<h1>El juicio se complica para el hermano de Sánchez: la Oficina de Artes Escénicas no contaba con una sede física porque «no se trataba de una estructura material»</h1>

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La situación judicial de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, parece complicarse a medida que avanzan las declaraciones en el procedimiento que investiga su contratación en la Diputación de Badajoz. Lo que inicialmente parecía un asunto administrativo se ha ido rodeando de interrogantes, testimonios contradictorios e indicios que alimentan las sospechas de las acusaciones.

La comparecencia de David Sánchez ante la juez fue breve. Apenas diez minutos de declaración en los que respondió exclusivamente a las preguntas formuladas por su abogado. Lejos de despejar las dudas existentes, sus respuestas dejaron numerosos aspectos sin aclarar sobre el origen y la evolución del puesto que ocupa en la institución provincial.

Uno de los puntos más controvertidos sigue siendo la transformación de la plaza que desempeñaba. Sánchez explicó que se enteró del cambio de denominación de su puesto cuando este ya había sido realizado. La antigua coordinación de conservatorios pasó a convertirse en la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas en octubre de 2022.

Según manifestó, dicha oficina no contaba con una sede física porque no se trataba de una estructura material, sino de una simple categoría administrativa. Sin embargo, las acusaciones sostienen que la modificación implicó en la práctica la creación de un nuevo puesto de trabajo, circunstancia que habría exigido la convocatoria de un nuevo proceso selectivo. Eso nunca ocurrió y David Sánchez continuó ocupando el cargo sin necesidad de concurrir a ningún concurso público.

A las dudas sobre la naturaleza real del puesto se suma un testimonio especialmente llamativo. Cristina de Frutos, una de las aspirantes que concurrieron al proceso de selección para la plaza de coordinador de conservatorios, declaró que antes de acudir a la entrevista recibió el aviso de una persona de su entorno. Según su relato, le advirtieron de que el puesto ya tenía destinatario y que sería adjudicado a David Sánchez.

Aunque este tipo de afirmaciones no constituyen por sí mismas una prueba concluyente, sí refuerzan una de las principales tesis sostenidas por las acusaciones: que el proceso podría haber estado diseñado para beneficiar a una persona concreta.

Otro elemento que ha ganado relevancia durante las sesiones judiciales es la declaración de varios responsables de los conservatorios provinciales. Todos coincidieron en señalar que la creación de la figura del coordinador no respondía a una demanda urgente ni a una necesidad especialmente sentida dentro de los centros.

Por el contrario, explicaron que existían otras prioridades mucho más acuciantes, como cubrir vacantes de profesores de piano, sustituir bajas o resolver problemas estructurales de funcionamiento. Ninguno de ellos había solicitado expresamente la creación de una plaza de coordinación de esas características.

Sin embargo, uno de los indicios que más atención ha despertado durante el procedimiento es la rapidez con la que David Sánchez logró homologar en España su título obtenido en el Conservatorio Estatal N. A. Rimski-Kórsakov de San Petersburgo. Según la documentación incorporada a la causa, el trámite quedó resuelto en apenas siete días.

La cuestión adquirió relevancia tras la declaración de Evaristo Valentí López, exdirector de conservatorio y conocedor de este tipo de procedimientos. Ante el tribunal aseguró que la homologación de títulos extranjeros suele prolongarse durante largos periodos de tiempo, que pueden abarcar meses e incluso años.

La extraordinaria celeridad con la que se resolvió el expediente de David Sánchez no implica necesariamente ninguna irregularidad, pero sí constituye uno de los elementos que la investigación analiza para determinar si recibió un trato excepcional respecto al que habitualmente reciben otros solicitantes.

Con el avance del juicio, la suma de testimonios, documentos e indicios está configurando un escenario cada vez más complejo para la defensa. La declaración de aspirantes, responsables de conservatorios y expertos en homologaciones no prueba por sí sola la existencia de delito alguno, pero sí está contribuyendo a aumentar las dudas sobre la forma en que se produjo la contratación y posterior evolución profesional del hermano del presidente.

Será finalmente la resolución judicial la que determine si todas estas circunstancias responden únicamente a una concatenación de decisiones administrativas o si, por el contrario, existieron irregularidades susceptibles de responsabilidad penal. Entretanto, cada nueva sesión parece añadir una pieza más a un rompecabezas que está lejos de quedar resuelto.