Óscar Puente dice que le critican por feo

Óscar Puente no tiene la culpa de su físico. 
De su gestión, de su soberbia y de su incompetencia, sí.

Pedro Sánchez: La maniobra del sátrapa para blindar penalmente la ocupación ilegal de viviendas

¿De qué te ríes, hdp? Ya te queda poco.

El Gobierno de Pedro Sánchez consumó ayer martes un indecente ejercicio de cinismo político al intentar vincular forzosamente la revalorización de las pensiones con la prórroga de un llamado "escudo social" que, lejos de proteger a los más vulnerables, blinda penalmente la ocupación ilegal de viviendas. No se trata de una coincidencia legislativa ni de un tecnicismo parlamentario: es una estrategia deliberada de chantaje moral.

La maniobra es tan simple como obscena. Si alguien se opone a la prórroga del "escudo social", se le acusará de querer recortar las pensiones. Si alguien denuncia los abusos de la okupación, se le señalará como enemigo de los pensionistas. El Gobierno no gobierna: presiona, mezcla, confunde y amenaza. Todo vale con tal de blindar un relato.

La revalorización de las pensiones es una obligación del Estado, no una concesión graciosa del poder. Forma parte del contrato social básico y no debería estar condicionada a la aprobación de paquetes ideológicos que nada tienen que ver con la sostenibilidad del sistema ni con la justicia social. Utilizar a millones de pensionistas como escudo humano para proteger una legislación fallida es una forma de degradación institucional que retrata con crudeza el momento político que vive España.

El llamado "escudo social" nació bajo la coartada de la emergencia. Como tantas otras medidas "excepcionales", se ha cronificado sin evaluación seria de sus consecuencias. Entre ellas, una inseguridad jurídica creciente para los propietarios, pequeños ahorradores en muchos casos, que ven cómo el Estado renuncia a proteger su derecho básico a la propiedad. No hablamos de grandes fondos buitre, sino de ciudadanos corrientes a los que se les exige solidaridad obligatoria mientras el Gobierno se lava las manos.

El discurso oficial insiste en presentar cualquier crítica como insensibilidad social. Es la vieja táctica del falso dilema: o estás con nosotros o estás contra los pobres. Pero la realidad es más incómoda. Proteger a los vulnerables no exige desproteger al resto, ni convertir la ley en un coladero donde la ilegalidad encuentra amparo político. La okupación no es una política de vivienda; es el síntoma de su fracaso.

Lo más grave no es solo el contenido de la medida, sino el método. Mezclar pensiones con okupación no es legislar, es manipular. Es forzar a diputados y a la opinión pública a tragarse un paquete cerrado bajo amenaza moral. Es gobernar desde la trinchera, no desde el consenso. Y es, sobre todo, una falta de respeto a los pensionistas, tratados como moneda de cambio en una partida ideológica.

Este Gobierno ha convertido el BOE en un instrumento de propaganda. Cada decreto es un relato, cada votación una prueba de lealtad. La política social deja de ser política pública para convertirse en arma arrojadiza. Y cuando todo se politiza de esta manera, lo social pierde credibilidad y el Estado, autoridad.

España necesita una política de pensiones seria, sostenible y desligada del tacticismo parlamentario. Necesita también una política de vivienda eficaz, que aumente la oferta, agilice la justicia y proteja tanto a quien no tiene techo como a quien cumple la ley. Lo que no necesita es un Gobierno que enfrente a pensionistas con propietarios, a vulnerables con vulnerables, mientras se presenta a sí mismo como único dique moral.

Cuando un Ejecutivo usa a los mayores como rehén para tapar los agujeros de su propio fracaso legislativo, el problema ya no es una ley concreta. El problema es el deterioro ético del poder. Y ese deterioro, a diferencia de las pensiones, no se revaloriza: se paga caro.

Gabriel Rufián o el narcisismo escénico de un charnego convertido al nacionalismo excluyente

Hay políticos que hablan para convencer y otros que hablan para mirarse en el espejo. Gabriel Rufián pertenece, sin demasiadas dudas, a la segunda categoría. Su trayectoria pública es la de un personaje que ha hecho del Parlamento un escenario y del micrófono una extensión del ego. Todo en él —el gesto estudiado, la frase afilada, el sarcasmo milimetrado— responde a una lógica performativa: no se trata de debatir, sino de representar.

