El caso de Alvise Pérez en España es un tema que ha generado considerable atención en los últimos años, especialmente desde su irrupción en la escena política con la agrupación de electores "Se Acabó la Fiesta" (SALF) en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Luis "Alvise" Pérez Fernández, un sevillano de 34 años, ha pasado de ser un agitador en redes sociales a convertirse en eurodiputado, liderando un movimiento que se presenta como antiestablishment y anticorrupción. Sin embargo, su ascenso no ha estado exento de controversias, investigaciones judiciales y críticas por presuntas prácticas contradictorias con su discurso regeneracionista. A continuación, un análisis del caso basado en la información disponible hasta la fecha actual, 15 de marzo de 2025.
Contexto y ascenso político
Alvise Pérez construyó su popularidad principalmente en el ámbito digital, acumulando cientos de miles de seguidores en plataformas como Telegram (más de 700,000) e Instagram. Su discurso se centra en denunciar la corrupción política, judicial y mediática, apelando a un electorado desencantado con el sistema tradicional. En las elecciones europeas de junio de 2024, SALF obtuvo más de 800,000 votos y tres escaños, un resultado sorprendente que lo posicionó como una fuerza disruptiva en la política española. Este éxito se logró con una campaña austera, basada en redes sociales y el apoyo de su comunidad virtual, evitando los grandes eventos tradicionales.
Pérez, que inicialmente militó en partidos como Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Ciudadanos (Cs), evolucionó desde posturas liberales hacia una retórica más radical, a menudo asociada con la derecha alternativa o el populismo antisistema. Su plataforma incluye propuestas como sortear su salario como eurodiputado entre sus seguidores y construir "la mayor cárcel de Europa" para combatir la delincuencia, inspirándose en figuras como Nayib Bukele de El Salvador.
Controversias y problemas legales
A lo largo de su carrera como agitador digital, Pérez ha acumulado denuncias por difamación, falsificación y revelación de secretos. Aunque algunos casos han sido archivados o revertidos (como una demanda de la exministra Irene Montero que fue desestimada), su estrategia de buscar inmunidad parlamentaria parece haber sido un motivador clave para su candidatura en 2024.
Análisis crítico
El caso de Alvise Pérez refleja varias dinámicas de la política contemporánea en España y Europa:
• Populismo digital: Su éxito demuestra el poder de las redes sociales para movilizar a votantes desencantados, especialmente jóvenes (más del 75% de sus votantes en 2024 tenían menos de 45 años). Sin embargo, su dependencia de plataformas como Telegram, donde la veracidad de la información es difícil de fiscalizar, plantea interrogantes sobre la calidad del debate democrático que promueve.
• Fragmentación de la derecha: Su irrupción ha afectado principalmente a Vox, de donde provino la mitad de sus votantes, y en menor medida al Partido Popular (PP). Esto podría fragmentar el voto conservador en futuras elecciones generales, beneficiando indirectamente a la izquierda, pese a las críticas de Pérez al PSOE y Sumar.
• Polarización social: Sus mensajes, a menudo cargados de hiperbolismo, contribuyen a una polarización creciente en España. Episodios como su comentario tras el asesinato de un menor en Mocejón en 2024, sugiriendo una conexión con inmigrantes sin evidencia, refuerzan esta tendencia.
Implicaciones y perspectivas
El caso de Pérez es sintomático de un auge global de figuras populistas que capitalizan el descontento social mediante estrategias no convencionales. Aunque SALF no es aún un partido político formal, su líder ha expresado intenciones de competir en elecciones generales, lo que podría consolidar su influencia o, por el contrario, exponer las limitaciones de un proyecto basado más en la protesta que en propuestas estructuradas.
En conclusión, el caso de Alvise Pérez en España es un ejemplo de cómo la política tradicional se ve desafiada por nuevos actores que combinan tecnología, retórica radical y una conexión directa con el electorado. El desarrollo de las investigaciones judiciales será clave para determinar si este fenómeno es pasajero o un cambio duradero en el panorama político español.
Querellas desestimadas contra Alvise Pérez
Alvise Pérez, líder de "Se Acabó la Fiesta" (SALF) y eurodiputado desde junio de 2024, ha enfrentado numerosas querellas a lo largo de su trayectoria como agitador digital y político. Sin embargo, varias de estas demandas han sido desestimadas por los tribunales, ya sea por falta de pruebas, por considerar que sus acciones estaban amparadas por la libertad de expresión, o por errores procesales. A continuación, se detallan los casos más relevantes:
Querellas de Óscar Puente (2020-2021)
Entre 2020 y 2021, Alvise Pérez publicó en Twitter información crítica sobre Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid y posteriormente ministro de Transportes. Esto incluía un contrato de 200,000 euros con Zaiglobal S.L. (que supuestamente pagó un yate para Puente), fotos de un Renault Zoe municipal usado con fines personales, y un Mercedes Clase G vinculado al grupo Recoletas, cuyo gerente era su secretario particular.
