<h1>Miguel Bosé señala lo que el Ministerio de Transportes lleva años negando</h1>

El descarrilamiento de Adamuz no puede despacharse como un hecho aislado. No lo es. Forma parte de una secuencia cada vez más difícil de ocultar: infraestructuras que fallan, advertencias que se ignoran y un Ministerio de Transportes que responde siempre igual —minimizando, relativizando y eludiendo responsabilidades políticas.

Miguel Bosé ha tenido la osadía de decirlo sin rodeos: Óscar Puente debería dimitir. No por una opinión ideológica, sino por una realidad objetiva. Adamuz no cae del cielo. Llega tras años de decisiones erróneas, prioridades mal fijadas y una concepción del transporte público más preocupada por el relato que por la seguridad.

Un ministerio en modo propaganda permanente

Basta repasar la hemeroteca reciente para entender que Adamuz encaja en un patrón claro. Averías reiteradas en la red ferroviaria convencional, incidencias constantes en Cercanías, retrasos crónicos en media distancia y un deterioro progresivo del mantenimiento básico mientras se anuncian grandes proyectos con titulares grandilocuentes.

El Ministerio de Transportes ha preferido invertir en marketing político —inauguraciones, promesas, anuncios futuros— antes que en aquello que no se ve, pero salva vidas: inspección de vías, renovación de materiales, prevención y mantenimiento. Cuando lo invisible falla, el tren descarrila. Literalmente.

De la advertencia al siniestro

Adamuz plantea una pregunta incómoda: ¿hubo avisos previos? ¿Existían informes técnicos que alertaran del estado de la vía? ¿Se priorizó el ahorro o la rapidez sobre la seguridad? Estas preguntas no son conspirativas; son las que cualquier democracia funcional exige formular tras una tragedia.

El problema es que, una y otra vez, el Ministerio responde con el mismo guion: investigación interna, lenguaje técnico opaco y dilución de responsabilidades. El resultado es siempre idéntico: nadie dimite, nadie asume errores políticos y el sistema continúa igual… hasta el siguiente accidente.

El patrón: fallar sin pagar coste político

Aquí está el verdadero escándalo. No es solo que fallen los trenes; es que el fallo no tiene consecuencias. El Ministerio de Transportes se ha convertido en un espacio políticamente blindado, donde los errores se explican, pero nunca se pagan.

Si Adamuz hubiera ocurrido bajo un gobierno de otro signo político, el ministro ya estaría en la picota mediática. Habría editoriales pidiendo dimisiones, tertulias incendiadas y manifestaciones de indignación. Pero cuando gobiernan "los suyos", la tragedia se convierte en un asunto técnico, casi burocrático.

Que sea Miguel Bosé quien levante la voz no es lo importante. Lo relevante es por qué su mensaje conecta con tanta gente. Porque muchos ciudadanos perciben el mismo patrón: servicios públicos que se deterioran mientras el poder se felicita a sí mismo.

Adamuz no es una anomalía. Es la consecuencia lógica de una forma de gobernar donde la responsabilidad política ha sido sustituida por la gestión del relato. Y cuando el relato descarrila, lo que queda es la realidad: vías mal mantenidas, decisiones erróneas y víctimas que pagan el precio.

Óscar Puente no es responsable de cada tornillo ni de cada traviesa, pero sí del modelo que las deja fallar. Y cuando un modelo produce tragedias repetidas, la dimisión no es un castigo: es una obligación democrática.