Rufián se presenta como el azote del "régimen", el enfant terrible que incomoda a la España "rancia". Pero ese papel, repetido hasta el hastío, ha terminado por revelar su vacío. Detrás del ingenio tuitero y del aplauso fácil hay un discurso pobre, maniqueo y profundamente oportunista. El diputado de ERC no construye argumentos: construye momentos. No busca acuerdos: busca clips. En una política ya saturada de ruido, Rufián ha elevado la autopromoción a método.

El dato biográfico —hijo de emigrantes andaluces, criado fuera del canon nacionalista catalán— podría haber sido la voz que recordara que Cataluña es plural, mestiza, contradictoria. Sin embargo, Rufián eligió el camino inverso: abrazar un nacionalismo excluyente con un celo casi converso, como si la sobreactuación identitaria fuera el peaje necesario para ser aceptado por la ortodoxia.

Ese "charnego convertido" no es una etiqueta despectiva por su origen, sino una descripción política de su mutación discursiva. Porque Rufián no cuestiona el esencialismo del nacionalismo; lo refuerza. No relativiza la épica; la exagera. No suaviza el relato; lo radicaliza. Y lo hace, además, desde una superioridad moral impostada, como si la pertenencia al independentismo lo hubiera investido de una lucidez ética inaccesible al resto.

El problema no es solo Rufián. Es el modelo que encarna. Un modelo de política convertida en show, donde el ingenio sustituye a la responsabilidad y la ironía tapa la falta de soluciones. Cuando todo se reduce a ridiculizar al adversario, el debate se infantiliza. Cuando el Parlamento se usa como plató, la democracia se degrada. Y cuando la identidad se convierte en arma arrojadiza, los ciudadanos pasan de ser sujetos a ser figurantes.

Rufián ha hecho carrera denunciando supuestos privilegios y corrupciones ajenas, mientras su propio espacio político ha sido decisivo para sostener a gobiernos a cambio de concesiones que erosionan la igualdad entre españoles. La paradoja es evidente: quien presume de antisistema se ha convertido en una pieza funcional del sistema que dice combatir. El rebelde de escaño fijo. El inconformista perfectamente integrado.

Su narcisismo escénico no es una excentricidad personal, sino un síntoma de época. La política del aplauso inmediato, del zasca viral, del titular diseñado para X (antes Twitter). Pero los países no se gobiernan a golpe de ocurrencia ni se cosen fracturas identitarias con sarcasmo. Se gobiernan con seriedad, con límites, con un mínimo de lealtad institucional.

Gabriel Rufián seguirá teniendo foco mientras el ruido cotice al alza. Pero conviene no confundir visibilidad con liderazgo ni mordacidad con profundidad. Detrás del personaje hay poco proyecto y demasiada pose. Y quizá esa sea su mayor aportación involuntaria: recordarnos que cuando la política se vuelve puro teatro, los ciudadanos acaban pagando la entrada… y también la factura, pues el charnego convertido gana 7.500 euros al mes por teatralizar la política. 

¿Por qué el PP no crece en intención de voto y Vox sí? La moderación no moviliza en tiempos de hartazgo

Las encuestas muestran un fenómeno que desconcierta a parte del establishment político y mediático: mientras el Gobierno se desgasta a una velocidad vertiginosa, el Partido Popular apenas capitaliza ese deterioro, y quien sí lo hace es Vox. No es una anomalía demoscópica ni un capricho del electorado. Es la consecuencia lógica de una estrategia —la del PP— basada en la espera y el cálculo, frente a otra —la de Vox— basada en la confrontación y la canalización del enfado.

El error del PP es creer que el simple desgaste del adversario garantiza el crecimiento propio. No lo hace. Especialmente cuando el desgaste no es solo de un Gobierno, sino de una forma de gobernar, de un sistema que muchos ciudadanos perciben como cerrado sobre sí mismo, impermeable a la rendición de cuentas y ajeno a la calle.

