<h1>Begoña Gómez amañó y falseó contratos públicos</h1>

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La investigación judicial sobre la actividad de la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid ha dado un nuevo salto tras el informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez instructor. El atestado sostiene que parte de los contratos vinculados al desarrollo de la plataforma tecnológica Transforma TSC habrían sido diseñados para beneficiar de manera previa y deliberada a la consultora Deloitte.

Según la investigación, la cátedra habría utilizado ofertas "simuladas" y expedientes administrativos confeccionados para "dar apariencia de legalidad" a servicios que, en realidad, ya estaban acordados de antemano. El informe describe un sistema en el que las adjudicaciones no respondían a una competencia abierta y transparente, sino a decisiones previamente pactadas.

La Guardia Civil sostiene además que las condiciones técnicas y económicas de los contratos fueron "amoldadas" para encajar con las capacidades específicas de Deloitte, reduciendo de facto la concurrencia del resto de empresas interesadas. En otras palabras, los investigadores consideran que las licitaciones públicas no habrían sido neutrales, sino elaboradas para asegurar un resultado concreto.

El atestado, fechado el 21 de mayo de 2026, analiza el funcionamiento interno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM y el proceso de creación de la plataforma Transforma TSC. Los agentes apuntan a posibles irregularidades tanto en la preparación de los expedientes como en la justificación posterior de los contratos adjudicados.

La investigación judicial se sigue por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. La gravedad de las acusaciones no reside únicamente en la cuantía económica de los contratos, sino en la sospecha de que una institución pública pudiera haber sido utilizada para canalizar adjudicaciones dirigidas desde el inicio.

El caso golpea además directamente al entorno político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque la figura de Begoña Gómez ha estado vinculada durante años a actividades académicas, empresariales e institucionales desarrolladas bajo una intensa exposición pública. La oposición interpreta ahora las conclusiones preliminares de la UCO como un indicio de utilización partidista e irregular de recursos públicos.

Desde el entorno de Gómez se niega cualquier actuación ilegal y se insiste en que todas las colaboraciones y adjudicaciones se realizaron conforme a los procedimientos habituales de la universidad. Sin embargo, el informe policial introduce una acusación especialmente delicada: que parte del procedimiento administrativo habría sido construido artificialmente para encubrir decisiones ya tomadas.

La causa continúa abierta y será el juez quien determine si los indicios descritos por la Guardia Civil terminan convirtiéndose en acusaciones formales. Pero políticamente, el daño ya es evidente. La sospecha de contratos amañados y expedientes falseados afecta al corazón mismo del discurso de regeneración y transparencia con el que el sanchismo llegó al poder.