<h1>Évole es al periodismo lo que García Ortiz a la Justicia</h1>

Jordi Évole y Álvaro García Ortiz

Hay entrevistas que buscan esclarecer hechos y otras que parecen concebidas para blanquear responsabilidades. La reciente conversación de Jordi Évole con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha provocado precisamente esa sensación en una parte de la opinión pública: la de estar ante un ejercicio de complicidad ideológica más que ante una labor periodística de fiscalización.

El problema no reside únicamente en el tono amable o en la ausencia de preguntas incómodas. El verdadero conflicto aparece cuando un periodista parece situarse frontalmente contra resoluciones del Tribunal Supremo de España, sugiriendo que las decisiones judiciales obedecen más a intereses políticos que a criterios jurídicos. En ese momento deja de ejercer como observador crítico para convertirse en actor político.

La figura de García Ortiz ya venía envuelta en una intensa controversia institucional. Su permanencia en el cargo tras decisiones cuestionadas por amplios sectores jurídicos había abierto un debate profundo sobre la independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno. El hecho de que el fiscal general del Estado dependa jerárquicamente del Ejecutivo no es nuevo; lo inquietante es la percepción creciente de que determinadas actuaciones responden más a afinidades políticas que al interés general.

En ese contexto, la entrevista de Évole no fue interpretada como un intento de arrojar luz sobre las tensiones entre poder político y poder judicial, sino como un ejercicio de validación narrativa. No se trató de confrontar al entrevistado con las críticas, las resoluciones judiciales o las contradicciones de su gestión, sino de ofrecerle un espacio cómodo desde el que construir un relato de victimización institucional.

El periodismo pierde su función democrática cuando sustituye la búsqueda de la verdad por la defensa emocional de una causa. Un entrevistador no está obligado a ser neutral —la neutralidad absoluta probablemente no exista—, pero sí debería mantener distancia crítica frente al poder, especialmente cuando ese poder afecta al funcionamiento de la Justicia. Y esa distancia pareció desaparecer.

Resulta significativo que parte de la reacción social no haya girado tanto en torno a García Ortiz como alrededor del propio Évole. Durante años, el periodista construyó una imagen pública asociada a la irreverencia y a la capacidad de incomodar al poder. Sin embargo, para muchos espectadores, hoy representa exactamente lo contrario: un modelo de periodismo ideologizado que cuestiona determinadas sentencias judiciales dependiendo de quién resulte afectado por ellas.

La crítica, por tanto, no apunta únicamente a una entrevista concreta, sino a una tendencia más amplia dentro del ecosistema mediático español: la conversión de ciertos comunicadores en legitimadores culturales de un bloque político. Cuando eso ocurre, la frontera entre información, activismo y propaganda se vuelve cada vez más difusa.

Y ahí emerge la comparación que algunos formulan con crudeza: si García Ortiz simboliza para sus detractores una Justicia percibida como alineada con el poder político, Évole representaría un periodismo que ya no vigila al poder, sino que lo acompaña. Una democracia sana necesita jueces independientes, pero también periodistas incómodos. Cuando ambos espacios se contaminan por afinidades ideológicas, la confianza pública se erosiona rápidamente.

La cuestión de fondo no es si un periodista puede tener opiniones. Por supuesto que puede. La cuestión es si el periodismo sigue dispuesto a confrontar al poder incluso cuando ese poder coincide con sus propias convicciones. Ahí es donde se mide realmente la credibilidad.