Alberto Núñez Feijóo ha optado por una línea institucional, prudente y previsible. Es una estrategia comprensible para aspirar a la Moncloa, pero insuficiente para generar ilusión. El PP transmite solvencia, pero no urgencia; ofrece gestión, pero no cambio; promete estabilidad, pero no reparación.

En un contexto de crisis institucional —amnistía, cesiones al separatismo, colonización de organismos del Estado, degradación del debate público—, muchos ciudadanos no buscan un gestor más educado, sino a alguien que verbalice su indignación. Y ahí el PP falla: parece más preocupado por no incomodar que por liderar el descontento.

La moderación, cuando el votante percibe que se han cruzado líneas rojas, no se interpreta como sensatez, sino como tibieza. 

Vox, en cambio, ha entendido algo esencial: hay una parte creciente del electorado que no quiere consensos, quiere consecuencias. No vota esperando políticas detalladas ni programas técnicos; vota para castigar, para gritar, para romper una dinámica que considera corrupta o agotada.

Vox no intenta caer bien. No busca aprobación mediática ni tranquilidad institucional. Su discurso es incómodo, a veces excesivo, pero emocionalmente eficaz. Donde el PP mide palabras, Vox dispara mensajes. Donde el PP matiza, Vox señala. Donde el PP se defiende, Vox ataca.

En tiempos de enfado social, la claridad —aunque sea brusca— cotiza mejor que la prudencia calculada. 

Otro error estratégico del PP es pensar que el votante indignado se desplazará hacia el centro. La historia electoral demuestra lo contrario: cuando el malestar es profundo, el voto no se modera, se radicaliza. No necesariamente en términos ideológicos, sino emocionales.

El ciudadano que siente que el poder no paga costes, que las instituciones se protegen entre sí y que la ley se aplica de forma selectiva no busca equilibrio, busca ruptura. Y si no encuentra esa ruptura en el partido que aspira a gobernar, la buscará en quien se la prometa sin complejos.

Paradójicamente, cada vez que el PP insiste en marcar distancias con Vox para tranquilizar a determinados sectores, refuerza el marco mental de que Vox es el único que dice lo que otros callan. El mensaje implícito es devastador: el PP parece más preocupado por parecerse lo menos posible a Vox que por enfrentarse con firmeza al PSOE.

Ese complejo convierte a Vox en el “original” y al PP en la “copia prudente”. Y en política, cuando el enfado manda, el votante suele elegir el original.
 
Hoy el PP es percibido como una alternativa de gobierno, pero no como una alternativa de fondo. Muchos ciudadanos creen que un cambio de siglas no implicará un cambio real en las dinámicas de poder, en la relación con los nacionalismos o en la cultura política instalada.

Vox, en cambio, se presenta —con razón o exageración— como una fuerza de ruptura con el statu quo. Y en contextos de fatiga democrática, las fuerzas que prometen ruptura crecen más rápido que las que ofrecen una gestión más ordenada de lo existente.

El PP no crece porque espera. Vox crece porque empuja. El PP calcula. Vox provoca. El PP aspira a gobernar cuando el desgaste sea suficiente. Vox aspira a capitalizar el enfado aquí y ahora.

Mientras el Partido Popular no entienda que la indignación no se administra, se lidera, seguirá viendo cómo el voto más enfadado, más dolido y más desconectado del sistema no se va al centro, sino al margen que grita más alto.

Y en política, cuando muchos sienten que nadie les escucha, el que grita acaba imponiéndose.

La risa psicopática de Pedro Sánchez

Hay gestos que dicen más que un discurso entero. En política, donde todo está medido, ensayado y calculado, la risa nunca es inocente. Y la risa de Pedro Sánchez —esa sonrisa ladeada, a veces carcajada abierta, que aparece en los momentos más tensos del debate parlamentario— se ha convertido en un símbolo inquietante de la política española actual.

