<h1>Grietas en el PSOE por la crisis de Ceuta</h1>

El Estado está antes que el partido.

La crisis de Ceuta empieza a provocar una rebelión interna en el PSOE. Lo que hasta hace pocos días podía interpretarse como un malestar limitado a algunos dirigentes socialistas de la ciudad autónoma comienza a extenderse por distintos municipios españoles. Y el gesto que mejor simboliza esta evolución lo protagonizó este lunes el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, al anunciar que acudirá a la concentración convocada por la sociedad civil en solidaridad con Ceuta.

«Voy a estar allí», afirmó Díez, defendiendo que no hacía «nada extraño» por acudir a respaldar al pueblo ceutí. Su posición tiene especial relevancia porque la dirección federal del PSOE ha pedido a sus cargos públicos que no participen en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al considerar que la iniciativa ha sido promovida unilateralmente por su presidenta, María José García-Pelayo, del PP, y que puede utilizarse políticamente contra el Gobierno.

Pero la instrucción de Ferraz no está siendo seguida de manera uniforme. Otros alcaldes socialistas han anunciado igualmente su intención de participar, aunque algunos han optado por modificar el horario para evitar coincidir con la convocatoria de la FEMP. Entre ellos figuran José Román Guerrero, alcalde de Chiclana; Darío Moreno, de Sagunto; Antonio Rodríguez Osuna, de Mérida; José María Ramírez, de Almendralejo; Sandra Izquierdo, de Tacoronte; Gustavo Cuéllar, de Moguer, y Cristina de los Arcos, de Espartinas, que estuvo entre las primeras dirigentes socialistas en desmarcarse.

También municipios de menor tamaño gobernados por el PSOE han anunciado concentraciones de solidaridad con Ceuta. El fenómeno adquiere así una dimensión territorial que dificulta presentarlo simplemente como una discrepancia puntual entre dirigentes locales y la dirección nacional.

La situación resulta especialmente incómoda para Pedro Sánchez porque el alcalde de León no ha justificado su decisión desde una posición de oposición al Gobierno, sino apelando precisamente a una cuestión de Estado. Díez ha reclamado que los partidos estén «a la altura» y alcancen acuerdos sobre una crisis que, a su juicio, no debería convertirse en un instrumento de enfrentamiento partidista. 

La dirección socialista sostiene, sin embargo, que sí existe solidaridad con los ceutíes y que el problema reside en la utilización política de las concentraciones. Algunos alcaldes socialistas han expresado una posición semejante. El regidor de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, aseguró que está con Ceuta, pero rechazó participar en una convocatoria que considera susceptible de ser instrumentalizada políticamente.

Precisamente esa diferencia de criterio constituye la principal grieta. Para unos socialistas, acudir a una concentración de apoyo a Ceuta es una obligación institucional y moral. Para la dirección federal, participar en una convocatoria promovida por la FEMP supone contribuir a una estrategia política de la oposición.

Mientras tanto, la dimensión de la crisis sigue siendo extraordinaria. El Gobierno español elevó a 80.000 el número de personas que entraron irregularmente en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio y ha señalado que alrededor del 90% ya ha regresado a Marruecos. Las estimaciones sobre quienes permanecen en la ciudad han variado, situándose en los últimos informes entre varios miles de personas. Además, el Ejecutivo reconoce que entre quienes continúan en Ceuta hay menores y posibles solicitantes de protección internacional cuyos expedientes deben estudiarse individualmente.

La crisis ha desbordado además la dimensión migratoria. La Fiscalía ha registrado 23 agresiones sexuales a migrantes desde la entrada masiva, cinco de ellas calificadas como violaciones, y ha advertido de la especial vulnerabilidad de las víctimas menores de edad.

En este contexto, la rebelión de los alcaldes socialistas adquiere un significado político mayor. No todos cuestionan a Sánchez ni todos comparten las críticas del PP. Pero sí coinciden en algo esencial: Ceuta no puede convertirse en una cuestión de disciplina partidista.

Cuando un alcalde socialista de una capital como León decide acudir a una concentración que Ferraz desaconseja, y otros regidores siguen el mismo camino, el problema deja de ser exclusivamente ceutí. La grieta llega al territorio del PSOE.

Y para Sánchez es una señal incómoda: cuando la solidaridad con una ciudad española empieza a desafiar las consignas de la dirección de un partido, el debate ya no es únicamente sobre inmigración. Es también sobre autoridad, autonomía política y sentido de Estado.