<h1>Las compras inmobiliarias de «los Zapatero» suman los dos millones que cobró la trama</h1>

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La política española atraviesa uno de esos momentos en los que las coincidencias dejan de parecer casualidades y empiezan a adquirir una dimensión incómoda. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sostiene que el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido cerca de dos millones de euros en comisiones ilícitas dentro de la investigación del caso Plus Ultra. Y la cifra resulta especialmente llamativa por una razón: prácticamente coincide con el volumen de inversiones inmobiliarias realizadas por la familia del expresidente en los últimos años.

La cuestión no es menor. Porque ya no se trata únicamente de las sospechas sobre una supuesta red de influencias tejida alrededor del rescate de Plus Ultra, una operación que desde el principio estuvo rodeada de polémica política y financiera. El foco empieza a dirigirse hacia el destino de ese dinero y hacia el modo en que determinadas operaciones patrimoniales encajan milimétricamente con las cantidades bajo investigación.

Según las pesquisas de la UDEF, los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales se habrían producido durante la etapa de Pedro Sánchez en La Moncloa. Es decir, no hablamos de hechos vinculados a la época en la que Zapatero era presidente del Gobierno, sino de su posterior papel como figura de enorme influencia política y empresarial en la sombra del sanchismo.

Y ahí emerge un patrón difícil de ignorar. Dos chalés y dos pisos adquiridos en algunas de las zonas más exclusivas de Madrid. Operaciones inmobiliarias cuyo importe global rondaría precisamente esos dos millones de euros que el magistrado considera relacionados con la supuesta trama. Demasiada precisión para ser una simple anécdota estadística.

El problema político para el PSOE no es solamente judicial. Es moral. Porque Pedro Sánchez construyó buena parte de su discurso sobre la regeneración democrática, la ejemplaridad pública y la lucha contra la corrupción heredada de otras etapas políticas. Sin embargo, la realidad empieza a dibujar un escenario devastador para el relato oficial del sanchismo.

El panorama para el autócrata es terrorífico. Investigados por corrupción su hermano, su mujer, sus hombres de confianza y ahora, su padre espiritual, José Luis Rodríguez Zapatero. La imagen de un poder acosado por sospechas judiciales ya no es una exageración de la oposición: empieza a convertirse en una fotografía objetiva de la situación política.

Además, el caso tiene un elemento particularmente destructivo para el Gobierno: afecta a Zapatero. Y Zapatero no es un dirigente retirado ni una figura decorativa del PSOE. Sigue siendo uno de los principales arquitectos ideológicos y estratégicos del actual Ejecutivo. Su influencia sobre Sánchez es conocida dentro y fuera del partido. En muchos asuntos clave —desde la política internacional hasta las alianzas parlamentarias— el expresidente ha actuado como consejero, mediador y operador político de primer nivel.

Por eso cualquier investigación que le alcance termina golpeando directamente el corazón político del sanchismo.

La gravedad de las acusaciones obliga, naturalmente, a respetar la presunción de inocencia. Pero también exige una explicación pública convincente. Porque cuando el dinero presuntamente cobrado por una trama coincide casi al céntimo con inversiones inmobiliarias familiares, la exigencia de transparencia deja de ser opcional.

España ya ha vivido demasiadas etapas en las que el poder político utilizó el enriquecimiento privado como una extensión natural de la influencia institucional. El problema para Sánchez es que prometió acabar con todo aquello. Y cada nueva investigación acerca más a su entorno a aquello que juró combatir.

Lo que comenzó como un rescate polémico de una aerolínea deficitaria amenaza ahora con convertirse en otro símbolo de una época marcada por las sombras, las redes de influencia y las conexiones entre política, negocios y patrimonio familiar.