No es una risa de alegría. Tampoco de ironía elegante. Es una risa de desprecio, de superioridad moral, de quien no discute porque ya se sabe vencedor. Por eso muchos la han bautizado, quizá con exceso retórico, pero no sin intención, como una risa "satánica": no por lo demoníaco, sino por lo deshumanizado del gesto.

Sánchez ríe cuando la oposición denuncia cesiones a los independentistas. Ríe cuando se le recuerda que gobierna con quienes prometieron "hacer caer el régimen del 78". Ríe cuando se le habla de indultos, amnistías o pactos que ayer juraba imposibles. No rebate: sonríe. Y en esa sonrisa hay un mensaje político claro: no importa lo que digas, ya he ganado.

La risa, en este contexto, no es humor; es escenificación del poder. Es la risa del que no siente necesidad de justificarse porque ha sustituido la rendición de cuentas por el relato. Frente al argumento incómodo, Sánchez no responde con datos, sino con gesto. Frente a la crítica, no ofrece explicación, sino mueca.

Ese gesto se repite en el Congreso, pero también en ruedas de prensa y comparecencias internacionales. Es una risa que no busca complicidad, sino humillación. No invita a compartir nada; marca distancia. El que ríe así no dialoga: se coloca por encima.

En una democracia sana, el presidente del Gobierno debería mostrar gravedad ante los asuntos graves. No solemnidad impostada, sino conciencia del cargo. Reír cuando se habla de la fractura territorial, de la degradación institucional o de la desconfianza ciudadana no es seguridad: es cinismo.

La risa de Sánchez conecta directamente con la insultocracia. No hace falta insultar con palabras cuando se puede insultar con el gesto. La carcajada es el nuevo "facha", el nuevo "ultraderecha", el nuevo "no mereces respuesta". Es la deslegitimación sin frase, el desprecio sin argumentación.

Por eso molesta tanto. Porque no es espontánea. Es performativa. Es la risa del político que ha entendido que en la política actual no gana quien convence, sino quien resiste sin rubor. Quien aguanta, pacta lo que negó, rectifica sin pedir perdón y sonríe mientras lo hace.

Hay algo profundamente corrosivo en esa actitud. Transmite a la ciudadanía que la política ya no es un espacio moral, sino un tablero táctico donde todo vale si se sobrevive. La risa sustituye al pudor. La mueca reemplaza a la explicación.

No es casual que esa risa aparezca justo cuando se le acorrala con contradicciones. No es humor: es defensa psicológica convertida en arma política. Un modo de decir: vuestra indignación me resulta irrelevante.

Y ahí está el problema. Porque un presidente que ríe ante la crítica legítima termina riendo también ante el deterioro institucional. Cuando el poder pierde la capacidad de tomarse en serio a sí mismo, empieza a despreciar a quienes representa.

La risa satánica de Pedro Sánchez no es un tic personal. Es el gesto final de una forma de gobernar: sin explicaciones, sin disculpas y sin límites claros. Una risa que no busca convencer, sino desgastar. No dialogar, sino resistir.

Y cuando la política se ríe del ciudadano, el ciudadano acaba dejando de tomarse en serio a la política. Esa, quizá, sea la carcajada más peligrosa de todas.

Galería de insultócratas en España: Por orden de importancia política y daño institucional

El Congreso de los Diputados ya no es el lugar donde se confrontan ideas, sino donde se intercambian descalificaciones. La política española ha entrado en la insultocracia: un ecosistema donde el agravio es rentable, la grosería se aplaude y la deslegitimación del adversario sustituye al debate democrático.

La insultocracia no funciona por volumen de decibelios, sino por autoridad, efecto contagio y legitimación del desprecio. No todos los insultócratas pesan lo mismo: no insulta igual un presidente del Gobierno que un diputado buscador de titulares. Este es un ranking político, no un concurso de groserías.

1. Pedro Sánchez: El insultócrata sistémico, el puto amo

El presidente del Gobierno encabeza la lista no por ser el más explícito, sino por ser el más determinante. Desde su posición institucional ha normalizado la deslegitimación del adversario como método de gobierno.

