<h1>Óscar López equipara a Ábalos con Isabel Díaz Ayuso</h1>

Óscar López

En política, las comparaciones pueden convertirse en una forma de diluir las diferencias entre situaciones objetivamente distintas. Eso es lo que ocurre cuando el ministro Óscar López afirma que "el que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso", estableciendo un paralelismo entre un exministro condenado por el Tribunal Supremo y una presidenta autonómica contra la que no existe ninguna causa judicial abierta. 

La frase busca transmitir un mensaje político sencillo: nadie debe quedar al margen de la acción de la Justicia. Es un principio difícilmente discutible. Sin embargo, el problema surge cuando la retórica pasa por encima de los hechos.

José Luis Ábalos ha sido condenado por el Tribunal Supremo a una larga pena de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La condena es el resultado de un procedimiento judicial concluido y de una sentencia firme. 

Por el contrario, Isabel Díaz Ayuso no está procesada, imputada ni investigada en ninguna causa penal. Su nombre aparece con frecuencia en el debate político por las investigaciones que afectan a su pareja, pero en el plano estrictamente jurídico su situación es radicalmente distinta. Confundir ambos planos puede ser eficaz desde el punto de vista propagandístico, pero resulta mucho más discutible desde el rigor institucional. 

La gestión de Ayuso puede y debe ser objeto de escrutinio. También pueden analizarse las consecuencias políticas derivadas de los problemas judiciales de personas de su entorno. Pero una cosa es exigir responsabilidades políticas y otra muy distinta presentar como equivalente a quien ha sido condenado por corrupción con quien, al menos hasta la fecha, no tiene abierto ningún procedimiento penal.

Este tipo de comparaciones reflejan además una tendencia cada vez más frecuente en la política española: responder a un escándalo propio señalando inmediatamente al adversario. La lógica deja de ser la rendición de cuentas para convertirse en un permanente "y tú más". El debate ya no gira sobre los hechos, sino sobre quién consigue equilibrar el coste político repartiendo responsabilidades.

Paradójicamente, esa estrategia puede terminar debilitando el propio mensaje que pretende defender. Si todo acaba siendo comparable, la gravedad de una condena firme pierde parte de su significado público. La corrupción deja de percibirse como un hecho excepcional para convertirse en un elemento más del enfrentamiento partidista.

Las instituciones necesitan algo más que consignas. Necesitan precisión. Porque la igualdad ante la ley consiste precisamente en tratar igual lo que es igual y de manera diferente lo que es diferente. Equiparar una condena firme con una situación en la que no existe causa judicial abierta no fortalece ese principio; más bien contribuye a difuminarlo.

En democracia, la crítica política es legítima. Pero también lo es exigir que el debate público se apoye en hechos. Y hoy los hechos son claros: uno ha sido condenado por el Tribunal Supremo; la otra no está siendo investigada ni juzgada. Esa diferencia no es un matiz. Es el núcleo mismo del Estado de derecho.