• Puente presentó cuatro querellas por acoso e injurias en septiembre de 2021.
• Las querellas fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de Valladolid. El tribunal argumentó que los cargos públicos deben tolerar un mayor grado de crítica y que las publicaciones de Pérez, aunque duras, se enmarcaban en la libertad de expresión y el interés público, al tratarse de posibles irregularidades. No se probaron delitos penales como acoso o injurias graves.
• Este caso reforzó la posición de Pérez como denunciante de presunta corrupción, al validar judicialmente la veracidad de sus afirmaciones.
Demanda de Ana Pastor (2020-2022)
Entre abril de 2020 y noviembre de 2022, la periodista Ana Pastor demandó a Pérez por intromisión en su derecho al honor y perjuicio a su empresa, Newtral, tras publicaciones en redes sociales que la criticaban.
• Pastor interpuso varias demandas, buscando una condena económica y la retractación de Pérez.
• En abril de 2022, el Juzgado de Primera Instancia desestimó las demandas iniciales, fallo que fue confirmado en apelación. El juez consideró que las afirmaciones de Pérez eran veraces y documentadas, y que su labor tenía un interés público al cuestionar figuras mediáticas. Aunque en junio de 2024 el Tribunal Supremo lo condenó a pagar 7,000 euros por vulnerar el derecho a la imagen de Pastor en un caso paralelo, las querellas principales por honor fueron archivadas.
• La desestimación inicial fue celebrada por Pérez como una victoria contra intentos de "asfixiarlo económicamente", aunque la condena posterior matizó este éxito.
Querella de Vox y Santiago Abascal (2024-2025)
En 2024, tras las acusaciones de financiación ilegal de Pérez, este insinuó en redes sociales que Santiago Abascal, líder de Vox, también había recibido "sobres con efectivo" relacionados con criptomonedas, sin aportar pruebas.
• Vox y Abascal presentaron una querella por calumnias e injurias.
• En marzo de 2025, el Tribunal Supremo desestimó la querella, según reportes en X. El tribunal señaló que las declaraciones de Pérez eran "sospechas" y no afirmaciones fácticas constitutivas de calumnias o injurias, y que no había pruebas de dolo o falsedad deliberada.
• Este fallo, aunque basado en información preliminar de redes, sugiere que los tribunales han dado un margen amplio a Pérez para expresarse, incluso en acusaciones sin sustento claro, lo que podría envalentonarlo en futuras disputas.
Caso de la PCR de Salvador Illa (2021)
En febrero de 2021, días antes de las elecciones catalanas, Pérez publicó una imagen de una supuesta prueba PCR positiva de Salvador Illa, entonces candidato del PSC. QuirónSalud confirmó que el documento era falso.
• El PSC denunció a Pérez ante la Fiscalía por calumnias y falsedad documental.
• Aunque el caso fue remitido al Tribunal Supremo por su aforamiento en 2024, Pérez admitió no haber verificado la veracidad del documento. Hasta marzo de 2025, no hay resolución condenatoria firme, y el retraso procesal (dos años hasta 2023) llevó a Pérez a recurrir por dilación indebida, lo que podría derivar en un archivo si no se avanza.
• La falta de condena hasta la fecha sugiere que el caso podría desestimarse por cuestiones procesales o insuficiencia probatoria.
Análisis general
• Patrón judicial: Las querellas desestimadas suelen girar en torno a la libertad de expresión y el interés público. Los tribunales han tendido a proteger las publicaciones de Pérez cuando estas se basan en datos verificables o se dirigen a figuras públicas, aceptando un umbral alto de crítica.
• Estrategia de Pérez: Ha utilizado estas desestimaciones para reforzar su narrativa de "persecución" por parte del establishment, presentándose como un denunciante legitimado por la justicia. Su anuncio en marzo de 2025 de "una ola de querellas" contra medios y políticos tras una supuesta absolución en el caso CryptoSpain indica una contraofensiva legal.
• Casos pendientes: Aunque varias querellas han sido desestimadas, Pérez enfrenta investigaciones abiertas (financiación ilegal, desórdenes públicos), y su inmunidad parlamentaria complica los procesos. Las desestimaciones no lo eximen de futuros riesgos legales.
Conclusión
Hasta marzo de 2025, las querellas desestimadas contra Alvise Pérez incluyen las de Óscar Puente, Ana Pastor (en su mayoría), y Vox/Abascal, principalmente por considerar que sus acciones estaban amparadas por la libertad de expresión o carecían de elementos delictivos claros. Estos fallos han fortalecido su posición pública, pero su historial mixto —con condenas por difamación o revelación de secretos— muestra que no es inmune a la justicia. El impacto de estas desestimaciones podría amplificarse si, como anuncia, contraataca legalmente tras resoluciones favorables en el Supremo.
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