<h1>La directora de la Guardia Civil reconoce sus citas con Leire Díez (para desacreditar a la UCO)</h1>

Mercedes González y Leire Díez

Según las explicaciones ofrecidas por Mercedes González, las reuniones tuvieron lugar fuera de dependencias oficiales y estuvieron relacionadas inicialmente con información sobre el denominado caso Koldo. La directora sostiene que en esos encuentros no se abordaron actuaciones para interferir en investigaciones judiciales ni presiones sobre la Unidad Central Operativa (UCO). 

La controversia surge porque informes de la UCO incorporados al sumario judicial señalan que existieron al menos tres reuniones y diversos contactos entre ambas. Los investigadores sostienen que Díez habría intentado influir para promover una investigación interna contra la propia UCO, a la que acusaba de filtraciones. 

González ha afirmado que rompió cualquier colaboración con Díez cuando esta le trasladó una propuesta relacionada con la situación del comandante Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo. Según su versión, rechazó de inmediato cualquier actuación que pudiera interpretarse como una injerencia en procedimientos en marcha. 

Pese a la creciente presión política, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido públicamente su respaldo a la directora de la Guardia Civil. Marlaska ha asegurado que, de acuerdo con la información de la que dispone, las reuniones no estuvieron relacionadas con la presunta trama investigada y ha destacado la "honorabilidad" de González. 

La oposición, encabezada por el Partido Popular, considera insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta el momento. El PP ha solicitado la comparecencia de González en el Senado para aclarar el alcance de sus contactos con Díez y ha reclamado responsabilidades políticas por los cambios en la versión oficial ofrecida por el Ministerio del Interior. 

El episodio añade una nueva dimensión a un caso que ya afecta a diversas figuras vinculadas al entorno socialista y que continúa siendo objeto de investigación judicial. Mientras el Gobierno insiste en que no existen pruebas de interferencias en las pesquisas policiales, la oposición exige una explicación completa sobre las relaciones mantenidas entre altos cargos del Estado y una de las protagonistas de la trama.