<h1>España, trenes que descarrilan, gobiernos que no gobiernan</h1>

España se ha acostumbrado a lo inaceptable. Trenes que descarrilan, convoyes que arden, líneas que se paralizan durante horas y miles de ciudadanos atrapados en vagones o estaciones sin información, sin alternativas y sin responsables visibles. 

Lo grave no es solo el accidente puntual —que siempre puede ocurrir—, sino la sensación persistente de abandono, de desidia institucional y de un Estado que ha dejado de gobernar lo esencial mientras se obsesiona con lo accesorio.

Cada incidente ferroviario vuelve a poner sobre la mesa la misma pregunta incómoda: ¿quién está al mando? Porque cuando falla el mantenimiento, cuando se recortan inversiones estratégicas y cuando la seguridad se subordina a la propaganda, el problema ya no es técnico, es político. 

Los trenes no descarrilan solos: descarrilan las prioridades.

Durante años se ha vendido una narrativa de modernidad, de alta velocidad, de récords de kilómetros de AVE inaugurados con foto y aplauso. Pero bajo ese escaparate brillante se ha ido pudriendo la red convencional, la que usan a diario millones de trabajadores, estudiantes y pensionistas. 

Vías envejecidas, sistemas de señalización obsoletos, falta de personal y una gestión que reacciona tarde y mal. El resultado es un país con trenes de primer mundo para actos oficiales y trenes del tercer mundo para la vida real.

Lo más preocupante no es solo el fallo material, sino la respuesta política. O, mejor dicho, la ausencia de ella. Tras cada accidente, el guion se repite: comunicados fríos, comparecencias sin preguntas, llamamientos a “no politizar” la tragedia y promesas genéricas de investigación. 

Nunca dimite nadie. Nunca hay responsables claros. 
Nunca se asume que gobernar implica rendir cuentas.

España sufre un fenómeno cada vez más evidente: gobiernos que hablan mucho y gobiernan poco. Ejecutivos hiperactivos en redes sociales, expertos en relato y confrontación simbólica, pero incapaces de garantizar que un tren llegue a su destino con seguridad. 

Se legisla sobre emociones, se polariza sobre identidades, se colonizan instituciones… mientras la infraestructura crítica se degrada en silencio.

El ferrocarril es un termómetro del Estado. Cuando funciona, no se nota; cuando falla, deja al descubierto todas las costuras del sistema. Y lo que estamos viendo es un Estado más preocupado por controlar el discurso que por mantener las vías, más atento a la ingeniería política que a la ingeniería real. Un Estado donde el ministro comparece como comentarista y no como gestor.

La excusa presupuestaria ya no cuela. 
España no es un país pobre. 
El problema no es la falta de dinero, sino su uso. 

Hay recursos para campañas, asesores, estructuras paralelas y proyectos ideológicos, pero no para un mantenimiento riguroso y constante de la red ferroviaria. Y cuando ocurre la tragedia, se apela al azar, al “fallo humano” o a la mala suerte, como si la prevención no fuera precisamente la razón de ser de un gobierno.

El ciudadano, mientras tanto, aprende a resignarse. A salir con horas de margen. A asumir retrasos como parte del paisaje. A normalizar el caos. 

Esa resignación es el mayor triunfo de la mala política: cuando lo anormal se vuelve cotidiano y la exigencia desaparece.

Un país serio no mide su progreso por los discursos, sino por la fiabilidad de sus servicios básicos. Y hoy España da señales preocupantes de deterioro institucional. Trenes que descarrilan son el síntoma visible de gobiernos que han descarrilado antes: gobiernos que no planifican, no prevén y no gobiernan.

Gobernar no es inaugurar, ni tuitear, ni señalar culpables abstractos. Gobernar es garantizar seguridad, eficiencia y responsabilidad. 

Mientras eso no ocurra, cada tren averiado será algo más que un problema de transporte: será un recordatorio brutal de que el Estado ha perdido el rumbo.