dolor se canalice prioritariamente a través de un homenaje civil, diseñado desde arriba y ajeno a la realidad del pueblo, fue percibido como una forma de desarraigo. Como si, además de la pérdida, se les pidiera a las familias que renunciaran a su manera de despedirse.

El problema no es la existencia de ceremonias laicas. El problema es **elevarlas a categoría oficial**, desplazando o minimizando aquello que las propias familias consideran esencial. En Adamuz, el laicismo no fue vivido como neutralidad, sino como imposición.

Bajo el pretexto de representar a todos, el Estado ignoró a quienes más importaban. Se habló de respeto institucional mientras se desoía la voz de las familias. Se apeló a la modernidad mientras se despreciaba una tradición que no es decorativa, sino profundamente humana.

El duelo no admite protocolos ideológicos ni escenografías políticas. No se gestiona desde ministerios ni se convierte en mensaje. En Adamuz, el intento de convertir la tragedia en un acto simbólico de Estado fue percibido como una instrumentalización del sufrimiento.

Las familias no reclamaron protagonismo ni visibilidad. Reclamaron algo mucho más básico: que no se les arrebatara el derecho a llorar conforme a sus creencias. Que no se vaciara de sentido un momento que exige recogimiento, no discursos.

Lo ocurrido en Adamuz no es un hecho aislado. Es un síntoma. Un aviso de hasta qué punto el poder político corre el riesgo de cruzar límites que no le corresponden. Cuando el Estado decide cómo debe vivirse el duelo, deja de acompañar y empieza a imponer.

El rechazo de las familias al funeral laico no fue un gesto de rebeldía ni de confrontación. Fue una defensa silenciosa de algo elemental: la dignidad del dolor.

Porque hay tragedias que exigen humildad. Y hay pueblos, como Adamuz, que recuerdan al poder que no todo puede legislarse, ni siquiera en nombre del Estado.