Cuando Sánchez habla de una "derecha negacionista", de quienes "añoran el franquismo" o de partidos que "ponen en riesgo la democracia", no está debatiendo: está señalando. El mensaje es devastador porque baja desde la cúspide del Estado.

Su insulto no es bronco, es estructural. Y por eso es el más peligroso.

2. Óscar Puente: El insultócrata matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina

Puente no disfraza nada. Ha hecho del insulto una identidad política. "Fachas", "paletos", "catetos", "caverna", "rebuznos"… su repertorio es amplio y reincidente.

Lo grave no es solo el tono, sino el premio: ha pasado de alcalde provocador a ministro. Puente demuestra que en la España actual insultar no resta, suma. Es el matón con respaldo institucional.

3. Irene Montero: La insultócrata moral

Montero llevó la insultocracia a un nivel superior: la criminalización simbólica del discrepante. No insultaba solo; imputaba intenciones delictivas.

Acusar desde el Congreso a diputados de "amparar la cultura de la violación" o "ponerse del lado de los agresores" por discrepar de una ley no es retórica dura: es linchamiento moral. Dejó un precedente muy difícil de revertir.

4. Yolanda Díaz: La insultócrata amable

Díaz rara vez alza la voz, pero su discurso divide sistemáticamente entre buenos y malos: "los que están con la gente" y "los que defienden privilegios", "los de abajo" y "los de arriba".

No llama "imbécil" a nadie, pero acusa a la oposición de ser enemiga social. Es la insultocracia con sonrisa, probablemente la más eficaz.

5. Gabriel Rufián: El insultócrata profesional

Rufián vive del desprecio. "Fachas con traje", "hipócritas", "basura política". Su objetivo nunca ha sido convencer, sino humillar en directo y viralizar después.

No gobierna, pero contamina. Ha convertido el Congreso en escenario y ha enseñado a una generación que el insulto es una forma legítima de intervención parlamentaria.

6. Ione Belarra: La insultócrata adolescente

Belarra ha radicalizado el tono heredado. Habla de "derecha criminal", "golpistas" y "enemigos de los derechos humanos" con una ligereza inquietante.

Su lenguaje no busca diálogo ni siquiera dentro de la izquierda: busca polarización permanente. Representa la fase adolescente de la insultocracia: más grito, menos responsabilidad.

7. Patxi López: El insultócrata institucionalizado

Menos citado, pero constante. López ha acusado a la oposición de "indecencia política", "falta de humanidad" y "utilizar el dolor" como argumento habitual.

No improvisa: institucionaliza el reproche moral desde la presidencia del Congreso o como portavoz. Su papel es clave para normalizar el tono bronco desde la mesa.

8. Félix Bolaños: El insultócrata jurídico

Bolaños no insulta con palabras gruesas, sino con acusaciones implícitas. Habla de jueces politizados, de oposiciones "irresponsables" o "antisistema", y de quienes "no respetan el Estado de derecho".

Desde Justicia, estas insinuaciones tienen un efecto corrosivo: deslegitiman al árbitro.

Conclusión: el insulto ya no es un exceso, es un método

La insultocracia española no es fruto del calentón, sino de una estrategia consciente: dividir, señalar, deshumanizar y movilizar a los propios a base de desprecio al otro.

Cuando el insulto se convierte en método de poder, la democracia deja de ser conversación y pasa a ser trinchera. Y en una trinchera, nadie escucha, nadie convence y nadie gobierna bien.

Tragedia de Adamuz: cuando el Estado pretende sustituir el duelo de las familias

 La tragedia de Adamuz dejó algo más que una herida abierta en una pequeña localidad cordobesa. Dejó al descubierto, una vez más, la distancia creciente entre un poder político que pretende dirigirlo todo y unas familias que solo piden respeto para llorar a los suyos como siempre lo han hecho.

En Adamuz, el dolor no fue abstracto ni estadístico. Tuvo nombres, rostros y silencio. Un silencio roto no solo por la pérdida, sino por la incomodidad ante la intención del Gobierno de encuadrar el duelo en un funeral laico de Estado que muchas familias rechazaron abiertamente.

