<h1>Qué le puede pasar a Vox si mantiene su intransigencia con el PP</h1>

Santiago Abascal encomendándose a Santa Rita de Casia 

La política española vive instalada en una paradoja permanente: nunca fue tan necesaria la cooperación dentro del espacio constitucionalista y, sin embargo, nunca resultó tan difícil. La relación entre Vox y el Partido Popular se ha convertido en el eje de esa contradicción. Si la intransigencia se consolida como norma y no como táctica, las consecuencias no serán únicamente partidistas, sino sistémicas.

Vox obtiene réditos evidentes de su dureza. Refuerza su identidad ante sus votantes más fieles, evita la erosión que acompaña a todo ejercicio de poder y se presenta como custodio de principios que considera no negociables. Esa firmeza, además, actúa como polo de atracción para sectores del electorado conservador que perciben al PP como timorato o excesivamente acomodaticio (la "derechita cobarde"). Pero la política democrática no se mide solo en pureza ideológica, sino en capacidad de influir en la realidad.

El problema surge cuando la firmeza degenera en cerrazón. Un partido que aspira a gobernar no puede limitarse a exhibir coherencia doctrinal; debe demostrar utilidad. Y la utilidad, en un sistema parlamentario fragmentado, pasa inevitablemente por el acuerdo. Sin él, la fuerza política corre el riesgo de convertirse en un actor de protesta permanente, eficaz para denunciar, pero impotente para transformar.

La intransigencia sostenida también tiene un coste externo. Para el votante moderado —ese que decide mayorías— la estabilidad pesa más que la pureza. Si Vox es percibido como un factor de bloqueo o incertidumbre, ese electorado optará por opciones que garanticen gobernabilidad, aunque no coincidan plenamente con sus preferencias ideológicas. La política española está llena de ejemplos en los que el miedo al vacío ha resultado más movilizador que la promesa de un cambio radical.

Existe, además, una consecuencia aritmética difícil de ignorar. La fragmentación del voto en el espacio de centro-derecha facilita que minorías organizadas mantengan el poder. Cada desencuentro entre PP y Vox no solo debilita a ambos, sino que fortalece a sus adversarios, que observan con comprensible satisfacción cómo sus rivales convierten en estructural lo que debería ser circunstancial.

Ahora bien, también sería ingenuo ignorar que Vox juega una partida de largo recorrido. Mantener una línea dura puede permitirle crecer a costa del PP si este no logra ilusionar a su electorado tradicional. Pero ese eventual sorpasso, además de improbable a corto plazo, no resolvería el problema de fondo: España seguiría necesitando mayorías amplias y estables, no bloques enfrentados incapaces de entenderse incluso cuando comparten lo esencial.

La derecha española ha aprendido en repetidas ocasiones que la división se paga cara. La historia reciente demuestra que cuando las fuerzas constitucionalistas compiten por la hegemonía interna en lugar de cooperar para gobernar, el resultado suele ser la parálisis o la continuidad de proyectos políticos que una mayoría social desea reemplazar.

En definitiva, la intransigencia puede ser un activo electoral, pero rara vez es una estrategia de gobierno. Si Vox aspira a algo más que a consolidar un nicho político, deberá decidir si prefiere la satisfacción de la coherencia absoluta o la responsabilidad —inevitablemente imperfecta— de influir en el rumbo del país. Porque en democracia, quien renuncia a pactar no solo renuncia a ceder: renuncia, sobre todo, a decidir.