<h1>El resentimiento, una enfermedad de la política española</h1>

Thomas Sowell

«El resentido percibe la felicidad del prójimo, la prosperidad del prójimo, la belleza o inteligencia del prójimo –o incluso su simple 'mediano pasar'– como una afrenta que alimenta un deseo perpetuo e indiscriminado de venganza» (Juan Manuel de Prada). 

La definición de Juan Manuel de Prada apunta a una de las pasiones más destructivas del ser humano: el resentimiento. No es exactamente envidia, aunque pueda contenerla. Es algo más profundo: la incapacidad de soportar que otro posea aquello que uno cree merecer o que, simplemente, le recuerda lo que no tiene.

El resentido no necesita ser pobre para resentirse, ni el objeto de su resentimiento tiene que ser rico. Basta con que perciba en el otro una felicidad que él considera injusta. El problema aparece cuando esa pasión privada abandona la conciencia individual y se convierte en categoría política.

Y aquí es donde la reflexión de De Prada adquiere una inquietante actualidad española.

España vive una época de extraordinaria polarización afectiva. Los estudios sociológicos recientes muestran que esa polarización no se limita a las diferencias ideológicas: puede llegar a convertir al adversario político en alguien emocionalmente rechazable. Un trabajo publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas advierte incluso de que los niveles crecientes de polarización afectiva pueden asociarse con una mayor tolerancia hacia alternativas políticas menos democráticas.

El fenómeno puede observarse en nuestra conversación pública. Con demasiada frecuencia ya no se discute sobre cómo mejorar la vida de los ciudadanos, sino sobre quién tiene derecho a disfrutarla. El éxito del otro se interpreta como privilegio; la prosperidad, como sospecha; la discrepancia, como traición. Y así aparece una política que necesita permanentemente fabricar culpables.

El resentido necesita un enemigo.

Puede ser el rico, el empresario, el propietario de una vivienda, el que cobra una determinada pensión, el que vota a otro partido, el que vive en una comunidad autónoma distinta, el inmigrante, el funcionario, el juez, el periodista o incluso el ciudadano que simplemente discrepa. La lista puede crecer indefinidamente porque el resentimiento nunca queda satisfecho: cuando desaparece un enemigo, necesita encontrar otro.

Pero sería demasiado sencillo convertir esta reflexión en una acusación contra una sola ideología. El resentimiento no tiene carnet político. Puede instalarse en la izquierda cuando transforma cualquier diferencia económica en una lucha moral entre buenos y malos; pero también en la derecha cuando convierte el éxito ajeno, la diferencia cultural o la llegada de nuevos ciudadanos en motivo permanente de agravio. La enfermedad es humana antes que ideológica.

Lo verdaderamente preocupante es que determinados discursos políticos descubran que resulta más fácil movilizar el resentimiento que cultivar la responsabilidad.

Decirle a un ciudadano que su vecino ha prosperado porque él ha sido perjudicado resulta mucho más eficaz electoralmente que explicarle la complejidad de una economía. Decirle que sus problemas tienen un culpable perfectamente identificable resulta más cómodo que reconocer que muchos de ellos obedecen a causas estructurales y que solucionarlos exige tiempo, esfuerzo y acuerdos.

España conoce hoy problemas reales: la dificultad de acceso a la vivienda, las desigualdades de renta, la incertidumbre laboral, el envejecimiento de la población y las diferencias territoriales. El INE mantiene indicadores específicos sobre salarios, ingresos, pobreza y carencia material que muestran que no todo bienestar estadístico se distribuye de manera uniforme.

Precisamente por eso hay que distinguir entre la legítima indignación ante una injusticia y el resentimiento. La indignación quiere corregir una injusticia. El resentimiento quiere que alguien pague por nuestra frustración. La primera puede construir una sociedad más justa. El segundo termina destruyéndola.

El resentimiento político tiene además una característica especialmente peligrosa: necesita que el ciudadano permanezca enfadado. Un ciudadano reconciliado con su vida, capaz de reconocer los méritos de otro y de aceptar que no todas las diferencias son injusticias, es mucho más difícil de manipular.

Por eso nuestra época necesita recuperar una virtud casi olvidada: la magnanimidad. Saber alegrarse de que al otro le vaya bien. Reconocer el talento ajeno sin sentir humillación. Admitir que alguien puede pensar de manera diferente sin ser nuestro enemigo. Aceptar que la vida nunca será perfectamente igualitaria y que igualdad ante la ley no significa igualdad absoluta de resultados.
Quizá uno de los síntomas más graves de nuestra crisis política sea precisamente que hemos comenzado a contemplar la felicidad ajena como una provocación.

Cuando eso ocurre, la política deja de aspirar al bien común y empieza a administrar agravios. Y una sociedad gobernada por el agravio acaba descubriendo que el resentimiento, una vez puesto en marcha, no distingue entre vencedores y vencidos. Termina devorándolos a todos.

España necesita justicia, desde luego. Pero necesita también algo más difícil: aprender de nuevo a no odiar al que vive un poco mejor que nosotros. Porque una democracia no puede sobrevivir mucho tiempo si cada ciudadano contempla al vecino como una afrenta.