<h1>Abascal acusa a Sánchez de abandonar Ceuta para entregársela a Marruecos</h1>

Santiago Abascal

La crisis migratoria que ha sacudido Ceuta ha abierto una nueva batalla política sobre el futuro de la ciudad autónoma y sobre la relación de España con Marruecos. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber abandonado a los ceutíes y de estar favoreciendo, con su política exterior, los intereses de Rabat. Su acusación es especialmente grave: sostiene que el Ejecutivo estaría dejando deteriorarse la situación hasta hacer posible una futura entrega de Ceuta a Marruecos. 

Entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas atravesaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta. Las estimaciones oficiales manejadas en los últimos días sitúan la cifra entre 72.000 y 80.000 entradas, un episodio sin precedentes para una ciudad de poco más de 83.000 habitantes. La llegada masiva desbordó las capacidades de acogida y obligó a movilizar recursos extraordinarios.

La situación sigue siendo delicada. Miles de inmigrantes permanecen en Ceuta y las autoridades locales reclaman más medios para atender especialmente a los menores no acompañados. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha llegado a advertir al Gobierno central de que recurrirá a los tribunales si en un plazo de 30 días no se produce una mejora sustancial de la situación.

Vox interpreta estos acontecimientos como el resultado de una política de debilidad frente a Marruecos. Su argumento parte de una realidad difícil de discutir: la estabilidad de Ceuta depende en buena medida de la cooperación marroquí para controlar su frontera. Y esa dependencia convierte a Rabat en un actor decisivo.

El problema es que Marruecos nunca ha renunciado formalmente a sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. De hecho, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha vuelto recientemente a cuestionar públicamente la soberanía española sobre ambas ciudades y ha insistido en que Marruecos continúa reivindicándolas.

Frente a esta presión, el Gobierno de Sánchez mantiene su estrategia de cooperación con Rabat. El Ejecutivo considera que la colaboración marroquí es imprescindible para controlar la frontera y ha rechazado modificar sustancialmente su política bilateral a raíz de la crisis. José Manuel Albares ha asegurado, además, que las personas que hayan entrado irregularmente serán devueltas a Marruecos dentro del marco legal y ha defendido que la pertenencia de Ceuta al espacio Schengen está garantizada.

Sin embargo, esa estrategia tiene un punto débil: cuanto mayor sea la dependencia española de Marruecos, mayor será también la capacidad de Rabat para utilizar la frontera como instrumento de presión política. La experiencia de los últimos años demuestra que las relaciones entre ambos países pueden deteriorarse rápidamente.

La cuestión, por tanto, no es solamente si Sánchez pretende entregar Ceuta, sino si su política hacia Marruecos está protegiendo suficientemente los intereses españoles. La expulsión reciente de periodistas españoles de Castillejos mientras cubrían la crisis fronteriza constituye, además, un episodio preocupante.

Ceuta no necesita consignas, pero tampoco necesita silencios. Necesita una política de Estado que combine seguridad fronteriza, defensa inequívoca de la soberanía española, cooperación europea y relaciones firmes con Marruecos.