La nueva regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez nace envuelta en un discurso humanitario, pero esconde una grieta difícil de ignorar: la fragilidad de sus controles. 
Según el propio diseño del proceso, si en el plazo aproximado de un mes no se reciben los antecedentes penales del país de origen del solicitante, este quedará automáticamente "limpio" a efectos administrativos en España. No porque se haya comprobado su historial, sino porque no ha llegado la información. Y esa diferencia no es menor.
El problema no es la regularización en sí. España ha recurrido a procesos similares en el pasado y nadie discute que una inmigración ordenada, legal y con derechos es preferible a la marginalidad y la economía sumergida. El problema es cómo se hace. Y en este caso, todo apunta a que el sistema está diseñado más para acelerar cifras que para garantizar controles mínimos.
La clave está en los antecedentes penales. El Gobierno sostiene que solo podrán regularizarse quienes no tengan causas pendientes ni condenas graves. Sobre el papel suena razonable. En la práctica, sin embargo, el mecanismo depende de la capacidad —y voluntad— de países terceros para remitir documentación en tiempo y forma. Muchos de esos países carecen de registros digitalizados, otros arrastran una burocracia lenta y algunos ni siquiera colaboran de manera efectiva con las autoridades españolas. El resultado es evidente: el silencio administrativo juega a favor del solicitante.
Si el certificado no llega en el plazo previsto, no se interpreta como una alerta, sino como una ausencia de antecedentes. Es decir, el sistema convierte la falta de información en una presunción de limpieza. No porque se haya verificado nada, sino porque el reloj ha corrido más rápido que la realidad. En términos de seguridad jurídica y de control migratorio, es un auténtico coladero.
Esta lógica resulta difícil de explicar a cualquier ciudadano que tenga que presentar certificados, empadronamientos o documentos fiscales bajo amenaza de sanción si se retrasa un solo día. Para el Estado, el incumplimiento del plazo por parte del ciudadano suele ser un problema; cuando el incumplimiento procede de una administración extranjera, se convierte mágicamente en una ventaja para el solicitante.
El Gobierno insiste en que no hay riesgo, que los casos problemáticos serán residuales. Pero no aporta datos que respalden esa confianza. Tampoco explica por qué no se opta por una solución más prudente: suspender la resolución hasta recibir la documentación o, al menos, establecer mecanismos de verificación adicionales cuando los antecedentes no llegan. La prisa, una vez más, parece pesar más que la cautela.
Esta regularización, además, lanza un mensaje peligroso. No solo hacia dentro, donde se alimenta la sensación de agravio comparativo y de improvisación permanente, sino también hacia fuera. Si se extiende la idea de que basta con aguantar un mes para quedar regularizado sin comprobaciones efectivas, el "efecto llamada" es casi automático. No por maldad, sino por puro cálculo racional.
Conviene insistir en algo esencial: criticar este modelo no es criminalizar al inmigrante. Es exigir al Estado que haga su trabajo. La inmensa mayoría de quienes llegan a España lo hacen para trabajar y vivir en paz. Precisamente por ellos, por su integración y por la convivencia, los controles deben ser claros, transparentes y creíbles. Un sistema laxo no protege al inmigrante honesto; lo expone a la sospecha permanente.
La regularización de Sánchez no falla por ser ambiciosa, sino por ser ingenua o, peor aún, deliberadamente permisiva. Convertir la falta de información en un certificado de buena conducta no es política migratoria: es una renuncia al control. Y cuando el Estado renuncia a controlar, el precio siempre lo pagan los mismos.
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