<h1>La UCO detecta amaños en los contratos que recomendó Begoña Gómez: arbitrariedad total en la contratación pública</h1>

Pedri y Begoñi

La contratación pública constituye uno de los ámbitos donde un Estado de derecho pone a prueba su credibilidad. Cuando los ciudadanos perciben que las adjudicaciones pueden depender más de relaciones personales o influencias que de los méritos objetivos de las ofertas, la confianza en las instituciones se deteriora rápidamente.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre varios contratos de Red.es adjudicados a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés vuelve a situar este debate en el centro de la actualidad. Según los investigadores, los correos electrónicos analizados reflejarían una "decisiva arbitrariedad" durante el proceso de valoración de las ofertas, incluyendo mensajes en los que se proponía reducir las puntuaciones de determinados competidores para favorecer a una candidatura concreta. 

Si estas conclusiones terminaran siendo confirmadas judicialmente, no estaríamos ante simples irregularidades administrativas, sino ante un serio cuestionamiento del principio de igualdad que debe regir cualquier licitación pública. La competencia entre empresas sólo tiene sentido cuando todos los participantes conocen las reglas y éstas se aplican con imparcialidad.

El caso adquiere además una especial dimensión política porque las empresas beneficiarias habían contado anteriormente con cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez. Conviene, sin embargo, distinguir cuidadosamente los distintos planos del asunto. Una cosa son las cartas de recomendación; otra muy distinta son las presuntas manipulaciones internas descritas por la UCO. De hecho, Red.es sostiene que el contrato investigado no estuvo respaldado por una declaración de interés de Begoña Gómez y defiende que todo el procedimiento se desarrolló conforme a la legislación vigente, atribuyendo las diferencias entre evaluadores a criterios técnicos razonados. 

Precisamente por esa existencia de versiones contrapuestas resulta imprescindible evitar las condenas anticipadas. Los informes policiales constituyen un elemento relevante de una investigación, pero corresponde a los tribunales determinar si existieron delitos y quiénes serían, en su caso, responsables.

No obstante, incluso antes de que haya una sentencia, el contenido de los correos conocidos plantea interrogantes difíciles de ignorar. Expresiones como la necesidad de que una determinada oferta fuera "la buena" o de reducir la valoración de otras empresas, si reflejan fielmente el desarrollo del procedimiento, proyectan una imagen muy poco compatible con la objetividad que debe caracterizar la gestión de recursos públicos. 

La mayor lección de este episodio quizá trascienda a las personas concretas implicadas. Los sistemas de contratación deben diseñarse para resistir cualquier intento de influencia, proceda de quien proceda. Cuanta mayor transparencia exista en las evaluaciones, mayor trazabilidad de las decisiones y mayor independencia de los órganos de valoración, menor será el espacio para la sospecha.

En una democracia madura, la confianza institucional no se construye pidiendo a los ciudadanos que crean en la buena fe de los responsables públicos. Se construye garantizando procedimientos tan sólidos que hagan innecesarios los actos de fe. Porque la mejor defensa de cualquier administración no son las declaraciones políticas, sino la evidencia de que cada contrato fue adjudicado exclusivamente por criterios objetivos, verificables y sometidos al escrutinio de la Justicia.