<h1>Sánchez no posee más proyecto para los españoles que mantenerse en el poder a cualquier precio</h1>

Pedri

Todo gobierno necesita un proyecto. Un conjunto de objetivos que trasciendan el simple hecho de ocupar los despachos oficiales. Gobernar consiste en tomar decisiones para mejorar el país, asumir costes cuando es necesario y aceptar que, en democracia, el poder nunca pertenece definitivamente a quien lo ejerce. La alternancia no es un accidente del sistema; es una de sus garantías.

Sin embargo, una parte importante del debate político español gira hoy alrededor de una pregunta incómoda: ¿sigue existiendo un proyecto reconocible detrás del Gobierno de Pedro Sánchez o el principal objetivo se ha convertido en prolongar la legislatura?

Es evidente que el Ejecutivo sostiene que mantiene una agenda política propia basada en políticas sociales, crecimiento económico y reformas institucionales. El propio presidente ha reiterado públicamente su intención de continuar gobernando y completar la legislatura pese a las dificultades parlamentarias y políticas. 

No obstante, la percepción de muchos ciudadanos y analistas es distinta. Las negociaciones permanentes para asegurar apoyos parlamentarios, los cambios de estrategia en función de las mayorías disponibles y la prioridad concedida a la supervivencia política alimentan la impresión de que la continuidad del Gobierno ha pasado a ser un fin en sí mismo.

Cuando un Ejecutivo dedica buena parte de su energía a resistir, el debate sobre el contenido de sus políticas queda inevitablemente relegado. La conversación pública deja de centrarse en reformas económicas, vivienda, productividad, educación o sanidad para concentrarse en la aritmética parlamentaria, las alianzas coyunturales y el calendario electoral.

En las últimas semanas, además, el desgaste político se ha intensificado. Diversas iniciativas parlamentarias han pedido la dimisión del presidente o la convocatoria de mecanismos de control político, aunque sin efectos jurídicos vinculantes, mientras el Gobierno mantiene que no existe una mayoría alternativa capaz de sustituirlo. 

La cuestión de fondo no es únicamente cuánto tiempo puede mantenerse un Gobierno, sino para qué quiere mantenerse. La estabilidad tiene sentido cuando sirve para desarrollar un programa claro y reconocible. Si la estabilidad se convierte en el objetivo principal, corre el riesgo de perder su justificación política.

La historia democrática ofrece numerosos ejemplos de ejecutivos que confundieron la conservación del poder con la acción de gobierno. En esos casos, cada negociación deja de responder a un proyecto nacional para convertirse en una operación de supervivencia. El coste suele pagarse en forma de desconfianza ciudadana, polarización y deterioro institucional.

Los defensores de Sánchez sostienen que resistir es una obligación cuando consideran que la alternativa sería peor para el país. Sus críticos, en cambio, interpretan esa resistencia como la prueba de que el proyecto político se ha agotado y únicamente permanece la voluntad de seguir en el cargo.

En una democracia madura, ambas posiciones deben poder debatirse con libertad. Pero el juicio definitivo no corresponde a los partidos ni a los medios de comunicación. Corresponde a los ciudadanos, que en las urnas decidirán si consideran que el Gobierno sigue ofreciendo un rumbo para España o si, por el contrario, la permanencia en el poder ha terminado sustituyendo al propio proyecto político.