<h1>A la caza del juez Peinado. ¿Cómo se atreve a imputar a la esposa del presidente del Gobierno?</h1>

Juan Carlos Peinado, juez.

La igualdad ante la ley es uno de los principios fundamentales del Estado de derecho y, precisamente por eso, resulta tan revelador observar lo que ocurre cuando la maquinaria judicial se acerca a determinadas personas que, por su posición, parecen habitar una categoría diferente de ciudadanía.

El caso de la esposa del presidente del Gobierno ha servido para comprobar que en España existe un curioso fenómeno político y mediático: cuando un juez investiga a un ciudadano corriente, se habla de independencia judicial; cuando investiga a alguien cercano al poder, algunos descubren de repente la existencia de una conspiración.

El juez Juan Carlos Peinado ha pasado en pocos meses de ser un magistrado prácticamente desconocido para el gran público a convertirse en una figura omnipresente en el debate político. No por una sentencia histórica ni por un cambio legislativo, sino por haber tomado una decisión aparentemente extravagante: investigar a Begoña Gómez.

Porque, al parecer, la verdadera anomalía no sería la posible existencia de irregularidades que merezcan ser esclarecidas, sino el simple hecho de que alguien se haya atrevido a formular preguntas.

La reacción de algunos sectores ha sido digna de estudio. El magistrado ha sido acusado de actuar por motivaciones políticas, de prestarse a operaciones de desgaste e incluso de poner en riesgo la estabilidad institucional. Resulta curioso que el problema no sea si las acusaciones tienen o no fundamento, algo que precisamente corresponde determinar a la Justicia, sino que el procedimiento mismo haya llegado a existir.

Se diría que determinados cargos públicos y sus entornos disponen de una especie de blindaje moral según el cual cualquier investigación constituye un ataque a la democracia. La lógica es peculiar: la independencia judicial es una virtud mientras afecte a los demás; cuando se aproxima al poder, empieza a convertirse en una amenaza.

La ironía es evidente. Durante años se ha insistido en la necesidad de que los jueces actúen sin presiones y con absoluta autonomía. Pero cuando uno de ellos adopta decisiones incómodas para el Gobierno, se multiplican las descalificaciones personales, las sospechas sobre sus intenciones y las campañas para desacreditarlo.

Naturalmente, una imputación no equivale a una condena. La presunción de inocencia es un derecho irrenunciable y debe ser respetado escrupulosamente. Pero la presunción de inocencia tampoco significa inmunidad frente a una investigación. Entre ambas cosas existe una diferencia que, en ocasiones, parece desvanecerse en el debate público.

Quizá el mayor mérito involuntario del caso sea haber puesto de manifiesto una vieja tentación de las democracias contemporáneas: la de aceptar la igualdad ante la ley como un principio admirable, siempre que no afecte a quienes ejercen el poder.

La pregunta, por tanto, no es cómo se atreve el juez Peinado a imputar a la esposa del presidente. La verdadera pregunta es por qué todavía sorprende que un magistrado considere que su obligación consiste precisamente en eso: aplicar la ley con independencia de quién sea la persona investigada.

Porque en democracia todos somos iguales. Al menos, en teoría. Y las democracias se ponen a prueba precisamente cuando alguien decide comprobar si esa teoría también funciona en la práctica.