<h1>El crimen de Esplugues y la doble vara de medir</h1>

La comunidad china está conmocionada.

El sábado 2 de mayo de 2026, a las once de la mañana, una mujer de 42 años esperaba el autobús en el barrio de Finestrelles, en Esplugues de Llobregat. Un hombre con un cuchillo se acercó, la atacó repetidamente en el cuello y el tórax, hirió a otro transeúnte que intentó intervenir y huyó. Ella murió en la calle. Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron aproximadamente una hora después, en el barrio barcelonés de Les Corts. El caso está bajo secreto de sumario.

Lo que siguió al crimen fue, en ciertos ámbitos, tan llamativo como el propio crimen: el Gobierno de Pedro Sánchez no emitió condena pública alguna. Ningún ministro. Ningún secretario de Estado. Ninguno de los socios de coalición. El silencio desde La Moncloa fue total y, para muchos ciudadanos, ensordecedor.

Los hechos y las versiones en disputa

Varios vecinos y testigos declararon a medios de comunicación —entre ellos el programa "En Boca de Todos" de Cuatro— que el agresor gritaba "Alá es grande" durante el ataque. Un vecino afirmó que el día anterior el mismo hombre había amenazado a una joven y a su padre, y que la Policía fue avisada en dos ocasiones sin que nadie acudiera al lugar. Los Mossos, por su parte, no han confirmado públicamente estos extremos y mantienen la investigación bajo secreto de sumario.

La policía catalana también descartó inicialmente que se tratara de violencia machista, señalando que el agresor eligió a sus víctimas de forma aparentemente indiscriminada. Sin embargo, eso no ha impedido que parte de la narrativa mediática intente encuadrar el suceso dentro de ese marco, el único que parece activar la maquinaria institucional de condena.

"Si es violencia machista, el Gobierno condena. Si el agresor gritaba Alá es grande: silencio."

La doble vara de medir que la ciudadanía percibe

El contraste es difícil de ignorar. Cuando un crimen puede ser catalogado como violencia de género, la respuesta institucional es inmediata: comunicados, ruedas de prensa, concentraciones convocadas, minutos de silencio. Existe toda una infraestructura simbólica y mediática dispuesta a activarse. El problema no es esa respuesta sino su ausencia cuando el crimen no encaja en el relato preferido del Gobierno.

No se trata de instrumentalizar un asesinato para una agenda política. Se trata de exigir coherencia: que toda vida perdida a manos de la violencia merezca la misma indignación pública, independientemente de quién sea el agresor o cuál sea su motivación. Una mujer asesinada es una mujer asesinada. Su origen, el del agresor, o el grito que acompañó el ataque no debería determinar si el presidente del Gobierno firma un tuit de condena.

La seguridad no es un tema de ultraderecha

El argumento más utilizado para no hablar de estos crímenes es que "dar visibilidad a este tipo de noticias beneficia a la ultraderecha". Es un argumento que, llevado a sus consecuencias lógicas, implica que la población debe ser protegida de cierta información para no votar "mal". Es paternalista, es antidemocrático y, sobre todo, es contraproducente: la gente percibe el silencio, lo interpreta correctamente como ocultamiento, y la desconfianza institucional crece.

Hablar de seguridad, de motivaciones yihadistas cuando existen indicios de ellas, de los fallos del sistema que permiten que agresores previamente denunciados sigan en la calle, no es xenofobia. Es periodismo. Es política responsable. Es el mínimo que una democracia le debe a sus ciudadanos.

Lo que se le debe a la víctima

Una mujer murió en la acera de una calle tranquila de Esplugues un sábado por la mañana. Su familia merece respeto. Los vecinos que viven con miedo merecen ser escuchados. Y la sociedad española merece que sus representantes políticos tengan el valor de condenar un asesinato sin calcular primero si hacerlo les conviene electoralmente.

El silencio no es neutralidad. Es una elección. Y en este caso, es una elección que habla más alto que cualquier declaración.