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Zapatero |
La cuestión es de una gravedad extraordinaria. El informe policial remitido a la Audiencia Nacional habría descrito una planificación previa de la llegada masiva a Ceuta y señalado la intervención de agentes marroquíes en la conducción de los flujos migratorios. Esa conclusión entra en contradicción con la posición mantenida por el Gobierno respecto de Marruecos y explica buena parte del terremoto político que se ha producido en Interior.
Pero lo verdaderamente inquietante no es solamente lo que dice el informe. Es la pugna por saber quién lo conocía, quién decidió no comunicarlo y con qué finalidad.
En el centro de esa controversia aparece Francisco Pardo, director general de la Policía. Las fuentes citadas por ABC cuestionan que el ministro Fernando Grande-Marlaska no tuviera conocimiento del contenido del documento y ven en esa circunstancia una batalla de poder dentro del Ministerio del Interior. Pardo, por su parte, sostiene que la jueza María Tardón había restringido la difusión del informe. La disputa, por tanto, no es menor: afecta directamente a la cadena de mando de la Policía.
Y es aquí donde aparece Zapatero.
No porque exista, al menos por ahora, una prueba pública de que el expresidente haya ordenado la elaboración o la ocultación del informe. No conviene convertir las sospechas de determinadas fuentes en hechos probados. La cuestión es otra: la posibilidad de que siga existiendo una red de influencia construida durante sus años de Gobierno y que esa estructura conserve capacidad para intervenir en las grandes batallas internas del socialismo.
El asunto adquiere todavía mayor trascendencia por el deterioro de la relación entre Sánchez y quien durante años fue uno de sus principales apoyos políticos. Según las informaciones publicadas, el distanciamiento entre ambos habría aumentado precisamente cuando la situación judicial de Zapatero se ha complicado. En ese contexto, cualquier enfrentamiento dentro de Interior puede adquirir una lectura política mucho más profunda.
El problema para Sánchez es que el zapaterismo no es solamente un recuerdo. Es una cultura política, una generación de dirigentes y una determinada concepción del poder. Muchos de quienes llegaron a puestos relevantes durante aquellos años continúan teniendo influencia.
Si las acusaciones recogidas por ABC fueran confirmadas, estaríamos ante algo mucho más serio que una discrepancia burocrática: sería la demostración de que existen centros de poder dentro del Estado capaces de actuar con una autonomía preocupante respecto del Gobierno de turno.
Y ahí reside el verdadero peligro para Sánchez.
El presidente ha construido buena parte de su autoridad sobre una premisa sencilla: el control político del Gobierno sobre sus estructuras. Si Interior, la Policía y la política exterior comienzan a aparecer como territorios disputados entre diferentes familias socialistas, la autoridad presidencial queda inevitablemente debilitada.
Ceuta ha abierto una grieta inesperada. Una crisis migratoria que el Gobierno pretendía administrar políticamente ha terminado convirtiéndose en una batalla sobre la verdad de lo sucedido, sobre la actuación de Marruecos y sobre quién controla la información que llega a los tribunales.
Y ahora aparece una segunda batalla: la sucesión del poder dentro del propio socialismo.
Quizá por eso la frase resulta tan inquietante. «Zapatero morirá matando» no significa necesariamente que el expresidente esté detrás de cada movimiento. Significa algo políticamente más sutil: que, si se siente abandonado por quienes durante años fueron sus aliados, todavía conserva resortes suficientes para hacer mucho daño.
Sánchez debería tomar nota. Porque los gobiernos suelen temer más a sus enemigos cuando los tienen enfrente. Pero los verdaderamente peligrosos son, a veces, quienes conocen desde dentro todas las puertas de la casa.
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