En Adamuz, como en tantos pueblos de España, la muerte no se concibe sin oración, sin misa, sin la esperanza cristiana que durante generaciones ha acompañado a las familias en los momentos más duros. No se trata de ideología ni de política, sino de identidad, de cultura y de consuelo.

Pretender que ese dolor se canalice prioritariamente a través de un homenaje civil, diseñado desde arriba y ajeno a la realidad del pueblo, fue percibido como una forma de desarraigo. Como si, además de la pérdida, se les pidiera a las familias que renunciaran a su manera de despedirse.

El problema no es la existencia de ceremonias laicas. El problema es **elevarlas a categoría oficial**, desplazando o minimizando aquello que las propias familias consideran esencial. En Adamuz, el laicismo no fue vivido como neutralidad, sino como imposición.

Bajo el pretexto de representar a todos, el Estado ignoró a quienes más importaban. Se habló de respeto institucional mientras se desoía la voz de las familias. Se apeló a la modernidad mientras se despreciaba una tradición que no es decorativa, sino profundamente humana.

El duelo no admite protocolos ideológicos ni escenografías políticas. No se gestiona desde ministerios ni se convierte en mensaje. En Adamuz, el intento de convertir la tragedia en un acto simbólico de Estado fue percibido como una instrumentalización del sufrimiento.

Las familias no reclamaron protagonismo ni visibilidad. Reclamaron algo mucho más básico: que no se les arrebatara el derecho a llorar conforme a sus creencias. Que no se vaciara de sentido un momento que exige recogimiento, no discursos.

Lo ocurrido en Adamuz no es un hecho aislado. Es un síntoma. Un aviso de hasta qué punto el poder político corre el riesgo de cruzar límites que no le corresponden. Cuando el Estado decide cómo debe vivirse el duelo, deja de acompañar y empieza a imponer.

El rechazo de las familias al funeral laico no fue un gesto de rebeldía ni de confrontación. Fue una defensa silenciosa de algo elemental: la dignidad del dolor.

Porque hay tragedias que exigen humildad. Y hay pueblos, como Adamuz, que recuerdan al poder que no todo puede legislarse, ni siquiera en nombre del Estado.

Adamuz no fue inevitable

El ministro agresivo y negligente

Hay tragedias que duelen dos veces. Primero, por el golpe seco de la muerte; después, por la obscena facilidad con la que el poder intenta convertir lo evitable en fatalidad, lo corregible en destino. Adamuz pertenece a esta segunda categoría: la de los sucesos que no fueron un accidente, sino el resultado lógico de una cadena de negligencias, silencios y decisiones políticas equivocadas.

Desde el primer momento, el relato oficial se activó con una precisión casi mecánica. "Investigación en curso", "circunstancias excepcionales", "no se podía prever". El lenguaje administrativo volvió a cumplir su función favorita: anestesiar la responsabilidad. Cuando se repiten suficientes veces ciertas palabras, el desastre deja de parecer una consecuencia de malas decisiones humanas y pasa a percibirse como un capricho del azar.

Pero Adamuz no fue el azar.

Naturalizar lo ocurrido es el último eslabón de un proceso perverso. Antes hubo avisos ignorados, infraestructuras envejecidas, mantenimiento diferido y una gestión política más preocupada por el relato que por la seguridad. Nada de eso aparece en los comunicados asépticos. Nada de eso se menciona cuando se apela a la "inevitabilidad".

La naturalización de la tragedia es una forma de violencia institucional. Porque no solo priva a las víctimas de justicia, sino que prepara el terreno para la siguiente. Si lo ocurrido era inevitable, nadie tiene que dimitir. Si nadie dimite, nada cambia. Y si nada cambia, Adamuz deja de ser una excepción para convertirse en precedente.

Hay, además, una doble moral difícil de ignorar. Cuando el desastre ocurre bajo gobiernos ajenos, la izquierda política y mediática habla sin pudor de culpables, recortes, irresponsabilidad criminal. Cuando gobiernan los suyos, el discurso muta: prudencia, respeto al dolor, no politizar. El mismo hecho, dos varas de medir. El mismo muerto, distinto uso.

