<h1>El Parlamento Europeo señala a Sánchez como responsable en la invasión de Ceuta y plantea sanciones a Marruecos</h1>

Ursula Gertrud von der Leyen

El pleno de Estrasburgo no ha votado sobre un hecho menor. El Gobierno español estimó en unas 72.000 las personas que accedieron irregularmente a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Fue el episodio más grave en la frontera hispano-marroquí desde la crisis de 2021, y la mayoría de esas personas regresó a Marruecos en los días siguientes. La magnitud de las cifras cambió con las horas: Interior habló el 31 de julio de unas 50.000 entradas y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra a 60.000. Diez días antes, las cifras que manejaba Vivas eran de unas 2.000 personas, según recogió Maldita.es. La ciudad tiene unos 84.000 habitantes, de modo que el flujo de una sola noche fue comparable a casi toda su población. En 2021, la crisis anterior había supuesto más de 8.000 entradas en dos días.

Lo que aprobó la Eurocámara

El jueves 17 de septiembre, el pleno aprobó una resolución no vinculante por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. El texto lo impulsó el Partido Popular Europeo, junto a ECR y Patriots, tras fracasar la búsqueda de un texto común con los socialistas. Las fuentes discrepan en el apoyo de Renew: algunas medios lo cuentan entre los respaldos y otros hablan solo de PPE y derechas. Lo que sí consta es que se rompió el consenso habitual entre las grandes familias europeístas.

El contenido se puede resumir en tres bloques:

- Sobre el Gobierno español. La resolución sostiene que Ceuta fue «invadida» y que el Ejecutivo disponía de advertencias previas de la inteligencia y de las autoridades locales. Sitúa la regularización extraordinaria entre los factores que pudieron contribuir a la llegada masiva, y respalda una carta de 22 líderes europeos que ya advertía de ese posible efecto de atracción. También pide a la Comisión que evalúe el impacto de los movimientos secundarios y el funcionamiento de Schengen.

- Sobre Marruecos. Condena los cruces masivos y califica la instrumentalización de la migración como posible «herramienta de guerra híbrida». Declara inaceptable cualquier declaración que cuestione la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Propone, además, condicionar el acceso preferente al mercado comunitario y a la financiación europea a una cooperación efectiva en fronteras, lucha contra el tráfico y readmisiones.

- Sobre el marco europeo. Reclama reforzar las fronteras exteriores, acelerar los retornos y aplicar con urgencia el Pacto de Migración y Asilo.

«Sanciones»: conviene precisar

Los titulares hablan de sanciones a Marruecos, pero el texto es más cauto. La Eurocámara rechazó las propuestas más duras, como suspender de inmediato las ayudas o el Acuerdo de Asociación con Rabat. Lo aprobado es un mecanismo de condicionalidad, y por sí solo el Parlamento no puede romper el marco bilateral con Marruecos. La presión recae sobre la Comisión, que es la que debe decidir si actúa.

El discurso de von der Leyen

El día anterior, en el debate sobre el Estado de la Unión, von der Leyen proclamó ante el pleno que la frontera de Ceuta es europea porque Ceuta es España. El mensaje funcionó como respaldo simbólico, pero tuvo límites. Según infoLibre, la presidenta usó la crisis para justificar un endurecimiento de la política migratoria comunitaria, sin culpar a Marruecos directamente, y anunció un nuevo marco de respuesta ante llegadas masivas. La contención de la Comisión con Rabat contrasta con la dureza de la Cámara. La distancia refleja la lógica habitual: el Parlamento puede permitirse la contundencia política, mientras que la Comisión y el Consejo gestionan una relación estratégica con un socio clave en migración, energía y comercio.

Los puntos discutibles

1. El «efecto llamada». Es el argumento central contra el Gobierno y el más debatido. La regularización se aprobó en abril y recibió 1.174.978 solicitudes hasta el cierre del plazo, el 30 de junio, más del doble de los 500.000 beneficiarios previstos. Pero el decreto solo alcanza a quienes estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditan al menos cinco meses de residencia. Quien entró después no puede acogerse. El Ejecutivo defiende que no hay efecto llamada cuando existen una fecha de corte y un plazo cerrado. Los críticos responden que el efecto no depende de lo que diga el decreto, sino de lo que perciban quienes están al otro lado de la frontera. La evidencia disponible no permite zanjar la cuestión. Que la regularización no beneficie legalmente a los recién llegados no demuestra que no influyera en la percepción, y la coincidencia temporal tampoco prueba la causalidad.

2. Las advertencias previas. La resolución sostiene que hubo avisos. Sin embargo, la Guardia Civil entregó a la jueza María Tardón un informe según el cual las comunicaciones recibidas no permitían anticipar la magnitud de las llegadas. Habrá que esperar a la investigación judicial para saber cuál de las dos versiones se sostiene.

3. La palabra «invasión». El término es políticamente cargado. Ya lo empleó Vivas en 2021, y ahora lo incorpora el texto de la Cámara. El Plural señala que el PPE pactó con la ultraderecha. Los socialistas, por su parte, se negaron a un texto contundente contra Marruecos y apenas lo mencionaron una vez en su propuesta alternativa. Cada bloque defiende, con razón o sin ella, que el otro instrumentaliza la crisis. Las fuentes que cubren el asunto se dividen con claridad según su línea editorial, por lo que conviene contrastar siempre con el texto de la resolución.

4. La opacidad de las cifras. A comienzos de septiembre, se criticaba que Interior seguía sin incluir en su estadística oficial las entradas del 30 y 31 de julio, pese a que el propio Gobierno estima unas 72.000. Esta discrepancia, sea o no deliberada, alimenta la desconfianza en ambos lados.

Conclusión

La resolución no es una sentencia. Como resumen algunos análisis, es una resolución política no vinculante que cuestiona decisiones concretas del Gobierno, especialmente la regularización, pero no absuelve a Rabat. Su peso real es político: consolida una mayoría de derechas en un asunto sensible, deja al Gobierno de Sánchez en una posición incómoda ante sus socios europeos y coloca a la Comisión ante la pregunta de si convertirá la condicionalidad en política efectiva con Marruecos. Falta ver qué hace Bruselas con el mandato y qué establece la investigación judicial sobre lo ocurrido en julio.