<h1>Pedro Sánchez: La maniobra del sátrapa para blindar penalmente la ocupación ilegal de viviendas</h1>

¿De qué te ríes, hdp? Ya te queda poco.

El Gobierno de Pedro Sánchez consumó ayer martes un indecente ejercicio de cinismo político al intentar vincular forzosamente la revalorización de las pensiones con la prórroga de un llamado "escudo social" que, lejos de proteger a los más vulnerables, blinda penalmente la ocupación ilegal de viviendas. No se trata de una coincidencia legislativa ni de un tecnicismo parlamentario: es una estrategia deliberada de chantaje moral.

La maniobra es tan simple como obscena. Si alguien se opone a la prórroga del "escudo social", se le acusará de querer recortar las pensiones. Si alguien denuncia los abusos de la okupación, se le señalará como enemigo de los pensionistas. El Gobierno no gobierna: presiona, mezcla, confunde y amenaza. Todo vale con tal de blindar un relato.

La revalorización de las pensiones es una obligación del Estado, no una concesión graciosa del poder. Forma parte del contrato social básico y no debería estar condicionada a la aprobación de paquetes ideológicos que nada tienen que ver con la sostenibilidad del sistema ni con la justicia social. Utilizar a millones de pensionistas como escudo humano para proteger una legislación fallida es una forma de degradación institucional que retrata con crudeza el momento político que vive España.

El llamado "escudo social" nació bajo la coartada de la emergencia. Como tantas otras medidas "excepcionales", se ha cronificado sin evaluación seria de sus consecuencias. Entre ellas, una inseguridad jurídica creciente para los propietarios, pequeños ahorradores en muchos casos, que ven cómo el Estado renuncia a proteger su derecho básico a la propiedad. No hablamos de grandes fondos buitre, sino de ciudadanos corrientes a los que se les exige solidaridad obligatoria mientras el Gobierno se lava las manos.

El discurso oficial insiste en presentar cualquier crítica como insensibilidad social. Es la vieja táctica del falso dilema: o estás con nosotros o estás contra los pobres. Pero la realidad es más incómoda. Proteger a los vulnerables no exige desproteger al resto, ni convertir la ley en un coladero donde la ilegalidad encuentra amparo político. La okupación no es una política de vivienda; es el síntoma de su fracaso.

Lo más grave no es solo el contenido de la medida, sino el método. Mezclar pensiones con okupación no es legislar, es manipular. Es forzar a diputados y a la opinión pública a tragarse un paquete cerrado bajo amenaza moral. Es gobernar desde la trinchera, no desde el consenso. Y es, sobre todo, una falta de respeto a los pensionistas, tratados como moneda de cambio en una partida ideológica.

Este Gobierno ha convertido el BOE en un instrumento de propaganda. Cada decreto es un relato, cada votación una prueba de lealtad. La política social deja de ser política pública para convertirse en arma arrojadiza. Y cuando todo se politiza de esta manera, lo social pierde credibilidad y el Estado, autoridad.

España necesita una política de pensiones seria, sostenible y desligada del tacticismo parlamentario. Necesita también una política de vivienda eficaz, que aumente la oferta, agilice la justicia y proteja tanto a quien no tiene techo como a quien cumple la ley. Lo que no necesita es un Gobierno que enfrente a pensionistas con propietarios, a vulnerables con vulnerables, mientras se presenta a sí mismo como único dique moral.

Cuando un Ejecutivo usa a los mayores como rehén para tapar los agujeros de su propio fracaso legislativo, el problema ya no es una ley concreta. El problema es el deterioro ético del poder. Y ese deterioro, a diferencia de las pensiones, no se revaloriza: se paga caro.