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Henri Parot. 39 asesinatos, incluidos niños y niñas. |
Un historial criminal extenso
Parot, nacido en 1958 en Argel en el seno de una familia franco-vasca, fue detenido en Sevilla en abril de 1990 tras un tiroteo con la policía. Acumuló condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda armada. Entre sus crímenes más recordados figura el atentado de 1987 contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron once personas, cinco de ellas niñas y niños, y en el que resultaron heridas otras 88. Su caso dio nombre, además, a la conocida como "doctrina Parot", la jurisprudencia que durante años impidió aplicar beneficios penitenciarios de forma retroactiva a presos de ETA condenados a penas muy largas, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la tumbó en 2013.
Una progresión penitenciaria gradual
El paso al tercer grado no ha sido repentino. Desde el año pasado, Parot disfrutaba ya de un régimen de semilibertad amparado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permitía salir de la cárcel de lunes a viernes para realizar tareas de voluntariado, con la obligación de regresar cada noche a dormir en el centro. También se benefició de un permiso penitenciario de seis días, avalado por el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional en un auto fechado el 19 de junio de 2025. En esa resolución, el magistrado valoró que Parot había cumplido ya más de tres cuartas partes de su condena, que no registraba sanciones disciplinarias, que participaba en actividades programadas por la prisión y que el riesgo de fuga era muy bajo. El juez tuvo en cuenta también una carta en la que el etarra, entonces con 67 años y 35 de ellos en prisión, afirmaba rechazar "todas las violencias" y planteaba la necesidad de reconocer el sufrimiento causado por su pertenencia a ETA.
Rechazo frontal de las víctimas
La decisión ha generado una reacción inmediata del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha calificado de inaceptable que se conceda la semilibertad a un condenado por 39 asesinatos sin que haya mostrado, a su juicio, un arrepentimiento real, público y verificable. La asociación sostiene que la resolución se apoya de nuevo en escritos privados y fórmulas genéricas de condena de la violencia, sin que exista una ruptura clara e inequívoca con ETA y con el entorno que justificó sus crímenes. Covite ha llegado a calificar el tercer grado de "fraudulento" y ha denunciado que la política penitenciaria vasca viene beneficiando de forma progresiva a antiguos miembros de la organización terrorista sin exigirles ese compromiso explícito.
El caso de Parot se suma así a una serie de excarcelaciones y avances en el grado penitenciario de antiguos miembros de ETA que en los últimos años han reavivado el debate sobre los límites entre reinserción social y memoria de las víctimas, un debate que previsiblemente continuará abierto mientras la Fiscalía resuelve si recurre esta última decisión.
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