Adamuz no necesita homenajes vacíos ni minutos de silencio coreografiados. Necesita preguntas incómodas y respuestas claras. Necesita saber quién decidió no invertir, quién miró a otro lado, quién firmó informes tranquilizadores sabiendo que la realidad era otra. Y, sobre todo, necesita que dejemos de aceptar como normal lo que nunca debió ocurrir.

Porque lo verdaderamente peligroso no es el accidente en sí, sino la pedagogía posterior del poder: esa que nos entrena para asumir que la incompetencia es parte del paisaje, que el fallo estructural es "lo que hay" y que exigir responsabilidades es de mal gusto.

Adamuz no fue inevitable. Inevitable es solo la muerte cuando ya se ha producido. Todo lo demás —el abandono, la negligencia, el silencio— fue una elección. Y las elecciones, en democracia, deberían tener consecuencias.

¿Cuánto tardará España en recuperar la normalidad democrática destruida por el socialismo?

Fases de un proceso largo y exigente

La degradación democrática no suele producirse de manera abrupta. Avanza poco a poco, al abrigo de leyes aparentemente legítimas, discursos moralizantes y una ocupación sistemática de las instituciones. Cuando el daño se hace visible para una mayoría social, ya no basta con cambiar un gobierno: hay que desandar un camino entero. Esa es hoy la situación de España tras años de socialismo convertido en régimen cultural, mediático e institucional.

La pregunta, por tanto, no es solo si España puede recuperar la normalidad democrática, sino cuánto tiempo tardará y qué condiciones son necesarias para lograrlo.

Un horizonte realista: entre una y dos décadas

La experiencia comparada muestra que, tras procesos de colonización institucional y deterioro del Estado de derecho, la recuperación plena rara vez baja de los 8–15 años, incluso en escenarios favorables. Pensar en una restauración inmediata es ingenuo; confiarlo todo a una legislatura es irresponsable. Las democracias erosionadas no se reparan a golpe de decreto ni con eslóganes regeneradores.

Primera fase: detener la degradación (1–2 años)

El primer paso no es reconstruir, sino dejar de destruir.

Esta fase exige:

• La salida del poder de quienes han utilizado el Estado como instrumento partidista.
• El fin del uso político del BOE, la Fiscalía, RTVE, el CIS o el Tribunal Constitucional.
• La paralización o derogación de las leyes ideológicas concebidas para dividir, controlar o intimidar.

Aquí se produce la primera frustración ciudadana: no hay grandes mejoras visibles. Simplemente, el país deja de empeorar. Pero sin esta etapa, todo lo demás es imposible.

Segunda fase: despolitización de las instituciones (2–4 años)

Esta es la fase decisiva y la más resistida.

El objetivo es devolver neutralidad y profesionalidad a las instituciones:

• Reformar los sistemas de nombramiento en la Justicia y los organismos reguladores.
• Blindar la independencia de los medios públicos.
• Restablecer la separación real de poderes frente a la ficción actual.

Aquí emergen con fuerza los intereses creados: redes clientelares, sindicatos politizados, aparatos mediáticos subvencionados y lobbies ideológicos. Es el momento en que el viejo régimen intenta sobrevivir bajo nuevas siglas.

Tercera fase: restaurar el pluralismo real (2–3 años)

Una democracia sana no teme la discrepancia. La España degradada, sí.

Esta fase busca:

• Poner fin al señalamiento moral del adversario.
• Recuperar un espacio público donde disentir no implique ser cancelado.
• Sustituir la propaganda por información, y la militancia por periodismo.

No es solo una tarea legal, sino cultural. El sectarismo no desaparece cuando se pierde el poder; deja sedimentos que tardan años en diluirse.

Cuarta fase: reconstrucción de la confianza cívica (3–6 años)

Es la etapa más lenta y menos vistosa, pero también la más profunda.

La normalidad democrática se consolida cuando:

• La ley vuelve a ser previsible.
• El mérito sustituye al amiguismo.
• El ciudadano deja de percibir al Estado como un aparato hostil o adoctrinador.
• La alternancia política no genera miedo existencial.

