<h1>El Gobierno feminista calla ante las 15 agresiones sexuales denunciadas en Ceuta</h1>

Y el presidente de vacaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha construido buena parte de su identidad política alrededor del feminismo, la defensa de las mujeres y la lucha contra las violencias sexuales. Sin embargo, la grave situación que se vive actualmente en Ceuta plantea una pregunta incómoda: ¿dónde está ese feminismo cuando las víctimas son niñas y mujeres migrantes?

Desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, se han denunciado en Ceuta 15 casos de agresión sexual, la mayoría de ellos con menores como víctimas, según fuentes policiales citadas por Reuters. La misma información señala que la Justicia ceutí ha tramitado tres casos confirmados relacionados con migrantes marroquíes y que los servicios sanitarios han atendido a cinco mujeres por violencia sexual. 

La situación se produce en un contexto de extraordinaria vulnerabilidad. Miles de personas continúan en Ceuta después de la entrada masiva del 30 de julio. El Ministerio del Interior ha elevado a 2.168 los menores identificados, mientras los servicios de acogida permanecen desbordados. 

Las organizaciones humanitarias han advertido especialmente de la situación de las niñas. Save the Children ha reclamado medidas específicas de protección y se han habilitado espacios separados para ellas ante el temor de nuevas agresiones. La situación es tan preocupante que algunas menores han relatado su miedo a desplazarse por los asentamientos durante la noche. 

El problema, por tanto, no consiste únicamente en perseguir a los presuntos agresores después de que se produzca un delito. Consiste también en evitar que niñas y mujeres queden expuestas a situaciones previsibles de peligro.

Y aquí aparece la contradicción.

El Ministerio de Igualdad proclama como una de sus prioridades la lucha contra las violencias sexuales y dispone de mecanismos específicos para acreditar y atender a las víctimas, incluidas las menores. El propio Gobierno ha destinado recursos a programas de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y de prevención de abusos contra menores.

Entonces, ¿por qué la crisis de Ceuta no ocupa un lugar central en ese discurso?

No se trata de criminalizar a los migrantes ni de convertir unos delitos concretos en una condena colectiva. Sería injusto y demagógico. Los responsables de una agresión son quienes la cometen, no un colectivo entero.

Pero tampoco puede existir una doble vara de medir. Si una niña es víctima de violencia sexual, su condición de española, extranjera, migrante o refugiada debería ser absolutamente irrelevante para el feminismo. Una niña es una niña. Y su protección debería estar por encima de cualquier consideración política.

El Gobierno acaba de acordar con Ceuta nuevos espacios de acogida para unas 1.500 personas, mientras reconoce la gravedad de la crisis humanitaria. Es una medida necesaria, pero llega después de semanas de desbordamiento.

El feminismo se demuestra precisamente cuando resulta incómodo. Defender a las mujeres cuando el agresor pertenece al entorno que uno considera políticamente conveniente es fácil; defenderlas cuando hacerlo obliga a cuestionar una política migratoria o una gestión gubernamental resulta mucho más difícil.

Las niñas de Ceuta no necesitan consignas. Necesitan protección, seguridad, atención médica, investigación judicial y responsables ante la Justicia. Y, sobre todo, necesitan que nadie las convierta en víctimas invisibles por razones políticas.