La confianza no se legisla: se gana con tiempo y coherencia.

Quinta fase: normalidad democrática consolidada

No llega de golpe ni se proclama solemnemente. Se reconoce por sus síntomas:

• Las instituciones resisten los cambios de gobierno.
• La libertad de expresión deja de ser defensiva.
• La ley no se adapta al gobernante de turno.
• El poder vuelve a sentirse limitado.

Cuando eso ocurre, la democracia deja de ser una trinchera y vuelve a ser un marco común.

El gran riesgo: la falsa normalidad

El mayor peligro no es fracasar en la recuperación, sino acostumbrarse a una democracia degradada:

• Elecciones sin verdadera separación de poderes.
• Libertades formales con castigo social.
• Oposición tolerada, pero no respetada.

Ese estado puede prolongarse durante décadas bajo una apariencia de normalidad institucional.

Conclusión

España puede recuperar la normalidad democrática, pero solo si asume una verdad incómoda: el problema no es solo un partido, sino una cultura política entera. Ganar elecciones es necesario, pero insuficiente. La reconstrucción exige paciencia, firmeza y memoria.

Las democracias no mueren de repente.
Tampoco resucitan por decreto.

La izquierda caviar es derrotada. La Fiscalía archiva la investigación de Julio Iglesias por falta de jurisdicción internacional

Retrato realizado por Beatriz Galiano.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido clara: no concurren los requisitos legales para que la Justicia española investigue la denuncia presentada contra Julio Iglesias por presuntos delitos gravísimos —trata de seres humanos, servidumbre, agresión sexual y delitos contra los derechos de los trabajadores—. 

El archivo no es un tecnicismo menor ni un formalismo burocrático: es el reconocimiento explícito de que no había base jurídica suficiente para activar la maquinaria penal del Estado.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y en ese daño hay responsables.

Durante semanas, determinados sectores de la izquierda caviar, tan instalados en el confort moral como alejados de las garantías del Estado de derecho, se apresuraron a señalar, condenar y difamar. No esperaron a que hablara la Justicia; hablaron ellos primero. Y hablaron alto.

Porque para esa izquierda de salón, Julio Iglesias reunía todas las condiciones del acusado perfecto: hombre, rico, famoso, heterosexual, exitoso, símbolo de una España anterior a sus dogmas identitarios. Un icono incómodo. Un objetivo legítimo.

No importaba la solidez de las acusaciones, ni la competencia jurisdiccional, ni la presunción de inocencia. Importaba el relato.

La misma izquierda que se envuelve en banderas de derechos humanos cuando le conviene, olvida sistemáticamente los derechos fundamentales del acusado cuando el acusado no encaja en su catecismo ideológico. El "yo sí te creo" se convierte en "yo ya te condené", y el feminismo institucional muta en punitivismo mediático sin garantías.

Resulta revelador el silencio posterior. Apenas titulares. Ninguna rectificación proporcional al estruendo previo. Ninguna disculpa. Ninguna autocrítica. Porque el archivo judicial no encaja en el guion, y lo que no encaja se oculta.

Este caso no va solo de Julio Iglesias. Va de un patrón cada vez más frecuente: la utilización del feminismo, de la lucha contra la explotación laboral o de los derechos humanos como armas políticas y mediáticas, no para proteger a las víctimas, sino para ajustar cuentas simbólicas con figuras públicas incómodas.

La izquierda caviar no busca justicia; busca superioridad moral. No quiere tribunales; quiere platós. No aspira a la verdad; aspira a la cancelación. Y cuando la Justicia desmonta el relato, mira hacia otro lado.

Hoy el archivo judicial devuelve a Julio Iglesias algo que nunca debió perder: la presunción de inocencia.

Pero deja al descubierto otra realidad más preocupante: una izquierda que predica derechos mientras practica linchamientos, que habla de dignidad mientras pisotea garantías, y que convierte la acusación en sentencia cuando el acusado no es de los suyos.

Eso sí, siempre con copa de vino caro en la mano y conciencia progresista perfectamente limpia.